¿Qué hay de nuevo? Se espera que a principios de 2024 empiece a llegar a Haití personal de seguridad extranjero para ayudar a la policía nacional a luchar contra las pandillas que asedian gran parte del país. Autorizada por la ONU, dirigida por Kenia y diseñada con el apoyo de EE. UU., esta misión multinacional tiene como objetivo restablecer la seguridad y permitir que por fin se celebren elecciones.

¿Por qué importa? La ola de violencia y el colapso político de Haití han agravado la emergencia humanitaria del país. Con la policía superada en número y armas por los grupos criminales, la ayuda extranjera es necesaria. Pero la misión debe superar enormes retos operativos y políticos para ser efectiva. 

¿Qué se debe hacer? La misión no debe desplegar fuerzas hasta que disponga de tropas, entrenamiento y equipos suficientes para controlar a las pandillas. Debe prepararse para el combate urbano y tener fuentes de inteligencia a nivel comunitario para minimizar los daños a la población civil. Se necesitará un acuerdo político y reformas significativas para que los logros perduren.

En respuesta a la solicitud de ayuda del gobierno haitiano, el Consejo de Seguridad de la ONU ha autorizado una fuerza multinacional para ayudarle a reducir el violento control que las pandillas ejercen sobre gran parte del país. A pesar del problemático legado de anteriores intervenciones, la mayoría de los haitianos creen que sólo la llegada de fuerzas extranjeras puede darles un respiro de la violencia que ha trastornado sus vidas. Sin embargo, la misión que ha sido propuesta se enfrenta a numerosos obstáculos. Aunque Kenia ha ofrecido tropas, procesos judiciales en ese país podrían retrasar el despliegue. La misión también enfrentará grandes desafíos operativos, como que las alianzas entre las pandillas cambian tanto que existe la posibilidad de que hagan un frente unido para combatirla; las dificultades para proteger a los civiles en una guerra urbana; y las redes de corrupción entre grupos criminales, la policía y las élites haitianas. Un pequeño equipo de fuerzas kenianas que llegará próximamente puede ayudar a los comandantes a comprender el terreno y a asegurarse de que no se desplieguen antes de estar en condiciones que les permitan prevalecer. A largo plazo, se necesita un acuerdo político, un sólido programa de desmovilización y un plan para detener el flujo de armas y romper los lazos entre los criminales y las élites haitianas para lograr un progreso duradero.

La situación de seguridad del país, asediado por pandillas que durante años habían fortalecido su control sobre las comunidades y la infraestructura de Haití, se salió aún más de control tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Más de 200 000 haitianos están desplazados en este momento, después de que las pandillas se apoderaran de vecindarios, vías públicas y terminales de petróleo, lo que ha impedido el suministro de alimentos y otros artículos de primera necesidad a las comunidades necesitadas. Además de la crisis humanitaria y de seguridad generada por las pandillas, el país también se encuentra en una especie de limbo político. No se han celebrado elecciones desde 2016, y el primer ministro interino Ariel Henry, quien fue escogido a dedo y es considerado ilegítimo por gran parte de la oposición política, se ha mostrado reacio a compartir el poder. Henry se había comprometido a dejar el cargo en febrero después de unas elecciones que han debido hacerse en 2023, pero aún está por verse si cumplirá esta promesa ya que no hubo comicios.

En este contexto, a la oposición política le preocupa que la llegada de una fuerza internacional para ayudar a restablecer la seguridad y abordar la crisis humanitaria de Haití (solicitada por Henry en 2022 y autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023) pueda ayudar al actual gobierno a aferrarse al poder. Lo ideal sería, como Crisis Group ha recomendado anteriormente, que las fuerzas políticas del país estuvieran unidas en apoyar la llegada de la misión. Pero la dinámica actual sugiere que el mayor riesgo para la atribulada población haitiana sería retrasar aún más el despliegue. Mientras se puedan cumplir los requisitos legales, operativos y de otro tipo, avanzar en condiciones políticas subóptimas es la opción menos riesgosa para los haitianos acorralados por las pandillas.

Aun así, estos requisitos no serán un obstáculo fácil de superar. Incluso llegar hasta este punto ha sido difícil. Aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU casi un año después de que el gobierno interino haitiano hiciera su primera solicitud, la misión internacional sólo se materializó después de que Kenia se ofreciera a dirigirla y a realizar una importante contribución de 1000 agentes de policía. La dificultad para identificar un país que liderara la misión y naciones dispuestas a contribuir tropas, a pesar del insistente llamado de EE. UU., hace evidente qué tan reacios son los gobiernos a la hora de involucrarse en Haití, donde las intervenciones extranjeras (incluida la última misión de paz de la ONU en el país, que terminó en 2017) han tenido un legado problemático y a veces trágico. Según lo previsto, la nueva misión, que se organizará como una coalición ad hoc en lugar de una operación de cascos azules de la ONU, busca proteger las instituciones estatales, así como la infraestructura crítica y los centros de transporte, y de la mano con la policía haitiana, lideraría una respuesta contraofensiva para enfrentar a las pandillas. Al parecer, un contingente de avanzada de varios cientos de oficiales será desplegado antes que el resto de las fuerzas y llegaría a Haití a principios de 2024.

Una vez sobre el terreno, la misión enfrentará grandes retos. Las pandillas haitianas podrían forjar alianzas entre sí para enfrentar a la misión en un frente unido. Los combates en los precarios barrios de las ciudades haitianas pondrán en riesgo a civiles inocentes. Los vínculos entre la policía corrupta y las pandillas podrían dificultar la confidencialidad de las operaciones. Por todas estas razones, es de vital importancia que haya suficiente preparación. Las conversaciones en curso entre las fuerzas de seguridad de Kenia y Haití buscan establecer los objetivos y normas de intervención de la misión. El contingente de avanzada debe continuar el trabajo iniciado por las misiones de evaluación que ya han visitado desde Nairobi. Debe mapear la presencia de pandillas, evaluar la amenaza que representan y calcular los desafíos operativos, con el fin de garantizar que cuando se despliegue la misión completa esta esté en condiciones de hacer una demostración de fuerza muy convincente que no provoque a las pandillas ni corra el riesgo de desatar represalias violentas. Expertos locales enfatizaron a Crisis Group que una fuerte demostración temprana en este sentido podría ayudar a persuadir a las pandillas para que adopten una postura de no confrontación.

Otras tareas clave de la misión consistirán en incorporar en su funcionamiento estrategias especializadas para la protección civil en entornos urbanos, desarrollar redes de inteligencia en las comunidades donde operarán, capacitar a unidades policiales verificadas con las que puedan cooperar y comenzar a diseñar un programa de desmovilización para que los pandilleros que desean abandonar sus grupos criminales tengan una salida. De suma importancia será una atención minuciosa a las salvaguardias incorporadas en el mandato de la ONU para prevenir las irregularidades que se presentaron en la MINUSTAH, la última misión de paz de la ONU, tristemente célebre por propagar el cólera por todo el país, así como por la explotación sexual de mujeres locales.

Finalmente, tanto la misión como sus patrocinadores deben poner atención a las cuestiones estructurales y de largo plazo si quieren tener alguna esperanza de que se logre un fin duradero a las crisis superpuestas de Haití. Un acuerdo político encabeza la lista. En este momento, los haitianos ven con indignación cómo los políticos se pelean por la creación de un gobierno de transición mientras las pandillas continúan su campaña de violencia. Numerosas rondas de negociación entre el primer ministro Henry y la oposición no han logrado producir un pacto estable y auténticamente multipartidista. Mientras los socios internacionales de Haití recientemente aumentaron la presión sobre Henry para que cediera en la búsqueda de un acuerdo para compartir el poder, los grupos de la oposición lo han interpretado como una señal de debilidad y le están pidiendo que cumpla su promesa de renunciar antes de febrero. Los actores externos con influencia deben continuar presionando a ambas partes para que se pongan de acuerdo sobre la forma que debe tener un gobierno de transición apto para iniciar un proceso de renovación institucional y preparar al país para las primeras elecciones en años.

El despliegue de la misión multinacional en Haití podría brindar un alivio esencial para un país sumido en el conflicto. Pero las dificultades en el camino que debe recorrer representan una gran amenaza para la efectividad de esta fuerza. Tras décadas de intervenciones internacionales y miles de millones en ayuda, la fatiga de Haití en muchas capitales extranjeras es una realidad; pero pocas veces el país ha necesitado ayuda tanto como ahora. Por el bien del aquejado pueblo haitiano, hay que hacer todo lo posible para que la misión tenga éxito. 

Haití ha sufrido la violencia de pandillas durante años, pero el poder de estos grupos se ha disparado desde el asesinato del presidente Moïse y el nombramiento del primer ministro interino Henry[1]. Actualmente hay unas 300 pandillas en Haití, las cuales controlan la mayor parte del área metropolitana de Puerto Príncipe y partes clave del valle de Artibonite, el área al norte de la capital donde se cultiva gran parte de los alimentos del país[2].

La violencia perpetrada por las pandillas (que incluye asesinatos, violaciones, secuestros y extorsiones) se ha extendido por gran parte del país en los últimos años, haciéndose mucho más intensa. La ONU indica que tan sólo en 2023 casi 4000 personas han sido asesinadas y 3000 secuestradas en actos de violencia relacionados con las pandillas[1]. La violencia sexual también es generalizada, con más de 1100 agresiones a mujeres denunciadas hasta octubre[2]. En el marco de diez masacres perpetradas por pandillas en el área metropolitana de Puerto Príncipe desde 2018, al menos 179 mujeres y niñas fueron violadas[3].

En Haití hay en este momento unos 200 000 desplazados internos (en su mayoría personas que han huido de sus hogares ante los ataques de pandillas), 40 000 de los cuales tuvieron que huir de la violencia entre agosto y octubre de 2023[4]. Muchos se han refugiado en lugares improvisados como plazas públicas o escuelas, impidiendo a un gran número de estudiantes utilizar sus aulas[5]. Las pandillas también imponen sus propios impuestos a las actividades comerciales, desde vendedores ambulantes informales hasta grandes parques industriales en las áreas que controlan. Esto ha provocado escasez de productos de primera necesidad y el aumento de los precios de los alimentos en un país donde casi la mitad de la población no tiene suficiente para comer[6]. El secuestro extorsivo, que afecta por igual a ricos y pobres, ha obligado a miles de familias a sacrificar sus ahorros o a endeudarse para pagar por la liberación de sus seres queridos[7].

Las pandillas han podido crecer desenfrenadamente porque el Estado en gran medida se ha desmoronado. Como se explica más adelante, Henry cuenta con escaso apoyo popular, y la opinión generalizada es que sólo el respaldo de los poderes extranjeros con presencia Haití lo mantiene en el poder[8]. No se han celebrado elecciones de ningún tipo desde 2016, y el parlamento no ha sesionado desde enero de 2020, cuando expiraron los mandatos de todos los diputados de la cámara baja y de casi todos los senadores. Los mandatos de los últimos funcionarios electos del país (un bloque de diez senadores) finalizaron en enero de 2023. Al mismo tiempo, el sistema judicial se ve acosado por largas huelgas del personal y una inseguridad extrema, que ha obligado a los funcionarios a abandonar varios juzgados en la capital, los cuales han caído en manos de las pandillas. La prestación de servicios básicos por parte del Estado es igualmente exigua, con enormes déficits en agua potable, electricidad y recolección de residuos. Ríos de basura atraviesan muchas zonas de Puerto Príncipe, provocando enfermedades y miseria[9].

La Policía Nacional de Haití también es débil, incapaz de contener la violencia de las pandillas a pesar del apoyo de la misión política de la ONU en Haití, conocida como BINUH, y de países como Canadá, EE. UU. y Francia. La fuerza cuenta con menos de 10 000 agentes activos para cubrir el territorio nacional. (Según la proporción recomendada por la ONU, debería contar con más de 25 000)[1]. Sólo en el último año, más de 1000 agentes dimitieron[2]. Problemas de disciplina e insubordinación en la policía podrían poner en peligro las operaciones de la misión extranjera. La cuestión aparentemente menor de los uniformes es un buen ejemplo. Muchos policías llevan pasamontañas mientras patrullan las calles, a pesar de que está prohibido usar cualquier accesorio que altere el uniforme oficial, excepto cuando se estén ejecutando operaciones especiales[3]. Como los pandilleros a menudo también usan pasamontañas, la población no puede saber con certeza quién es un agente de policía. Para empeorar las cosas, los pandilleros a veces visten viejos uniformes de policía, que probablemente fueron donados por agentes que tienen conexiones con las pandillas[4].

Las pandillas no sólo se han beneficiado del colapso estatal, sino también de su arraigo en la sociedad haitiana. Históricamente, estos grupos han mantenido estrechos vínculos con políticos y acaudalados empresarios haitianos, que durante mucho tiempo los han utilizado como sus ejércitos privados[5]. Aunque las pandillas han conseguido cierto grado de independencia en los últimos años al ampliar sus propias fuentes de ingresos, según fuentes internas, los vínculos entre funcionarios, empresarios y las bandas siguen siendo estrechos. “Las pandillas no se encuentran sólo en la parte baja de la ciudad”, afirmó un exfuncionario, mientras señalaba a los clientes de un conocido bar en un exclusivo sector de Puerto Príncipe. “La gente que colabora con ellas pasa el rato aquí. Son ellos los que viven entre la legalidad y la ilegalidad, los que hacen contactos con los bancos, los que ayudan a introducir las armas”[6].

En un intento por romper estos vínculos, en 2022 EE. UU. y Canadá comenzaron a imponer sanciones a destacados políticos y empresarios acusados de apoyar directa o indirectamente a pandillas haitianas, entre ellos el expresidente Michel Martelly y dos ex primeros ministros[7]. Es difícil determinar con certeza si las sanciones han debilitado los vínculos, pero los observadores notaron un aumento en los secuestros desde que fueron impuestas, lo que sugiere que las pandillas recurrieron a nuevos métodos para obtener dinero y así llenar el vacío dejado por algunos de sus patrocinadores de élite[8]. El Consejo de Seguridad de la ONU también estableció un régimen de sanciones para Haití en 2022[9]. Pero más de un año después de su creación, y a pesar de los detallados informes de un panel de expertos, el Consejo ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo sobre qué empresarios o políticos incluir en la lista de sanciones, en la que actualmente sólo figuran cinco notorios líderes de pandillas[10].

Entre tanto, las bandas han extendido su dominio territorial. Una a una, las vías de acceso a la capital han ido cayendo bajo el control de diferentes pandillas que cobran peajes ilegales en todas las principales carreteras que unen a Puerto Príncipe con el resto del país[11]. Es en estas circunstancias que el Consejo de Seguridad dio un nuevo paso en octubre de 2023 al autorizar una fuerza multilateral para ayudar a enfrentar la crisis humanitaria y de seguridad en Haití.

Desde mediados de 2020, la mayoría de las pandillas de la capital se han agrupado en dos coaliciones rivales, conocidas como el G9 y el Gpèp. El Gpèp, una alianza que inicialmente fue liderada por alias Ti Gabriel, pero ahora no cuenta con una cadena de mando clara, aparentemente obtiene la mayor parte de sus recursos de actividades como el secuestro y el narcotráfico[1]. Por su parte, Jimmy “Barbecue” Chérizier, líder del G9, intenta dominar las calles a través de la extorsión y la violencia, mientras profesa motivaciones cuasi políticas; aunque resulte inverosímil, ha afirmado que su grupo se abstiene de secuestrar o dañar a civiles. Insiste en que él y sus aliados se niegan a beneficiarse de los pobres y que, de hecho, defienden a los vulnerables[2]. Los enfrentamientos entre estas coaliciones por la supremacía militar han causado miles de muertes tanto de pandilleros como de miembros de la población civil, que se ha convertido cada vez más en el blanco de ataques indiscriminados de las bandas criminales[3]. Las pandillas disponen de una amplia gama de armamento, desde armas de fuego caseras hasta rifles de gran potencia[4].

En el segundo semestre de 2023 se ha visto un aumento de la violencia, con pandillas pertenecientes a las coaliciones G9 y Gpèp intensificando los ataques entre sí, aparentemente en un intento por ganar territorio antes de la llegada de la misión multinacional. Algunos de los enfrentamientos más brutales se produjeron tras la muerte accidental, a mediados de noviembre, de Iscard Andrice (conocido como Iskar), un fundador e influyente líder de la coalición G9[1]. Iskar era desde 2020 el principal responsable del asedio al barrio Brooklyn en Puerto Príncipe, el cual estaba controlado por el jefe del Gpèp, alias Ti Gabriel[2]. El día después de la muerte de Iskar, Ti Gabriel lanzó ataques en las zonas que éste controlaba, con el apoyo de al menos dos pandillas afiliadas al Gpèp[3]. En el transcurso de tres días, los enfrentamientos causaron la muerte de al menos a 166 personas, y desplazaron a más de 1000. Un orfanato y un hospital quedaron atrapados en el fuego cruzado[4].

Mientras fracturas internas amenazan la coalición del G9, el Gpèp ha seguido extendiendo su presencia. Alias Black Alex Mana, quien ocupó el lugar de Iskar como líder del G9, fue asesinado apenas una semana después de la muerte de su jefe por un comandante de nivel medio de su propia pandilla[5]. Las pandillas del Gpèp también han lanzado brutales ofensivas en la capital y sus alrededores y están consolidando alianzas con grupos armados en el valle de Artibonite, donde aproximadamente 1700 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en menos de dos años[6].

Incluso mientras se enfrentan por el poder y el territorio, las pandillas han demostrado ser conscientes de la inminente llegada de una fuerza multilateral, aparentemente explorando posturas que podrían ayudar a amilanar el riesgo de una confrontación. En agosto, después de que Kenia se ofreciera a liderar la misión, Chérizier insinuó la posibilidad de una tregua[1]. Un mes más tarde, en septiembre, los líderes del G9 y del Gpèp manifestaron a través de notas de voz en redes sociales que estaban dispuestos a reducir la violencia en el marco de una iniciativa a la que llamaron Viv Ansanm, una frase que significa “vivir juntos” en creole haitiano[2]. Pero también sugirieron otra opción: Chérizier indicó que las pandillas podrían llegar a aliarse con el objetivo de enfrentarse a las fuerzas internacionales desde una posición más fuerte. Indicó que las bandas darían la bienvenida a una fuerza extranjera si ésta va a ayudar a restablecer la seguridad en el país, pero que “si vienen a los guetos y comienzan a disparar y masacrar, nosotros, los haitianos, nos levantaremos y los enfrentaremos hasta la última gota de sangre”[1].

Además de las pandillas, el panorama de seguridad incluye grupos de vigilantes que han surgido en toda la capital como una forma de autoprotección ciudadana. Basado en una larga historia de brigadas de autodefensa, la encarnación actual, el movimiento Bwa Kale, surgió en abril de 2023. Armados con todo tipo de armamento, incluidas armas de alto calibre, las autodefensas han construido barricadas para disuadir a las pandillas de ingresar a sus vecindarios. También han atacado a jóvenes acusados de pertenecer a grupos criminales, linchando a unos 350 en poco más de tres meses[1]. La respuesta tuvo cierto éxito: muchas pandillas tuvieron que retirarse a zonas que controlaban plenamente y detuvieron sus ataques contra civiles por primera vez en los últimos años[2]. Pero el lado oscuro de Bwa Kale también quedó en evidencia. Aunque muchos haitianos celebraron el surgimiento de este movimiento, algunos funcionarios gubernamentales y socios internacionales expresaron su preocupación de que pudiera desencadenar más conflictos y denunciaron sus brutales métodos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales[3].

Aunque la ofensiva de Bwa Kale duró sólo unos meses y las pandillas han vuelto a invadir nuevos territorios, algunas brigadas siguen activas. Siguen bloqueando múltiples carreteras de Puerto Príncipe con sus improvisadas barricadas, en particular tras la puesta del sol. Los expertos temen que la llegada de la misión multilateral pueda revitalizar a los grupos de autodefensa, con efectos inciertos. Podría propiciar ataques por parte de los grupos contra personas sospechosas de pertenecer a las pandillas. Pero también podría fomentar alianzas entre estos grupos y pandillas específicas, aprovechando las asociaciones que han surgido en estos meses cuando algunas autodefensas ayudaron a ciertas pandillas a defenderse de sus rivales[4].

La crisis de seguridad de Haití se ve agravada por su situación política. Al haber asumido el poder fuera de un proceso electoral normal tras el asesinato del presidente Moïse, el primer ministro interino Henry carece del mandato popular necesario para afrontar los desafíos multidimensionales del país[1]. Desde que asumió el cargo, Henry ha enfrentado una firme oposición de muchos partidos políticos y grupos de la sociedad civil. La oposición cree que el gobierno no electo de Henry se mantiene en el poder únicamente gracias al inquebrantable apoyo extranjero, a pesar de lo que muchos perciben como un pésimo desempeño durante más de dos años en el poder y de que Canadá ha sancionado a al menos dos de sus exministros por apoyar actividades de pandillas[2]. De hecho, algunas capitales extranjeras dudaron unirse a la misión multinacional precisamente debido a las profundas fracturas políticas de Haití[3].

Los esfuerzos por promover un acuerdo político entre Henry y las fuerzas de la oposición han conseguido pocos avances. Las partes no han logrado ponerse de acuerdo sobre cómo restaurar un sistema equilibrado de gobierno ejecutivo (la Constitución prevé que un primer ministro trabaje con un presidente), y la oposición exige más controles sobre lo que perciben como poderes sin restricciones otorgados a Henry[4].

Infortunadamente, los últimos seis meses de negociaciones multipartidistas han tendido a exacerbar el antagonismo entre las fuerzas políticas en lugar de acercarlas a un acuerdo. Como parte de las negociaciones facilitadas por una delegación de la Comunidad del Caribe (CARICOM) en Kingston, Jamaica, los principales grupos políticos opuestos a Henry, incluido el llamado Acuerdo de Montana y los partidos PHTK (Parti Haïtien Tèt Kale) y Fanmi Lavalas, firmaron una declaración en junio pidiendo la creación de un consejo presidencial que trabajaría junto con un primer ministro durante un período de transición hasta que se puedan celebrar elecciones[5]. Pero Henry se negó, diciendo que sólo estaba dispuesto a agregar nuevos miembros al Consejo Superior de Transición existente, un organismo creado en virtud de un acuerdo alcanzado el 21 de diciembre de 2022 entre varios partidos[6]. Esta concesión a medias no sirvió para aliviar las tensiones políticas.

En septiembre de 2023, ante la obstinada negativa de Henry a aceptar una mayor repartición del poder, y tras un alarmante recrudecimiento de la violencia de las pandillas, algunos de los grupos más destacados que habían firmado la declaración conjunta empezaron a endurecer su postura[7]. El Acuerdo de Montana hizo un llamado por la renuncia inmediata de Henry y acusó al gobierno de estar involucrado en crímenes de lesa humanidad por sus presuntos vínculos con pandillas[8]. Poco después, la mayoría de los firmantes restantes de la declaración de Kingston unieron fuerzas con otros grupos de oposición para establecer una nueva alianza[9]. A medida que las discusiones sobre el despliegue de una misión de seguridad cogían impulso en Nueva York, el grupo presentó ante audiencias nacionales e internacionales un plan que apunta a la creación de un gobierno de transición, que llenaría el vacío dejado por Henry, suponiendo que éste deje el cargo en febrero como prometió en el “acuerdo del 21 de diciembre”[10].

En respuesta, EE. UU. y otras potencias extranjeras con influencia sobre los actores políticos de Haití presionaron a Henry para que hiciera concesiones adicionales, incluso, otorgando más poderes al Consejo de Transición. El equipo de facilitadores de CARICOM regresó a Haití en dos ocasiones entre noviembre y diciembre, con la esperanza de que la disposición de Henry para ampliar el número de miembros del Consejo y otorgarle ciertos poderes presidenciales desbloqueara las negociaciones[11]. Pero los facilitadores se encontraron con firmes llamados de los grupos de oposición para que renuncie Henry[12].

Con poca esperanza de que los grupos lleguen pronto a un acuerdo político integral, parece cada vez más probable que la misión internacional va a tener que enfrentar profundas divisiones entre las principales fuerzas políticas del país al llegar a Haití. Crisis Group ha recomendado anteriormente que el gobierno y la oposición deben llegar a un acuerdo antes del despliegue de tropas para evitar que la misión se vea envuelta en una pelea política. Ese riesgo sigue existiendo, y las fuerzas internacionales deben continuar presionando a todas las partes involucradas para que lleguen a un acuerdo para establecer un gobierno de unidad. Pero mientras tanto, la necesidad de una respuesta urgente a la extrema violencia en Haití, así como los esfuerzos que están realizando los representantes internacionales para que gobierno y la oposición encuentren posiciones compartidas, sugieren que en este punto la inacción trae mayores riesgos que actuar en medio de la fragmentación política.

Es en este desalentador entorno político y de seguridad que llegará a Haití la misión multinacional de apoyo a la seguridad (MSS), autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2023 en virtud de las facultades que le confiere el Capítulo VII de la Carta de la ONU, para respaldar a la policía haitiana en su lucha contra las pandillas[1]. Kenia encabezará la MSS y aportará 1000 agentes de policía como parte de una coalición ad hoc de policías militares y civiles que se espera esté compuesta por alrededor de una docena de países; la misión recibirá apoyo financiero de donaciones voluntarias gestionadas a través de un fondo fiduciario de la ONU[2].

El compromiso de Nairobi de liderar la fuerza, anunciado en julio de 2023, puso fin a la búsqueda de casi un año de un país que asumiera este reto[3]. Por su parte, Kenia vio en el ofrecimiento una oportunidad tanto para demostrar su solidaridad con la diáspora africana, como para ampliar su cooperación en materia de seguridad con EE. UU.[4]. Aunque el visto bueno del Consejo de Seguridad a la misión era considerado fundamental para Kenia y otros partidarios de la iniciativa, la MSS no estará dirigida por la ONU. Tampoco se financiará mediante contribuciones asignadas a los Estados miembro, y aún queda mucho por hacer para preparar el terreno para el despliegue de la misión[5]. El tiempo está corriendo: el mandato de un año de la misión empezó a contar el 2 de octubre, cuando se aprobó la resolución que respalda su creación. Aunque la renovación es, por supuesto, posible, esa conversación en el Consejo de Seguridad será más fácil si la misión cuenta con un historial de logros o razones para creer que llegarán a producirse.

El Consejo proporcionó a la misión un marco claramente definido pero ambicioso para sus primeros doce meses de operaciones. Con el objetivo general de apoyar los esfuerzos de la policía para restablecer la seguridad y crear condiciones propicias para celebrar elecciones, la misión está facultada para ayudar a planificar y llevar a cabo operaciones conjuntas con la policía contra las pandillas de Haití y para ayudar a proteger infraestructura crítica y arterias viales[1]. El Consejo también solicitó que la misión ayude a la policía haitiana a garantizar el acceso a la ayuda humanitaria y que la apoye, junto con otras entidades de la ONU, en la lucha contra el tráfico ilícito de armas. De manera crucial, el Consejo otorga a la misión autoridad excepcional pero temporal para capturar y retener a personas (en cooperación con la policía haitiana) con el fin de mantener un nivel básico de seguridad[2].

Este mandato multidimensional surgió como una concertación entre EE. UU., Kenia y Haití. Inicialmente, EE. UU. había previsto una fuerza multinacional con una huella ligera y poca visibilidad que esencialmente protegería las instituciones estatales e infraestructura crítica. Pero después de que Kenia realizara una visita de evaluación en agosto de 2023, concluyó que necesitaría capacidades ofensivas no solo para proteger dicha infraestructura, sino también para cumplir con las expectativas de la población haitiana. El mandato se adapta a estos dos puntos de vista y se alinea estrechamente con lo que los haitianos esperan que logre una misión internacional[3].

Los diplomáticos celebraron la aprobación de la misión por parte del Consejo como un gesto de solidaridad internacional con Haití, y la estructura de la MSS como un modelo emergente para la cooperación multilateral en materia de seguridad[4]. Pocos cuestionan que el secretario general haya considerado en agosto que las fuerzas de paz de la ONU no serían idóneas para proporcionar la sólida intervención que Haití necesita para reducir el control de las bandas armadas[5]. En medio de la incertidumbre sobre el futuro de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en todo el mundo, el modelo ad hoc de cooperación internacional propuesto para Haití será seguido de cerca[6]. La atención sólo incrementa lo que está en juego a medida que la misión y sus patrocinadores enfrentan innumerables dilemas políticos y operativos antes de que la fuerza pueda desplegarse efectivamente.

Representantes de Kenia han realizado múltiples visitas a Haití para preparar a sus fuerzas de seguridad, mientras enfrentan desafíos legales internos para su despliegue. Aunque el parlamento keniano aprobó la misión a mediados de noviembre, un partido de oposición impugnó la decisión en los tribunales alegando que la Constitución no permite al gobierno keniano desplegar policía en el extranjero. El Tribunal Supremo se pronunciará sobre esta demanda a finales de enero[7].

Por ahora no está claro qué tan rápido pueda la misión conseguir suficientes tropas y fondos para cumplir la totalidad de su mandato. Las evaluaciones más recientes realizadas por Kenia indican que la misión debería contar con hasta 5000 efectivos y tendría un costo aproximado de $240 millones de dólares por año, aunque un diplomático del Consejo de Seguridad sugirió a Crisis Group que estas cifras pueden estar infladas[1]. Por su parte, Nairobi planea tentativamente desplegar unos cientos de policías militares a principios de 2024 (siempre y cuando el Tribunal Supremo desestime la demanda pendiente), pero no está claro cuándo se sumaría el resto del contingente keniano.

En los últimos meses, muchos países han sugerido de manera informal que también estarían dispuestos a desplegar personal o contribuir con financiación. Hasta ahora, la mayor parte del apoyo financiero para la fuerza, así como la mayor parte de la planificación logística y operativa, ha sido proporcionada por EE. UU.[2]. Washington tiene previsto asignar $100 millones de dólares en financiación a la MSS, y $100 millones más de lo que el Departamento de Estado describió como “apoyo en especie: inteligencia, transporte aéreo, comunicaciones y atención médica”[3]. Nairobi anunció que once países enviarán oficiales en la MSS, mientras otros países se han ofrecido a proporcionar personal, equipos o financiación[4].

Pero no todas esas ofertas han sido confirmadas y algunos diplomáticos han indicado a Crisis Group que la búsqueda de países dispuestos a aportar policías militares avanza más lentamente de lo esperado[5]. Además, el fondo fiduciario gestionado por la ONU no ha recibido todas las contribuciones que esperaba, una cuestión de cierta importancia dado que el ministro del Interior de Kenia afirmó que Nairobi únicamente desplegaría sus fuerzas cuando se hubieran todos los fondos necesarios para la misión hayan sido entregados y estén disponibles[6].

Estos no son todos los obstáculos. Preparar a una fuerza internacional para un escenario tan peligroso como Haití sería muy difícil en cualquier circunstancia, pero hacerlo con una coalición ad hoc de países genera problemas adicionales. Algunos son de carácter estructural y administrativo. El Consejo espera que la misión establezca una administración similar a la de una operación dirigida por la ONU: debe adquirir la experiencia pertinente en materia de seguridad y cumplir requisitos específicos de presentación de informes a Nueva York[7]. Como las tropas no llevarán cascos azules, la MSS y sus países contribuyentes no pueden depender del apoyo automático de la Secretaría de la ONU para poner en marcha estos procesos[8]. Pero eso no reducirá el escrutinio político y operativo que el Consejo de Seguridad probablemente aplique a la misión, incluso antes de que los primeros oficiales lleguen a Puerto Príncipe[9].

Este escrutinio será más estricto en lo que respecta a los asuntos que empañaron las anteriores operaciones de las fuerzas de paz de la ONU en Haití. El legado de la MINUSTAH se vio profunda y trágicamente manchado por su papel en la propagación del cólera y la participación de decenas de miembros de las fuerzas de paz en casos de explotación y abusos sexuales[10]. La resolución del Consejo de Seguridad crea salvaguardias para evitar que vuelvan a ocurrir calamidades semejantes. Pide que se adopten medidas adecuadas para el manejo de aguas residuales para evitar la introducción y propagación de enfermedades transmitidas por el agua, y que se establezcan mecanismos sólidos, seguros y accesibles para la presentación de denuncias y el desarrollo de investigaciones relacionadas con conductas indebidas, incluidos los casos de explotación y abusos sexuales[11]. Conscientes de que nuevos casos de este tipo seguramente desencadenarían protestas masivas en Haití, un país que ya desconfía de la intervención extranjera, es probable que los diplomáticos vigilen de cerca la actuación de la MSS en estas áreas.

La coordinación de la misión con otros organismos de la ONU será otro elemento importante para su eficacia. La BINUH, la misión política de la ONU que actualmente opera en Haití, antes mencionada, ya apoya al gobierno haitiano en áreas que incluyen el diálogo político, las elecciones, la reforma judicial y la reducción de la violencia. También tiene el mandato de ayudar a desarrollar las capacidades operativas y administrativas de la policía haitiana. Además, doce agencias, fondos y programas diferentes de la ONU apoyan a Haití en una amplia gama de iniciativas humanitarias y de desarrollo[12]. Los funcionarios de la ONU insisten en que la MSS no es una operación dirigida por la ONU, en parte para evitar una asociación directa con la misión en caso de que fracase. Pero la alineación, a falta de una la colaboración directa, entre la MSS y la familia de la ONU será esencial para enfrentar los dilemas políticos y de seguridad que se entrecruzan en el país.

Las fuerzas extranjeras encontrarán sustanciales barreras operativas en su intento por debilitar el control de las pandillas haitianas. Con una misión prevista de entre 2500 y 5000 efectivos (no todos oficiales dedicados a operaciones policiales directas), Kenia, los demás países contribuyentes y las autoridades haitianas tendrán que evaluar cuidadosamente sus prioridades estratégicas[1]. Teniendo en cuenta su limitado alcance, la misión no pretende poner fin al problema de las pandillas en Haití de manera definitiva. Pero incluso intentar alcanzar un conjunto limitado de objetivos que podrían generar mejoras tangibles en la vida de las personas (como recuperar el control de las vías de acceso al sur y al norte de la capital y restablecer el libre tránsito por estas carreteras), supondrá, a menos que algo cambie, librar combates frontales con varias pandillas[2].

Las bandas parecen estar considerando dos opciones para responder a la llegada de la misión, según varias entrevistas con personas al tanto de las discusiones[3]. Por un lado, y a pesar del aumento de los enfrentamientos entre pandillas, los líderes de éstas han estado hablando sobre revigorizar el marco cooperativo de Viv Ansanm, pero esta vez con el propósito de formar un frente unido para enfrentar a las tropas extranjeras. De hecho, una persona que ha estado mediando entre las coaliciones rivales de pandillas mostró a Crisis Group evidencia de que los principales líderes de las bandas de la capital continúan comunicándose entre ellos y podrían estar dispuestos a enfrentarse a la misión extranjera juntos[4]. Según fuentes de Crisis Group, si las pandillas perciben que las fuerzas dirigidas por Kenia están mal equipadas o entrenadas y, por tanto, susceptibles de ser derrotadas, no dudarán en atacarlas[5]. Si Viv Ansanm llega a reactivarse coincidiendo con el despliegue de la misión, podría dar a las pandillas un significativo impulso y permitirles atacar a las tropas internacionales de manera simultánea en varios frentes[6].

Al mismo tiempo, sin embargo, estos líderes también han señalado que, si se enfrentan a una fuerza con una capacidad evidente para someterlos, estarían dispuestos a entablar discusiones sobre cómo desarmarse[1]. Incluso las pandillas más poderosas podrían empezar a considerar alternativas al combate directo con el personal internacional y la policía local después de una operación exitosa contra los grupos. Algunos líderes de pandillas ya parecen estar considerando cómo posicionar política e ideológicamente a sus organizaciones para obtener un mayor apoyo popular y prepararse para las conversaciones. Aunque sus historias sugieren lo contrario, algunos líderes de pandillas han proclamado que la lucha de sus grupos tiene raíces en causas políticas[2]. Fuentes afirman que estos líderes están interesados en establecer una plataforma para iniciar negociaciones con miras a una desmovilización si ese les parece ser el mejor camino[3].

Suponiendo que la misión se enfrente a las pandillas en combate, un dilema latente para los encargados de planificar las operaciones es cómo proteger a los civiles, especialmente en Puerto Príncipe, durante las operaciones ofensivas. Los grupos armados más poderosos han establecido bastiones en barrios marginales densamente poblados dentro y alrededor de la capital. Es prácticamente inevitable que el personal de la misión se vea obligado a realizar operaciones en estos entornos de alto riesgo. Por ejemplo, al intentar retomar infraestructuras críticas como la terminal petrolera de Varreux (ubicada en el distrito de Cité Soleil de Puerto Príncipe, bajo el control de las pandillas), así como las carreteras que unen la capital con el resto de del país, tendrán que abrirse paso a través de zonas densamente pobladas. Algunas viviendas en estos barrios están construidas con materiales débiles, como madera y láminas metálicas, incrementando el riesgo de que balas perdidas alcancen a quienes no pueden huir.

En segundo lugar, será difícil distinguir entre los pandilleros y la población civil. La mayoría de los pandilleros en Haití no llevan uniformes ni símbolos distintivos, excepto pasamontañas de manera ocasional; tampoco disponen de equipos de protección que permitan identificarlos[4]. Además, conocen bien el laberíntico territorio bajo su dominio, lo que les permite mimetizarse con la población civil. Es probable que muy pocos de los policías extranjeros hablen creole haitiano (o incluso francés), lo que puede dificultar las interacciones con los residentes a medida que los agentes intentan identificar a los pandilleros.

En tercer lugar, la colusión entre la policía y las pandillas hará que la filtración de información sea otro posible obstáculo para las operaciones. La corrupción al interior de la fuerza policial es un problema generalizado que no sólo afecta a los oficiales rasos, sino que también alcanza los niveles superiores de la institución. Dos fuentes de la policía haitiana que hablaron por separado con Crisis Group dijeron que altos comandantes de la fuerza lograron al menos en una ocasión detener una operación para capturar a un poderoso líder pandillero, presuntamente debido a los vínculos del gánster con políticos o miembros de la fuerza[5].

Por último, es posible que no todas las comunidades sean plenamente receptivas a la misión. Incluso en áreas donde las pandillas son muy impopulares, la MSS no necesariamente será recibida con los brazos abiertos. La misión tendrá que enfrentarse a la dura realidad de que muchos haitianos han aprendido a coexistir con las pandillas que, en la práctica, se han convertido en las autoridades locales. Algunos residentes de zonas de Puerto Príncipe controladas por pandillas han manifestado a Crisis Group su desconfianza ante las redadas de la policía haitiana, ya que estas operaciones no sólo no logran acabar con el control de las bandas sobre sus comunidades, sino que a menudo provocan que los pandilleros tomen represalias contra quienes perciben como colaboradores de la policía[6].

Haití necesita desesperadamente asistencia internacional, pero la MSS no debe ser desplegada prematuramente. Los expertos haitianos que hablaron con Crisis Group tienen la esperanza de que la misión internacional pueda intimidar a las pandillas para que cooperen al presentarse con un gran número de efectivos y proyectando una imponente capacidad. Una persona con profundo conocimiento de la dinámica de las pandillas en la capital dijo: “[La misión] tendrá que centrarse en la percepción del equilibrio de poder, haciendo una gran demostración de fuerza para hacerles saber que, si hay enfrentamientos, se acabó todo para ellos”[1].

Ese escenario depende de que se disponga de un número suficiente de fuerzas debidamente entrenadas y equipadas para la misión. Un contingente reducido y mal preparado podría hacer que las pandillas perciban debilidad, aprovechen su ventaja y abrumen a la misión. Además, incluso si la MSS logra hacer una imponente demostración de fuerza, debe estar preparada para la posibilidad de que las pandillas luchen a sangre y fuego en zonas donde la misión intente arrebatarles territorio. Le corresponderá al comandante de la fuerza de la misión decidir cuándo la MSS estará lista para desplegarse con la suficiente confianza de que mejorará la situación en lugar de empeorarla. Al prepararse para tomar esa decisión, algunas medidas pueden resultar útiles.

En primer lugar, mientras la impugnación contra el despliegue de Kenia avanza en los tribunales de Nairobi, los líderes de la misión deben aprovechar el tiempo para hacerse una idea lo más precisa posible del entorno operativo. El pequeño contingente inicial de Kenia compuesto por varios cientos de policías que debe llegar a Haití a comienzos de 2024 debe trabajar con sus homólogos haitianos para mapear las áreas dominadas por las pandillas, evaluar su capacidad de artillería y comprender los niveles de riesgo en los lugares en los que la MSS espera desplegarse. Podrían considerar una estrategia para imponer el control en fases, centrándose primero en las áreas con un terreno más accesible, de las que muchos civiles ya han huido. Al planificar las operaciones iniciales, también deben considerar formas en que la fuerza pueda demostrar su número y capacidades (incluyendo sobrevuelos de drones o helicópteros o caravanas de vehículos blindados de transporte de tropas) para aumentar el potencial de disuasión, con especial atención en evitar provocaciones o un riesgo de escalada. Por supuesto, nada de esto será posible a menos que Kenia obtenga el apoyo financiero y de tropas que otros se han comprometido a aportar, y contribuciones adicionales para llenar cualquier vacío.

Disponer de una sólida capacidad para recopilar inteligencia también será importante para el éxito. La misión podría seguir algunas de las pautas de la MINUSTAH y establecer mecanismos para recopilar información entre los residentes sobre la actividad de las pandillas[1]. Al mismo tiempo, la misión debe tomar medidas para proteger la seguridad operativa de modo que la información confidencial no sea filtrada por miembros de la policía haitiana, particularmente teniendo en cuenta los vínculos entre algunos oficiales y las pandillas. Las fuerzas internacionales deben apoyar la intensificación de los esfuerzos de verificación de antecedentes ya puestos en marcha por la BINUH, reforzando nuevas unidades especiales cuyos miembros hayan sido minuciosamente escrutados (incluida, entre otras, la Unité Temporaire Anti-Gang o U-TAG)[2]. La verificación de antecedentes debe desarrollarse progresivamente para investigar no sólo a todos los miembros de las unidades especiales, sino también, en última instancia, a todos los oficiales de policía.

La MSS también debe poner la protección de la población civil en el centro de su estrategia, apoyándose en la experiencia en reducción de daños a civiles desarrollada por la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros[3]. Los preceptos básicos van desde disponer de información confiable sobre las zonas donde se llevarán a cabo combates hasta alertar con anticipación a los civiles de estas zonas para permitir la planificación de evacuaciones. Esta preparación será especialmente importante en el diseño de reglas de enfrentamiento para la guerra urbana que protejan a la población civil, incluso con respecto a la selección de armamentos[4]. Como ha recomendado Crisis Group en el pasado, la policía haitiana y el personal de las misiones extranjeras deben poder advertir a las personas en áreas afectadas por el conflicto sobre las operaciones que se van a ejecutar y ayudarles a salir de sus hogares de manera segura, mientras que los comandantes siempre deben considerar la forma de crear un corredor humanitario que permita a los residentes salir de las zonas donde se estén librando combates[5]. Con este fin, la misión debe contar con personal francófono.

Las reglas de enfrentamiento de la MSS también deben proporcionar instrucciones claras para abordar los desafíos que podrían plantear los grupos de autodefensa. Como se señaló anteriormente, algunas de las brigadas de autodefensa que han proliferado desde que surgió el movimiento Bwa Kale han estado cooperando con las pandillas en determinadas partes del país[6]. Las fuerzas de la MSS podrían encontrarse con estas brigadas, trabajando con las pandillas o como autodefensa, entre multitudes enfurecidas intentando linchar a presuntos delincuentes. De cualquier forma, la mejor estrategia para lidiar con los vigilantes es evitar estos escenarios y tratar de incorporarlos lo antes posible en el proceso. Como primer paso, la policía debe contactar a las brigadas e invitarlas a colaborar con las autoridades facilitando información que pueda ayudar a capturar a presuntos pandilleros, al tiempo que las insta a desistir de los actos de violencia por su cuenta.

Además de su mandato de luchar contra las pandillas, la misión debe estar especialmente preparada para prevenir la violencia de género a manos de sus propios integrantes. El escándalo de los “bebés de la MINUSTAH”, resultado de tropas de las fuerzas de paz que dejaron embarazadas y abandonaron a cientos de mujeres, muchas de ellas menores, continúa empañando el legado de esa misión[7]. El personal extranjero debe recibir la formación necesaria antes de ser desplegado para evitar que este tipo de casos se repitan[8]. La misión también necesitará formación para abordar el uso generalizado de la violencia sexual por parte de las pandillas. Idealmente, la comunidad internacional podría enviar al menos a una persona experta en género para ayudar a la misión a monitorear e informar sobre cualquier abuso, así como contratar personal local que pueda actuar como enlace con la comunidad para detectar a tiempo casos de explotación y violencia sexual[9]. Por supuesto, las mujeres también deben estar adecuadamente representadas entre las fuerzas desplegadas.

Más allá del trabajo necesario para preparar el despliegue, ciertas tareas clave serán fundamentales para el éxito duradero de la misión.

La primera será aumentar el número de oficiales de la policía de Haití que puedan empezar a trabajar mano a mano con el personal de la MSS y, llegado el momento, estar preparados para asumir el relevo de la misión. La asistencia internacional, a través de la BINUH y programas como el Programa Conjunto para la Policía Nacional de Haití (comúnmente conocido como el fondo colectivo de la ONU), para fortalecer la fuerza policial haitiana tendrá que ampliarse considerablemente si se espera que las autoridades haitianas tengan una oportunidad de construir una fuerza policial estable que pueda mantener bajo control a las pandillas y otras organizaciones criminales. De acuerdo con las recomendaciones anteriores, el fortalecimiento continuo de unidades especiales de la policía haitiana plenamente verificadas y dedicadas a operaciones conjuntas antipandillas, y los esfuerzos para con el tiempo verificar los antecedentes de toda la fuerza, podrían ayudar a desarrollar la capacidad de la fuerza local para recopilar y utilizar la información de inteligencia para planificar y ejecutar operaciones.

En segundo lugar, se debe reflexionar seriamente sobre cómo podría darse la desmovilización de las pandillas. Fortalecer a la policía y garantizar la eficacia de las operaciones ofensivas no bastará para consolidar el control del Estado en las áreas retomadas por las fuerzas de seguridad. Es poco probable que la muerte o captura de los principales líderes de pandillas prevenga la reconfiguración de los grupos armados, y la eliminación de comandantes puede, en cambio, provocar una escalada de violencia entre facciones que se dividen del grupo original, como ha sucedido en otras partes[1]. Mientras tanto, el hacinamiento en las cárceles es extremo y el sistema de justicia no tiene capacidad para procesar los miles de casos que probablemente reciba una vez que la MSS empiece a arrestar pandilleros, lo cual hace indispensable la creación de una ruta alternativa que permita a estos jóvenes, muchos de ellos menores, abandonar la delincuencia[2].

El Estado haitiano, con el apoyo de potencias y donantes extranjeros, debe intentar establecer vías de desmovilización para cientos, o incluso miles, de pandilleros. Actualmente estas son muy escasas. El presidente Moïse reactivó la Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración en 2019, pero apenas funciona y sus miembros llevan más de tres años sin recibir salarios[3]. Haití y sus aliados internacionales, particularmente la ONU (incluida la división de desmovilización, desarme y reintegración del Departamento de Operaciones de Paz), deben trabajar con mediadores locales que cuenten con la confianza de las pandillas para diseñar planes que permitan a las personas dispuestas a desertar hacerlo de manera segura o iniciar procesos grupales si toda una pandilla está dispuesta a dejar de combatir.

Si bien los avances iniciales de la MSS podrían ayudar a lograr la tan anhelada mejora de las condiciones de seguridad en Haití, se necesitarán reformas estructurales para detener los ciclos de violencia del país.

Tanto las autoridades haitianas como la MSS deben prever que las operaciones policiales iniciales en áreas afectadas por pandillas den paso gradualmente a una estrategia policial comunitaria, destinada a construir mejores vínculos entre la población civil y la policía en los antiguos bastiones de las pandillas. “Es poco probable que una estrategia para contrarrestar a las pandillas basada exclusivamente en la represión tenga éxito”, afirmó un exdirector de la Policía Nacional de Haití. Manifestó que los logros en la lucha contra las pandillas durante su gestión se debieron, en parte, a una labor centrada en mejorar la confianza entre la policía y los residentes, lo que ayudó a la policía a comprender los hábitos de las pandillas en estas zonas[1]. El personal de la misión, en cooperación con socios internacionales y organizaciones de la sociedad civil, debe empezar a identificar líderes comunitarios que puedan ayudar a la policía a establecer conexiones sólidas con quienes viven en territorios controlados por pandillas.

El Estado haitiano, con el apoyo de donantes internacionales, también debe estar preparado para, en determinado momento, lanzar programas destinados a reconstruir instalaciones públicas, como escuelas, hospitales o comisarías de policía en estos barrios. Además de la urgencia de mejorar dichas instalaciones, estos proyectos generarían empleo y contribuirían a mejorar la vida de miles de familias vulnerables. Será necesario el apoyo de gobiernos extranjeros y del sector privado para crear programas adicionales que puedan ofrecer un empleo estable y legal para los pandilleros desmovilizados[2].

Para que el país pueda estar más cerca de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, también habrá que abordar dos bases esenciales del poder de las pandillas. Será indispensable detener el flujo ilegal de armas y municiones hacia el país, muchas de las cuales provienen de la región, incluyendo EE. UU., República Dominicana y Jamaica[3]. La resolución de julio del Consejo de Seguridad que renueva el mandato de la BINUH insta a los Estados miembros a tomar todas las medidas necesarias para detener la entrada de armas ilegales a Haití, “incluso inspeccionando, en su territorio, los cargamentos con destino a Haití”[4]. Washington ya está reforzando su capacidad para investigar y procesar a personas involucradas en crímenes transnacionales, por ejemplo, a través de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional creada en Haití. Pero además será necesario adoptar medidas sólidas y concretas para mejorar los controles sobre la salida de cargamentos en los puertos desde donde la mayoría de las armas y municiones son enviadas hacia Haití, especialmente en Florida[5].

La otra fuente de poder de las pandillas que será necesario abordar es el fuerte vínculo que existe entre éstas y las élites políticas y empresariales haitianas. Las personas que apoyan a los grupos criminales y se benefician de actividades ilícitas como el narcotráfico deben ser investigadas y judicializadas, incluso mediante sanciones internacionales, pero también a través de procesos judiciales cuando exista suficiente evidencia de su respaldo a los grupos violentos[1]. Será necesario reforzar la recolección de información y la cooperación internacional para acabar con las conexiones entre políticos, empresarios y pandillas, lo cual debe permanecer como una prioridad constante para los socios extranjeros de Haití en su intento por ayudar al país a combatir la violencia de las pandillas.

Por último, y quizás lo más importante, el estancamiento político del país debe resolverse. Todavía no existe una vía directa para establecer un gobierno electo con un fuerte apoyo popular. Por lo tanto, la comunidad internacional debe seguir presionando a todas las partes involucradas para crear un gobierno de transición que tenga un amplio respaldo. Las recientes negociaciones lideradas por la CARICOM, así como otros diálogos con mediadores nacionales e internacionales, apuntan a divisiones en la oposición. Algunos grupos insisten en que Henry cumpla su promesa (hecha en el “acuerdo del 21 de diciembre”) de dejar el poder en febrero. Pero muchos reconocen que es poco probable que dimita, y temen que la llegada de la misión inevitablemente fortalezca su posición[2].

Se requiere un acuerdo que incluya a Henry junto con las figuras más importantes de la oposición, en particular aquellas de los partidos que planean participar en las próximas elecciones, para crear las bases de un gobierno de transición. Este gobierno se encargaría entonces de restablecer el funcionamiento de instituciones como el Consejo Electoral Provisional, con el fin de allanar el camino para las elecciones generales. Para bien o para mal, esta cronología sigue siendo esencial. Si estas elecciones llegan a ser organizadas únicamente por el gobierno de Henry, sin el apoyo de otros partidos, las tensiones aumentarían aún más. Los haitianos bien podrían desconfiar de un proceso apresurado que consideren partidista o turbio, lo cual podría replicar la baja participación electoral de las elecciones presidenciales de 2016[3]. Unos comicios sin apoyo multipartidista también podrían repetir la violencia y corrosión institucional que generaron las elecciones organizadas de manera precipitada tras el terremoto de 2010[4].

La catastrófica avalancha de violencia de pandillas en Haití, sin mencionar su colapso político y su emergencia humanitaria, han persuadido a las autoridades del país y a gran parte de su población de que no queda otra salida más que el apoyo armado del exterior. Si se planea y ejecuta adecuadamente, la misión multinacional liderada por Kenia, que tiene previsto enviar su primer pequeño contingente a Haití a principios de 2024, podría darles a los haitianos un respiro de la devastación de las pandillas y sentar las bases para las reformas que serán indispensables para su futuro bienestar.

Pero para el éxito de la misión será esencial prestar una atención rigurosa a las consideraciones tanto de corto como de largo plazo. Si las fuerzas son desplegadas antes de alcanzar el número de efectivos y el entrenamiento que les permita operar con eficacia y con la protección adecuada para sí mismas y para la población civil en los entornos urbanos de Haití, las pandillas bien podrían tomar la delantera y desacreditar toda la iniciativa. A menos que los esfuerzos de la misión se complementen con reformas de fondo y un acuerdo político que sea considerado legítimo por las facciones del gobierno y de la oposición, cualquier avance que pueda lograr correría un peligro inminente.

La posibilidad de una misión internacional que pueda ayudar a restaurar la seguridad de Haití y afrontar su crisis humanitaria les da a los haitianos una esperanza de seguridad y dignidad. Es esencial que no se desperdicie la oportunidad.

Puerto Príncipe/Nueva York/Washington, 5 de enero de 2024