Venezuela: El arduo camino hacia una elección crucial

Traducido del inglés.

Si bien la elección presidencial que se llevará a cabo en 2024 ofrece una oportunidad para avanzar en la ruta de un camino negociado para salir de la prolongada crisis política de Venezuela, esa ocasión podría fácilmente esfumarse. Un posible estímulo para esas posibilidades ocurrió en Barbados el 17 de octubre de 2023, cuando representantes del presidente venezolano Nicolás Maduro y la principal coalición de oposición, la Plataforma Unitaria, se comprometieron con un conjunto mínimo de garantías para una elección justa. Si bien el gobierno estadounidense no fue parte de ese acuerdo, inmediatamente emitió un alivio de gran alcance – aunque reversible – del régimen de sanciones que había impuesto en Venezuela desde 2017, cuando el gobierno de Maduro empezó a intensificar sus restricciones al espacio democrático del país. El acuerdo además generó la liberación de más de 20 presos políticos, junto con una docena de ciudadanos estadounidenses, incluyendo seis considerados “detenidos injustamente”, y permitió la realización de una elección primaria de la oposición el 22 de octubre, en la cual ganó, con más del 92 por ciento de los votos, la política de línea dura María Corina Machado. Dado que el gobierno previamente le había prohibido a ella y a muchos otros miembros de la oposición participar en cualquier elección, la primaria fue una indicación de que posiblemente disminuiría sus arbitrariedades.

Sin embargo, el progreso que representa el Acuerdo de Barbados es frágil, y el riesgo de reincidencia es alto. Si bien personalidades previamente abstencionistas de la oposición como Machado han anunciado que asumen el camino electoral como la manera de poner fin a más de dos décadas de gobierno del chavismo, el compromiso del gobierno con la celebración de votaciones creíbles luce, como mucho, tenue. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el gobierno, ordenó la “suspensión” del resultado de la primaria opositora, a la espera de una investigación de presuntas “serias irregularidades”. Cuando la Unión Europea (UE) renovó sus sanciones por seis meses más contra funcionarios gubernamentales, el negociador principal de Maduro, Jorge Rodríguez, amenazó con abandonar el compromiso hecho por el gobierno en Barbados de invitar a una misión de la UE a observar la elección. Mientras tanto, Machado continúa sujeta a una prohibición de presentarse como candidata. En Washington, la administración Biden mantiene su compromiso público de reimponer sus sanciones, si determina que Maduro no está honrando las promesas del gobierno en Barbados, aunque altos funcionarios de EE. UU.  parecen estar renuentes a tomar dicha determinación.

Al mismo tiempo, han crecido las preocupaciones en Latinoamérica y en otras regiones, sobre la decisión del gobierno de intentar obtener concesiones del país vecino Guyana sobre la región de Esequibo, administrado por Georgetown pero reclamado por Caracas. En 2018, el secretario general de la ONU remitió dicha disputa sobre la soberanía del territorio a la Corte Internacional de la Justicia. Sin embargo, el gobierno de Maduro afirma que no reconoce la jurisdicción de la Corte sobre este asunto. El 3 de diciembre, llevó a cabo un referendo para obtener el apoyo de la opinión pública, incluyendo la creación del estado de la “Guayana Esequiba”. Sus discursos confrontacionales han alarmado a los países vecinos, aunque el riesgo de que adelante una acción militar para imponer su reivindicación, hasta ahora parece bajo. Al contrario, sus ademanes en cuanto al Esequibo parecen fortalecer la campaña electoral de Maduro, que busca debilitar a la oposición y quizás tener una excusa para suspender la elección presidencial si al final el gobierno lo considera conveniente.

Bajo dichas circunstancias, la UE y sus Estados miembros deben:

• Alentar discretamente al gobierno de Maduro a permitir la entrada de observadores electorales de la UE, mientras que a la vez le insiste a Caracas que adopte por lo menos algunas de las recomendaciones de la misión que la UE envió en 2021. Se le debería dar a los próximos observadores libre acceso a las mesas electorales, y la posibilidad de publicar sus conclusiones.

• Continuar buscando una mayor coordinación de la política sobre Venezuela, incluyendo con respecto a las condiciones para aliviar las sanciones, e insistir en el avance de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, entre los Estados miembros de la UE y además entre la UE y otros actores clave, especialmente EE. UU. y otros Estados latinoamericanos relevantes, como Colombia y Brasil.

• Acelerar el proceso de nombrar un nuevo embajador de la UE en Caracas, dada la importancia de mantener un diálogo de alto nivel, especialmente en un año electoral.

• Instar a los líderes de los partidos de la Plataforma Unitaria y sus aliados, especialmente a María Corina Machado, a ceñirse a una estrategia electoral y trabajar juntos para escoger un candidato presidencial alternativo, si, como parece probable, el gobierno mantiene su prohibición de ser candidata.

• Aumentar las contribuciones para abordar la crisis humanitaria doméstica y las necesidades de los migrantes.

La reunión en octubre del gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria en Barbados representó la primera conversación cara a cara luego de un año, retomando las negociaciones iniciadas en la Ciudad de México con el apoyo de Noruega en agosto de 2021. Bajo los términos del acuerdo, el gobierno se comprometió con una serie de condiciones para llevar a cabo una elección presidencial en el segundo semestre de 2024, incluyendo permitir la actualización del registro electoral, la presencia de observadores internacionales, un mayor equilibrio en los medios para las distintas fuerzas políticas y garantías de seguridad para los candidatos.

Dado que el poder está concentrado en manos del gobierno, y que la oposición política hasta hace poco ha priorizado el apoyo internacional por encima del fortalecimiento de su base de apoyo interna (en parte por necesidad debido a las medidas autoritarias del gobierno), la oposición tiene poca influencia en las negociaciones con el gobierno. Como resultado, el Acuerdo de Barbados dependió en gran parte de la diplomacia internacional. Se llevaron a cabo conversaciones preliminares secretas, entre representantes de EE. UU.  y de Venezuela, a miles de kilómetros de distancia del territorio venezolano, en Doha, Catar.

Los frutos de dichas reuniones se hicieron evidentes apenas se secó la tinta del Acuerdo de Barbados: Washington anunció una flexibilización sorprendentemente amplia para aliviar las sanciones, cuyo componente más importante fue una licencia renovable de seis meses, que permite la venta del petróleo venezolano en el mercado internacional por primera vez desde 2019, lo cual podría suponer miles de millones de dólares de ingresos adicionales. Sin embargo, altos funcionarios estadounidenses insisten en que el alivio de las sanciones será revocado, al menos en parte, a no ser que Madure tome medidas significativas para cumplir con las garantías electorales con las cuales se comprometió en Barbados. El 13 de noviembre, la UE extendió sus propias sanciones contra 54 funcionarios gubernamentales y militares que considera que han socavado constantemente la democracia y los derechos humanos, aunque por seis meses en vez de un año. Oponiéndose a los exhortos de algunos Estados miembros a derogar las medidas por completo, el Consejo de la UE citó el Acuerdo de Barbados como razón de su posición modificada.

El Acuerdo de Barbados ya ha generado efectos tangibles. Caracas liberó a cinco presos políticos el 19 de noviembre, y luego a 21 más en diciembre, junto con 10 ciudadanos estadounidenses, aunque alrededor de 250 presos políticos continúan tras las rejas y por lo menos algunos de los que fueron liberados todavía enfrentan cargos. A cambio, Washington acordó liberar a Alex Saab, un aliado de Maduro y empresario colombiano acusado de lavado de dinero, caracterizado por el gobierno como un diplomático y un héroe por colaborar en la evasión de las sanciones internacionales, y cuya liberación el gobierno demandó por mucho tiempo. Crucialmente, el gobierno además permitió la celebración de la elección primaria de la oposición que se llevó a cabo el 22 de octubre, la cual obtuvo lo que los organizadores describieron como una participación masiva de más de 2,4 millones de votantes.

Sin embargo, el Acuerdo de Barbados no contiene una clara resolución de una diferencia fundamental entre las partes. Altos funcionarios del gobierno venezolano han recalcado, en público y en privado, que no pretenden permitir que algunas personalidades principales de la oposición se presenten como candidatos, argumentando que varios de ellos han traicionado a la nación, haciendo llamados a una intervención extranjera para derrocar a Maduro. El acuerdo no incluye ningún compromiso explícito de levantar las inhabilitaciones, más allá de declarar que toda persona “que cumpla con los requisitos” bajo la ley venezolana puede presentarse como candidato. Esta situación es de gran relevancia para Machado, quien triunfó en las primarias de la Plataforma, a pesar de ser una de las personas inhabilitadas para presentarse como candidata. Machado cosechó en las urnas los frutos de haber criticado tanto a los moderados de la oposición, como a la estrategia fallida del “gobierno interino” entre 2019 y 2022, la cual se centró en la reivindicación de que Juan Guaidó, y no Maduro, era el presidente legítimo. Sin embargo, el pasado 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó la inhabilitación en contra de Machado.

Las otras acciones del gobierno de Maduro tras el Acuerdo de Barbados han contradicho al menos el espíritu, y posiblemente la letra, de sus propias promesas concretas. El Tribunal Supremo ordenó la suspensión de la victoria de Machado en la primaria, mientras las autoridades investigan unas “serias irregularidades” que alegaron supuestamente haber ocurrido en la elección. Algunos organizadores de la primaria fueron sujetos a largos interrogatorios. Rodríguez, el negociador del gobierno, rechazó airadamente las demandas de EE. UU.  de levantar la inhabilitación contra Machado, declarando que el gobierno nunca había acordado hacerlo, y amenazó con revelar los detalles de las conversaciones secretas con los enviados estadounidenses, lo cual presuntamente hubiera avergonzado a Washington. Además, dijo que la UE se había descalificado de poder observar la elección de 2024 por haber renovado las sanciones.

Las señales disímiles que emanan del gobierno indican objetivos contradictorios por parte de las personas en el círculo íntimo del presidente. Fuentes cercanas al gobierno afirman que Maduro y sus aliados no tienen ninguna intención, por lo menos por ahora, de entregar el poder. Como resultado, el alcance de la apertura política que están dispuestos a ofrecer en 2024 dependerá del riesgo que corran de perder la elección. Con toda probabilidad, harán lo mínimo necesario para preservar el proceso de negociación con Washington según lo previsto en el Acuerdo de Barbados, y por lo tanto la posibilidad de contar con un alivio de sanciones, a no ser que lleguen a la conclusión que la fuerza de la oposición es tan impresionante que cualquier apertura sería demasiado amenazante. Un elemento de la estrategia gubernamental es diseminar pesimismo entre los representantes de la oposición sobre las condiciones electorales, para tratar de inducirles a retomar la abstención que le permitió a Maduro ganar con baja participación de los votantes en 2018, y además obtener una importante mayoría en las elecciones legislativas de 2020.

El gobierno ha intentado además alentar el fervor patriótico, del cual en teoría podría sacar provecho político, utilizando la disputa territorial con el país vecino de Guyana. Venezuela mantiene un reclamo de larga data, aunque disputado, de casi las dos terceras partes del territorio guyanés, unos 160 000 kilómetros cuadrados de la región del Esequibo, al cual los gobiernos chavistas en general habían, hasta la fecha, intentado restar importancia en beneficio de sus alianzas regionales. El 3 de diciembre, tras varias semanas de retórica nacionalista, el gobierno celebró un referendo sobre la disputa con Guyana por el Esequibo, afirmando que hubo una participación de 10,5 millones de votantes, una afirmación que la mayoría de los observadores independientes percibieron como una gran exageración. En medio de esta gran escalada de tensión con Guyana, el gobierno atacó agresivamente a la oposición venezolana: el fiscal general Tarek W. Saab emitió órdenes de captura contra tres miembros del equipo de Machado y contra Roberto Abdul de la ONG Súmate (quien fue miembro de la comisión de primarias de la oposición), bajo cargos que incluyeron la traición. Arrestaron a Abdul, quien permaneció incomunicado, mientras que las otras personas se escondieron, aunque las cuatro se beneficiaron de la liberación de presos en diciembre.

Dichas detenciones confirmaron la intención del gobierno de utilizar el tema de Esequibo para tildar a la oposición de antipatriota, afirmando en repetidas (pero no corroboradas) ocasiones que algunos de sus líderes estaban actuando como agentes de Guyana, y recibiendo pagos de ExxonMobil, la principal empresa que está explotando petróleo en Guyana. Maduro ha acusado al gobierno guyanés de subordinarse a la ExxonMobil, empresa que el presidente afirma está conspirando con el Comando Sur de EE. UU., para fomentar un “conflicto militar” con Venezuela. Algunos miembros de la oposición temen que el gobierno invocará la intensificación de tensiones como un pretexto para suspender las elecciones de 2024, aunque todavía no ha admitido expresamente esa posibilidad. De hecho, Guyana y Venezuela se reunieron en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre, instados por la Comunidad del Caribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, incluyendo países como Brasil y Colombia, y firmaron un acuerdo para evitar una mayor escalada. 

A pesar de sonar los tambores de guerra contra Guyana, los retrasos intencionales en cumplir las promesas que hizo en Barbados y el acoso continuo a la oposición, por ahora el gobierno ha dado indicaciones de querer mantener el alivio de las sanciones que recibió luego de haber acordado mejorar las condiciones electorales. Previo al acuerdo del 17 de octubre, Venezuela había acordado aceptar vuelos directos de repatriación de inmigrantes a quienes se les niegue la posibilidad de permanecer en EE. UU. Caracas entonces procedió a cumplir con la fecha límite del 30 de noviembre establecida por EE. UU. para anunciar un “mecanismo” a través del cual los candidatos podían apelar contra sus inhabilitaciones (mientras indicaba que la prohibición contra Machado no sería levantada), y de cooperar en el intercambios de presos. El presidente estadounidense Joe Biden expresó su satisfacción con el trato, afirmando que Maduro estaba “manteniendo su compromiso con las elecciones libres. Pero todavía esto no ha terminado”.

Si el alivio actual de las sanciones se mantiene, permitiendo que el crucial sector petrolero produzca importantes ingresos adicionales, la economía venezolana podría crecer más del 9 por ciento en 2024, lo cual representaría el porcentaje más alto de las Américas (salvo Guyana, dada su nueva riqueza petrolera). Es probable que incluso con una reimposición parcial de las sanciones, el país no se sumiría de nuevo en una recesión, aunque la inflación anual, de más del 170 por ciento en 2023, fue la segunda más alta de Latinoamérica, detrás de Argentina. Ingresos adicionales por la venta del petróleo permitirían a Maduro dar respuesta a los venezolanos para lidiar con el aumento de los precios incrementando el salario mínimo, el cual actualmente es comparable al de Haití al equiparar el monto en dólares. Sin embargo, esto difícilmente tendrá un impacto inmediato en la emergencia humanitaria que ha llevado a millones de venezolanos a huir del país. La tímida recuperación económica de 2022 se revirtió en el primer semestre de 2023; y a pesar de los mejores resultados durante el segundo semestre, no hubo un respiro para la mayoría de la población. Tres cuartos de los venezolanos no cuentan con una alimentación suficiente, y se requieren más de 100 salarios mínimos para satisfacer las necesidades nutricionales básicas de una familia promedio.

La mayoría de los niños asisten a la escuela solo dos o tres días por semana; la provisión de agua corriente y electricidad es intermitente en el mejor de los casos, y los hospitales públicos carecen de los suministros más básicos. La carga de dichos problemas recae de manera desproporcionada en las mujeres, con la mayoría de ellas siendo madres solteras. Sondeos independientes de las necesidades humanitarias sugieren que muchísimas personas no tienen acceso ni a métodos de planificación familiar ni a cuidados médicos durante el embarazo y el parto, y Venezuela tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes de Sudamérica.

Hay una necesidad apremiante de contar con una mayor asistencia humanitaria. En el primer semestre de 2023, el plan de respuesta humanitaria para Venezuela fue el segundo peor financiado del mundo, pues se otorgó solamente el 14 por ciento de los $728 millones de dólares requeridos. La grave situación humanitaria continúa impulsando la migración hacia el extranjero. Las agencias de la ONU ahora calculan que alrededor de ocho millones de personas, o más del 25 por ciento de la población, han salido del país. Los países anfitriones latinoamericanos se encuentran bajo enormes limitaciones, y han respondido imponiendo restricciones cada vez más severas a los migrantes venezolanos.

En parte como resultado de dichos controles, el flujo hacia el norte de los migrantes rumbo a EE. UU. se ha disparado, con cientos de miles de personas realizando el peligroso viaje a través del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá en 2023, y se espera que un número aún mayor también lo haga en 2024. El tema de la migración influye mucho en la política estadounidense hacia Venezuela, y empujó a la administración Biden a buscar el acuerdo sobre los vuelos de deportación mencionado anteriormente. Tras el acuerdo, el número de venezolanos detenidos en la frontera sur de EE. UU. cayó considerablemente, de casi 55 000 en septiembre a menos de 30 000 en octubre; sin embargo, luego subió nuevamente. 

Las evidencias sugieren que si Maduro enfrentara la necesidad de escoger entre una elección competitiva que lo pueda sacar del poder y medidas severas que intensifiquen el aislamiento de Venezuela, Maduro se decantaría por lo segundo. El reto para los gobiernos extranjeros en 2024 es asegurar que la oportunidad que ofrece la elección venidera para un progreso en el ámbito político no sea malgastada. Para ello, necesitarán evitar enfrentamientos abiertos, a la vez dando estímulos a ambas partes (pero especialmente al gobierno) hacia una política más plural, igualdad de condiciones electorales y la restauración de las instituciones estatales venezolanas y el Estado de derecho. Aun si no se lleva a cabo un traspaso del poder de manera pacífica, la oportunidad de que un gobierno chavista y una Asamblea Nacional controlada por la oposición convivan, lo que no ocurrió en 2016, podría presentarse de nuevo con las elecciones de 2025. Aun así, una precondición necesaria es evitar hostilidades sobre las condiciones electorales, y asegurar la participación de la oposición en 2024.

Si se pueden negociar los términos para su establecimiento, una misión de observación de la UE para la elección de 2024 sería un acontecimiento altamente positivo, debido a que se encuentra en la intersección de la necesidad de Maduro de reconocimiento y el requerimiento del mundo exterior de poder tener una valoración objetiva de las presidenciales. Aún es posible que Caracas invite a una misión, siempre que el gobierno crea que puede retener el poder en una elección en la cual los votos se cuenten correctamente. Mientras que la puerta permanezca entreabierta, la UE debe continuar trabajando para obtener una invitación, pero a la vez insistiendo que sus observadores deben tener libre acceso a las mesas electorales y el derecho a publicar sus hallazgos. La falta del gobierno de seguir cualquiera de las recomendaciones contenidas en el informe de la misión de observación de la UE en 2021 sobre las elecciones regionales y locales, o como mínimo permitir que el jefe de la misión presentara el informe en Venezuela, continúa siendo un gran obstáculo. La UE debe continuar un intercambio con el gobierno al respecto, vinculando la posibilidad de una misión en 2024 con por lo menos la adopción parcial de sus recomendaciones previas, especialmente aquellas que se sobreponen a los compromisos del gobierno bajo el Acuerdo de Barbados, como por ejemplo la actualización exhaustiva del registro electoral, la aplicación de sanciones cuando haya violaciones de la normativa electoral y un acceso más igualitario a los medios de comunicación para la oposición.

Es más, la UE y los Estados miembros deben utilizar su influencia diplomática para ayudar a forjar un abordaje común con EE. UU., y además con países latinoamericanos destacados (particularmente los países vecinos Colombia y Brasil), que evite el enfrentamiento estéril con el gobierno venezolano de 2019-2022, pero evitando apoyar el statu quo. Si bien deben continuar apoyando el alivio de sanciones, a cambio de un retorno progresivo en materia de democracia y derechos humanos, además deben buscar, donde sea posible, evitar las disputas públicas que dan excusas para provocar reacciones airadas de Caracas. Cuando la UE considere a finales de mayo si debe renovar las sanciones del bloque dirigidas contra 54 funcionarios venezolanos, debe coordinar su política con Washington, y condicionar la no renovación con el cumplimiento del Acuerdo de Barbados. En este sentido, cabe destacar que la UE ha estado operando en Caracas por más de un año con un jefe de misión del nivel de encargado de negocios, y podría mejorar su estatus y eficacia a través de la designación de un embajador. 

La diplomacia sigilosa, en vez de iniciativas de alto perfil mediático, puede que sea más favorable en 2024 para avanzar en la dirección establecida bajo la negociación en México que empezó hace más de dos años, dada la alta sensibilidad del gobierno de Maduro a lo que éste percibe como “interferencia” extranjera. Bajo estas circunstancias, las fortalezas particulares de la UE probablemente se encuentren en la amplitud de los lazos diplomáticos del bloque, y en el abordaje conciliador y pragmático que generalmente adopta, como lo ejemplifican ciertos Estados miembros, como España, a diferencia de lo que puede ser la actitud tosca de Washington. No siempre será fácil mantener un acuerdo entre los Estados europeos, o sostener una estrecha coordinación con EE. UU. de un lado, y con Estados latinoamericanos importantes como Brasil y Colombia, del otro. Sin embargo, el alineamiento entre ellos en cuanto al apoyo para pasos concretos hacia unas elecciones creíbles, menor tensión política y preparativos para el periodo posterior a las elecciones, dificultará más que el gobierno de Maduro rehúya a las propuestas que se realicen.

Mientras continúan interactuando con el gobierno de Maduro, especialmente con respecto a las condiciones electorales y la necesidad de contar con observadores electorales profesionales, la UE y sus Estados miembros además deben instar a los líderes de los partidos de la Plataforma Unitaria y de sus aliados, y especialmente a Machado, a persistir con su estrategia electoral y mejorar su coordinación interna. Considerando que el gobierno ha reafirmado su prohibición contra la candidatura de Machado, dichos partidos deberían acordar pronto un mecanismo para eventualmente elegir un sustituto.

Sin una resolución a la crisis política, la emergencia humanitaria venezolana y la migración masiva que ha provocado, continuarán. Sin embargo, mientras tanto, y a pesar de las limitaciones financieras, la UE debe mantener y buscar aumentar su financiamiento para programas que alivien las dificultades de los venezolanos y satisfagan las necesidades cada vez mayores de los migrantes. Además, debe dedicar particular atención a las personas más vulnerables, entre ellas las mujeres y niñas que están en riesgo de ser víctimas de tráfico o de ser sometidas a la violencia sexual. Estudios han demostrado que alrededor de la mitad de todas las migrantes son mujeres y niñas, y de éstas, alrededor de una tercera parte viaja sola.