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Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
La represión fomenta la inestabilidad en Honduras mientras la protesta continúa
La represión fomenta la inestabilidad en Honduras mientras la protesta continúa

Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras

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Resumen Ejecutivo

Una de las áreas más peligrosas de América Central está ubicada a lo largo de la frontera de Guatemala con Honduras. La tasa de homicidios esta dentro de las más altas en el mundo. La ausencia de una efectiva aplicación de la ley ha permitido a traficantes poderosos ser las autoridades de hecho en algunas áreas, proporcionando trabajo y asistencia humanitaria pero también intimidando y corrompiendo a los funcionarios locales. La competencia creciente sobre las rutas y el arresto o muerte de los traficantes principales ha dispersado a algunos grupos criminales, fortaleciendo a nuevos grupos a menudo más violentos. El presidente Otto Pérez Molina ha prometido fortalecer las fronteras de Guatemala con fuerzas de tarea conjunta policiales y militares, pero el gobierno debe también emprender de inmediato esfuerzos integrales para instalar el estado de derecho y brindar oportunidades económicas a esta periferia largamente ignorada.

Durante la década anterior, las rutas de la droga a través de América Central comenzaron a ser objeto de una competencia feroz. La ofensiva del gobierno mexicano contra los carteles forzó a los traficantes a enviar las drogas primero a América Central. Honduras es frecuentemente el punto de entrada elegido. Allí, el golpe de estado de 2009 debilitó las ya frágiles instituciones públicas dedicadas a la seguridad y la justicia. Su larga costa atlántica y remotos llanos interiores, con poca población o infraestructura, ofrecen el ambiente ideal para que las naves y avionetas con drogas operen sin ser detectadas.

Desde Honduras, las drogas pasan a Guatemala, en donde redes familiares de traficantes que trabajan con carteles mexicanos las transportan por tierra hacia los mercados de los Estados Unidos. Estas redes han operado tradicionalmente por debajo del radar, corrompiendo funcionarios gubernamentales y cooptando apoyo popular, pero empezaron a ser atacadas como resultado de la lucha por las rutas y por la presión del gobierno. Fiscales fortalecidos, bajo el liderazgo de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, y la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –auspiciada por las Naciones Unidas– arrestó tanto a los operadores mexicanos –especialmente a los miembros del violento cartel de los Zetas– y también a los traficantes guatemaltecos más importantes, requeridos por cargos en los Estados Unidos. La captura de estos capos locales de la droga ha sacudido a las otrora poderosas organizaciones, permitiendo el surgimiento de una nueva generación de criminales, a veces más violentos.

El arresto de los presuntos capos de la droga puede ser una bendición con resultados mixtos para los residentes de algunas de las comunidades fronterizas. Una de las redes más duramente golpeadas es la de la familia Lorenzana en el departamento de Zacapa. El patriarca familiar, Waldemar Lorenzana, fue detenido en 2011 y extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2014. Las autoridades también arrestaron a dos de sus hijos por cargos en los Estados Unidos, mientras que un tercero es un fugitivo con una recompensa de $200,000 sobre su cabeza. Los Lorenzanas niegan que el tráfico de cocaína sea la fuente de su riqueza, citando sus negocios legítimos como la exportación de frutas. Algunos residentes de Zacapa se quejan de que las detenciones de Waldemar y de sus hijos ha producido pérdida de empleos y desatado una lucha entre grupos desprendidos que buscan la dominación.

Estos grupos, menos conocidos pero aún poderosos, continúan no solo moviendo las drogas pero también crean otras empresas ilegales, como los préstamos extorsivos y la venta al menudeo de las drogas, alimentando de esta manera la violencia. Su riqueza y poder de fuego los convierte en autoridades de hecho, admirados por algunos y temidos por muchos. Los residentes de los departamentos de Zacapa y Chiquimula asumen ha menudo que la policía y los políticos locales han sido sobornados o intimidados por estos poderosos criminales. Un clima de desconfianza mancha la política e inhibe a los periodistas y otros actores de la sociedad civil a exigir a los líderes locales una clara rendición de cuentas.

El gobierno de Pérez Molina ha creado fuerzas de tarea inter-institucionales para las áreas fronterizas que incluyen tropas militares, policía civil, fiscales y funcionarios de aduana. Este es un primer paso hacia la recuperación de la seguridad en la frontera, siempre y cuando las unidades estén bajo el control civil y respeten los derechos humanos. Instalar la seguridad en estas regiones, sin embargo, requiere también de la construcción de instituciones democráticas creíbles. La policía local debería ser depurada y supervisada, mientras que se les proporciona los recursos y el entrenamiento para arrestar a poderosos criminales. Se debería exigir a los políticos locales que informen de las contribuciones a sus campañas y proporcionar recursos públicos a fin de que sus electores puedan depender del gobierno, y no de capos criminales, para servicios esenciales y asistencia humanitaria.

Se requiere con urgencia un cambio en la política nacional: el gobierno debería enviar no solo tropas y policías a las regiones fronterizas, sino también educadores, organizadores comunitarios, trabajadores sociales, médicos y trabajadores de la salud. Guatemala y Honduras deberían aprender de las experiencias regionales, tales como los programas de desarrollo de fronteras en Colombia, Ecuador y Perú. Honduras, en donde los niveles de violencia son mayores y la capacidad institucional es más frágil, necesita con urgencia esta asistencia. Los donantes –especialmente los Estados Unidos– deberían poner sus recursos financieros, capacitación y asistencia técnica detrás de la seguridad pública y la prevención de la violencia en las fronteras, más que enfocarla primariamente en controles e interdicción.

A demonstrator throws a rock towards policemen during a protest against government plans to privatize healthcare and education, in Tegucigalpa, Honduras May 22, 2019. REUTERS/Jorge Cabrera

La represión fomenta la inestabilidad en Honduras mientras la protesta continúa

Ten years after a coup, Honduras remains deeply polarised. Mass protests and the government’s heavy-handed response have damaged the economy and sparked deadly violence. Crisis Group Northern Triangle Analyst Tiziano Breda explains the origins of the intense public discontent that is roiling the country.

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¿Qué está pasando en Honduras?

Las tensiones entre el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández y un recién formado movimiento nacional de protesta se han intensificado en las últimas semanas, desencadenando actos de violencia. El 24 de junio, cuatro días después de que Hernández ordenara a los militares tomar medidas en contra de las manifestaciones a lo largo del país, la policía militar irrumpió en el campus de la Universidad Autónoma de Honduras en Tegucigalpa, la capital del país. Abrió fuego contra los estudiantes, hiriendo al menos a cuatro. En total, los enfrentamientos han cobrado la vida de al menos tres manifestantes y han resultado en decenas de lesionados, principalmente en el lado de los manifestantes.

Las tensiones surgieron inicialmente en respuesta a la iniciativa del gobierno de reestructurar los sistemas de salud y educación del país, segmentos de la economía que emplean a un gran número de trabajadores del sector público. El gobierno de Hernández dio inicio a la iniciativa de reforma por decreto a principios de 2019 pero las protestas cobraron fuerza solo después de que el Congreso hondureño aprobara la legislación de aplicación a finales de abril. Temiendo que la reforma pudiera resultar en privatizaciones y despidos masivos, los sindicatos que representan a los médicos, enfermeras y profesores alentaron a sus miembros a salir a las calles. En mayo se realizaron numerosas huelgas nacionales, con manifestaciones masivas que bloquearon las principales autopistas.

Para principios de junio, tanto el gobierno como el Congreso habían reculado en sus actuaciones formales, revocando los decretos relevantes y anulando la legislación, pero para entonces la gama de manifestantes se había expandido y los reclamos por los que estaban protestando, multiplicado. No ayudó que a principios de mayo el gobierno publicara un nuevo código penal creando nuevas sanciones para la crítica pública a las figuras de gobierno y que alimentó las preocupaciones de que el gobierno usaría la ley para reprimir la libertad de expresión y la reunión pacífica cuando se prevé que entre en vigencia en noviembre (Desde entonces, el gobierno en principio ha aceptado enmendar el nuevo código). El movimiento de protesta creció más allá de los sindicatos que estaban involucrados inicialmente e incluyó a otros sindicatos, estudiantes universitarios, defensores de derechos humanos y activistas por el derecho a la tierra; incluso algunas ramas de la policía se unieron a las protestas. Además, los manifestantes se enfocaron en una nueva demanda: la renuncia del presidente Hernández. 

Otros esfuerzos gubernamentales para calmar los ánimos y ganarse a los manifestantes también han fracasado. El 13 de junio, luego de intentos fallidos para establecer conversaciones con un conjunto de asociaciones de salud y educación, el gobierno trató de iniciar un diálogo nacional. Pero la Plataforma para la Defensa de la Salud y Educación, un consorcio hondureño que reúne a representantes clave de esos sectores, optó por no participar en el diálogo, impuso una lista de nueve condiciones previas para su participación a futuro y convocó sus propias conversaciones paralelas para el 18 de junio.

Las protestas reflejan el descontento popular con el actual gobierno.

Frente a un creciente movimiento de protesta que no muestra signos de disminuir, y luego de que los enfrentamientos entre manifestantes y la policía se volvieron más peligrosos, Hernández ordenó el despliegue de tropas el 20 de junio.

¿Cuáles son los antecedentes de las protestas?

Las protestas reflejan el descontento popular con el actual gobierno, liderado por el débil y cada vez más aislado presidente Hernández, y son exacerbadas por la creciente polarización política que ha envuelto al país desde el golpe de estado que expulsó al expresidente Manuel Zelaya (actual líder del partido de oposición de izquierda Libre) hace diez años.

Hernández ha gobernado por dos mandatos marcados por escándalos. En 2015, se enfrentó a acusaciones de que su campaña presidencial de 2013 se había beneficiado de fondos malversados del Instituto Hondureño de Seguridad Social. En 2017, acusaciones de fraude enturbiaron su elección para un segundo mandato, que fue seguida por una ola de violencia. Los enfrentamientos post-electorales entre la policía y los manifestantes dejaron 23 muertos y 1 351 arrestos en medio de denuncias de la ONU sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.

El año pasado, además, las autoridades de EE. UU. detuvieron al hermano de Hernández en los EE. UU. bajo cargos de narcotráfico y los fiscales revelaron recientemente que la Administración para el Control de Drogas (DEA) investigó a Hernández por los mismos delitos en 2013. Encuestas recientes de CID Gallup muestran que la aprobación del presidente cayó del 61 al 36 por ciento desde 2017.  Otra encuesta reciente muestra que más del 80 por ciento de los encuestados dice no confiar en las principales instituciones judiciales y políticas del país. 

El presidente Hernández ha capeado la turbulencia política en parte gracias al apoyo de algunos aliados poderosos, incluyendo la Iglesia Católica, el gobernante Partido Nacional, el sector privado, las fuerzas de seguridad y los EE. UU., pero algunos de esos aliados están mostrando signos de frustración. Luego de años de apoyo a Hernández, la Conferencia Episcopal, que encabeza la Iglesia Católica hondureña, emitió una inusual declaración a principios de junio, condenando la respuesta del gobierno hondureño a las protestas, criticando la falta de independencia del sistema judicial y lamentando el distanciamiento de la élite política del pueblo hondureño.

Dentro del Partido Nacional, que prácticamente ha gozado del monopolio del poder político desde el golpe, figuras de alto nivel como el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, han mantenido su distancia de Hernández durante la crisis, acompañándolo rara vez en actos públicos. El expresidente Porfirio Lobo llegó al extremo de abandonar el partido, fundó un nuevo movimiento político y sugirió que Hernández renunciara. Si bien las organizaciones empresariales en Tegucigalpa han permanecido leales al presidente, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, una asociación líder del sector privado con sede en la región más industrializada del país, declaró el 2 de junio que la corrupción y la mala gestión han perjudicado a la economía hondureña más que las protestas.

El 60 por ciento de la población vive ya por debajo del umbral de pobreza y solo el 20 por ciento gana el salario mínimo.

La rabia ha brotado incluso entre las fuerzas de seguridad, cuya lealtad ha sido un pilar de apoyo para el Partido Nacional. Desde el golpe, se han beneficiado de aumentos frecuentes de recursos, duplicados en diez años. Sin embargo, el 18 de junio, cientos de miembros de las fuerzas especiales de la policía se rehusaron a dejar sus cuarteles, aclarando que no querían “reprimir al pueblo” y demandando mejores condiciones laborales. Aunque la huelga finalizó dos días después, ésta dejó la sensación de una disminución en su apoyo al gobierno.

EE. UU. también ha atenuado ligeramente su apoyo político luego de años de enaltecer al gobierno de Hernández por su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, aunque su embajada en Tegucigalpa ha sido reacia a ajustar su mensaje. Mantuvo su tono de apoyo aún después del anuncio del presidente Trump en marzo de 2019 sobre el recorte de $615 millones de dólares en ayudas a los países del Triángulo Norte, incluyendo a Honduras, porque estaban haciendo muy poco para frenar la migración hacia el norte (desde entonces, Washington ha restaurado parcialmente la ayuda). Luego que manifestantes prendieran fuego a la entrada principal el 31 de mayo, la embajada emitió una declaración a favor del presidente. Pero cuando los choques con los manifestantes se volvieron letales, y las organizaciones de derechos humanos empezaran a denunciar a la policía por el excesivo uso de la fuerza, la embajada cambió su retórica exigiendo una rendición de cuentas por las muertes y los heridos en las calles.

La creciente polarización política del país es de alguna forma el reflejo de las heridas que no han cerrado desde el golpe del 2009 que sacó a Manuel Zelaya de su cargo. Los hondureños que no apoyaron el golpe, desde un principio han visto en el gobierno de Hernández lo que un líder de la sociedad civil denomina una “dictadura suave”. El año pasado, un diálogo apoyado por la ONU entre los tres principales partidos del país logró canalizar las reclamaciones hacia un debate sobre reformas electorales. Pero, a pesar de los modestos avances, el proceso se ha estancado durante la crisis actual, y las relaciones entre los partidos, que ya no eran sólidas, se han deteriorado dramáticamente. Alentado por las recientes protestas callejeras, Libre comenzó a organizar lo que llamó una "insurrección legislativa". Desde mayo, sus diputados han estado realizando actos como quemar la constitución en el Congreso, aparentemente para protestar por su constante infracción por parte del gobierno actual, y lanzar petardos durante las votaciones. Exigen que el gobierno de Hernández renuncie.

¿A dónde va la crisis?

Honduras se encuentra en un círculo vicioso: la actual crisis responde parcialmente al empeoramiento de las condiciones económicas, de seguridad y humanitarias, que con los disturbios pueden agravarse aún más. El gobierno no es totalmente intransigente, habiéndose retractado de algunas de sus gestiones más impopulares y habiendo mostrado su apertura al diálogo. Sin embargo, también ha sido propenso a interpretar erróneamente los desafíos a los que se enfrenta, encasillando las protestas, los bloqueos de calles y saqueos como una conspiración entre la oposición y elementos criminales para desestabilizar el país.

La inestabilidad está afectando gravemente la economía hondureña. Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, estimó recientemente que desde abril el daño económico de las huelgas nacionales, los cierres de calles y las movilizaciones, agravadas por el vandalismo y el saqueo, ha superado los 400 millones de dólares, aproximadamente el 1 por ciento del PIB del país. El 60 por ciento de la población vive ya por debajo del umbral de pobreza y solo el 20 por ciento gana el salario mínimo, que por sí solo no es suficiente para mantener a una familia. Los disturbios podrían llevar a más hondureños a vidas económicamente precarias.

Hernández ha centrado gran parte de su demanda de apoyo público e internacional en que Honduras ha disminuido a la mitad el número de homicidios en los últimos ocho años, pero las estadísticas siguen siendo alarmantes y recientemente han empeorado. Honduras sigue siendo uno de los países más violentos del hemisferio, con alrededor de 40 asesinatos por cada 100 000 habitantes, y con tasas de impunidad para estos crímenes que se mantuvieron en un 87,3 por ciento en 2017, según un informe de la Alianza por la Paz y la Justicia. Además, la policía reportó 192 homicidios más entre abril y fines de junio que durante el mismo período del año anterior, y el Observatorio Nacional de Violencia reporta un aumento del 50 por ciento en los homicidios múltiples durante aproximadamente el mismo período. Con el país asolado por las protestas y muchos miembros del personal de seguridad concentrados en contenerlos, existe el riesgo de que una violencia criminal sin control se intensifique aún más.

Cerca de 300 personas salen de Honduras cada día.

La inestabilidad política, la inseguridad e impunidad generalizadas y los problemas económicos, intensificados por las sequías ocasionadas por el cambio climático, que según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos afectan a más de 170 000 familias que viven en el Corredor Seco del país, empujan a miles de hondureños desesperados a huir del país cada mes. Aunque el éxodo masivo empezó mucho antes de la actual crisis, el número ha aumentado desde abril. Cerca de 300 personas salen de Honduras cada día, y alrededor de 175 000 o casi el 2 por ciento de la población total, han sido arrestados en la frontera sur de EE. UU. desde octubre de 2018. Las detenciones han aumentado en los últimos meses, sumando más de 36 000 solo en mayo, comparado con menos de 10 000 personas en octubre de 2018.

¿Qué se puede hacer?

El objetivo inmediato para todas las partes debería ser desescalar el conflicto. Para poner esto en marcha, el gobierno debería hacer un esfuerzo adicional para alcanzar un diálogo sustantivo con la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación. A modo de evitar que se le ignore como cuando hizo esta propuesta anteriormente, debería dejar claro que está preparado para hacer concesiones sobre temas claves para la Plataforma, incluido explorar si hay más recursos en el presupuesto nacional para invertir en infraestructura de salud y educación. Debería comprometerse también a frenar la dura respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas y a promover la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos que se pueden haber perpetrado durante la represión. Aunque este diálogo no puede abordar todas las frustraciones que han surgido durante la reciente ola de protestas, sería al menos un inicio y podría ofrecer un motivo para que ambas partes se alejen del peligroso ciclo de intensificación del conflicto que se ha desarrollado.

En el frente político, los partidos de oposición, particularmente Libre, deberían moderar sus demandas de que Hernández renuncie. Su salida inmediata solamente llevaría a elecciones anticipadas en el mismo sistema defectuoso que la oposición afirma que produjo el fraudulento resultado en 2017. La oposición debería concentrarse en asegurar la implementación de importantes reformas electorales. Estas incluyen la digitalización del Registro Nacional de las Personas en Honduras, que ayudaría a mitigar las irregularidades en la votación, y la creación de un Consejo Nacional Electoral para supervisar las elecciones y una Corte de Justicia Electoral que resuelva las disputas. El Congreso introdujo un paquete de cambios constitucionales que permite la creación de estas instituciones en enero de 2019, pero se requiere la normativa de aplicación para que se convierta en realidad.  

Finalmente, los aliados extranjeros, en especial EE. UU., deberían dejar en claro que el apoyo político al gobierno de Hernández está condicionado a que éste tome medidas hacia el diálogo con la oposición y la lucha contra la corrupción y la impunidad. En este sentido, Washington debería presionar a Honduras a comprometerse a renovar el mandato de cuatro años de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras apoyada por la Organización de Estados Americanos.

Aunque ninguno de estos pasos será suficiente por sí mismos para revertir la polarización que ha fragmentado a Honduras, podrían ayudar a evitar que la situación empeore en un país que no puede permitirse tensiones internas aún mayores.