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¿Calma después de la tormenta o trampa? El sorpresivo regreso de Nicaragua a las negociaciones
¿Calma después de la tormenta o trampa? El sorpresivo regreso de Nicaragua a las negociaciones
As Ortega Tightens His Grip, Nicaragua Braces for Volatile Elections
As Ortega Tightens His Grip, Nicaragua Braces for Volatile Elections
A man watches a TV broadcast of Nicaraguan President Daniel Ortega in Managua, Nicaragua 21 February 2019. REUTERS/Oswaldo Rivas

¿Calma después de la tormenta o trampa? El sorpresivo regreso de Nicaragua a las negociaciones

Nicaragua ha iniciado una segunda ronda de diálogo nacional para negociar una salida a la crisis política y económica que estalló el año pasado. Tanto la oposición como los actores internacionales deberían exigir resultados, pero evitar la hostilidad que contribuyó al fracaso de la primera ronda.

¿Por qué Nicaragua está teniendo un diálogo nacional?

El 27 de febrero, representantes del gobierno y de la oposición extraparlamentaria iniciaron una segunda ronda de diálogos con el objetivo de resolver la crisis provocada por el levantamiento del año pasado, que el gobierno enfrentó con una violencia letal. Más de 325 personas, principalmente opositores al presidente Daniel Ortega, perdieron la vida en enfrentamientos entre manifestantes y policías y parapolicías, mientras que 777 se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario, según el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos, una organización local de la sociedad civil. Las protestas comenzaron en abril de 2018, cuando Ortega anunció los términos de una reforma altamente impopular al sistema de seguridad social, y rápidamente se convirtió en una revuelta a gran escala que incluyó marchas masivas, bloqueos de carreteras y el establecimiento de territorios controlados por la oposición después de que las fuerzas de seguridad iniciaran una feroz represión. Un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que las unidades de policía y parapolicía que operan de manera paralela cometieron delitos que pueden considerarse crímenes de lesa humanidad.

El gobierno y la oposición iniciaron una primera ronda de diálogos en mayo del año pasado en el pico de las protestas. El proceso, que se vio empañado por la violencia callejera y la hostilidad evidente entre los bandos, se estancó hace ocho meses durante la contraofensiva de Ortega. Pero el 21 de febrero, a pesar de una serie de medidas cada vez más autoritarias en los últimos meses contra la oposición, los medios de comunicación y la sociedad civil, Ortega dio el sorprendente paso de proponer una fecha de inicio para la reanudación de las conversaciones.

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el colectivo de oposición creado el año pasado para los primeros diálogos, aceptó participar en las nuevas conversaciones. Su equipo de negociación, compuesto por seis personas, ha establecido su agenda en tres grandes pilares. El primero es la “libertad y seguridad de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos por nuestra Constitución Política”. El segundo es “reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes”. Y el tercero es "justicia", aludiendo al llamado de la oposición a algún tipo de reparación para las víctimas de la violencia del año pasado.

El gobierno se muestra reacio a aceptar la presencia de garantes internacionales, quienes buscarían garantizar que ambas partes cumplan con cualquier acuerdo alcanzado en las conversaciones.

En un aparente gesto de buena voluntad, el gobierno liberó a 100 prisioneros el 27 de febrero, aunque permanecen bajo arresto domiciliario. La Alianza Cívica declaró que la liberación fue unilateral y ajena a las negociaciones. La Alianza mantuvo bajo reserva el progreso de las conversaciones hasta el 5 de marzo, cuando anunció que las partes habían acordado una hoja de ruta, que incluía una ambiciosa fecha de finalización el 28 de marzo, la cual probablemente será pospuesta. Fuentes cercanas a los negociadores de la Alianza informan que el gobierno se muestra reacio a aceptar la presencia de garantes internacionales, quienes buscarían garantizar que ambas partes cumplan con cualquier acuerdo alcanzado en las conversaciones. El 5 de marzo, las partes decidieron posponer el nombramiento de los garantes hasta después de aprobar la agenda, lo que parece confirmar la indecisión del gobierno.

¿Por qué el gobierno volvió a la mesa de negociaciones?

Al menos cuatro razones llevaron a Ortega a reabrir el diálogo.

Primero, él está a la defensiva política, ya que el índice de aprobación de su gobierno ha estado bajando desde el levantamiento de abril. El apoyo cayó del 67% antes del levantamiento al 23% después de este, según el Informe Latinobarómetro 2018. Presintiendo problemas en las filas del partido por la forma en la que el gobierno manejó la crisis, Ortega utilizó la reanudación del diálogo nacional para fortalecer su base de apoyo antes de las elecciones regionales del 3 de marzo en la región del Caribe (en las que ganó el partido de gobierno con alrededor del 54% de los votos, aunque la sociedad civil ha denunciado irregularidades electorales).

En segundo lugar, reanudar el diálogo es una forma en la que Ortega puede aliviar la creciente presión internacional en medio del impulso paralelo para el cambio de régimen en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro es uno de sus aliados más cercanos. El anuncio de Ortega sobre el reinicio de los diálogos se produjo después de una serie de visitas de delegaciones de alto nivel de los EE. UU., la UE y la Organización de los Estados Americanos (OEA), y solo dos días antes de la fecha prevista para la entrada de ayuda humanitaria respaldada por EE. UU. a Venezuela. Los diplomáticos visitantes transmitieron el mensaje de que, a falta de un cambio en el enfoque del gobierno ante la crisis posterior al levantamiento, sus gobiernos adoptarían medidas punitivas adicionales. Estados Unidos ya impuso tres rondas de sanciones dirigidas al círculo íntimo de Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, mientras que las sanciones recientes contra la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA también afectaron a la compañía petrolera Albanisa, una empresa conjunta en la que PDVSA es el accionista mayoritario. Altos funcionarios estadounidenses, incluido el asesor de seguridad nacional John Bolton, han manifestado que los "días de Ortega están contados", sugiriendo que su gobierno sería el próximo en caer después de Venezuela y prometiendo intensificar las sanciones usando la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua promulgada por el presidente Donald Trump en diciembre. La UE también ha expresado su determinación para utilizar todas las herramientas a su disposición, incluidas las sanciones, para presionar al gobierno en caso de que continúe con su represión en lugar de comprometerse con una salida negociada a la crisis. El Consejo Permanente de la OEA ha iniciado discusiones sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría llevar a la expulsión del país de la organización, con graves repercusiones en sus relaciones diplomáticas y su capacidad para obtener préstamos multilaterales.

En tercer lugar, los problemas económicos del país, otro resultado de la crisis del año pasado, tienen a Ortega con la soga al cuello. En el 2018, el producto interno bruto cayó un 4 por ciento, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU. Las perspectivas para este año también son poco prometedoras, ya que todas las estimaciones predicen que el PIB caerá: las cifras oscilan entre -2 y -10,9 por ciento. Ahora que la ayuda de Venezuela, – que superó los $700 millones en 2012 –, prácticamente ha desaparecido, la fuerza de la red de apoyo político de Ortega se ha vuelto dependiente del desempeño económico del país, liderado por un sector privado en alza. Sin embargo, las protestas del año pasado se produjeron tras una ruptura entre el gobierno y las principales organizaciones empresariales del país, que se unieron a la Alianza Cívica. Desde entonces, el gobierno ha tratado de apretar y acosar al sector privado incrementando los impuestos y aumentando los poderes estatales sobre las empresas, con la esperanza de que ante la presión se distancien de la oposición. Hasta el momento, esta estrategia ha fallado. "El sector privado entiende que no puede haber una solución a la crisis sin un acuerdo político", dijo un representante del sector privado a Crisis Group. Pero los líderes empresariales sin duda están más abiertos a un acuerdo con Ortega que el resto de la oposición. Una delegación de prominentes empresarios fue el único grupo nicaragüense fuera de la coalición gubernamental que se reunió con el presidente en los últimos meses; esta reunión se produjo apenas unos días antes de que anunciara la reanudación de los diálogos.

Mientras tanto, no se pueden ocultar los peligros potenciales de la ronda actual de diálogos.

Por último, la iniciativa de Ortega puede ser parte de una estrategia de divide-y-reinarás, dirigida a dividir a la oposición en un momento en que lucha por la cohesión, con muchos de sus líderes en el exilio, en la cárcel o en procesos judiciales. En vísperas del anuncio del diálogo, la Unidad Nacional Azul y Blanco (una coalición de la sociedad civil establecida en octubre pasado como plataforma para una gama más amplia de movimientos de oposición que la Alianza Cívica) estaba a punto de formar un consejo de liderazgo político, compuesto por entre siete y once personas, según declaraciones de algunos de sus integrantes. El movimiento repentino de Ortega tomó por sorpresa a la mayoría de las organizaciones miembros de la Unidad y la llevó a posponer la creación del consejo. Y las tácticas represivas de Ortega persisten. Los tribunales condenaron recientemente al líder campesino Medardo Mairena y otros a más de 200 años de prisión por cargos fabricados de terrorismo, crimen organizado y otros. Los ataques policiales a periodistas y ONGs también continúan en marcha. Estas acciones parecen diseñadas para indicar que la represión no cesará sin concesiones de la oposición y el fin de las protestas públicas.

¿Qué lecciones se han aprendido del primer diálogo nacional y cuáles son los riesgos en la nueva ronda?

El primer diálogo nacional se transmitió en vivo por televisión y en las redes sociales, lo que pudo haber sido necesario para darle credibilidad pública, pero también evidenció los roces entre las dos partes. Tanto el gobierno como la Alianza Cívica han reconocido que la nueva ronda de negociaciones deberá llevarse a cabo en privado. Del mismo modo, acordaron reducir el número de participantes y limitar la agenda para garantizar negociaciones más rápidas y fluidas. Los diversos componentes de la Alianza Cívica también han superado la desconfianza mutua y están mejor preparados para entablar un diálogo que el año pasado, cuando "no sabían a quién tenían sentado al lado", como lo expresó un representante. El mediador de la primera ronda, la Conferencia Episcopal (el cuerpo directivo de la Iglesia Católica de Nicaragua), está incluido entre los "acompañantes" nacionales para la segunda ronda, junto con representantes de otras denominaciones cristianas, como la Iglesia Evangélica. El Vaticano ha contribuido a suavizar de alguna forma las relaciones entre la Iglesia y el gobierno, gracias al enfoque conciliatorio del nuncio papal Waldemar Sommertag, después de que Ortega hubiera calificado a los obispos como conspiradores de un golpe hace algunos meses. Sin embargo, todavía es incierto, qué miembros de la Conferencia Episcopal participarán como asesores de su presidente, el cardenal Leopoldo Brenes.

Mientras tanto, no se pueden ocultar los peligros potenciales de la ronda actual de diálogos. Ortega puede estar abordando el diálogo de mala fe, con la única intención de ganar tiempo y aplacar a los críticos internacionales. Al alternar entre la reconciliación y la represión, tratar de manera preferencial al sector privado y, por el momento, refutar la participación de garantes internacionales, es posible que ya haya demostrado una falta de interés en hacer más concesiones que el mínimo necesario para evitar nuevas sanciones y salvar la economía nicaragüense, sin atender las demandas centrales de democratización y justicia de la oposición. Por su parte, la delegación de la Alianza Cívica tiene la difícil tarea de vencer a los escépticos en la oposición. Los detractores han criticado a la Alianza por la composición de su equipo de negociación: representa en exceso al sector privado (la mitad de los negociadores son empresarios) y no incluye a mujeres, representantes rurales o miembros de organizaciones de víctimas conformadas por familiares de presos políticos y de los asesinados en los levantamientos.

¿Cómo pueden las partes evitar un segundo fracaso de las conversaciones?

El mayor desafío de la Alianza Cívica en el momento es negociar la agenda del diálogo. Su primer objetivo después de eso debería ser incrementar su credibilidad y legitimidad a medida que el diálogo continúa, con el fin de evitar un escenario en el que grandes segmentos de la oposición desconozcan los posibles resultados de las conversaciones. Establecer una comunicación regular con los representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco tanto en Nicaragua como en Costa Rica, donde viven muchos líderes exiliados, ayudaría a fortalecer la cohesión general de la oposición. También debe considerar el nombramiento de representantes de las víctimas como asesores, o en su defecto observadores, cuando se traten cuestiones relacionadas con la justicia. Si bien el nuevo diálogo ha animado a las personas a manifestarse nuevamente –a pesar de una directiva policial que prohíbe las protestas sin aprobación previa– la Alianza Cívica debería pedir a la oposición que mantenga el orden público durante las negociaciones.

El gobierno debe continuar dando muestras de buena voluntad tales como cesar los ataques contra ONGs, periodistas y figuras de la oposición. También debe liberar a más presos políticos, al menos a aquellos que están enfermos o permanecen detenidos a pesar de haber sido absueltos, y otorgar al menos arresto domiciliario a los que están siendo juzgados o a la espera de su primera audiencia.

El acuerdo sobre las reglas del juego fue un paso crucial en el proceso. Si las partes logran acordar una agenda y luego admitir a los garantes internacionales, entonces el objetivo principal de las negociaciones debería ser garantizar un cronograma para elecciones libres y justas, con un acuerdo básico sobre la justicia, como la creación de una comisión de la verdad mixta, que incluya a miembros del gobierno, la oposición y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La comunidad internacional, en particular la OEA, los EE. UU., la ONU y la UE, deben acoger –pero no conformarse con– la reanudación del diálogo nacional. Deben expresar claramente que responderán a cualquier esfuerzo en detrimento de las conversaciones con una mayor presión sobre las partes, mientras ofrecen incentivos, así como asistencia técnica, para implementar cualquier acuerdo que pueda producir el diálogo.

As Ortega Tightens His Grip, Nicaragua Braces for Volatile Elections

Originally published in World Politics Review

It’s hard to imagine that three years ago, Nicaragua was rocked by huge anti-government protests that paralyzed the country before being ruthlessly quashed. Today, despite the COVID-19 pandemic and a lack of vaccines, the capital, Managua, is abuzz with activity. Shopping malls are teeming, while the intersections are crowded with beggars and vendors. Everyday life in this Central American country seems to have returned to normal. Visible scars of the 2018 unrest remain only in the form of graffiti, although many of the protest slogans have been daubed over with pro-government messages proclaiming, “The commander remains”—a reference to President Daniel Ortega. Anti-riot police watch over traffic roundabouts, clearly bored but ready to quell the first signs of public dissent.

With presidential and legislative elections scheduled for November, the coming months will test whether the calm is more than skin deep, as Nicaraguans face the prospect of lifetime rule by Ortega and his wife, Vice President Rosario Murillo. During a recent visit to the country, I heard a common refrain from disenchanted Nicaraguan voters: “They’re going to steal the elections.”

Ortega, who turns 76 in November, has a revolutionary past that belies his modern-day authoritarianism. As a young Marxist rebel with the Sandinista National Liberation Front, he spent seven years in prison under the dictator Anastasio Somoza’s regime before going on to help overthrow him in 1979—one of only two successful armed uprisings in Latin America after World War II. He then led the Sandinista government as it waged a civil war against the U.S.-backed contra fighters and won the country’s first post-revolution presidential election in 1984. He lost his reelection bid in 1990, but staged a successful comeback in the 2006 presidential poll and has been in power ever since.

This November, he will seek a fourth consecutive term as president in an election clouded by memories of the 2018 mobilization and crackdown, when over 300 people, chiefly protesters, were killed during around five months of unrest, many of them by police and parapolice forces. Since then, Ortega has lost allies at home and become increasingly isolated internationally. His recent moves to consolidate control over the electoral authorities and hamstring the opposition mean that, absent a change of course, the polls are likely to be seen as heavily rigged in his favor. That raises the prospect of another wave of unrest that further isolates the government and worsens the already dire economic and humanitarian situation in one of Latin America’s poorest countries.

Ortega’s government is clearly not inclined to concede any ground to the opposition. After the 2018 protests, the regime outlawed marches and strengthened a grassroots intelligence system employing local party loyalists, ex-convicts and even parking valets to gather information about Ortega’s opponents, the most vocal of whom are constantly harassed by security forces. Anti-government gatherings have been largely nonexistent over the past couple of years, while political discussions are taboo even within households.

Over the past year or so, the regime has enacted a series of laws and other measures that seek to stymie opposition parties’ participation in the polls, including by stacking the Supreme Electoral Council, the country’s top election body, with loyalist magistrates. The new government-friendly magistrates, appointed in early May, set a May 12 deadline for registration of political alliances, sparking a frenzied but ultimately unsuccessful effort by the two main opposition blocs, the National Coalition and the Citizen Alliance, to forge a united front against Ortega, with the latter registering on its own.

The council then moved to annul the legal credentials of the Democratic Restoration Party, the main political vehicle of the National Coalition. At the same time, judicial authorities recently launched investigations into money-laundering allegations against several journalists as well as Cristiana Chamorro, the most popular of the opposition’s presidential hopefuls and daughter of former President Violeta Barrios de Chamorro, who bested Ortega in the 1990 polls. This week, the attorney general’s office issued a statement effectively forbidding Chamorro to run for any public office. On Wednesday, she was placed under house arrest.

Ortega has tried before to meddle with the electoral process. Since he reassumed the presidency in 2007, several municipal and national elections have been tainted by allegations of wrongdoing, including the withdrawal of some opposition parties’ credentials and reported interference in the vote count. On those occasions, Ortega managed to get away with the alleged offenses thanks to his high level of public support—underpinned by robust economic growth—and strong working relationships with two of the country’s most important constituencies: the Catholic Church and the private sector.

Much of this public and institutional backing has since drained away. Businesses, the clergy and an increasing number of Nicaraguans have grown averse to the president since the 2018 crackdown, while resentment runs high among those who oppose the government but are unable to express their criticism with any safety. Only one-third of Nicaraguans continue to support Ortega, according to opinion polls. Three consecutive years of contracting GDP have induced a deep economic slump, aggravated last year by the COVID-19 pandemic and two back-to-back hurricanes.

Aware of the vulnerability of the economy and people’s livelihoods, the Ortega government avoided imposing any strict coronavirus lockdowns and managed pandemic-related data with great secrecy. The virus nevertheless claimed the lives of several high-ranking Sandinistas, including close Ortega allies, paring down the ruling party’s aging leadership at a time when there is no credible presidential successor.

Acclaimed even by critics for his political cunning, Ortega still has a clear edge over his rivals in this November’s election, when he will face a weak and fractious opposition that lacks public support. Although the opposition could in theory still band together under the Civic Alliance’s umbrella, it has broadly failed thus far to capitalize on public discontent and shape a convincing alternative to the government. Whereas students and civil society activists led the protests three years ago, well-known political and business figures—many of whom also face harassment by security forces, but attract less public support because of their perceived association with the traditional political establishment—have mostly displaced them as the chief anti-Ortega spokespeople. As a result, opposition movements and parties have performed poorly in recent opinion polls: None of them attracts support from more than 4 percent of Nicaraguans.

As recent crises in other Latin American countries such as Honduras and Bolivia have shown, a disputed election could plunge the country into fresh turmoil.

Even so, as recent crises in other Latin American countries such as Honduras and Bolivia have shown, a disputed election could plunge the country into fresh turmoil. Should the poll be widely perceived as rigged in favor of Ortega and the Sandinistas, it could rekindle public anger, particularly if the main opposition forces are able to muster enough unity to rally around one candidate. A disputed poll would also further isolate Ortega internationally, hindering any economic recovery and possibly adding to the exodus of Nicaraguans to neighboring Costa Rica, which has received most of the 100,000 people who have fled since 2018.

Unsurprisingly, the United States, the Organization of American States and the European Union have expressed alarm, firmly rejecting Ortega’s electoral “counter-reform” and reiterating their willingness to press for fair elections. Yet these reproaches cannot hide the fact that Nicaragua remains just one hotspot in a troubled region where diplomatic engagement, particularly from the U.S., needs a rethink. President Joe Biden has promised to reengage with Central America after Trump restricted cooperation to a narrow, migration-focused agenda, but for now, Biden is still concerned primarily with a dramatic increase in arrivals at its southern border. Nicaragua has received far less attention than the three Northern Triangle countries that are seen as the drivers of northward migration—El Salvador, Guatemala and Honduras—and which have been appointed their own U.S. special envoy, Ricardo Zuniga. When I asked one Civic Alliance representative about support from the Biden administration in March, the person sarcastically responded, “What Biden administration? They haven’t shown up yet.”

The White House will have its work cut out for it in crafting a strategy that would address Central America’s chronic challenges in governance, inequality and security, while neither legitimizing nor antagonizing political leaders with dubious records on the rule of law and corruption. Strongly worded statements, targeted sanctions and other punitive measures, which tend to be Washington’s preferred means of applying pressure, have fallen far short of their goal of correcting Central American governments’ behavior. In the case of Nicaragua, instead of causing defections among Sandinista loyalists or prompting concessions, the sanctions that the U.S. has imposed since 2018 against 26 top officials have led the government to dig in, reinforce its anti-imperialist rhetoric and bring to a halt virtually all communications with its Western partners.

At a time of a great stress across Central America, it would be in both Washington’s and Managua’s interests to explore solutions that serve regional stability

Withdrawing sanctions against the Nicaraguan government would be politically difficult for the Biden administration, particularly in light of the bipartisan support they enjoy in Congress. Still, refraining from imposing new ones and offering to lift some—at least privately—might help persuade Ortega to level the political playing field somewhat. Such concessions should be part of a broader effort to step up diplomatic engagement in order to prevent any electoral strife. Including Nicaragua in Zuniga’s portfolio could also be a useful first step to opening fresh communication channels. At a time of a great stress across Central America, it would be in both Washington’s and Managua’s interests to explore solutions that serve regional stability and keep Nicaragua from slipping toward greater isolation.