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Reforma policial en Guatemala: obstáculos y oportunidades
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Resumen ejecutivo

Los 25.000 miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) están en la primera línea de la batalla contra el crimen en Guatemala. Sin embargo, con demasiada frecuencia los ciudadanos desconfían de la Policía –que es objeto de amplio rechazo por ineficiente, corrupta y abusiva– y le temen tanto como a los delincuentes. Mal dotada, mal adiestrada y a menudo mal armada, es frecuente que la Policía no sea capaz o no esté dispuesta a hacerle frente a la delincuencia y tampoco pueda ganarse la confianza pública necesaria para construir un estado de derecho. Los narcotraficantes, incluidos los carteles mexicanos, se movilizan a su antojo por las porosas fronteras, mientras las bandas criminales dominan muchas zonas urbanas. Apoyado económicamente por los Estados Unidos y otros países interesados en impedir que Guatemala se convierta en refugio del crimen organizado, el gobierno del Presidente Otto Pérez Molina debe reiniciar y revitalizar la reforma policial, como parte de un esfuerzo generalizado para fortalecer la justicia y el estado de derecho. Algo se ha progresado, pero los logros son frágiles y se revierten con facilidad.

Desde que los acuerdos de paz de 1996 pusieron fin a 36 años de conflicto armado, los donantes han invertido decenas de millones de dólares en la reforma policial y del sistema judicial. Pero a pesar de esos esfuerzos, Guatemala y sus vecinos del Triángulo Norte de América Central, aún están entre los países más violentos del mundo. Incluida la administración Pérez, que asumió el poder en enero de 2012, Gobiernos sucesivos han prometido repetidamente esta reforma. El nuevo presidente, un general retirado del Ejército, prometió en campaña que su Gobierno combatiría el crimen con “mano dura”. Desde entonces, desplegó tropas que ayudan a patrullar zonas de alta criminalidad, reforzó el Ejército en las fronteras para combatir el narcotráfico y declaró el estado de sitio para acallar una protesta local. También prometió fortalecer la Policía con el ingreso de miles de reclutas y la reanudación de los esfuerzos por reformar esa institución, hasta ahora infructuosos. La cuestión es si su Gobierno reunirá los recursos y la voluntad para reafirmar esa reforma institucional o, básicamente, se apoyará en operaciones militarizadas de lucha contra el crimen que producen resultados en el futuro inmediato, pero no una solución a largo plazo.

Ciertos proyectos pueden servir de modelo para un cambio institucional más integral. Algunas unidades investigativas han demostrado que –con recursos, capacitación y supervisión apropiados– la Policía puede resolver crímenes complejos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) auspiciada por las Naciones Unidas, capacita a policías y fiscales y también fomenta mejoras en el área de la acción policial preventiva y orientada a la comunidad. En dos municipios, Villa Nueva y Mixco, alcaldes activistas están tratando de combatir las pandillas y crear vínculos más fuertes entre las comunidades locales y los encargados de hacer cumplir la ley. En esas dos ciudades también están localizadas dos “comisarías modelo” sostenidas por el gobierno de los Estados Unidos, que financia la verificación de antecedentes y capacitación de la Policía, así como programas diseñados para fortalecer la colaboración entre la comunidad y la Policía.

Pero estos esfuerzos dependen de la ayuda económica y el respaldo político de los donantes. Las iniciativas de Villa Nueva y Mixco se apoyan en políticos locales cuyos sucesores podrían no compartir su compromiso; y no está claro si los esfuerzos reformistas cuentan con suficiente apoyo entre los altos mandos de la PNC para sobrevivir al largo plazo. Sin un respaldo fuerte y sistemático del Gobierno nacional, las empresas, la sociedad civil y la comunidad internacional; las lecciones aprendidas en estos proyectos piloto podrían perderse antes de que puedan ser perfeccionadas y reproducidas.

Las dificultades que enfrentan los reformistas se multiplican porque el cambio debe llevarse a cabo después de una década de creciente violencia, buena parte de ella incentivada por el crimen organizado del cual forman parte los carteles de droga mexicanos. Las altas tasas de criminalidad tienden a superar el progreso logrado, lo que dificulta la resistencia a las llamadas soluciones duras que se apoyan en una mayor fortaleza y disciplina del Ejército. Sin embargo, el uso del Ejército para combatir el crimen, desmoraliza y debilita aún más a la Policía, especialmente porque la misión de los primeros no está bien definida. A la larga, todo eso complica aún más la implementación de la fuerza civil competente que se necesita para hacer cumplir la ley bajo regímenes estables y democráticos.

No hay una fórmula única, ni infalible, para reestructurar una institución tan compleja como la Policía, que además no actúa de manera aislada. El cambio permanente solo puede ocurrir en el marco de esfuerzos más amplios en la batalla contra la corrupción y el favoritismo, presentes al interior del sistema de justicia en general. Sin embargo, existen medidas que el Gobierno debería tomar, con respaldo internacional, para garantizar que la PNC se convierta en una fuerza profesional capaz de investigar y prevenir el crimen que amenaza a la democracia guatemalteca.

Ciudad de Guatemala /Bogotá/Bruselas, 20 de julio de 2012

Next to a sign reading "Rest in peace CICIG", people protest against the United Nations International Commission Against Impunity, CICIG, in Guatemala City on 8 January 2019. Noe Perez / AFP
Q&A / Latin America & Caribbean

Cae el telón sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala

President Jimmy Morales has made good on his promise to shut down a UN-backed commission fighting rampant crime and impunity in Guatemala. Though it leaves a vital legacy, the commission’s exit risks strengthening the hand of criminal networks that operate with state complicity.

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¿Qué ocurrió?

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, hoy cierra sus puertas, doce años después de embarcarse en la misión de ayudar al país a judicializar delitos graves y apoyar el Estado de Derecho. La CICIG trabajó con las instituciones judiciales y de seguridad de Guatemala para desmantelar organizaciones criminales e impedir su colusión con funcionarios estatales. La expansión de estas redes criminales había contribuido a duplicar las tasas de homicidios en el país más poblado de Centroamérica entre 1999 y 2006. Para entonces, la tasa anual de homicidios había alcanzado un máximo histórico de 43,6 asesinatos por cada 100 000 habitantes, lo que llevó a un relator de la ONU a lamentar que Guatemala fuera "un lugar indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que el delito quedará impune".

El presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, que inicialmente apoyó a la CICIG, hizo de su terminación una prioridad política en los últimos dos años. Un novato político famoso por sus shows de comedia en televisión, Morales asumió el cargo en 2015 ante una ola de indignación pública contra la clase política luego de la renuncia y arresto del entonces presidente Otto Pérez Molina por cargos de corrupción, en un caso de fraude aduanero presentado por la CICIG, por los cuales aún no ha sido juzgado.

Aunque el caso contra Pérez Molina ayudó a allanar el camino para su elección, Morales luego argumentó que la Comisión pisoteó la soberanía de la nación y rutinariamente sobrepasó su mandato. Su hostilidad se intensificó notablemente después de que la CICIG decidió investigarlo a él, a su hijo y a su hermano por fraude, malversación de fondos y financiamiento ilegal de su campaña en 2017. Aunque el Congreso de Guatemala se negó a levantar la inmunidad del presidente Morales en septiembre de 2017 (en efecto protegiéndolo de ser judicializado), y su hermano e hijo fueron absueltos recientemente, la relación de Morales con la CICIG se deterioró permanentemente. En agosto de 2017, Morales declaró al jefe de la CICIG, el jurista colombiano Iván Velásquez, persona non grata. Luego, en 2018, anunció que el mandato de la Comisión, que cumplía su término en septiembre de 2019, no sería renovado. El cierre de la Comisión hoy marca el cumplimiento de esa promesa.

¿Cómo reaccionaron los EE. UU. y otros donantes?

Aunque la decisión de Morales de no renovar el mandato de la CICIG provocó revuelo a nivel nacional e internacional, EE. UU. (el principal donante de la Comisión con casi $45 millones de dólares en contribuciones) decidió no objetar. En septiembre de 2018, el grupo de donantes de la CICIG (conocido como el G13) emitió un comunicado lamentando la decisión del gobierno, el cual no fue firmado por EE. UU.

El cambio radical de EE. UU. respecto a la Comisión fue en parte producto de una efectiva campaña de influencia. Un intenso cabildeo en Washington liderado por políticos y empresarios guatemaltecos, alarmados por las investigaciones sobre las acusaciones de colusión entre compañías y líderes políticos, ayudó a que varios políticos estadounidenses se pusieran en contra de la Comisión. Acusaciones infundadas de que Moscú había infiltrado las investigaciones de la Comisión en 2015 en contra de la familia Bitkov, la cual llegó a Guatemala huyendo de la persecución rusa y luego fue acusada  de conseguir sus documentos de residencia por medios corruptos, ayudaron a dar fuerza a la campaña contra la CICIG en el Congreso de EE. UU.

Mientras tanto, el presidente Morales ganó el favor del gobierno de Trump al trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2018, y alineándose con los esfuerzos de EE. UU. para deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro. También cedió a la línea dura de Washington sobre el control de migración, firmando un acuerdo de “tercer país seguro” en julio de 2019. En caso de que sea ratificado por el Congreso de Guatemala, el acuerdo obligará a los solicitantes de asilo que transitan por Guatemala (provenientes en gran parte de otros países centroamericanos), a presentar sus solicitudes allí en lugar de EE. UU.

El presidente electo, el derechista Alejandro Giammattei, ya ha declarado que no revertirá la decisión de Morales. Él tiene sus propias rencillas con la CICIG, que ayudó a condenarlo y encarcelarlo en 2010 por su presunta participación en la ejecución de siete prisioneros cuando se desempeñaba como director del sistema penitenciario de Guatemala, por lo que luego fue exonerado. Pero la popularidad de la CICIG entre los donantes y el pueblo guatemalteco (el 70 por ciento de los cuales apoya a la Comisión), ha persuadido a Giammattei para que al menos prometa la creación de un organismo de reemplazo. Éste estaría financiado por el Estado y encabezado por tres comisionados guatemaltecos, para no solo judicializar a los corruptos, como hizo la CICIG, sino que, en sus palabras, “entrar a corregir el sistema que fomenta la corrupción”. Sigue habiendo dudas sobre la efectividad de un organismo completamente nuevo, tanto porque necesitaría de años para llegar a ser operativo, como lo hizo la CICIG, y porque los comisionados serían designados por el gobierno entrante, lo que genera interrogantes respecto a su independencia, a pesar de la promesa de Giammattei de garantizar un proceso de selección transparente e inclusivo.

¿La Comisión logró sus objetivos?

La CICIG logró progresos impresionantes, al desempeñar un papel central en numerosos procesos judiciales de alto perfil y en la reducción de la violencia en todo el país. Entre otras cosas, la CICIG dirigió reformas para la creación de un programa de protección de testigos, controles de armas más estrictos y la reglamentación de las órdenes judiciales para interceptaciones telefónicas. Estimuló el establecimiento de tribunales para delitos de alto riesgo, para así proteger la seguridad de las personas involucradas en la judicialización de delitos especialmente graves, y la creación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) adscrita al Ministerio Público. También capacitó a docenas de fiscales y oficiales de policía en técnicas científicas de investigación criminal, logrando notoriedad en 2010 al demostrar que una presunta víctima de asesinato que afirmó en un video ampliamente difundido que altos funcionarios, incluido el ex presidente Álvaro Colom, habían amenazado su vida, en realidad había planeado su propio asesinato en un acto de desesperación.

Cientos de investigaciones gestadas o apoyadas por la CICIG han disuelto exitosamente fraudes que involucraban a funcionarios prominentes, líderes empresariales, narcotraficantes, extorsionistas y pandillas. Su trabajo ayudó a expulsar a una docena de jueces corruptos y condujo a la destitución de 1 700 policías acusados de corrupción e incompetencia. Según la CICIG, los casos de homicidio sin resolver cayeron del 95 por ciento en 2009 al 72 por ciento en 2012.

Tal como Crisis Group reportó previamente, estos logros salvaron vidas. En los primeros siete años de operaciones de la Comisión, mientras que los vecinos y pares regionales del país experimentaron un aumento anual del 1 por ciento en promedio en las tasas de homicidio, Guatemala experimentó una disminución promedio del 5 por ciento, según cifras del Banco Mundial. En general, Crisis Group estima que la CICIG ha contribuido a una reducción neta de más de 4 500 homicidios entre 2007 y 2017.

¿Qué riesgos enfrenta Guatemala después de la salida de la CICIG?

El mayor peligro es que la impunidad por crímenes graves vuelva a aumentar, así como las tasas de asesinatos y la emigración.

Según un informe reciente de la CICIG, las redes criminales ya han comenzado a retomar técnicas para obstruir las investigaciones judiciales. Esto ha contribuido a un nuevo aumento en las tasas de impunidad, que regresaron al 94,2 por ciento para los casos de homicidio en 2018, lo que indica que las mejoras son frágiles y pueden erosionarse fácilmente a medida que disminuya el apoyo político. Si se hubiera renovado su mandato, la CICIG podría haber ayudado a contener la marea, ya que su presencia trajo consigo el respaldo de la ONU, EE. UU. y Europa en operaciones judiciales robustas y protección para los fiscales y magistrados guatemaltecos. A medida que se acercaba el fin de su mandato, las amenazas y ataques contra jueces de la Corte Constitucional ya se han incrementado. La Fiscal General Consuelo Porras se ha comprometido a consolidar el papel de la FECI, pero no ha confirmado si su fiscalía empleará a los muchos profesionales guatemaltecos que ya han acumulado una considerable experiencia trabajando para la Comisión.

Con la salida de la CICIG, funcionarios y políticos de alto nivel podrían sacar provecho de una menor supervisión, y recaer en patrones de corrupción y colusión estatal con el narcotráfico y otras organizaciones criminales que múltiples casos de la CICIG dejaron al descubierto. La violencia contra activistas de derechos sobre la tierra y otros activistas políticos, de la cual Guatemala ya reporta la tasa per cápita más alta en las Américas, podría empeorar. "Ya estamos comenzando a ver un estancamiento en la tendencia a largo plazo de reducción de homicidios", dijo un analista del Observatorio de Violencia de Guatemala.

Aunque muchos guatemaltecos ya intentan emigrar a EE. UU. por razones principalmente económicas, es probable que un aumento en la corrupción y la inseguridad acelere su huida hacia el norte, creando oportunidades para los delincuentes que se aprovechan de migrantes vulnerables a través de la extorsión, el tráfico de personas y la explotación sexual.

¿Qué importancia tiene el cierre de la CICIG para la región?

El cierre de la CICIG sienta un precedente alarmante. La Comisión tenía un mandato digno, mucho trabajo todavía por hacer y el apoyo del pueblo guatemalteco. Lo que le faltó, en los últimos años, fue apoyo suficiente de los EE. UU. La evaporación del apoyo de Washington envía un claro mensaje de que el gobierno de Trump está dispuesto a canjear la lucha contra la corrupción y la protección del Estado de Derecho a cambio de otros objetivos, incluidos restricciones de la migración y el respaldo para su política sobre Israel. El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, podría sentirse tentado a seguir el ejemplo de Morales al considerar el destino de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH), un organismo respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato termina en enero de 2020. Aunque la embajada de EE. UU. en Tegucigalpa ha reiterado su apoyo a la MACCIH, también ha respaldado la solicitud del gobierno hondureño de que la OEA evalúe el trabajo del organismo antes de tomar una decisión final. Será muy importante que EE. UU. no repita la postura de indiferencia que condujo a la desaparición de la CICIG.

Al mismo tiempo, la CICIG deja atrás un conjunto de logros que otros en la región harían bien en imitar. Mientras que las campañas anticorrupción en otros países latinoamericanos, especialmente en Brasil, han enfrentado críticas por su presunto enfoque selectivo, prejuicios políticos y la incapacidad de abordar las condiciones que permiten el florecimiento de la corrupción y la impunidad, resulta mucho más difícil decir lo mismo de la CICIG. De hecho, ambos candidatos en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Guatemala enfrentaron investigaciones de la CICIG, y la excandidata Sandra Torres fue detenida el 2 de septiembre, acusada de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Al sacudir a la clase política, la Comisión disparó su impopularidad entre funcionarios de alto nivel, lo que aceleró su desaparición, pero también aseguró un legado al que futuros reformadores pueden acudir al asumir el trabajo que ésta se vio obligada a abandonar prematuramente.