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Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19
Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19

Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras

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Resumen Ejecutivo

Una de las áreas más peligrosas de América Central está ubicada a lo largo de la frontera de Guatemala con Honduras. La tasa de homicidios esta dentro de las más altas en el mundo. La ausencia de una efectiva aplicación de la ley ha permitido a traficantes poderosos ser las autoridades de hecho en algunas áreas, proporcionando trabajo y asistencia humanitaria pero también intimidando y corrompiendo a los funcionarios locales. La competencia creciente sobre las rutas y el arresto o muerte de los traficantes principales ha dispersado a algunos grupos criminales, fortaleciendo a nuevos grupos a menudo más violentos. El presidente Otto Pérez Molina ha prometido fortalecer las fronteras de Guatemala con fuerzas de tarea conjunta policiales y militares, pero el gobierno debe también emprender de inmediato esfuerzos integrales para instalar el estado de derecho y brindar oportunidades económicas a esta periferia largamente ignorada.

Durante la década anterior, las rutas de la droga a través de América Central comenzaron a ser objeto de una competencia feroz. La ofensiva del gobierno mexicano contra los carteles forzó a los traficantes a enviar las drogas primero a América Central. Honduras es frecuentemente el punto de entrada elegido. Allí, el golpe de estado de 2009 debilitó las ya frágiles instituciones públicas dedicadas a la seguridad y la justicia. Su larga costa atlántica y remotos llanos interiores, con poca población o infraestructura, ofrecen el ambiente ideal para que las naves y avionetas con drogas operen sin ser detectadas.

Desde Honduras, las drogas pasan a Guatemala, en donde redes familiares de traficantes que trabajan con carteles mexicanos las transportan por tierra hacia los mercados de los Estados Unidos. Estas redes han operado tradicionalmente por debajo del radar, corrompiendo funcionarios gubernamentales y cooptando apoyo popular, pero empezaron a ser atacadas como resultado de la lucha por las rutas y por la presión del gobierno. Fiscales fortalecidos, bajo el liderazgo de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz, y la ayuda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –auspiciada por las Naciones Unidas– arrestó tanto a los operadores mexicanos –especialmente a los miembros del violento cartel de los Zetas– y también a los traficantes guatemaltecos más importantes, requeridos por cargos en los Estados Unidos. La captura de estos capos locales de la droga ha sacudido a las otrora poderosas organizaciones, permitiendo el surgimiento de una nueva generación de criminales, a veces más violentos.

El arresto de los presuntos capos de la droga puede ser una bendición con resultados mixtos para los residentes de algunas de las comunidades fronterizas. Una de las redes más duramente golpeadas es la de la familia Lorenzana en el departamento de Zacapa. El patriarca familiar, Waldemar Lorenzana, fue detenido en 2011 y extraditado a los Estados Unidos en marzo de 2014. Las autoridades también arrestaron a dos de sus hijos por cargos en los Estados Unidos, mientras que un tercero es un fugitivo con una recompensa de $200,000 sobre su cabeza. Los Lorenzanas niegan que el tráfico de cocaína sea la fuente de su riqueza, citando sus negocios legítimos como la exportación de frutas. Algunos residentes de Zacapa se quejan de que las detenciones de Waldemar y de sus hijos ha producido pérdida de empleos y desatado una lucha entre grupos desprendidos que buscan la dominación.

Estos grupos, menos conocidos pero aún poderosos, continúan no solo moviendo las drogas pero también crean otras empresas ilegales, como los préstamos extorsivos y la venta al menudeo de las drogas, alimentando de esta manera la violencia. Su riqueza y poder de fuego los convierte en autoridades de hecho, admirados por algunos y temidos por muchos. Los residentes de los departamentos de Zacapa y Chiquimula asumen ha menudo que la policía y los políticos locales han sido sobornados o intimidados por estos poderosos criminales. Un clima de desconfianza mancha la política e inhibe a los periodistas y otros actores de la sociedad civil a exigir a los líderes locales una clara rendición de cuentas.

El gobierno de Pérez Molina ha creado fuerzas de tarea inter-institucionales para las áreas fronterizas que incluyen tropas militares, policía civil, fiscales y funcionarios de aduana. Este es un primer paso hacia la recuperación de la seguridad en la frontera, siempre y cuando las unidades estén bajo el control civil y respeten los derechos humanos. Instalar la seguridad en estas regiones, sin embargo, requiere también de la construcción de instituciones democráticas creíbles. La policía local debería ser depurada y supervisada, mientras que se les proporciona los recursos y el entrenamiento para arrestar a poderosos criminales. Se debería exigir a los políticos locales que informen de las contribuciones a sus campañas y proporcionar recursos públicos a fin de que sus electores puedan depender del gobierno, y no de capos criminales, para servicios esenciales y asistencia humanitaria.

Se requiere con urgencia un cambio en la política nacional: el gobierno debería enviar no solo tropas y policías a las regiones fronterizas, sino también educadores, organizadores comunitarios, trabajadores sociales, médicos y trabajadores de la salud. Guatemala y Honduras deberían aprender de las experiencias regionales, tales como los programas de desarrollo de fronteras en Colombia, Ecuador y Perú. Honduras, en donde los niveles de violencia son mayores y la capacidad institucional es más frágil, necesita con urgencia esta asistencia. Los donantes –especialmente los Estados Unidos– deberían poner sus recursos financieros, capacitación y asistencia técnica detrás de la seguridad pública y la prevención de la violencia en las fronteras, más que enfocarla primariamente en controles e interdicción.

Migrants walk across the Paso del Norte border bridge after being deported from the United States amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Ciudad Juarez, Mexico April 21, 2020. REUTERS/ Jose Luis Gonzalez

Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19

As the coronavirus spreads, and the U.S. presidential election looms, the Trump administration and Mexican government continue to deport migrants from El Salvador, Guatemala and Honduras. Some deportees are carrying the virus. Central American states should press their northern neighbours for more stringent health measures.

Los ya mal financiados sistemas de salud y la pobreza, aunados al poder de los grupos criminales y las pandillas, hacen que los países de América Central sean altamente vulnerables al COVID-19 y a los efectos colaterales de las cuarentenas nacionales para la subsistencia y la seguridad de las personas. Pero son los incesantes flujos de migrantes en la región, ya sean legales o indocumentados, forzados o voluntarios, los que están emergiendo como los eslabones más débiles en las campañas de prevención del virus. En especial, las deportaciones desde EE. UU. y México amenazan ahora en convertirse en los principales vectores de contagio hacia el sur y podrían provocar aún más malestar entre los ya temerosos residentes. Los gobiernos de América Central deben responder instando a los EE. UU. o bien a parar las deportaciones, o a cambiar la manera como estas son realizadas, asegurando que se implementen estrictos chequeos de salud antes que más migrantes sean enviados de vuelta.  
 

Deportaciones sin pruebas

Mientras que los tres países del norte de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, han prohibido los viajes aéreos y terrestres de pasajeros dentro y fuera de sus países, las deportaciones no han cesado. Vuelos desde EE. UU. llevando deportados a Guatemala, Honduras y El Salvador han continuado de manera intermitente durante las últimas semanas, aunque ahora se han suspendido en Guatemala por solicitud de su gobierno. Por su parte, las deportaciones terrestres desde México han continuado sin cesar. En total, los EE. UU. y México han retornado al menos a 6500 guatemaltecos, 5000 hondureños y 1600 salvadoreños entre marzo y mediados de abril, según cifras disponibles.

Sin embargo, las pruebas del virus realizadas por las autoridades migratorias de EE. UU. y México antes de la deportación están lejos de ser confiables o rigurosas. Aunque las pruebas masivas en Corea del Sur y otros lugares han demostrado de manera consistente que la mayoría de los portadores del COVID-19 son asintomáticos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han hecho exámenes solo a aquellos deportados que han reportado síntomas, principalmente fiebre (supuestamente, a partir de ahora se harán esfuerzos para realizar pruebas a hasta 2000 migrantes bajo custodia al mes). El gobierno de Guatemala ya ha confirmado que al menos 100 deportados han dado positivo a las pruebas del virus, un quinto del total de casos registrados en el país. Pero el total real puede ser más alto, ya que Guatemala solo empezó a hacer pruebas masivas de migrantes repatriados y a establecer centros de recepción ad hoc después de que un vuelo de retornados aterrizara el 26 de marzo con varios pasajeros infectados. Antes de eso, a los migrantes se les solicitaba realizar una cuarentena voluntaria de dos semanas. México ha identificado al menos a 16 migrantes centroamericanos con coronavirus en el estado de Tamaulipas, 14 de ellos infectados por un migrante previamente deportado de Houston, Texas.  

Los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en los EE. UU., que albergan a más de 32 000 migrantes condenados o indocumentados, se están volviendo focos de infección del COVID-19, incrementando las preocupaciones de contagio a través de personas deportadas. De los 425 migrantes detenidos por ICE que tuvieron acceso a una prueba, al menos 360 resultaron estar infectados, mientras que al menos 9000 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) han sido apartados de sus labores oficiales luego de dar positivo o haber estado expuestos al virus. El gobierno de México ha reaccionado lentamente a la pandemia y, de acuerdo con funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios con los que habló Crisis Group,  prácticamente no ha tomado ninguna medida preventiva en sus centros de detención de migrantes.

While all three northern Central American countries – El Salvador, Guatemala and Honduras – have banned passenger air and land travel in and out of their countries, deportations have not stopped. U.S. flights carrying deportees to Guatemala, Honduras and El Salvador have proceeded on and off over the past few weeks, though they are now on hold in Guatemala at its government’s request. Meanwhile, deportations overland from Mexico have continued unabated. In total, the U.S. and Mexico have returned at least 6,500 Guatemalans, 5,000 Hondurans and 1,600 Salvadorans between March and mid-April, according to available figures.

Virus testing by U.S. and Mexican migration authorities before deportation, however, has been far from being reliable or robust. Although mass testing in South Korea and elsewhere has consistently shown that most carriers of COVID-19 are asymptomatic, the U.S. Centers for Disease Control and Prevention have been testing only those deportees who report symptoms, mainly fever (efforts will reportedly now be made to test up to 2,000 migrants in custody per month). The Guatemalan government has already confirmed that 100 deportees have tested positive for the virus, one fifth of the entire tally of recorded cases in the country. But the real total could be higher, as Guatemala only started widespread testing of returning migrants, and setting up ad hoc reception centres, after a 26 March deportation flight arrived bearing various infected passengers. Before that, migrants had been invited to observe a two-week voluntary quarantine. Mexico has identified at least sixteen Central American migrants with coronavirus in its northern Tamaulipas department, fourteen of them infected by one migrant previously deported from Houston, Texas.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) detention facilities in the U.S., which host more than 32,000 convicted or illegal migrants, are turning into a hot-spot for COVID-19, intensifying concerns as to the risk of contagion via deportees. At least 360 migrants held by ICE of only 425 who had access to a test turned out to have been infected, while at least 9,000 Department of Homeland Security (DHS) officials have been sidelined from their official duties after testing positive or having been exposed to the virus. The Mexican government has been slow to react to the pandemic and has taken virtually no preventive measures in its migrant detention centres, according to UN officials and humanitarian workers to whom Crisis Group spoke.

Las condiciones precarias, junto con el miedo a la exposición al virus, ya han provocado motines en EE. UU. y México.

Las condiciones precarias, junto con el miedo a la exposición al virus,  ya han provocado motines en EE. UU. y México, donde un migrante guatemalteco murió en un alzamiento en un centro de detención en Tenosique, Tabasco, a finales de marzo. Luego de este incidente, las autoridades mexicanas empezaron a liberar a la mayoría de los 6000 migrantes varados en sus centros de detención, e incluso cerraron la instalación de Tenosique. Un trabajador humanitario dijo que la mayoría de estos migrantes liberados fueron subidos en buses que se dirigían al sur, y que algunas veces son abandonados en la ciudad de Tapachula en la frontera sur de México con Guatemala, un cuello de botella migratorio. Las autoridades no les facilitan ningún albergue y han bloqueado el acceso a los espacios públicos donde los migrantes suelen reunirse. Según informes, en algunos casos funcionarios mexicanos incluso los han incitado a volver a sus países de origen a través de cruces ilegales, generalmente utilizados por traficantes. Entretanto, representantes de albergues operados por organizaciones no gubernamentales le dijeron a Crisis Group que, debido a la pandemia, han disminuido sus operaciones y no están en condiciones de recibir más migrantes entrantes.  

El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei ha afirmado que, junto con los migrantes deportados y detenidos, un alto número de centroamericanos están volviendo a sus países de forma independiente desde EE. UU. y a través de México, utilizando pasos terrestres ilegales. Funcionarios de la ONU consultados por Crisis Group identificaron al menos 700 centroamericanos tratando de retornar a sus países en las últimas dos semanas a través de cruces informales en las fronteras de Guatemala con México, El Salvador, y Honduras.   

Los migrantes de América Central y la respuesta de EE. UU.

La determinación de EE. UU. de seguir adelante con las deportaciones de migrantes y refugiados de América Central, pese a la pandemia, deriva de años de endurecimiento de las políticas fronterizas y migratorias, principalmente bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La draconiana política migratoria adoptada por la administración Trump, que México suscribió temiendo  represalias arancelarias, ha apuntado sobre todo a detener los crecientes flujos de migrantes desde Guatemala, Honduras y El Salvador, que en su conjunto representan cerca del 8 por ciento del total de la población inmigrante legal en los EE. UU., y el 15 por ciento de la ilegal,  según estimaciones del Migration Policy Institute. 

La migración hacia los EE. UU. viene siendo desde hace tiempo una válvula de escape para cientos de miles de centroamericanos que huyen de las duras condiciones de vida y de la inseguridad crónica. Pero en los últimos años, la letal mezcla de violencia relacionada a las maras, el estancamiento económico y una prolongada sequía provocada por el cambio climático ha estimulado un fuerte incremento en la migración hacia el norte, atizada además por la preocupación de que la administración Trump prohíba completamente la entrada a los EE. UU. Las autoridades norteamericanas aprehendieron a más de 600 000 migrantes centroamericanos, o casi el 2 por ciento de la población total de la región, en la frontera sur con México entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Entre 27 y 48 por ciento de los entrevistados guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en una encuesta reciente realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo mencionaron la violencia o la inseguridad como la razón principal para emprender el viaje.

En respuesta, la administración Trump ha incrementado las patrullas fronterizas, ha establecido requisitos más estrictos para obtener asilo o visas y ha presionado a México y los países de América Central para procesar las solicitudes de asilo registradas en los EE. UU. (a través de los llamados Protocolos de Protección de Migrantes y Acuerdos de Cooperación en Asilo). De acuerdo al secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo, estas medidas han ayudado a reducir el número de centroamericanos que llegan a la frontera sur de los EE. UU. en un 70 por ciento desde el máximo registrado en mayo de 2019. El despliegue en México de la Guardia Nacional en su frontera sur con Guatemala en junio de 2019 también ha frenado el flujo hacia el norte. Solo en 2019, EE. UU. y México deportaron más de 250 000 centroamericanos, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

U.S. determination to press ahead with deportations of Central American migrants and refugees despite the pandemic follows years of tightening border and migration policies, notably under President Donald Trump. The draconian migration policy adopted by the Trump administration, to which Mexico signed up fearing tariff reprisals, has aimed above all to stem rising flows of migrants out of Guatemala, Honduras and El Salvador, which together account for around 8 per cent of the total legal immigrant population in the U.S., and 15 per cent of the illegal, according to Migration Policy Institute estimates.

Migration toward the U.S. has long been an escape valve for hundreds of thousands of Central Americans fleeing grim living conditions and chronic insecurity. But over the past couple of years, the lethal mix of gang-related violence, economic stagnation and prolonged, climate change-induced drought has spurred a sharp increase in northward migration, urged along further by concern that the Trump administration will completely prohibit entry into the U.S. U.S. authorities apprehended more than 600,000 Central American migrants – or almost 2 per cent of the region’s entire population – at the southern border with Mexico between October 2018 and September 2019, according to U.S. Customs and Border Protection figures. Between 27 and 48 of the Guatemalan, Honduran and Salvadoran interviewees in a recent survey by the Inter-American Development Bank cited violence or insecurity as their main reason for making the journey.

In response, the Trump administration has increased border patrols, established stricter requirements for obtaining asylum or visas, and put pressure on Mexico and Central American countries to process asylum requests filed in the U.S. (through so-called Migrant Protection Protocols and the Asylum Cooperation Agreements). According to U.S. Secretary of State Mike Pompeo, these measures have helped reduce the number of Central Americans arriving at the U.S. southern border by 70 per cent since numbers peaked in May 2019. Mexico’s deployment of the National Guard to its southern border with Guatemala in June 2019 also curbed the flow northward. In 2019 alone, the U.S. and Mexico deported more than 250,000 Central Americans, according to figures from the International Organization for Migration.

Desde que inició el brote del COVID-19, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para impedir que posibles migrantes lleguen a los EE. UU.

Desde que inició el brote del COVID-19, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para impedir que posibles migrantes lleguen a los EE. UU. El 21 de marzo, el presidente permitió que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) expulsaran inmediatamente a migrantes ilegales encontrados en la frontera. Como resultado, han devuelto al menos 10 000 migrantes a México en cuestión de semanas. El 22 de abril, Trump fue más allá, firmando una orden ejecutiva que pone un alto a la inmigración de solicitantes de residencia por al menos 60 días.

Las duras medidas impuestas por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para contener la pandemia, incluidos los cierres de fronteras, toques de queda y restricciones al desplazamiento interno, han complicado aún más la ruta hacia el norte. Estas medidas “solo han incrementado el costo de los sobornos que los funcionarios esperan de aquellos que los pueden pagar”, dijo un trabajador humanitario en un albergue en el sur de México. “Y han empujado, a aquellos que no pueden pagarlos, a rutas más peligrosas y remotas, donde se arriesgan a ser extorsionados o secuestrados”.

La necesidad de una respuesta coordinada

La deficiente coordinación entre EE. UU., México, los Estados de América Central y las agencias de la ONU, al igual que la falta de chequeos de salud adecuados en las instalaciones para migrantes en EE. UU. y México, pueden tener efectos nefastos en una región ya mal preparada para combatir la pandemia. Guatemala, Honduras o El Salvador nunca han logrado proporcionar servicios adecuados de reasentamiento o protección a los retornados, y ahora los tres países están canalizando la mayoría de sus recursos disponibles hacia el fortalecimiento de sus sistemas de salud. Los casos no detectados de COVID-19 entre los deportados podrían propagar el virus en aquellas áreas pobres y usualmente violentas de las que salieron y a las que generalmente vuelven. Este riesgo ya está provocando malestar, violencia y estigmatización de los repatriados. En un incidente reciente en Quetzaltenango, Guatemala, los residentes primero amenazaron con incendiar un centro diseñado para albergar cerca de 80 repatriados y luego se lanzaron en la persecución de varios de ellos que supuestamente habían intentado escapar.

Poor coordination among the U.S., Mexico, Central American states and UN agencies, as well as the lack of proper health checks in U.S. and Mexico migrant facilities, could have dire effects across a region ill prepared to combat the pandemic. None of Guatemala, Honduras or El Salvador has ever managed to provide returnees with proper resettlement and protection services, and all three are now channelling most available resources toward strengthening health systems. Undetected COVID-19 cases among deportees could spread the virus in the poor and often violent areas which they left and to which they often return. This risk is already triggering unease, violence and stigmatisation of returnees. In one recent episode in Quetzaltenango, Guatemala, locals first threatened to set fire to a centre designed to host some 80 deportees, and then set off in hot pursuit of several who had reportedly tried to escape.

Idealmente, EE. UU. y México deberían parar de inmediato todas las deportaciones.

Idealmente, EE. UU. y México deberían parar de inmediato todas las deportaciones. Sin embargo, es probable que en ambos países continúe un endurecimiento en sus políticas para frenar la migración hacia el norte, incluidas las deportaciones, especialmente de cara a la campaña de reelección del presidente Trump. Así pues, la prioridad principal para los países de América Central debería ser negociar con los EE. UU. y México un proceso de retorno más seguro, ordenado y coordinado, que incluya medidas de salud más estrictas en los centros de detención de migrantes en EE. UU. y México, más aplicación de pruebas y posiblemente un periodo de cuarentena previo a la deportación. Paralelamente, los gobiernos de la región deberían buscar el apoyo de agencias de la ONU y de organizaciones humanitarias para establecer centros de recepción adecuados y mejorar los protocolos que garanticen un trato justo y reasentamiento de los repatriados. De igual forma deberían mantener canales de diálogo con comunidades receptoras de migrantes retornados, garantizando que sigan estrictas reglas de cuarentena, para minimizar el riesgo de una reacción violenta. Continuar deportando migrantes sin adoptar estas medidas y menospreciando el potencial de contagio es una receta para la agitación social.