¿Qué hay de nuevo? Un repentino aumento de la violencia en marzo, causado por la ruptura de las conversaciones entre el gobierno y las pandillas, provocó desde hace seis meses una implacable campaña de seguridad pública, basada en una serie de arrestos masivos sin precedentes y restricciones a los derechos legales.

¿Por qué importa? Cansados de la violencia de las pandillas, la mayoría de los salvadoreños han aplaudido las severas medidas. Pero éstas también han suscitado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y podrían provocar un efecto bumerán. Al haber más que duplicado la población penitenciaria, el país se encamina a una crisis humanitaria en sus cárceles, mientras que las pandillas, aunque ahora estén desorganizadas, podrían contraatacar.

¿Qué se debe hacer? En lugar de comprometerse a seguir con tácticas de mano dura a largo plazo, el gobierno debería proporcionar una vía de salida para los miles de pandilleros dispuestos a construir una nueva vida en una sociedad respetuosa de la ley. Los principales socios extranjeros del país deben apoyar estas iniciativas y reactivar su cooperación con San Salvador.

Con gran respaldo popular, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha emprendido la mayor redada de presuntos pandilleros jamás vista en Centroamérica. Bajo un “régimen de excepción” decretado desde marzo, el gobierno amplió el período de detención sin cargos y redujo la edad de imputación a doce años. La policía y los militares han montado puestos de control alrededor de los barrios pobres invadidos por pandillas, donde también han realizado redadas. Unos 53 000 presuntos delincuentes han sido encarcelados a partir de pruebas con frecuencia dudosas, muchos en condiciones de hacinamiento, antihigiénicas y peligrosas. La población penitenciaria ahora es proporcionalmente la más alta del mundo, lo que llevó a las autoridades a comenzar la construcción de una enorme nueva cárcel. Pero, aunque las tasas de homicidios están llegando a nuevos mínimos, con muchos pandilleros encarcelados o prófugos, esta política draconiana genera otras preocupaciones que requieren atención. Las pandillas podrían reagruparse para tomar represalias, mientras que una crisis humanitaria y de derechos humanos crece en las cárceles del país. Para el bien del país a largo plazo, las autoridades deben crear una ruta para que los pandilleros se reintegren a la sociedad como ciudadanos respetuosos de la ley.

La severidad de la mano dura es aún más sorprendente a la luz de las supuestas aproximaciones de Bukele a las pandillas que han atormentado a El Salvador durante más de dos décadas. Elegido en 2019 como un outsider que buscaba desplazar a un sistema bipartidista desacreditado, el joven y extrovertido presidente promovió la instalación de servicios públicos en lugares plagados de pobreza y violencia, donde las pandillas encuentran muchos de sus reclutas. Según informes de prensa y testimonios de primera mano recopilados por Crisis Group, su gobierno inició conversaciones discretas con líderes de pandillas encarcelados y libres, lo que provocó una fuerte reducción en las tasas de homicidio. A cambio, las autoridades habrían otorgado a estos líderes una serie de concesiones, incluida la liberación anticipada de algunos de ellos. Durante este período, la policía y el ejército reportaron un menor número de enfrentamientos con las pandillas y detenciones de sus miembros.

Una impactante ola de asesinatos a finales de marzo, incluido el asesinato de 62 personas en un solo día, las 24 horas más sangrientas en la historia salvadoreña reciente, fue el telón de fondo para el abrupto cambio de rumbo de Bukele. Sin embargo, incluso antes de este estallido, había razones para dudar del compromiso del gobierno con una desmovilización negociada de las pandillas. El presidente siempre ha negado que se estuvieran sosteniendo conversaciones con las pandillas, lo que sugirió que era poco probable que la negociación fuera un camino hacia un acuerdo permanente. Tan pronto como su partido ganó la mayoría absoluta de los escaños de la legislatura en las elecciones de 2021, con apoyo de los diputados, trató de sepultar cualquier evidencia de conversaciones reemplazando al fiscal general, quien archivó la investigación realizada por su predecesor sobre las supuestas negociaciones. La pandilla MS-13 ha dicho que llevó a cabo la ola de asesinatos de marzo porque se sintió traicionada al percibir que el gobierno se negó a cumplir ciertos compromisos adquiridos, lo que dio a entender que el interés del presidente en conversaciones, incluso secretas, ya se había desvanecido para entonces.

El gobierno de Bukele ha recurrido a tácticas de mano dura para responder a los brotes de violencia de las pandillas en el pasado, pero ninguna se compara con la actual represión ni en intensidad ni en duración. Con el apoyo público al régimen de excepción por las nubes, Bukele parece estar convencido de haber firmado la sentencia de muerte de las tres principales pandillas del país y rechaza ferozmente las críticas a sus métodos.

Pero hay motivos para cuestionar si Bukele tendrá éxito. Aunque las tasas de homicidios han llegado a mínimos históricos, los enfrentamientos entre pandillas y el personal de seguridad van en aumento. Las pandillas han filtrado comunicados en los que amenazan con devolver el golpe con más fuerza si el gobierno no retoma el diálogo. La campaña para arrestar a cualquier persona que tenga, haya tenido o pueda tener algún vínculo con las pandillas podría obligar a los expandilleros a volver a delinquir si no les queda otra alternativa. Los arrestos masivos de expandilleros que se han convertido al cristianismo para dejar la vida de pandillas son preocupantes. El grave hacinamiento, combinado con la negativa del gobierno a asumir la responsabilidad de lo que ha salido mal, desde muertes bajo custodia hasta arrestos injustificados, podría alimentar las tensiones en las cárceles, dando lugar a motines y fugas. La experiencia de El Salvador en 2015, tras la ruptura de la tregua de pandillas, cuando su tasa de homicidios llegó a ser la más alta del mundo, da una idea de los riesgos que puede haber en el futuro. Las adversas condiciones financieras, el riesgo de incumplir con los pagos a la deuda externa y sus tensas relaciones con Occidente hacen que sea aún más urgente que Bukele cambie a una política de seguridad sólida, duradera y con credibilidad internacional.

El Salvador necesita un enfoque más humano y sostenible para resolver su problema de pandillas. Un elemento esencial de tal política sería la creación de un camino claro para que los pandilleros encarcelados y libres puedan salir de la vida de las maras. Incluso mientras buscan beneficiarse políticamente de la lucha contra el crimen, Bukele y sus altos funcionarios deben ser conscientes de los peligros que acarrea tener una enorme población penitenciaria, a la cual se le debe proveer con techo y comida, y empezar a buscar formas para liberar a los reclusos (ya sean sospechosos o condenados) con la condición de que participen en programas supervisados de rehabilitación. En los últimos años se han presentado en la Asamblea Legislativa del país varios proyectos de ley para crear un plan nacional de rehabilitación, pero ninguno ha prosperado; estos deben reactivarse. Una iniciativa de rehabilitación y reintegración debe incluir medidas que promuevan el empleo de expandilleros, con el apoyo de iglesias y la sociedad civil. Para ayudar a las comunidades a aceptar a los pandilleros que puedan llegar a vivir entre ellas, San Salvador también debe promover un mecanismo de justicia restaurativa para las víctimas de la violencia. El apoyo de grandes donantes, incluidos EE. UU. y la UE, probablemente sea clave para hacer realidad esta iniciativa.

Bukele hasta ahora ha mostrado poco interés en bajarle la intensidad a su búsqueda de la rendición incondicional de las pandillas. Pero los costos humanitarios y reputacionales, así como los riesgos de regresar a la violencia letal extrema, hacen indispensable que el gobierno prepare una salida alternativa para la población encarcelada. La mano dura puede hacer que las pandillas huyan durante un tiempo, pero se necesitará mucho más para comenzar a desmantelarlas de manera definitiva.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Washington/Bruselas, 5 de octubre de 2022

Desde su elección en 2019, el presidente Nayib Bukele ha liderado una fuerte disminución de la tasa de homicidios, y El Salvador ha vivido sus años menos violentos desde el fin de la guerra civil en 1992[1]. Los funcionarios atribuyen la asombrosa caída a los efectos de la política de seguridad del gobierno, pero la evidencia sugiere que el éxito inicial de Bukele se debió más a negociaciones entre el gobierno y las pandillas que han plagado el país durante décadas, siendo las tres más prominentes la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 (los Sureños y los Revolucionarios)[2]. Presuntas reuniones en la cárcel entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas incluso llevaron al anterior fiscal general a abrir una investigación, pero la nueva legislatura dominada por el partido de Bukele votó para sustituirlo en mayo de 2021 y la investigación fue archivada[3].

Sin embargo, frente a un aterrador aumento en los asesinatos en marzo, el gobierno de El Salvador cambió de táctica y enfrentó la amenaza con mano extraordinariamente dura[4]. Aparentemente impulsada por la interrupción de las conversaciones secretas con el gobierno, a finales de marzo, la MS-13 emprendió una repentina pero brutal campaña de asesinatos, lo que provocó la respuesta draconiana del gobierno. El gobierno de Bukele declaró de inmediato un “régimen de excepción”, que continúa hasta el día de hoy, con detenciones masivas de presuntos pandilleros[5]. Hasta la fecha se han capturado más de 53 000 presuntos pandilleros, entre ellos más de 7500 mujeres, lo que ha más que duplicado el número de personas en las cárceles del país[6]. El Salvador ahora tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con alrededor del 2 por ciento de su población adulta[7].

Las acciones de Bukele en materia de seguridad durante su mandato han hecho que su popularidad entre los salvadoreños se mantenga por las nubes, muy por encima del 80 por ciento, y le han permitido consolidar el poder[8]. El partido del presidente, Nuevas Ideas, obtuvo una amplia mayoría de dos tercios en las elecciones legislativas de febrero de 2021, así como las alcaldías de 152 de los 262 municipios del país[9]. Una vez que obtuvo el control del parlamento, Bukele no perdió tiempo en tomar las riendas del poder judicial, reemplazando al fiscal general y a diez de los quince jueces de la Corte Suprema, incluidos los de la Sala Constitucional, que desde entonces ha fallado a favor de permitir la reelección para un segundo mandato presidencial consecutivo a pesar de una prohibición constitucional[10]. Bukele aprovechó este fallo para anunciar que piensa postularse nuevamente en 2024[11]. El gobierno también obligó a jueces, fiscales y policías mayores de 60 años o con más de 30 años en el cargo a jubilarse, lo que abrió la oportunidad de reemplazarlos con funcionarios más leales[12].

Aunque el gobierno ha conservado una extraordinaria popularidad durante el régimen de excepción (y ha inspirado a algunos políticos en la región que creen que Bukele ha dado con una fórmula política ganadora), el horizonte general del país está marcado por la incertidumbre [1]. En el frente económico, la estricta aplicación de confinamientos durante la pandemia de COVID-19 fue ampliamente elogiada por ayudar a controlar el desafío para la salud pública, pero afectó gravemente la economía del país, que se contrajo en un 8,6 por ciento en 2020[2]. A pesar de un repunte del 10,8 por ciento en 2021, el panorama económico es desalentador[3]. Las calificadoras de riesgo y las instituciones financieras han expresado su preocupación acerca de los rasgos autoritarios de Bukele y su apuesta por el Bitcoin, que fue adoptado en El Salvador como moneda de curso legal. Esta volátil criptomoneda se ha devaluado, pasando de más de $45 000 dólares por token en septiembre de 2021 a alrededor de $20 000 dólares en la actualidad[4]. Algunos observadores sugieren que el país puede estar avocado a incumplir el pago de su deuda en los próximos años, a medida que se aproximan importantes fechas de pago y se ve en dificultades al tratar de atraer nuevos créditos[5].

Bukele también se ha hecho famoso por desafiar a los principales socios del país, particularmente a EE. UU., al acusar a las potencias extranjeras de entrometerse en los asuntos internos e incluso de financiar movimientos de oposición[6]. En los foros internacionales, El Salvador ha adoptado posturas distintas a las de las democracias occidentales, absteniéndose en las votaciones de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las que se denunciaba la invasión de Rusia a Ucrania y la toma del edificio de la OEA en Managua por parte de Nicaragua[7]. Como resultado de las tensas relaciones, EE. UU. y la UE han redirigido algunos de sus fondos de cooperación, en particular los dirigidos a sistemas de seguridad y justicia, hacia organizaciones de la sociedad civil en lugar de las instituciones estatales[8].

Este informe examina el giro del presidente Bukele de la negociación con las pandillas a una represión a gran escala y evalúa los riesgos de que haya una mayor violencia. Expone cómo el gobierno podría dirigirse hacia una política que ponga mayor énfasis en la rehabilitación como un paso hacia el desmantelamiento de las pandillas. Se basa en más de 70 entrevistas en El Salvador y el extranjero entre noviembre de 2021 y julio de 2022, con expertos, líderes religiosos, expandilleros, personal de diversas ONG, exasesores gubernamentales, líderes comunitarios, habitantes locales, trabajadores humanitarios, diplomáticos y académicos. Las fechas de algunas entrevistas no se especifican para proteger las fuentes. Crisis Group hizo numerosos intentos por conocer la opinión de funcionarios gubernamentales de alto y medio nivel, pero las consultas no recibieron respuesta.

Antes de marzo de 2022, cuando la MS-13 desató una ola de violencia y Bukele recurrió a drásticas medidas represivas, el debate público en El Salvador se cen-traba más en las medidas antidemocráticas del presidente para consolidar el poder que en la violencia de las pandillas. Los índices de violencia habían des-cendido a mínimos históricos, con la excepción de algunos repuntes esporádi-cos de asesinatos. Pero un solo fin de semana de violencia sin precedentes des-encadenó un cambio radical, provocando una implacable respuesta guberna-mental de detenciones masivas y suspensión de derechos.

El Salvador ha estado plagado de violencia de pandillas por décadas. La MS-13 y el Barrio 18 nacieron a mano de migrantes centroamericanos en EE. UU., muchos de los cuales fueron deportados en masa en la década de 1990, tras lo cual se reorganizaron y se extendieron por El Salvador, Honduras y Guatemala[1]. Al volver a las estancadas economías de posguerra en Centroamérica, los jóvenes pandilleros no tardaron en encontrar nuevos reclutas. En El Salvador absorbieron rápidamente a las pandillas preexistentes y se enfrentaron por el territorio[2]. Como se señaló anteriormente, el Barrio 18 se dividió eventualmente en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios, que junto con la MS-13 continúan siendo las tres principales pandillas del país.

Desde principios de la década de 2000, sucesivos gobiernos han recurrido al encarcelamiento masivo para detener la expansión de las pandillas, con resultados mixtos[3]. El número de pandilleros siguió aumentando, y los líderes encarcelados ejercían un estricto control de los rangos inferiores desde la cárcel; la extorsión a negocios locales se convirtió en el medio preferido para cubrir las necesidades de los mareros y sus familiares, así como los gastos legales de los miembros encarcelados[4]. Antes de esta ola de represión, las autoridades estimaban que más de 70 000 pandilleros (alrededor del 1 por ciento de la población) estaban activos en más del 90 por ciento de los municipios del país, lo que hacía prácticamente imposible que los políticos y funcionarios estatales pudieran, entre otras, realizar campañas electorales o prestar servicios en los barrios pobres sin interactuar con las pandillas[5].

Después de alcanzar su punto máximo hace siete años, la tasa de homicidios de El Salvador ha tenido una tendencia a la baja [1]. La cifra de muertes se disparó en 2015, tras la ruptura de un diálogo poco transparente entre las principales pandillas del país y entre éstas y el gobierno, conocido como la “tregua” (2012-2014)[2]. A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 2014, el presidente Mauricio Funes, del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, bajo el amparo del cual había iniciado el diálogo, comenzó a distanciarse de lo que se había convertido en un proceso muy impopular. Su sucesor, Salvador Sánchez Céren, acabó con la tregua, lo que provocó un resurgimiento de los enfrentamientos con las pandillas a medida que el ejército se involucró más en patrullajes, la policía les dio mayor libertad a las recién creadas “unidades de reacción” para usar la fuerza y las autoridades impusieron drásticas restricciones en las cárceles a los pandilleros detenidos[3]. Los homicidios disminuyeron gradualmente desde los máximos alcanzados en 2015, pero más de 20 000 personas murieron en el fuego cruzado en los cinco años siguientes a la ruptura de la tregua[4].

Bajo Bukele, quien asumió la presidencia en junio de 2019, la tasa de homicidios de El Salvador se redujo drásticamente[1]. En 2021, las autoridades reportaron una tasa de dieciocho asesinatos por cada 100 000 habitantes, la más baja en la historia reciente del país[2]. Fue incluso más baja que en 2020, cuando los vecinos Guatemala y Honduras también experimentaron caídas en los delitos violentos, quizás debido, al menos en parte, a los confinamientos generados por el COVID-19 que limitaron la movilidad durante varios meses[3]. Pero a diferencia de los otros dos países, en El Salvador las tasas de homicidios y otros indicadores de violencia continuaron a disminuir[4].

Cada vez surgen más pruebas que indican que el descenso estaba relacionado con negociaciones entre el gobierno y las tres principales pandillas, y no gracias al Plan Control Territorial de Bukele, que combinó un mayor despliegue de fuerzas de seguridad en todo el país con esfuerzos para prevenir el reclutamiento por parte de pandillas mediante mayores oportunidades de educación, formación y actividades deportivas en las comunidades afectadas por las pandillas[5]. El medio de comunicación El Faro encontró evidencias de estas conversaciones en los propios informes de las autoridades penitenciarias, lo que llevó al fiscal general de ese momento a abrir una investigación, que posteriormente fue archivada por su sucesor[6].

Todavía no está claro si la caída en la tasa de homicidios fue el preludio o la consecuencia de estos presuntos contactos. Los líderes de la facción Sureños del Barrio 18 han dicho que el diálogo con el gobierno comenzó en diciembre de 2019, luego de la decisión unilateral de la facción de reducir el uso de violencia letal. Sin embargo, estos líderes no saben si las conversaciones con la MS-13 siguieron la misma secuencia[7]. En diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al jefe del sistema penitenciario, Osiris Luna, y al director de la Dirección para la Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, dada la evidencia de que habían participado en negociaciones secretas entre pandillas, en particular la MS-13, la cual había sido designada por Washington como una organización criminal transnacional en 2012[8].

Aunque los elementos de un quid pro quo entre las pandillas y el gobierno son difíciles de precisar, ambas partes podrían haber obtenido importantes beneficios con el presunto diálogo. El gobierno parece haber logrado una prolongada reducción de los homicidios, que atribuye a su política de seguridad. Según informes, también recibió apoyo para realizar proyectos comunitarios y para hacer cumplir los confinamientos en respuesta al COVID-19 en 2020[1]. De acuerdo con investigaciones periodísticas y testimonios locales, en algunos lugares las pandillas también brindaron apoyo al partido Nuevas Ideas de Bukele durante las campañas electorales legislativas y municipales de 2021[2]. “Vota por la N (de Nayib o Nuevas Ideas)”, les decían los pandilleros a los votantes a la entrada de algunos centros de votación, según un trabajador humanitario[3].

Las pandillas también parecen haberse beneficiado de las conversaciones. Presuntamente influyeron en las listas de quienes recibirían un subsidio estatal de $300 destinado a aliviar la disminución de ingresos durante la pandemia[4]. Las detenciones de pandilleros y los enfrentamientos con la policía se volvieron menos frecuentes[5]. Según informes, también se moderaron las restricciones a los líderes de pandillas encarcelados, y muchos pudieron reunirse con personas en hospitales a través de transferencias médicas no esenciales e incluso hablar con personas fuera de la prisión por teléfono[6].

Otra concesión del gobierno parecer ser el trato que se les dio a catorce líderes de la MS-13 detenidos en cárceles salvadoreñas, quienes fueron solicitados en extradición por EE. UU. a principios de 2021. Ninguno ha sido extraditado y cuatro fueron liberados sin razón aparente. Carlos Marroquín, quien a menudo se ha visto vinculado a las conversaciones con pandillas desde que ocupó un cargo similar en la alcaldía de San Salvador cuando Bukele fue alcalde de la capital, parece admitir haber acompañado personalmente a uno de los pandilleros a la frontera con Guatemala[7]. El actual fiscal general incluso le envió una nota a la Corte Suprema solicitando la revisión del tratado de extradición con Washington[8]. “La mara está complacida con la situación: hay que invertir menos en abogados, en armas, y pueden mantener sus negocios”, comentó un experto en pandillas antes de que las condiciones cambiaran abruptamente en marzo[9].

Pero no era un acuerdo estable. Incluso antes de que se rompiera el entendimiento entre el gobierno y las pandillas, sus relaciones habían comenzado a deteriorarse. A pesar de los relativamente bajos niveles de violencia, Bukele anunció en julio de 2021 que la fase cuatro del Plan Control Territorial, inicialmente destinada a abordar la rehabilitación de pandilleros, según un experto en seguridad involucrado en su elaboración, en cambio trazaría un plan para duplicar el tamaño del ejército en cinco años[10]. Hacia fines de 2021, el ex comisionado de policía Ángel Manzano, quien había estado trabajando de cerca con Marroquín y a quien los Sureños del Barrio 18 identificaban como su interlocutor, fue arrestado por presuntamente filtrar información no especificada a la pandilla[11].

El aumento de asesinatos a manos de las pandillas que sacudió al país a fines de marzo no fue la primera vez durante el mandato de Bukele que las pandillas, particularmente la MS-13, incrementaron repentinamente la violencia letal. Anteriormente, habían sido responsables de al menos tres oleadas de asesinatos, a las que el gobierno respondió con medidas temporales de emergencia en las cárceles o despliegues policiales y militares masivos en áreas controladas por pandillas[1].

El episodio más reciente, sin embargo, asestó varios poderosos golpes simbólicos contra el gobierno. Al asesinar a 62 personas en tan solo 24 horas, las pandillas convirtieron el 26 de marzo en el día más letal en la historia reciente del país, impidiendo que Bukele continuara argumentando que incluso los días más violentos bajo su mandato eran menos sangrientos que en años anteriores, particularmente en 2015, cuando la cifra diaria de homicidios con frecuencia excedía los 40, a veces incluso los 50[2]. Un cadáver fue dejado, muy probablemente de manera intencional, cerca de un puente que conecta la capital San Salvador con Surf City, el proyecto insignia de Bukele para atraer turismo e inversión extranjera[3]. Por último, los asesinatos ocurrieron mientras varios influyentes inversores de Bitcoin visitaban el país para intercambiar puntos de vista sobre el lanzamiento de la criptomoneda en El Salvador, así como sobre los planes de Bukele para introducir un bono respaldado por Bitcoin y construir una Bitcoin City libre de impuestos[4].

Aunque las razones detrás de las anteriores olas de asesinatos siguen sin esclarecerse, la evidencia sugiere que el estallido de marzo se debió a una ruptura de las conversaciones entre la MS-13 y el gobierno. Los Sureños del Barrio 18 fueron los primeros en distanciarse del derramamiento de sangre, diciendo que la MS-13 estaba detrás de los asesinatos; un exmiembro de la facción los Revolucionarios confirmó esta versión en privado[5]. Testimonios de altos mandos de la MS-13 y del Barrio 18, así como grabaciones de audio supuestamente enviadas por Carlos Marroquín a miembros de la MS-13 al inicio del régimen de excepción, recopiladas posteriormente por El Faro, indican que la MS-13 llevó a cabo los asesinatos en represalia por el arresto de miembros a quienes las autoridades habían invitado a una “reunión”[6].

En las grabaciones, Marroquín culpa al ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, por los arrestos, insinuando una lucha de poder al interior del gobierno sobre cómo manejar el tema de las pandillas[1]. También expresó sospechas de que un capítulo de la MS-13 en el departamento de Sonsonate, los San Cocos Locos Salvatruchos, estaba entregando a sus compañeros a las autoridades[2]. El gobierno no se ha pronunciado al respecto.

Sea cual sea la motivación detrás de los asesinatos, el gobierno de Bukele adoptó medidas drásticas que tomaron por sorpresa a gran parte de la nación y se mantuvieron después de que la conmoción por los eventos de marzo había bajado[3]. De inmediato impuso un régimen de excepción de 30 días (el cual ya ha renovado seis veces) que aumenta el período de detención sin cargos de 72 horas a quince días, y restringe la libertad de reunión y el derecho a la defensa legal en los tribunales[4]. Al mismo tiempo, las fuerzas de seguridad comenzaron a detener a presuntos pandilleros, incluso estableciendo puestos de control fuera de los barrios controlados por pandillas, lo que dio lugar a una campaña en las redes sociales con el hashtag #GuerraContraPandillas[5]. Al 20 de septiembre, el gobierno ha afirmado haber detenido a más de 53 000 pandilleros y colaboradores, incluidas al menos 7500 mujeres[6].

Paralelamente, la Asamblea Legislativa ha aprobado al menos diez proyectos de ley que elevan las penas de prisión por delitos relacionados con pandillas. Sancionan tan solo pertenecer a una mara con una pena de hasta 45 años; permiten juzgar a los adolescentes de tan solo doce años como adultos; crean recompensas para quienes proporcionen información que sirva para detener a pandilleros, e introducen una especie de ley “mordaza” que amenaza con diez a quince años de prisión a quienes dentro de los medios de comunicación difundan mensajes de pandillas que puedan crear “zozobra y pánico” a la población[7]. A finales de abril, el congreso también aprobó un proyecto de ley para construir nuevas cárceles y redujo la supervisión de la contratación pública, preparando el terreno para el anuncio del presidente, a mediados de junio, de que se iniciaría la construcción de un enorme centro penitenciario con capacidad para albergar cerca de 40 000 reclusos en Tecoluca, a unos 70km al este de San Salvador[8].

El abuso de poder ha caracterizado estas medidas de mano dura desde el comienzo. Particularmente en las primeras semanas, los agentes de policía se vieron supuestamente obligados a cumplir cuotas diarias de detenciones y, en ocasiones, arrestar a las personas con base en acusaciones falsas: “Parece como en los años de la guerra con las orejas [informantes]: hay gente que pone el dedo por la recompensa”, se quejó una mujer de una zona pobre de San Salvador, y agregó que durante los registros los agentes de seguridad suelen acosar a las jóvenes con la excusa de buscar tatuajes de pandillas[1]. Según informes, llamadas anónimas y su equivalente en las redes sociales (acusaciones en línea de usuarios que no son identificables) son motivos suficientes para justificar un arresto, al igual que parecer “nerviosos” o “sospechosos”; los abogados que defienden a víctimas de detenciones arbitrarias también son blanco de ataques y amenazas de simpatizantes del gobierno[2]. El presidente Bukele reconoció en Twitter que esperaba que alrededor del 1 por ciento de las detenciones fueran injustificadas[3]. Pero organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado más de 3000 abusos, incluidas detenciones arbitrarias y falta de garantías procesales[4].

La situación en las cárceles es particularmente grave. Los pandilleros activos están siendo recluidos junto con jóvenes inocentes y otros que han abandonado las pandillas, incluidos pastores evangélicos que se han propuesto sacar a las personas de la vida de las pandillas a través de la conversión religiosa[5]. Algunos pastores y expandilleros detenidos habían sido beneficiarios de un proyecto piloto de rehabilitación a cargo de agencias de la ONU y USAID, con respaldo del gobierno, y que Marroquín había citado como prueba de que la reintegración es posible[6]. Mientras que la población penitenciaria de hombres se ha duplicado, la de mujeres se ha cuadriplicado[7]. Según informes, decenas de reclusos han muerto bajo custodia desde que comenzó el régimen de excepción[8].

La carga de los familiares de los reclusos, en particular de las mujeres, ha aumentado drásticamente debido a las detenciones arbitrarias. Cuando comenzó la campaña de detenciones masivas, cientos de personas, en su mayoría esposas y madres de detenidos varones, que suelen tener la principal fuente de ingresos de sus hogares, comenzaron a acampar frente a las cárceles en busca de noticias de sus seres queridos, velando por su liberación. A menudo tuvieron que viajar durante horas en transporte público que muchas apenas podían pagar[9]. A finales de mayo, las fuerzas de seguridad las dispersaron por la fuerza[10]. “Usted dé gracias a Dios que no la metemos presa también”, le dijo un guardia de la prisión a la esposa de un hombre en condición de discapacidad que, según ella, fue acusado injustamente de asociación ilícita, y a quien le estaba tratando de llevar ropa y medicina[11]. Los familiares de los reclusos que mueren bajo custodia a menudo se enteran de su fallecimiento a través de fuentes no oficiales, como las funerarias[12]. Mientras tanto, los funcionarios del gobierno han minimizado el sufrimiento de estas familias, sugiriendo que están siendo manipuladas por los políticos de oposición[13].

Aunque la mano dura sigue siendo popular entre la mayoría de los salvadoreños, aún es demasiado pronto para saber cómo los estragos que ha causado en la vida de miles de familias y las historias de condiciones inhumanas en las prisiones afectarán la impresión que tengan del gobierno un número creciente de salvadoreños. El lenguaje y las tácticas duras contra las pandillas han sido las tarjetas de presentación de prácticamente todos los gobiernos durante las últimas dos décadas, aprovechándose del odio y el miedo que la barbarie de las pandillas han provocado en la sociedad salvadoreña, así como el fracaso de la tregua de 2012-2014 para mantener la violencia bajo control[14]. En una encuesta de fines de mayo realizada por La Prensa Gráfica, el 73,9 por ciento de los entrevistados respaldaba las medidas, pero casi la misma proporción desconocía las restricciones a los derechos ciudadanos que estas medidas conllevan, y un 28,5 por ciento conocía al menos un caso de detenciones arbitrarias[15].

Los habitantes de las zonas en las que el control de las pandillas es especialmente estricto coincidieron en que el enfoque de mano dura del gobierno no es una solución para la delincuencia violenta. Algunos dijeron que ahora se sienten menos seguros: por un lado, los delitos menores, generalmente controlados por las pandillas, van en aumento, mientras que, por otro lado, las fuerzas de seguridad maltratan a los jóvenes y se los llevan sin razón[16]. “Todo el mundo está contando los días hasta que esto termine y esperando que no se inventen más”, dijo una habitante. Otra dijo que muchos hacen que los niños se queden encerrados en casa, incluso los que no tienen nada que ver con las pandillas, para evitar ser arrestados. Esta persona agregó que muchos siempre llevan facturas de la electricidad u otros documentos que acrediten su residencia, ya que las autoridades sospechan de quien no lo tenga[17]. “Estamos en vísperas de que ser pobre o tener un familiar que ha cometido errores va a ser un delito”, dijo un líder religioso[18]. Varios residentes afirmaron haber votado por Bukele y su partido y dijeron que ha hecho mucho más por ellos que los gobiernos anteriores, como proporcionar subsidios y computadoras portátiles para niños pobres. Sin embargo, dijeron, su regreso a las políticas coercitivas del pasado los ha dejado desilusionados[19].

Estas políticas represivas se producen en el marco de una serie de medidas adoptadas por el presidente Bukele que socavan el Estado de Derecho. Durante los primeros dos años de su mandato, Bukele estuvo en gran medida atado de manos por instituciones estatales y judiciales designadas por legislaturas anteriores. Sin embargo, desde principios de 2021, cuando su partido ganó la mayoría de los escaños parlamentarios y las alcaldías, ha concentrado el poder a un ritmo acelerado[1]. Además de reafirmar su dominio sobre el poder judicial llenando la Corte Suprema de funcionarios leales y reemplazando a los jueces obligados a jubilarse, el presidente eliminó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) respaldada por la OEA que él mismo había instalado en 2019, luego de que detectara doce casos de posible corrupción gubernamental[2]. El gobierno también ha limitado progresivamente el acceso a la información pública y, según diplomáticos, no ha sido suficientemente transparente a la hora de rendir cuentas sobre el uso de los fondos de cooperación[3].

Esta tendencia autoritaria del gobierno ha perjudicado las relaciones con sus socios occidentales, en particular con EE. UU. que ha redirigido al menos parte de su ayuda de las agencias estatales a la sociedad civil[4]. Desde mediados de 2021, el Departamento de Estado ha agregado a doce personas que son o fueron funcionarios y asesores salvadoreños, incluida la jefa de gabinete, así como a cinco magistrados de la Corte Suprema, a su lista de actores corruptos en Centroamérica, conocida como la lista Engel[5]. Según informes, la UE también ha redirigido su cooperación en seguridad con El Salvador a proyectos centrados en energía verde y asuntos de género[6].

Entre tanto, Bukele ha empezado a buscar otros socios para compensar el apoyo vacilante de Occidente, acercándose a países menos preocupados por su postura sobre el Estado de Derecho [1]. Ha intentado llamar la atención de China, aunque el interés de este último parece limitarse a los proyectos de infraestructura[2]. Bukele también viajó a Türkiye y tenía previsto visitar Rusia, viaje que habría sido aplazado, pero no descartado tras la invasión a Ucrania[3]. Hasta el momento, hay pocos indicios de que el apoyo político de estos países se traduzca en un mayor compromiso económico[4].

Una política de mano dura prolongada podría generar más tensiones con los socios extranjeros[5]. Al emprender acciones contra los beneficiarios de proyectos financiados por socios internacionales, Bukele corre el riesgo de reducir el interés de los donantes por prestar apoyo técnico y financiero a cualquier actividad que se relacione, así sea indirectamente, con cuestiones de seguridad. Además, “la reducción del espacio democrático repercute en la reducción del espacio humanitario”, afirma una trabajadora de una ONG que ofrece educación, protección y apoyo humanitario. Ella también manifestó su temor de que los esfuerzos de su organización por ayudar a los salvadoreños que pueden estar relacionados con pandillas lleguen a provocar que las autoridades hostiguen al personal de la ONG a medida que extienden sus redes cada vez más[6].

Mientras tanto, el panorama económico de El Salvador sigue siendo incierto. La deuda externa del país continúa creciendo, el Fondo Monetario Internacional advierte que podría alcanzar el 96 por ciento del PIB para 2026, y señala que la introducción escasamente regulada del Bitcoin como moneda de curso legal es motivo de preocupación adicional[7]. Las negociaciones para obtener un préstamo de $1300 millones de dólares del Fondo se han estancado, principalmente debido a las preocupaciones del Fondo sobre el Bitcoin, la gobernanza y la sostenibilidad fiscal, a medida que se aproximan las fechas de pago de grandes deudas por parte del gobierno[8]. Preocupaciones similares han influido en la decisión de las principales agencias calificadoras de disminuir la calificación de El Salvador[9]. Aunque un impago en 2023 es poco probable, los enfrentamientos de Bukele con los principales socios comerciales del país, EE. UU. y la UE, y su apuesta por el Bitcoin podrían presagiar condiciones financieras adversas en los próximos años[10].

Con su muy popular respuesta de mano dura Bukele ha logrado contener temporalmente los daños aparentemente provocados por la ruptura de las conversaciones con las pandillas. Con las pandillas en retirada, los homicidios cayeron a mínimos históricos en los últimos meses, y no se han registrado asesinatos en varios días[1]. Sin embargo, las autoridades han empezado a contar por separado las muertes de presuntos pandilleros como consecuencia de lo que parecen ser tiroteos con las fuerzas de seguridad del total de homicidios (antes del régimen de excepción estas cifras estaban incluidas en el total de homicidios)[2]. La continua represión está creando una crisis humanitaria en las cárceles de El Salvador, mientras alimenta dinámicas que pueden resultar devolviendo a los expandilleros a sus grupos anteriores, en parte porque el estigma y la implacable y exagerada persecución del Estado, incluso de aquellos que tuvieron una afiliación con las pandillas en el pasado, no les deja otra opción.

Las pandillas de El Salvador están desbaratadas, con sus miembros más prominentes encarcelados, escondidos o fuera del país. Pero es posible que sus esfuerzos por pasar desapercibidos y evadir las detenciones no duren para siempre[1].

Uno de los factores que ha configurado el ambiente actual es que las pandillas no parecían estar preparadas para una represión tan brutal, lo que las ha llevado a suspender algunas de sus operaciones y ha dificultado su capacidad de comunicación. “Lo que está ocurriendo tomó de sorpresa a todo el mundo”, dijo un expandillero[2]. Algunos habitantes de comunidades controladas por las pandillas manifestaron que los pandilleros de más alto perfil se esconden en las colinas, junto a los ríos o incluso en las alcantarillas. Los que tienen cómo costearlo están huyendo[3]. Como resultado, algunos propietarios de tiendas y restaurantes dicen que han dejado de pagar las extorsiones, aunque en ciertos lugares las pandillas aún obligan a los comerciantes a proporcionar alimentos y recargas de teléfonos móviles de forma gratuita, e incluso les exigen dinero a través de miembros de bajo rango o colaboradores[4]. En este escenario, algunos comerciantes hacen lo que se les dice, sabiendo que la represión del Estado puede ser temporal y las pandillas pueden regresar para tomar represalias contra quienes se nieguen a pagar[5].

Por ahora, las pandillas han intentado presionar al gobierno para que reduzca su ofensiva a través de los medios de comunicación en lugar de usar la violencia, pero pueden cambiar de método si ven que Bukele no tiene intención de hacerlo. Tanto la MS-13 como los Sureños del Barrio 18 han compartido con los medios detalles de negociaciones previas con el gobierno, probablemente con la esperanza de que las revelaciones empañen la imagen pública del presidente, y esto detenga las políticas de mano dura[6].

Al mismo tiempo, las pandillas han amenazado públicamente con reactivar la violencia. En una grabación de audio obtenida por Crisis Group, un líder de los Sureños del Barrio 18 advirtió: “Nosotros reiteramos, como Barrio 18-Sureños, queremos ser parte de la solución… Pero no estamos dispuestos a tolerar todas estas violaciones hacia nuestros compañeros, o a personas civiles. Sigue así y conocerá el país el verdadero terrorismo”[1]. “Lo único que les falta [a los pandilleros] es que se levante un líder que dé el grito al aire, y la mayoría de jóvenes podrían armar un desastre”, afirmó un exmiembro de la MS-13[2].

Si se diera un contrataque de las pandillas, al menos inicialmente, probablemente se presentaría como actos de violencia dispersos, y no como una campaña coordinada, ya que muchos pandilleros se han ido del país y otros no quieren librar otra “guerra” como la de 2015[3]. Los enfrentamientos entre pandillas y las fuerzas de seguridad, que habían disminuido constantemente desde 2019, se han duplicado desde que se estableció el régimen de excepción[4]. Desde finales de junio, los Sureños del Barrio 18 han asesinado a tres policías en Santa Ana, mientras que otro ataque dejó un soldado muerto en una comunidad rural con fuerte presencia de la MS-13 en Chalatenango[5].

Incluso sin una escalada violenta, es poco probable que las pandillas desaparezcan y las medidas represivas podrían terminar aumentando sus filas[6]. Al encarcelar indiscriminadamente a expandilleros, el gobierno está desincentivando la reintegración social de miles de salvadoreños que, después de pagar por sus delitos en prisión, están desesperados por construir una nueva vida respetuosa de la ley[7]. También pueden estar llevándolos de regreso a las pandillas. Según un expandillero que ha permanecido escondido desde que empezó el régimen de excepción, las pandillas están ofreciendo un “perdón” a quienes se fueron si se reincorporan a sus filas[8]. Otros expandilleros coincidieron en que, si no les queda otra alternativa, algunos renunciarán a su intento por salir del crimen al sentir que “es como si somos esclavos de nuestro pasado”[9].

Al mismo tiempo, líderes religiosos y expertos en seguridad sostienen que algunos de los factores que impulsan el reclutamiento de pandillas, como la falta de núcleos familiares y la pobreza, no solo persisten, sino que pueden empeorar como consecuencia tanto de políticas coercitivas como de la inestabilidad económica[10]. A través de las redadas masivas y el acoso policial, “el ciclo de violencia y cultura de odio se está arraigando más”, manifestó un sacerdote[11].

Tras años de relativa calma, un sistema penitenciario ya superpoblado se ha convertido en el escenario de una potencial crisis humanitaria y de seguridad. El gobierno de Bukele ha dado un giro de 180 grados en su política penitenciaria. El presidente inicialmente se dispuso a reducir el número total de presos de casi 40 000 a menos de 37 000 entre 2018 y principios de 2021; incluso prometió con orgullo convertir algunas de las cárceles salvadoreñas en universidades[1]. Un trabajador humanitario que pudo visitar las cárceles fue testigo de significativas mejoras en las condiciones higiénicas y oportunidades para participar en talleres, así como una reducción del hacinamiento[2]. Sin embargo, según informes, el gobierno ahora ha más que duplicado la población penitenciaria en el lapso de unos pocos meses, y el número de reclusos continúa aumentando.

Las condiciones específicas de las cárceles en este momento son difíciles de determinar. No es posible confirmar el total registrado de reclusos, y el acceso a las cárceles es extremadamente limitado y las fuerzas de seguridad no comparten las listas de arrestos con los organismos de control de los derechos humanos[3]. Sin embargo, un exfuncionario penitenciario de alto rango que mantiene contacto con los guardias penitenciarios indicó que las autoridades “no hallan dónde ponerlos [a los reclusos]”[4]. Un diplomático que visitó las cárceles afirmó que “la situación está tan mal como uno se pueda imaginar”, confirmando los informes de medios de comunicación sobre las miserables condiciones[5].

Grupos de derechos humanos han recibido denuncias de malos tratos, torturas y muertes de reclusos, aunque éstas resultan difíciles de confirmar dada la falta de transparencia de las autoridades[6]. Según informes del Instituto de Medicina Legal a los que habría tenido acceso el diario nacional La Prensa Gráfica, al menos 73 personas murieron bajo custodia entre la declaración del régimen de excepción y finales de agosto, de las cuales al menos 35 presentaban signos de violencia. A efectos comparativos, entre enero de 2019 y junio de 2021, las autoridades registraron 46 muertes de personas recluidas en cárceles y comisarías, catalogando veinte de ellas como homicidios[7]. Testimonios de personas liberadas poco después de arrestos injustificados, y también el de Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, quien se encuentra en la prisión de La Esperanza acusado de apropiación indebida, sugirieren que a diario mueren reclusos[8]. Las personas que no tienen relación con las pandillas también son maltratadas por los guardias y comparten celdas con pandilleros activos, quienes controlan todos los aspectos de la vida en prisión, desde el racionamiento de alimentos hasta la asignación de lugares para dormir[9].

Es probable que el aumento repentino de encarcelamientos masivos tenga consecuencias nefastas para las cárceles de El Salvador[1]. Con una población penitenciaria que ahora triplica su capacidad, es probable que el hacinamiento empeore las ya precarias condiciones sanitarias que han convertido a las cárceles en un foco de enfermedades, particularmente de tuberculosis, revirtiendo los limitados avances que este mismo gobierno logró incluso durante la emergencia del COVID-19[2].

Al duplicar la cantidad de reclusos, las autoridades penitenciarias también están desatando una serie de problemas financieros y logísticos[3]. Alimentar a una población penitenciaria tan numerosa y construir la nueva cárcel masiva planeada en Tecoluca requerirá financiamiento adicional, prácticamente duplicando las asignaciones presupuestarias actuales[4]. El aumento de pandilleros encarcelados, mientras que el número de guardias penitenciarios permanece igual, también aumenta el riesgo de disturbios e intentos de fuga[5]. Mezclar en las cárceles a los pandilleros actuales con quienes se han retirado de las pandillas aumenta las posibilidades de represalias contra quienes las pandillas consideran informantes o traidores o quienes rechazan ofertas de reclutamiento[6].

Al mismo tiempo, es probable que la implacable persecución de los pandilleros y las malas condiciones en las cárceles generen tensiones en la estructura de mando de las pandillas, entre los líderes encarcelados y los pandilleros que aún están en libertad, con efectos inciertos para el panorama criminal del país. “La ranfla [los cabecillas] de las letras [MS-13] es la más debilitada”, dijo un experto en pandillas, argumentando que los jefes encarcelados han perdido prestigio tras la represión provocada por los asesinatos de marzo y las decisiones tomadas en las negociaciones previas. El dominio ejercido por los líderes encarcelados durante las dos últimas décadas puede haberse visto gravemente comprometido[7].

Es difícil predecir cómo las pandillas podrían manejar estas divisiones o rivalidades entre varios grupos, pero es posible que aprendan a adaptarse a las circunstancias actuales en lugar de desaparecer. En el pasado, las tensiones internas han generado divisiones, las más notorias al interior del Barrio 18, y violentas purgas[8]. Sin embargo, a pesar de las disputas, las anteriores tandas de presión gubernamental sobre las pandillas, como las emprendidas por el gobierno de Sánchez Cerén, en realidad estimularon una mayor coordinación entre las pandillas, al menos en sus mensajes públicos[9]. En medio de la represión actual, las pandillas parecen estar enfatizando la necesidad de sobrevivir por encima de las disputas entre maras y al interior de ellas. Incluso si no logran resistir intactas a la represión, en los lugares donde han sido más golpeadas, su control y actividades ilícitas podrían pasar a manos de otros, incluidos delincuentes de poca monta[10].

A pesar de su popularidad, la actual política de mano dura no es una solución prometedora para la lucha de El Salvador contra la violencia de las pandillas a largo plazo. Provocar lo que podría convertirse en una crisis humanitaria y de derechos humanos permanente en las cárceles de la nación tendrá un alto costo, tanto en términos financieros como de reputación, y los esfuerzos para forzar un colapso súbito de las pandillas pueden ofrecer solo un respiro fugaz si las pandillas se reagrupan y organizan una reacción violenta, como lo han hecho en el pasado.

Así su instinto parece estarle diciendo que mantenga el rumbo, el gobierno debería reconsiderar sus tácticas. Aunque no cabe duda de que una campaña de seguridad pública seguirá ocupando un lugar destacado en la lucha contra la delincuencia y la violencia de las pandillas, el Estado debe garantizar que se apliquen normas más estrictas en materia probatoria para la judicialización de sospechosos y desarrollar otras herramientas más sostenibles. En lugar de redoblar sus métodos draconianos, la administración de Bukele debe, con el apoyo de los donantes, hacer una gran inversión en iniciativas para apoyar la rehabilitación y reintegración de quienes desean reincorporarse a la sociedad.

Es innegable que el gobierno ha sacado gran parte de los pandilleros de las calles de El Salvador. Pero las pandillas pueden recuperarse de este revés si las autoridades no toman otras medidas menos represivas para reducir su número de miembros. Algunos observadores creen que es el momento justo para hacerlo. “Este es el momento exacto para desmembrar a las pandillas”, afirmó un expandillero. La represión de Bukele está en el punto de disminución de rendimientos o llegando a él, dijo. Aunque es posible que esté exagerando, él argumentó que un enfoque menos coercitivo podría dar frutos en este momento[1].

En cuanto a qué tipo de enfoque podría dar resultados, las negociaciones con las pandillas son una opción para considerar, aunque hay motivos para ser escépticos[2]. Por una parte, durante los últimos diez años, las pandillas han demostrado que pueden reducir rápidamente las tasas de homicidios si se comprometen con el gobierno a hacerlo. Algunos líderes de la MS-13 incluso han dicho que considerarían una desmovilización total y poner fin a la extorsión, un tema que tradicionalmente no han querido abordar, en caso de que así se decida en unas negociaciones formales con el Estado[3]. Por otra parte, las conversaciones entre funcionarios y las pandillas han tendido a ser opacas, se han visto debilitadas por saboteadores de ambos bandos y han estado mal estructuradas[4]. También han tendido a ser transaccionales y de corto plazo; por ejemplo, con pandillas que ofrecen reducir los asesinatos a cambio de mejores condiciones penitenciarias para sus líderes. Mientras tanto, la violencia ha fluctuado, incluso durante los períodos de negociación, resurgiendo a veces de forma repentina y sin previo aviso[5].

Además, el ambiente es poco propicio para unas negociaciones. Tras la represión del gobierno, las conversaciones se han roto y la fe en una vía negociada para salir de la violencia ha disminuido notablemente entre las pandillas. La facción de los Sureños del Barrio 18 sigue insistiendo en que la “única solución” a la violencia de las pandillas es el diálogo con el gobierno, para lo cual están dispuestos a observar un cese al fuego[6]. Pero la MS-13 ahora percibe que las negociaciones con el gobierno son letra muerta, según un experto en contacto con miembros de alto rango[7]. Teniendo en cuenta la reciente agresividad de la retórica antipandillas de Bukele, también resulta difícil imaginar que quiera entablar un diálogo que tácitamente pondría a las pandillas en condiciones de igualdad con el Estado[8].

Pero incluso si un acuerdo totalmente negociado parece inverosímil, expertos locales que estudian a las pandillas creen que se les podría hacer ofertas más simples que pueden ser atractivas para al menos a algunos miembros. Por ejemplo, un experto le dijo a Crisis Group que Bukele podría aprovechar que la autoridad de los líderes de las pandillas se ha debilitado frente a las bases, declarar que las pandillas han sido derrotadas y ofrecerles una forma de clemencia condicional; podría ofrecer sentencias reducidas para las personas que están encarceladas por pertenecer a una pandilla pero que no han sido condenadas o acusadas de los delitos más graves[1]. Las personas que decidan participar, después de cumplir una sentencia que ha sido ajustada tras las rejas, podrían regresar a la vida civil siempre y cuando cumplan con la ley y participen en programas de rehabilitación y reintegración. Para que esta idea funcione, las autoridades probablemente tengan que enmendar o establecer una exención a las disposiciones del código penal que consideran la simple pertenencia a una pandilla como un delito que justifica al menos veinte años de prisión[2].

Para que esta iniciativa sea aceptable para el público “tiene que ser presentada como una rendición de las pandillas” por parte del presidente, recalcó un experto[3]. Las pandillas, sin duda, se resistirían a aceptar una oferta que sea presentada como una rendición, pero al menos algunos de sus miembros podrían considerar que la alternativa, una confrontación permanente y detenciones masivas, es aún menos atractiva[4]. Aunque está lejos de ser una verdadera negociación, y no hace mucho inicialmente para reducir las condiciones que generan los ciclos de violencia en El Salvador, un enfoque en este sentido podría al menos mitigar el daño humanitario, el hacinamiento en las cárceles y los riesgos a la seguridad a los que se enfrenta el país a corto y mediano plazo. Aunque continuaría persiguiendo a quienes no dejen las actividades de las pandillas, el gobierno también debe comprometerse a aplicar normas en materia probatoria mucho más estrictas a la hora de decidir qué casos se llevan a juicio.

Por supuesto, si Bukele aprovechara su posición de fuerza para entablar conversaciones con los líderes de las pandillas dentro y fuera de las cárceles que estén dispuestos a iniciar conversaciones, podría desarrollar los términos ya descritos y al mismo tiempo ayudar a garantizar una mayor aceptación por parte de pandillas, y de esa manera reducir los riesgos de represalias contra quienes se comprometan con la rehabilitación.

Una iniciativa como la descrita anteriormente debería formar parte de un esfuerzo más sistemático para lograr la rehabilitación de los expandilleros de El Salvador.

Para empezar, este esfuerzo requeriría la creación de un marco legal y programático. Varias propuestas en este sentido ya se han ventilado en El Salvador en los últimos años y podrían ser retomadas para considerarlas más a fondo[1]. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública presentó un proyecto de ley en 2015 que promovía programas destinados a prevenir el reclutamiento por parte de las pandillas y a rehabilitar a los pandilleros en las cárceles, e incluía una serie de condiciones para participar en estos programas, como someterse a una evaluación psicológica y no tener cargos pendientes, entre otros[2]. Una destacada ONG nacional ha sugerido formar una red de instituciones encargadas de diseñar, coordinar y supervisar dichos programas[3]. La supervisión debería incluir un seguimiento periódico de los participantes para detectar indicios de reincidencia y la aplicación de sanciones, incluso (cuando corresponda) regresar a prisión, para aquellos que recaigan en la actividad de las pandillas[4].

Los programas diseñados para las cárceles, el epicentro del problema de pandillas, serán cruciales para diseñar un proceso efectivo de rehabilitación y reintegración. La mayoría de los líderes de pandillas de la vieja guardia están tras las rejas, y los miembros en el exterior a menudo continúan cumpliendo con sus directivas, a pesar de lo socavada que está su autoridad[1]. Pero las prisiones también son los lugares en los que la lealtad a las pandillas está más debilitada. Seis de cada diez pandilleros encarcelados entrevistados para un estudio reciente expresaron su deseo de abandonar los grupos[2]. Dicho esto, los programas también deben crear oportunidades para que los pandilleros que siguen en libertad, en caso de cumplir con los requisitos de elegibilidad (incluido no tener cargos pendientes en su contra) puedan participar[3].

Como se discutió anteriormente, la posibilidad de reducir las condenas puede ayudar a que los reclusos salgan de las pandillas e ingresen a programas de rehabilitación, y las autoridades deben tomar medidas relacionadas que puedan servir de apoyo a este esfuerzo más amplio. Éstas podrían incluir el fortalecimiento de la formación laboral y vocacional para preparar a los reclusos para la vida fuera de la prisión, así como oportunidades de empleo remunerado para que puedan mantener a sus familias mientras permanecen encarcelados. Una posibilidad sería ampliar y mejorar el programa “Plan Cero Ocio”, que actualmente emplea a reclusos “civiles” (es decir, sin afiliación a pandillas) en trabajo no remunerado, para permitir la vinculación de pandilleros y proporcionar una compensación. Un programa en este sentido fue crucial para el éxito de un proceso similar en Ecuador, según un académico que conoce el caso de cerca[1].

Es probable que el éxito de estos programas de rehabilitación dependa en cierta medida del grado de participación de los líderes religiosos. Las iglesias evangélicas han encabezado esfuerzos para promover la salida pacífica de la vida de pandillas, también conocida como desistimiento. De hecho, un importante movimiento de conversión religiosa ha llevado a la “desactivación” de miles de pandilleros encarcelados en los últimos años[2]. A pesar de cierta resistencia inicial, las propias pandillas en gran medida han llegado a aceptar la conversión religiosa como una razón para dejar que un miembro se vaya, aunque señalan que no es un pase automático[3]. Los exmiembros siguen sujetos al escrutinio de la pandilla, a veces durante mucho tiempo, y deben llevar una “vida recta” para convencer a la pandilla de que realmente se han convertido en cristianos evangélicos practicantes[4].

También será esencial que cualquier política de rehabilitación y reinserción ofrezca la promesa de trabajos decentes, ya que dejar atrás la vida de pandillas significa renunciar al apoyo económico, así sea mínimo, que proporciona pertenecer a ellas[5]. Es más probable que los expandilleros encuentren trabajo en la industria manufacturera o la construcción que en el sector de servicios, donde los clientes bien podrían expresar rechazo a las señales de que hayan sido pandilleros[6]. Algunos también pueden administrar negocios: Crisis Group visitó una panadería administrada por expandilleros que había llegado a producir $300 dólares en pan por día, pero tuvo que detener la producción cuando empezó el régimen de excepción[7]. Sin embargo, en un país donde, según el Banco Mundial, más de una cuarta parte de la población vive por debajo del umbral de pobreza y en el que se espera que el crecimiento del PIB en 2022 sea del 2,7 por ciento (el más bajo de Centroamérica), es probable que el público resienta que hayan programas destinados a la creación de empleos para expandilleros[8]. Además, las precarias perspectivas económicas plantearán problemas para lograr el pleno empleo de decenas de miles de expandilleros[9].

Por estas razones, será especialmente importante que las autoridades consideren cómo apoyar a los expandilleros que buscan trabajo. Aunque las empresas tienden a desconfiar de las personas con antecedentes penales y, con frecuencia, discriminan a los aplicantes que provienen de áreas con una fuerte presencia de pandillas, un programa bien diseñado podría ayudar a resolver estas preocupaciones[10]. Pastores evangélicos, trabajadores sociales y psicólogos podrían monitorear y ayudar a certificar la rehabilitación de los expandilleros, y evaluar si están en condiciones para vincularse al mercado laboral o recibir un pequeño crédito para iniciar un negocio o financiar una empresa cooperativa[11]. Según una líder gremial y una empresaria, si el gobierno “certificara” que un exconvicto se ha rehabilitado por completo, esto motivaría a las empresas a confiar en esa persona[12].

Más allá del empleo, los expandilleros también necesitarán aceptación social para vivir en paz con las comunidades que los reciban[1]. Cientos de miles de personas han sido víctimas de extorsión y desplazamiento a manos de las pandillas, y muchas han visto desaparecer o morir a sus familiares. Seguramente exigirán algún tipo de justicia restaurativa si se espera que convivan con los expandilleros. Lo mismo ocurre con el público en general, si se espera que apoyen la rehabilitación y reintegración, en especial por la forma en la que el Estado ha satanizado a las pandillas. Por reacios que puedan ser a expresar arrepentimiento, los expandilleros deberían ofrecer un relato veraz de su vida y trayectoria en las pandillas, posiblemente a través de un mecanismo formal de justicia transicional. Como parte del camino hacia la reconciliación, deberían pedir perdón a las familias a las que han causado daño y, en caso de tenerla, entregar información sobre los miles de desaparecidos que muchas veces terminan en fosas comunes[2].

Controlar el problema de las pandillas de forma duradera también requerirá esfuerzos por abordar la exclusión económica y educativa, así como la violencia doméstica, que contribuyen a que los jóvenes salvadoreños se unan a las pandillas en primer lugar[3]. Un estudio académico reveló que el 94 por ciento de los pandilleros entrevistados había dejado la escuela antes de completar sus estudios y el 47 por ciento se había ido de casa antes de cumplir los quince años, principalmente porque se sentían abandonados o inseguros[4]. El gobierno ha logrado algunos avances en la creación de oportunidades para los jóvenes pobres. Por poner un ejemplo puntual, ha distribuido 770 000 computadores portátiles y cerca de 300 000 tabletas a estudiantes de escasos recursos, y ha construido más centros comunitarios para ofrecer oportunidades de educación y actividades extracurriculares[5].

Pero le queda mucho camino por recorrer. Las escuelas públicas de las zonas pobres aún están lejos de ofrecer una educación de alta calidad, y aún no se han recuperado del impacto de la pandemia del COVID-19, que causó una disminución en el número de estudiantes matriculados[6]. Los niveles de violencia doméstica iban en aumento incluso antes de los confinamientos relacionados con la pandemia, afectando a una de cada cinco mujeres en el área metropolitana de San Salvador, así como a una proporción similar de niños y niñas menores de edad a nivel nacional[7].

Por último, para mantener a los jóvenes alejados de las pandillas, es necesario que las autoridades sean mucho más conscientes del impacto que tienen las prácticas policiales abusivas, así como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y el maltrato de sospechosos, en los jóvenes en riesgo y como estas prácticas pueden incentivarlos a unirse a las pandillas en busca de protección[8]. “Los policías tienen que entender que no todo pandillero es un demonio”, dijo un empresario que trabaja en programas de rehabilitación de pandillas. “Pero también la comunidad [debe entender] que no toda la policía es mala”[9]. El gobierno podría aprovechar los retiros forzosos que le ha impuesto a la policía para contratar nuevos oficiales, centrando su formación en la vigilancia comunitaria, la prevención del delito y el apoyo a la rehabilitación, todos ellos elementos del plan bandera del gobierno de Bukele, conocido como el Plan Cuscatlán, pero que han sido dejados de lado[10].

Aunque las relaciones entre El Salvador y sus socios extranjeros están pasando por un mal momento, una renovada colaboración en torno a la rehabilitación de los miembros de las pandillas podría ayudar a reestablecer un mínimo de confianza. EE. UU. tradicionalmente ha suministrado un apoyo significativo, aunque controversial, a los gobiernos salvadoreños en asuntos de seguridad[1]. Ha capacitado a policías en táctica e investigación criminal, suministrado equipo y fomentado la reforma penitenciaria y recientemente le estaba dando mayor importancia a la prevención y rehabilitación, aunque como se señaló, ahora redirigió el apoyo de instituciones judiciales y de seguridad a la sociedad civil[2].

El embajador entrante de EE. UU., William Duncan, quizás podrá tener la oportunidad de renovar las relaciones bilaterales ofreciendo apoyo a la rehabilitación y reintegración en medio del régimen de excepción[3]. Los funcionarios estadounidenses deben indicarle a Bukele su voluntad de prestar un apoyo sustancial a dicho programa si se cumplen ciertas condiciones, entre ellas la suspensión del régimen de excepción y un acuerdo para mantener el programa separado del Plan Control Territorial, que Bukele ha gestionado con poca transparencia[4]. Para aumentar las probabilidades de éxito, Washington podría mantener fuera del debate público, por el momento, su presión con respecto al declive democrático de El Salvador y la crisis humanitaria en sus prisiones. El respaldo extranjero tendrá que ser lo más amplio posible, con EE. UU., Canadá y la UE empujando todos en la misma dirección. Ese tipo de coordinación ha tenido éxito en el pasado, por ejemplo, cuando este trío logró detener la aprobación de la ley de agentes extranjeros que representaba una gran amenaza para los grupos de la sociedad civil[5].

EE. UU. también debe evaluar si las sanciones que ha aplicado a altos funcionarios salvadoreños están teniendo el efecto deseado o si podría ser útil revisarlas. Por ejemplo, el representante de una agencia estatal estadounidense se quejó de que las sanciones contra los jefes del sistema penitenciario salvadoreño y de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social obligaron a sus colegas en el terreno a no tener contacto con estos individuos para poder seguir trabajando con las instituciones que dirigían[1]. Pero estos individuos han desempeñado un papel constructivo como interlocutores con las pandillas en el pasado, y podrían volver a hacerlo en el futuro. Ya sea por una cuestión de ley o de política, un régimen de sanciones que limite la capacidad de los funcionarios estadounidenses para tratar con funcionarios clave en el Estado salvadoreño podría ser contraproducente, en la medida en que EE. UU. esté interesado en fomentar algún tipo de negociación para forjar una salida del statu quo[2].

Para finalizar, el Banco Mundial sugiere que, para tender un puente entre las iniciativas de rehabilitación en las cárceles y el regreso a un empleo productivo en las comunidades, las estrategias de reintegración deben enmarcarse en discusiones más amplias sobre el desarrollo económico del país. “El crecimiento del empleo en mercados emergentes claves, un cambio en las prácticas de contratación de los sectores público y privado y la inclusión de objetivos de reingreso... asegurarán eso”, concluye el Banco[3].

Un terrible aumento en la violencia de pandillas en medio del colapso de los diálogos secretos entre el gobierno y las pandillas en El Salvador ha allanado el camino para una ofensiva policial marcada por el fervor punitivo y la suspensión de derechos básicos. En lugar de limitarse a perseguir a los responsables de la oleada de asesinatos de marzo, el gobierno se ha valido del régimen de excepción para reprimir despiadadamente no solo a los pandilleros, sino también a personas que tuvieron vínculos con las pandillas e incluso a algunos que no los han tenido. En este proceso, ha generado las condiciones para que pueda haber una crisis humanitaria en las hacinadas cárceles del país.

La campaña de mano dura del gobierno basada en redadas, retenes y arrestos masivos parece haber asestado un golpe a las pandillas, que se han retirado, y ciertamente es popular entre los salvadoreños y algunos observadores regionales, pero es poco probable que produzca un cambio a largo plazo en las condiciones que generan la violencia de las pandillas. Los riesgos también son significativos. Más allá de los costos financieros, humanitarios y de reputación que supone más que duplicar la población penitenciaria, la campaña podría generar resentimiento y tal vez una reacción violenta de los pandilleros que no ven la manera de reintegrarse a una sociedad respetuosa de la ley. En este contexto, cuesta trabajo recordar que justo después de ser elegido, las propuestas de Bukele en el ámbito de la seguridad se centraron en la necesidad de reducir el hacinamiento en las cárceles y tratar los problemas socioeconómicos que hacen que las pandillas sean atractivas para los adolescentes salvadoreños.

Aunque por el momento parece estar casado con la política de “mano dura”, el presidente Bukele todavía tiene la oportunidad de avanzar por un nuevo camino que le ofrezca una salida formal de las pandillas a las miles de personas que, habiendo pagado por sus crímenes, demuestren un interés genuino en construir una nueva vida. Un proceso estructurado y transparente que ofrezca rehabilitación a los pandilleros encarcelados y libres que reúnan los requisitos, en cooperación con las iglesias, la sociedad civil y las empresas, también podría generar una oportunidad para mejorar las precarias relaciones entre El Salvador y sus principales socios extranjeros, que pueden estar en condiciones de desempeñar un papel importante para desbloquear los fondos que el gobierno necesita desesperadamente.

El panorama político del país hace que esta perspectiva parezca extremadamente remota. El gobierno de Bukele parece empeñado en difundir los logros de su lucha contra los “terroristas” mientras traza el camino hacia lo que espera que sea otra victoria arrolladora en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. No parece interesado en darles a los pandilleros una segunda oportunidad, y mucho menos en reanudar las conversaciones con sus líderes. Sin embargo, las causas de la larga historia de crimen violento en El Salvador no han desaparecido y podrían profundizarse si los pandilleros se resignan a permanecer al margen de la sociedad, mientras los ciudadanos comunes se llenan de más odios y el país continúa aislándose. El cálculo electoral a corto plazo puede llevar a un aumento de la presión sobre las pandillas, pero la historia reciente de El Salvador sugiere que los beneficios de los arrestos masivos son de corta duración. La mejor manera de debilitar a las pandillas es proporcionarles a sus miembros una salida, no meterlos a todos en la cárcel.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Washington/Bruselas, 5 de octubre de 2022