Traducido del inglés.

Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, pandillas violentas y fuertemente armadas han extendido su control a gran parte de Haití. Antes del amanecer del 29 de febrero, dieron la demostración más alarmante de su poder hasta el momento. Las dos mayores coaliciones de pandillas (el G9 y el Gpèp) unieron fuerzas para lanzar una ofensiva contra puntos críticos en todo Puerto Príncipe, la capital, incluidas comisarías de policía, las principales instalaciones portuarias, el aeropuerto internacional y varios edificios gubernamentales. No es casualidad que estos ataques coordinados se produjeran el mismo día en que el primer ministro en funciones, Ariel Henry, se embarcaba hacia Nairobi, Kenia, en lo que había sido programado como un viaje para concretar una misión internacional que, con el respaldo de la ONU, desplegaría policías de Kenia y otros países para ayudar a sus homólogos haitianos a enfrentar las pandillas.

Jimmy “Barbecue” Chérizier, el líder más reconocido del G9, asumió de inmediato la responsabilidad de los ataques y celebró una rueda de prensa en la que afirmó que la ofensiva era obra de un frente amplio llamado Viv Ansanm (que significa “vivir juntos” en creole haitiano). Chérizier anunció que la intención del frente era impedir que Henry regresara al país, objetivo que logró. Durante ruedas de prensa en los días siguientes, Chérizier reconoció que las pandillas habían hecho daño a la población civil y pidió perdón en nombre de la nueva coalición criminal. Insistió en que las pandillas no sólo pretendían derrocar a Henry (quien anunció su intención de dimitir cuando se forme un gobierno de transición) sino también derribar toda la estructura política, a la que calificó como “un sistema cruel en el que un pequeño grupo de personas controla toda la riqueza del país”. Las pandillas ya han dado señales de que no reconocerán el gobierno de coalición que se espera se forme en los próximos días.

Los ataques han tenido altibajos, pero en su mayoría se han mantenido. Tras el caos de principios de marzo, hubo una breve pausa en el ritmo y la intensidad de la violencia, pero recientemente las pandillas han retomado la ofensiva. El 2 de marzo, las pandillas invadieron las dos prisiones más grandes de Haití, ambas en la capital, y liberaron a más de 4700 reclusos, entre ellos varios pandilleros de alto perfil. La policía haitiana se vio desbordada. Durante las primeras etapas del levantamiento, un oficial de policía le dijo a Crisis Group que la fuerza tenía dificultades para contrarrestar los ataques en varios frentes, y agregó que las debilidades crónicas de la policía (la falta de personal, escasez de equipos y armas, y no tener una estrategia para responder a los ataques de las pandillas) habían quedado expuestas. Dijo que varios de sus colegas habían decidido abandonar sus puestos y refugiarse en sus hogares por temor a ser capturados por las pandillas, las cuales han publicado atroces videos en línea en los que se ve a agentes siendo asesinados y mutilados. Las pandillas han atacado más de una docena de comisarías, la academia de policía y el cuartel general de la policía. También saquearon e incendiaron la casa del jefe de policía Frantz Elbé. En la semana del 18 de marzo, las pandillas adelantaron brutales ataques en varios barrios exclusivos de las afueras de la capital, que hasta entonces no habían sido afectados en gran medida por la ofensiva, asesinando al menos a quince personas.

La arremetida de las pandillas ha aislado a Haití casi por completo del mundo y ha provocado caos dentro del país. Las aerolíneas suspendieron sus operaciones en el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe el 4 de marzo debido a los repetidos ataques de las pandillas, y desde entonces ningún avión ha despegado ni aterrizado allí. Como las pandillas controlan todas las carreteras de entrada y salida de la capital, la única vía segura de escape de la ciudad es en helicóptero, algo que cuesta más de $10 000 dólares. El segundo aeropuerto internacional de Haití, en la ciudad norteña de Cabo Haitiano, sigue operando, pero muy pocos se atreven a salir de Puerto Príncipe por tierra para tomar un vuelo desde allí. Desde el 29 de febrero, sólo unos pocos carrotanques han podido cargar combustible en Varreux, la principal terminal petrolera. Tras varios ataques al principal puerto marítimo de contenedores del país, ubicado en la costa de Puerto Príncipe y administrado por Caribbean Port Services, personas han irrumpido en las bodegas para robar ayuda humanitaria, incluidos cargamentos de alimentos y suministros médicos. Las pandillas que ahora controlan este puerto tienen en su poder unos 260 contenedores pertenecientes a organismos de ayuda humanitaria.

gubernamentales y oligarcas, quienes más sufren por la violencia son, como siempre, los más vulnerables. En menos de una semana, las redadas de las pandillas provocaron el desplazamiento de más de 15 000 personas. Muchas de las más de 160 000 personas que han sido desplazadas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe han tenido que buscar refugio en campamentos improvisados, sin acceso o con un acceso limitado a agua, alimentos, servicios médicos e instalaciones sanitarias. En otros lugares, los residentes de varios barrios han levantado barricadas y construido cercas, sumadas a las ya existentes, en un intento por impedir que las pandillas conviertan las zonas alrededor de sus hogares en zonas de combate.

Las instalaciones médicas tampoco se han salvado de los ataques. Aunque las pandillas sólo han saqueado unas pocas clínicas, la mayoría de los hospitales han tenido que reducir sus operaciones o cerrar porque se quedaron sin suministros y el personal médico no puede salir de sus hogares. Seis de los diez hospitales en todo el país están fuera de servicio; sólo dos, ubicados en Puerto Príncipe, aún pueden realizar procedimientos quirúrgicos, pero es difícil llegar a ellos de manera segura.

Esta embestida criminal no es el primer intento de las pandillas por paralizar el país. Las pandillas pertenecientes al G9 provocaron dos emergencias humanitarias después de bloquear el acceso a la terminal petrolera de Varreux durante la segunda mitad de 2021 y 2022, respectivamente. Sin embargo, lo que distingue el levantamiento actual es el frente unido que han conformado las pandillas. Desde su creación en 2020, el G9 y el Gpèp han reunido a las bandas criminales más poderosas del área metropolitana de Puerto Príncipe mientras libran una sangrienta guerra territorial entre sí. El despliegue previsto de una misión de seguridad extranjera parece haber convencido a los rivales de dejar de lado sus diferencias y centrarse en establecer canales de comunicación y medios de cooperación en respuesta a lo que perciben como una amenaza compartida a su existencia.

Hay que ser claros en que la alianza ha tenido sus altibajos. Las pandillas forjaron un pacto de no agresión en septiembre de 2023, que se rompió a los pocos días. El primer ministro interino Henry se encontraba en Nueva York en ese momento, asistiendo a reuniones de alto nivel de la Asamblea General de la ONU y reuniendo apoyo en el Consejo de Seguridad de la ONU para una misión de seguridad encabezada por Kenia. Mientras lo hacía, el G9 y el Gpèp anunciaron que habían decidido unir fuerzas en la iniciativa Viv Ansanm. Se comprometieron a dejar de infligir daños a la población civil y a trabajar para restablecer la paz, en un aparente intento por persuadir a uno de los Estados miembros del Consejo de Seguridad con poder de veto para que bloqueara la resolución sobre la misión de seguridad.

Los esfuerzos de las pandillas por frustrar la resolución fueron en vano, pues el Consejo de Seguridad votó a favor de la misión el 2 de octubre. Pero varias fuentes que se comunican frecuentemente con líderes de pandillas en la capital dijeron a Crisis Group a finales de 2023 que los jefes criminales rivales mantenían contacto entre sí y estaban listos para aliarse si los planes para una misión de seguridad extranjera avanzaban y empezaban a convertirse en una realidad operativa. Estas fuentes explicaron que uno de los principales motivos no declarados de la reactivación de Viv Ansanm ha sido exhibir su poderío militar, con la esperanza de disuadir a Kenia y a otros países que están considerando aportar policías a una fuerza de intervención. Aunque las tensiones entre pandillas rivales siguen latentes, la perspectiva de que una misión extranjera desembarque en Haití ha despertado un interés común por mantener lejos de la costa las amenazas a su poder.

Henry anunció que dejaría el poder tras una reunión de emergencia celebrada el 11 de marzo en Jamaica por varios Estados y la Comunidad del Caribe (CARICOM), integrada por quince naciones, para abordar el caos en Haití. Como se mencionó anteriormente, Henry se dirigía a Nairobi cuando comenzaron los ataques de las pandillas. Allí suscribió un acuerdo destinado a superar un obstáculo legal para el despliegue de la fuerza keniana, formulado en una decisión del Tribunal Supremo de Kenia en enero. Al no poder aterrizar en Haití a su regreso de África Oriental, Henry tuvo que desplazarse a Puerto Rico, donde permanece.

Con el primer ministro interino sin poder regresar a su país, el poco apoyo exterior con el que aún contaba finalmente colapsó. Según informes de medios de comunicación, la administración Biden pidió a Henry que aceptara un nuevo gobierno de transición y dimitiera, aunque funcionarios estadounidenses sólo estaban dispuestos a admitir en público que le habían instado a “avanzar en un proceso político que conduzca al establecimiento de un consejo presidencial de transición que culmine en unas elecciones”. Después de que la reunión en Jamaica se prolongara hasta altas horas de la noche, Henry publicó un vídeo en el que anunciaba que su gobierno había acordado establecer un consejo presidencial de transición. Dijo que dimitiría inmediatamente después de que se instalara el consejo y añadió que había nombrado a un nuevo primer ministro interino.

El poder de Henry dependió del apoyo internacional desde el primer día. Fue nombrado primer ministro dos días antes del asesinato de Moïse, en julio de 2021. Como no había completado todos los procedimientos legales necesarios para establecer su lugar en el orden de sucesión antes de que se produjera el magnicidio, y varios otros pretendientes pugnaban por convertirse en el jefe de Estado, un grupo de representantes internacionales hizo un guiño a Henry y le pidió que asumiera el cargo.

Al principio, Henry se comprometió a celebrar las tan anheladas elecciones en 2022. Pero a medida que las pandillas ampliaban su presencia en la capital y más allá, fue posponiendo las elecciones, mientras permanecía sumido en una confrontación política con las fuerzas de la oposición que insistían en la necesidad de reforzar los controles y contrapesos de su gobierno. Henry finalmente suscribió un acuerdo en diciembre de 2022, prometiendo elecciones el año siguiente y la entrega del poder a un nuevo gobierno el 7 de febrero de 2024, pero no se tomaron medidas concretas para organizar las elecciones. Mientras tanto, las condiciones económicas y de seguridad continuaron empeorando. Un comité designado por la CARICOM y otros mediadores internacionales, permitió que el diálogo político avanzara mínimamente, pero no hubo avances significativos para reducir las crecientes divisiones políticas del país mediante un acuerdo para compartir el poder.

Las expectativas de que las masivas manifestaciones de la oposición lograran convencer a Henry de dimitir el 7 de febrero, como había prometido, también se desvanecieron, ya que el primer ministro no mostró ninguna inclinación a dejar el cargo y no había ningún sucesor preparado para tomar su lugar, si hubiera llegado a hacerlo. (Como fecha, el 7 de febrero es muy significativo en Haití, ya que es el día en que los líderes democráticos han entregado las riendas a sus sucesores desde que la dictadura de Duvalier terminó en esa fecha en 1986). Durante una alocución esa misma noche, Henry anunció que permanecería en el cargo hasta que su gobierno pudiera celebrar elecciones e insistió en que continuaría las conversaciones para encontrar una salida al estancamiento político. Sin embargo, en privado, funcionarios del gobierno haitiano admitieron que reanudar el diálogo con sus rivales políticos no era nada sencillo, dado que la mayoría de los partidos de oposición exigían la renuncia inmediata de Henry.

La violencia de las pandillas hizo que la impaciencia con Henry, generalizada desde hace mucho tiempo en Haití, finalmente cruzara las fronteras. La frustración por el creciente caos fue palpable en una cumbre de la CARICOM celebrada del 25 al 28 de febrero en Guyana, donde el primer ministro de Antigua y Barbuda manifestó que Henry debía dimitir. Ante la insistencia de los países vecinos, Henry aceptó celebrar elecciones a más tardar el 31 de agosto de 2025. Cuando la ofensiva de las pandillas paralizó la capital haitiana a principios de marzo, los líderes caribeños convocaron a Henry a la reunión de emergencia en Jamaica. Para entonces, con Henry y otros políticos haitianos participando por Zoom, estaba claro que los países vecinos y los miembros de la comunidad internacional involucrados habían perdido toda la fe en el primer ministro interino.

En medio del aumento de la violencia de las pandillas, las capitales extranjeras con influencia en Haití intensificaron sus esfuerzos para encontrar una salida. La reunión de la CARICOM del 11 de marzo en Jamaica se produjo ante el temor de los Estados de que, si no se abordaban las divisiones políticas del país y se formaba un gobierno más representativo, políticos deshonestos podrían aliarse con las pandillas y tomarse el poder. (En ausencia de Henry, el gobierno ha estado encabezado por el ministro de Finanzas).

Los mediadores caribeños recibieron siete propuestas de diversas agrupaciones políticas haitianas sobre la formación de un gobierno de transición, pero a instancias de los líderes caribeños finalmente hicieron concesiones. Los participantes en la reunión de Jamaica acordaron la formación de un nuevo gobierno dirigido por un consejo presidencial de siete miembros. La CARICOM pidió a seis importantes grupos políticos y organismos del sector privado que designaran cada uno a un representante para este consejo, quienes trabajarían junto a dos representantes de la sociedad civil que actuarían como observadores sin derecho a voto. Una vez instalado el consejo presidencial, sus miembros deberán nombrar un nuevo primer ministro interino y un gabinete. Entre las principales tareas del gobierno de transición está la de sentar las bases para las elecciones, incluida la creación de un consejo electoral (se espera que las elecciones se realicen dentro de los próximos dos años) y coordinar con los socios extranjeros de Haití el despliegue de la tan esperada misión de seguridad.

Todos los grupos elegidos en la reunión de Jamaica para formar parte del consejo presidencial ya presentaron los nombres de sus representantes. Inicialmente el partido Petit Dessalines, dirigido por Jean Charles Moïse, un conocido político de izquierda (sin parentesco con el difunto presidente) rechazó la invitación para proponer un representante. Sin embargo, el 20 de marzo, Moïse reconsideró y presentó a su candidato al consejo, afirmando que lo había hecho a petición de un “país grande”, presuntamente Rusia, con el que tiene estrechos vínculos.

Antes de cambiar de opinión, Moïse había señalado varias discrepancias con el acuerdo forjado en Jamaica, pero es casi seguro que sus acciones también estuvieron guiadas por la alianza que estableció con Guy Philippe, un excomandante de policía con antecedentes en negocios ilícitos. Philippe desempeñó un papel destacado en la insurrección que obligó al entonces presidente Jean Bertrand Aristide a exiliarse en 2004. Tras pagar una pena de seis años en una prisión estadounidense acusado de lavar activos producto del narcotráfico, Philippe fue deportado a Haití en noviembre de 2023. Poco después pidió a los haitianos que se le unieran a su “revolución pacífica” para obligar a Henry a dimitir como primer ministro. Philippe, que no participó en las discusiones de la CARICOM, reconoce tener conexiones con pandillas y propone crear un consejo presidencial de tres personas que él presidiría. Dice que concedería una amnistía a los miembros de las pandillas.

Para los Estados caribeños y la mayoría de las fuerzas políticas en Haití, por el contrario, una de las principales preocupaciones es cómo impedir que las pandillas lleguen a formar parte del nuevo gobierno en cualquier nivel. El acuerdo de Jamaica prohíbe que cualquier persona indiciada, imputada o condenada por un delito, que enfrente sanciones de la ONU o que haya adoptado una postura pública contra el despliegue de la misión internacional de seguridad, sea designada como miembro del consejo presidencial. Aun así, personas involucradas en las negociaciones dijeron a Crisis Group que la invitación al partido de Jean Charles Moïse para designar un representante tenía como objetivo incluir en el consejo a un miembro que eventualmente pudiera crear un canal de comunicación con las pandillas, con miras a reducir la violencia.

El consejo debe formarse pronto, asumiendo que todos los representantes designados por los siete grupos distintos cumplan con los requisitos. Una vez que el consejo asuma sus funciones, los miembros tendrán mucho trabajo por delante. Lo primero en la lista será enfrentar el caos criminal en Puerto Príncipe y al mismo tiempo evitar que surjan más fracturas en el gobierno de coalición. Será importante presentar un frente cohesionado. Los líderes caribeños anunciaron que el consejo presidencial tomaría sus decisiones por mayoría de votos, lo que le permitiría actuar con mayor rapidez, pero también podría exacerbar las divisiones entre los representantes si una minoría de miembros se siente excluida. Para evitar la ruptura del consejo, sus miembros deben esforzarse por mantener la unidad cuando empiecen a gobernar. Deben evitar las controversias públicas. Si el consejo tambalea, es muy posible que las pandillas agrupadas bajo Viv Ansanm intenten tomarse el poder ampliando su alianza para incluir a políticos como Philippe y Moïse.

Al día siguiente de que los líderes caribeños anunciaran el acuerdo para crear un consejo presidencial en Haití, el gobierno de Kenia suspendió los planes para desplegar una misión de seguridad en el país. Funcionarios de Nairobi argumentaron que la ruptura del orden público y la renuncia de Henry representaban cambios fundamentales en las condiciones sobre el terreno, lo que les obligaba a reevaluar la decisión de enviar agentes de policía. El presidente de Kenia, William Ruto, se reunió posteriormente con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, líderes caribeños y Henry, e insistió en el inquebrantable compromiso de Kenia con la misión y afirmó que su gobierno retomaría los preparativos en cuanto se constituyera el nuevo consejo presidencial. No obstante, Ruto añadió que Kenia tendría que enviar una nueva misión de reconocimiento, como continuación de su primera misión en agosto de 2023, una vez establecidas las nuevas autoridades haitianas. Aunque el acuerdo firmado entre Haití y Kenia a principios de marzo debería eliminar el principal obstáculo legal para el despliegue de la misión, los grupos de la sociedad civil que se oponen a los planes del gobierno de Ruto de enviar agentes de policía han dicho que no desistirán en impugnar la decisión en los tribunales.

Otros países han expresado públicamente su voluntad de enviar personal para unirse a la misión, pero hasta finales de febrero sólo Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benín y Chad habían notificado al secretario general de la ONU su interés concreto en hacerlo. La financiación también es un problema. Se han depositado alrededor de $11 millones de dólares en el fondo fiduciario administrado por la ONU para cubrir el presupuesto de la misión, la cual Kenia estimó que costaría un total de $600 millones de dólares. La ONU ha insistido en la urgente necesidad de recaudar más dinero, sobre todo teniendo en cuenta que funcionarios kenianos han manifestado que no enviarán policías a Haití hasta que se disponga de los fondos necesarios para iniciar el despliegue. El gobierno de Biden, que se perfila como el mayor donante de la misión después de prometer $300 millones de dólares, también enfrenta grandes dificultades para lograr la aprobación de los fondos por miembros clave del Congreso estadounidense. Legisladores republicanos no están satisfechos con los detalles sobre la misión de seguridad proporcionados por el Departamento de Estado estadounidense y hasta ahora se han negado a dar luz verde a los fondos solicitados.

Dado que obstáculos como estos sugieren que la misión podría no comenzar a operar de inmediato, líderes caribeños han hablado de “mecanismos de seguridad provisionales” como una forma de reducir la inseguridad antes de la llegada de la misión. No se han divulgado los detalles de las opciones que se están considerando. A principios de abril dos grupos de marines estadounidenses fueron desplegados para proteger la embajada de EE. UU. en Puerto Príncipe, y un alto funcionario militar dijo que Washington estaría “preparado” para enviar tropas al país como parte de un esfuerzo multinacional si la situación empeora, pero funcionarios estadounidenses dijeron que no hay planes de enviar fuerzas militares adicionales para apoyar a la policía haitiana. Una posible alternativa sería la intervención de contratistas militares privados para ayudar a la policía, aunque sólo fuera para reabrir el aeropuerto y los puertos de la capital. Sin embargo, han surgido serias preocupaciones por los abusos cometidos en otras operaciones extranjeras dirigidas por contratistas privados debido a la falta de supervisión y rendición de cuentas.

Frenar la violencia que sacude a Haití supondrá una prueba de fuego para la unidad y la capacidad de resistencia del nuevo gobierno. Las fuerzas de oposición llevan mucho tiempo clamando por la dimisión de Henry y la creación de una administración más inclusiva y representativa antes de las nuevas elecciones. Ahora que tienen esta oportunidad, las fuerzas políticas deben dejar a un lado las disputas menores y actuar con decisión en aras del interés público. Deben elegir un primer ministro interino con el respaldo unánime del consejo presidencial y demostrar a las pandillas su determinación para restaurar el control estatal de las infraestructuras críticas y las calles de la ciudad. Las nuevas autoridades deben reanudar las conversaciones con los socios extranjeros para acelerar el despliegue de la misión multinacional de seguridad, así como discutir posibles medidas provisionales hasta que esta fuerza esté lista, centradas en proporcionar a la policía haitiana el equipo, el apoyo logístico y la inteligencia que necesita para restablecer el control de los puertos, el aeropuerto y las principales carreteras. En su momento de mayor necesidad, los haitianos merecen un gobierno que pueda recabar el apoyo más amplio posible y enfrentar a las pandillas.