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Justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt
Justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt
Report 50 / Latin America & Caribbean

Justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt

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Resumen ejecutivo

En un lapso de diez días los tribunales guatemaltecos hicieron y deshicieron la historia legal del país. El juicio del ex dictador José Efraín Ríos Montt, así como la condena impuesta el 10 de mayo de 2013 por genocidio y otras violaciones a los derechos humanos fue un logro extraordinario para un sistema de justicia que debe lidiar de manera simultánea con el legado de un atroz conflicto interno y las aflicciones contemporáneas de la violencia de pandillas, la corrupción y el tráfico ilícito de drogas. Sin embargo las víctimas apenas habían terminado de celebrar cuando la Corte Con­sti­tucional anuló la sentencia, en una decisión confusa que planteó dudas sobre si hubo intervención externa. La impunidad generalizada de la violencia del pasado y del presente tiene un efecto corrosivo sobre la democracia del país. No reanudar el juicio en contra de Ríos Montt por atrocidades masivas y no buscar la justicia para las víctimas de crímenes violentos debilitaría el escaso progreso alcanzado en el Estado de Derecho, incluyendo un poder judicial fuerte e independiente.

El caso en contra de Ríos Montt y del ex director de inteligencia militar José Mau­ricio Rodríguez Sánchez ha sido enviado a un nuevo tribunal, aunque los desafíos legales hacen que su reanudación sea algo incierta. Si es que el proceso se reanuda, los nuevos jueces tendrán que escuchar otra vez los testimonios concernientes a las masacres, violaciones, torturas y desplazamientos forzados de las comunidades Maya-Ixil en 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era el presidente de facto. Los fiscales acusaron a los dos generales retirados por genocidio y violaciones al derecho internacional humanitario, argumentando que eligieron exterminar al pueblo Ixil con el objetivo de privar a las guerrillas de apoyo. Aunque el tribunal condenó a Ríos Montt, absolvió a su coacusado. Gracias a décadas de trabajo por parte de organizaciones de víctimas, investigadores de los derechos humanos y antropólogos forenses, los fiscales pudieron hacer uso de una gran cantidad de pruebas orales, documentales y físicas. Una fiscal general con antecedentes de trabajo en derechos humanos, Claudia Paz y Paz, insistió en avanzar con el caso, junto con otros juicios de alto perfil tanto de ex funcionarios de gobierno como de miembros de la delincuencia organizada. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por las Naciones Unidas, ayudó a diseñar la creación de la corte de alto riesgo que asumió el caso, proporcionando jueces debidamente entrenados y previamente evaluados, con seguridad adicional.

El resultado fue un juicio público, en gran medida ejemplar, que incluyó el testimonio de más de 100 víctimas y expertos, sujetos al interrogatorio de ambas partes. Las imágenes transmitidas en televisión nacional del ex-dictador encarando a los testigos de una de las comunidades indígenas más pobres, demostró claramente el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Pero lo que pasó dentro de la corte sólo fue una parte de la historia. Los abogados defensores presentaron más de una docena de peticiones para retrasar o descarrilar el proceso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido en repetidas ocasiones que las acciones de amparo son utilizadas en Guatemala para obstruir la justicia en casos de derechos humanos y otros casos de alto perfil, alimentando la percepción de que la justicia está a la venta y haciendo que las víctimas sean menos propensas a cooperar con las autoridades.

A medida que el juicio llegaba a su fin, poderosos grupos de interés intensificaron sus campañas en contra del proceso. Una fundación “anti-terrorista” liderada por militares veteranos acusó en los medios de comunicación a los defensores de los derechos humanos de ser colaboradores de la guerrilla. Los gremios empresariales advirtieron que el juicio estaba fomentando la polarización e, inmediatamente después de que se anunciara la condena, pidió a la Corte Constitucional que anulara la sentencia. El presidente Otto Pérez Molina, un general retirado, manifestó su opinión en repetidas ocasiones diciendo que los militares nunca cometieron actos de genocidio, aunque prometió respetar el proceso judicial.

A muchos les pareció que los jueces estaban respondiendo a la presión política cuando el 20 de mayo la Corte Constitucional obvió el camino del proceso de apelación y anuló la sentencia dando una explicación poco clara. Aún cuando la corte canceló técnicamente sólo parte del juicio, su decisión obligó a que el tribunal original se abstuviera de seguir conociéndolo, por lo que fue necesario enviar el caso a un nuevo tribunal.

Ahora se debe permitir a estos nuevos jueces trabajar sin interferencia, examinando cuidadosamente tanto los argumentos de los acusadores como los de la defensa. Incluso si Ríos Montt autorizó procedimientos sumarios militares como dictador, tiene el derecho a un juicio justo, como todas las personas acusadas bajo gobiernos democráticos. Pero las víctimas también tienen derechos. El pueblo Ixil ya ha esperado 30 años para tener justicia. ¿Podrá un nuevo tribunal llegar a una decisión final basada en la evidencia? ¿O es que el proceso se prolongará y el juicio terminará una vez más en la confusión y la controversia, dejando en duda la capacidad guatemalteca para enjuiciar a acusados poderosos? Cualquiera sea la respuesta, enviará un mensaje poderoso sobre el Estado de Derecho en un país en donde la democracia sigue siendo frágil.

El sistema judicial de Guatemala enfrentará otra prueba en 2014, cuando comience el proceso de nominación de los candidatos para una nueva Corte Suprema y otros tribunales de apelación y se escoja a un nuevo fiscal general o le extienda a Paz y Paz un período adicional. Las autoridades políticas deben actuar de manera urgente para asegurar que los candidatos sean seleccionados por sus méritos, dentro de un proceso transparente que realce el prestigio y la independencia de los jueces. Está en juego la capacidad de lidiar no sólo con los abusos del pasado, sino también con la delincuencia y la corrupción que amenazan la democracia hoy en día.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 23 de septiembre de 2013

Next to a sign reading "Rest in peace CICIG", people protest against the United Nations International Commission Against Impunity, CICIG, in Guatemala City on 8 January 2019. Noe Perez / AFP
Q&A / Latin America & Caribbean

Cae el telón sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

President Jimmy Morales has made good on his promise to shut down a UN-backed commission fighting rampant crime and impunity in Guatemala. Though it leaves a vital legacy, the commission’s exit risks strengthening the hand of criminal networks that operate with state complicity.

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¿Qué ocurrió?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, hoy cierra sus puertas, doce años después de embarcarse en la misión de ayudar al país a judicializar delitos graves y apoyar el Estado de Derecho. La CICIG trabajó con las instituciones judiciales y de seguridad de Guatemala para desmantelar organizaciones criminales e impedir su colusión con funcionarios estatales. La expansión de estas redes criminales había contribuido a duplicar las tasas de homicidios en el país más poblado de Centroamérica entre 1999 y 2006. Para entonces, la tasa anual de homicidios había alcanzado un máximo histórico de 43,6 asesinatos por cada 100 000 habitantes, lo que llevó a un relator de la ONU a lamentar que Guatemala fuera "un lugar indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que el delito quedará impune".

El presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, que inicialmente apoyó a la CICIG, hizo de su terminación una prioridad política en los últimos dos años. Un novato político famoso por sus shows de comedia en televisión, Morales asumió el cargo en 2015 ante una ola de indignación pública contra la clase política luego de la renuncia y arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina por cargos de corrupción, en un caso de fraude aduanero presentado por la CICIG, por los cuales aún no ha sido juzgado.

Aunque el caso contra Pérez Molina ayudó a allanar el camino para su elección, Morales luego argumentó que la Comisión pisoteó la soberanía de la nación y rutinariamente sobrepasó su mandato. Su hostilidad se intensificó notablemente después de que la CICIG decidió investigarlo a él, a su hijo y a su hermano por fraude, malversación de fondos y financiamiento ilegal de su campaña en 2017. Aunque el Congreso de Guatemala se negó a levantar la inmunidad del presidente Morales en septiembre de 2017 (en efecto protegiéndolo de ser judicializado), y su hermano e hijo fueron absueltos recientemente, la relación de Morales con la CICIG se deterioró permanentemente. En agosto de 2017, Morales declaró al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, persona non grata. Luego, en 2018, anunció que el mandato de la Comisión, que cumplía su término en septiembre de 2019, no sería renovado. El cierre de la Comisión hoy marca el cumplimiento de esa promesa.

¿Cómo reaccionaron los EE. UU. y otros donantes?

Aunque la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICIG provocó revuelo a nivel nacional e internacional, EE. UU. (el principal donante de la Comisión con casi $45 millones de dólares en contribuciones) decidió no objetar. En septiembre de 2018, el grupo de donantes de la CICIG (conocido como el G13) emitió un comunicado lamentando la decisión del gobierno, el cual no fue firmado por EE. UU.

El cambio radical de EE. UU. respecto a la Comisión fue en parte producto de una efectiva campaña de influencia. Un intenso cabildeo en Washington liderado por políticos y empresarios guatemaltecos, alarmados por las investigaciones sobre las acusaciones de colusión entre compañías y líderes políticos, ayudó a que varios políticos estadounidenses se pusieran en contra de la Comisión. Acusaciones infundadas de que Moscú había infiltrado las investigaciones de la Comisión en 2015 en contra de la familia Bitkov, la cual llegó a Guatemala huyendo de la persecución rusa y luego fue acusada  de conseguir sus documentos de residencia por medios corruptos, ayudaron a dar fuerza a la campaña contra la CICIG en el Congreso de EE. UU.

Mientras tanto, el presidente Morales ganó el favor del gobierno de Trump al trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2018, y alineándose con los esfuerzos de EE. UU. para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro. También cedió a la línea dura de Washington sobre el control de migración, firmando un acuerdo de “tercer país seguro” en julio de 2019. En caso de que sea ratificado por el Congreso de Guatemala, el acuerdo obligará a los solicitantes de asilo que transitan por Guatemala (provenientes en gran parte de otros países centroamericanos), a presentar sus solicitudes allí en lugar de EE. UU.

El presidente electo, el derechista Alejandro Giammattei, ya ha declarado que no revertirá la decisión de Morales. Él tiene sus propias rencillas con la CICIG, que ayudó a condenarlo y encarcelarlo en 2010 por su presunta participación en la ejecución de siete prisioneros cuando se desempeñaba como director del sistema penitenciario de Guatemala, por lo que luego fue exonerado. Pero la popularidad de la CICIG entre los donantes y el pueblo guatemalteco (el 70 por ciento de los cuales apoya a la Comisión), ha persuadido a Giammattei para que al menos prometa la creación de un organismo de reemplazo. Éste estaría financiado por el Estado y encabezado por tres comisionados guatemaltecos, para no solo judicializar a los corruptos, como hizo la CICIG, sino que, en sus palabras, “entrar a corregir el sistema que fomenta la corrupción”. Sigue habiendo dudas sobre la efectividad de un organismo completamente nuevo, tanto porque necesitaría de años para llegar a ser operativo, como lo hizo la CICIG, y porque los comisionados serían designados por el gobierno entrante, lo que genera interrogantes respecto a su independencia, a pesar de la promesa de Giammattei de garantizar un proceso de selección transparente e inclusivo.

¿La Comisión logró sus objetivos?

La CICIG logró progresos impresionantes, al desempeñar un papel central en numerosos procesos judiciales de alto perfil y en la reducción de la violencia en todo el país. Entre otras cosas, la CICIG dirigió reformas para la creación de un programa de protección de testigos, controles de armas más estrictos y la reglamentación de las órdenes judiciales para interceptaciones telefónicas. Estimuló el establecimiento de tribunales para delitos de alto riesgo, para así proteger la seguridad de las personas involucradas en la judicialización de delitos especialmente graves, y la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) adscrita al Ministerio Público. También capacitó a docenas de fiscales y oficiales de policía en técnicas científicas de investigación criminal, logrando notoriedad en 2010 al demostrar que una presunta víctima de asesinato que afirmó en un video ampliamente difundido que altos funcionarios, incluido el ex presidente Álvaro Colom, habían amenazado su vida, en realidad había planeado su propio asesinato en un acto de desesperación.

Cientos de investigaciones gestadas o apoyadas por la CICIG han disuelto exitosamente fraudes que involucraban a funcionarios prominentes, líderes empresariales, narcotraficantes, extorsionistas y pandillas. Su trabajo ayudó a expulsar a una docena de jueces corruptos y condujo a la destitución de 1 700 policías acusados de corrupción e incompetencia. Según la CICIG, los casos de homicidio sin resolver cayeron del 95 por ciento en 2009 al 72 por ciento en 2012.

Tal como Crisis Group reportó previamente, estos logros salvaron vidas. En los primeros siete años de operaciones de la Comisión, mientras que los vecinos y pares regionales del país experimentaron un aumento anual del 1 por ciento en promedio en las tasas de homicidio, Guatemala experimentó una disminución promedio del 5 por ciento, según cifras del Banco Mundial. En general, Crisis Group estima que la CICIG ha contribuido a una reducción neta de más de 4 500 homicidios entre 2007 y 2017.

¿Qué riesgos enfrenta Guatemala después de la salida de la CICIG?

El mayor peligro es que la impunidad por crímenes graves vuelva a aumentar, así como las tasas de asesinatos y la emigración.

Según un informe reciente de la CICIG, las redes criminales ya han comenzado a retomar técnicas para obstruir las investigaciones judiciales. Esto ha contribuido a un nuevo aumento en las tasas de impunidad, que regresaron al 94,2 por ciento para los casos de homicidio en 2018, lo que indica que las mejoras son frágiles y pueden erosionarse fácilmente a medida que disminuya el apoyo político. Si se hubiera renovado su mandato, la CICIG podría haber ayudado a contener la marea, ya que su presencia trajo consigo el respaldo de la ONU, EE. UU. y Europa en operaciones judiciales robustas y protección para los fiscales y magistrados guatemaltecos. A medida que se acercaba el fin de su mandato, las amenazas y ataques contra jueces de la Corte Constitucional ya se han incrementado. La Fiscal General Consuelo Porras se ha comprometido a consolidar el papel de la FECI, pero no ha confirmado si su fiscalía empleará a los muchos profesionales guatemaltecos que ya han acumulado una considerable experiencia trabajando para la Comisión.

Con la salida de la CICIG, funcionarios y políticos de alto nivel podrían sacar provecho de una menor supervisión, y recaer en patrones de corrupción y colusión estatal con el narcotráfico y otras organizaciones criminales que múltiples casos de la CICIG dejaron al descubierto. La violencia contra activistas de derechos sobre la tierra y otros activistas políticos, de la cual Guatemala ya reporta la tasa per cápita más alta en las Américas, podría empeorar. "Ya estamos comenzando a ver un estancamiento en la tendencia a largo plazo de reducción de homicidios", dijo un analista del Observatorio de Violencia de Guatemala.

Aunque muchos guatemaltecos ya intentan emigrar a EE. UU. por razones principalmente económicas, es probable que un aumento en la corrupción y la inseguridad acelere su huida hacia el norte, creando oportunidades para los delincuentes que se aprovechan de migrantes vulnerables a través de la extorsión, el tráfico de personas y la explotación sexual.

¿Qué importancia tiene el cierre de la CICIG para la región?

El cierre de la CICIG sienta un precedente alarmante. La Comisión tenía un mandato digno, mucho trabajo todavía por hacer y el apoyo del pueblo guatemalteco. Lo que le faltó, en los últimos años, fue apoyo suficiente de los EE. UU. La evaporación del apoyo de Washington envía un claro mensaje de que el gobierno de Trump está dispuesto a canjear la lucha contra la corrupción y la protección del Estado de Derecho a cambio de otros objetivos, incluidos restricciones de la migración y el respaldo para su política sobre Israel. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, podría sentirse tentado a seguir el ejemplo de Morales al considerar el destino de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH), un organismo respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato termina en enero de 2020. Aunque la embajada de EE. UU. en Tegucigalpa ha reiterado su apoyo a la MACCIH, también ha respaldado la solicitud del gobierno hondureño de que la OEA evalúe el trabajo del organismo antes de tomar una decisión final. Será muy importante que EE. UU. no repita la postura de indiferencia que condujo a la desaparición de la CICIG.

Al mismo tiempo, la CICIG deja atrás un conjunto de logros que otros en la región harían bien en imitar. Mientras que las campañas anticorrupción en otros países latinoamericanos, especialmente en Brasil, han enfrentado críticas por su presunto enfoque selectivo, prejuicios políticos y la incapacidad de abordar las condiciones que permiten el florecimiento de la corrupción y la impunidad, resulta mucho más difícil decir lo mismo de la CICIG. De hecho, ambos candidatos en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Guatemala enfrentaron investigaciones de la CICIG, y la excandidata Sandra Torres fue detenida el 2 de septiembre, acusada de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Al sacudir a la clase política, la Comisión disparó su impopularidad entre funcionarios de alto nivel, lo que aceleró su desaparición, pero también aseguró un legado al que futuros reformadores pueden acudir al asumir el trabajo que ésta se vio obligada a abandonar prematuramente.