[Traducido del inglés]

¿Qué hay de nuevo? Los mexicanos elegirán una nueva presidenta el 2 de junio después de una campaña marcada, una vez más, por la violencia. Las tasas oficiales de homicidio han disminuido ligeramente durante el mandato del saliente presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sus ambiciones de pacificar el país no se han cumplido y se han desplegado más tropas que nunca para combatir la delincuencia.

¿Por qué importa? Algunas áreas sufren feroces enfrentamientos a pesar de los despliegues militares, mientras que en otras los comandantes han forjado una tensa coexistencia con los grupos criminales. Las disputas entre estas organizaciones criminales no dan signos de disminuir y continúan alimentando la violencia, mientras que la evidencia sugiere que los grupos ilegales ahora tienen más control social, aliados estatales y poder económico.

¿Qué se debe hacer? El nuevo gobierno debe reducir el papel del ejército en la seguridad pública a tareas que requieran fuerza armada, dentro de los límites establecidos en la Constitución. Cortar los vínculos criminales con el Estado, fortalecer la coordinación entre los cuerpos de seguridad y concentrar recursos en las zonas más violentas será crucial para unas estrategias de seguridad dirigidas por civiles que sean efectivas.

El saliente presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desplegado tropas en todo el país para combatir el crimen en una escala nunca antes vista, pero esta medida sólo ha logrado una pequeña reducción del control que ejercen los grupos ilegales. En cierto modo, el gobierno puede afirmar que su política ha sido un éxito. El nivel de violencia, medido en asesinatos registrados, ha disminuido de los niveles históricos de hace unos años, un logro que sus partidarios atribuyen al carácter incorruptible del presidente. Las encuestas sugieren que la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum, obtendrá la victoria en las elecciones del 2 de junio. Pero en los estados más afectados por el crimen, las razones detrás de las pausas en los combates parecen menos halagadoras para las autoridades federales. Algunos agentes de seguridad y líderes criminales sugieren que un acuerdo de coexistencia entre algunos comandantes militares y organizaciones ilegales ha permitido a los grupos criminales obtener ganancias y ampliar su control sobre las comunidades, siempre que se reduzca la violencia visible. Es posible que la próxima presidenta de México no pueda retirar a las tropas de la seguridad pública, pero debe marcar límites a su participación mientras procura cortar los lazos entre el Estado y el crimen y crear las condiciones necesarias para unas estrategias de seguridad dirigidas por civiles que sean efectivas.

Después de hacer campaña en 2018 con una plataforma que prometía pacificar a México, poner fin a la “guerra contra las drogas” y devolver las tropas a los cuarteles, López Obrador aparentemente tuvo una conversión radical. Incluso antes de asumir el cargo, el presidente afirmó que no podía confiar en las diversas fuerzas policiales del país para frenar a los fuertemente armados grupos criminales y optó en cambio por reforzar el papel de los militares, cuyas capacidades en materia de seguridad pública habían sido un dogma para los dos gobiernos anteriores. López Obrador impulsó el despliegue de tropas y creó una fuerza de seguridad completamente nueva bajo dirección militar, la Guardia Nacional. Además de ampliar el papel de los militares para garantizar la seguridad pública, también les asignó importantes funciones en materia de infraestructura, control migratorio y gestión de puertos y aeropuertos a las fuerzas armadas. Según el presupuesto de 2024, el 20 por ciento del gasto estatal ahora se canaliza a través de las fuerzas armadas. 

Altos funcionarios gubernamentales insisten en que gracias a la integridad del presidente (de la mano con la sólida presencia militar y una avalancha de programas sociales), los niveles del conflicto armado han aminorado. Sin embargo, si se analiza más de cerca, en las áreas más afectadas por enfrentamientos entre los grupos criminales como Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, se han producido grandes despliegues militares, pero una limitada lucha concreta contra el crimen. Integrantes de las fuerzas de seguridad y líderes criminales afirman que se han establecido una serie de reglas, en gran medida tácitas, que alientan a los grupos ilegales a reducir y ocultar la violencia que perpetran. A cambio, las autoridades aparentan no enterarse de que hay acciones ilegales hasta cierto punto, lo que les ha permitido a estas organizaciones diversificar sus operaciones de tráfico (incluyendo drogas más nuevas como el fentanilo), ampliar sus redes de extorsión, expandir su control de negocios legales y asumir un mayor control sobre las comunidades y los gobiernos locales.

Cuando estos arreglos colapsan, o cuando las principales organizaciones criminales emprenden una guerra frontal entre sí, desencadenando emergencias humanitarias y atrayendo la atención política y de los medios de comunicación, los militares tienden a asumir un papel más intervencionista y ofensivo. Pero incluso en esos casos, no siempre se enfocan en socavar el poder criminal y pueden ser ambivalentes con respecto a las operaciones ilícitas. Cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó una gran ofensiva en Michoacán, se dice que los comandantes militares idearon acuerdos con otras organizaciones criminales para enfrentar al grupo, incluida una campaña para asesinar a múltiples miembros del CJNG. En otros lugares, oficiales militares confabulados con grupos criminales específicos presuntamente han abusado de su autoridad para proteger a sus socios.

El abuso de autoridad en México no es exclusivo de los militares. Pero la magnitud de los poderes políticos, presupuestarios y de seguridad de las fuerzas armadas, combinada con la falta de una supervisión civil independiente, refuerza los riesgos de que los integrantes de las fuerzas armadas se involucren en actos de corrupción y colusión. Dicho esto, una medida precipitada para devolver a los soldados a los cuarteles podría desestabilizar áreas bajo el control de grupos criminales inmersos en cruentas disputas armadas, y desencadenar riesgos políticos que ninguna de las principales candidatas parece dispuesta a asumir. Como candidata del partido de López Obrador, Sheinbaum ha defendido la estrategia de los últimos seis años, y ha dicho que los militares deben permanecer en el centro de la seguridad pública durante el tiempo que sea necesario. Su principal adversaria, Xóchitl Gálvez, quien representa una coalición de partidos de oposición, ha abogado por eliminar algunas de las muchas funciones de las tropas. Pero reconoce que los militares deben seguir desempeñando un papel en la lucha contra los grupos criminales más violentos y parece dispuesta a reforzar la Guardia Nacional, aunque bajo una dirección civil.

Aunque no sea posible ni deseable un cambio abrupto en las estrategias de seguridad dirigidas por militares, con el tiempo se podría hacer mucho más para limitar los poderes de los soldados y garantizar un mayor papel de la policía civil. Los límites constitucionales respecto a la participación de los militares en las estrategias de seguridad deben ser plenamente respetados. Los altos funcionarios del gobierno también podrían ofrecer una orientación mucho más clara sobre lo que se espera de las tropas, idealmente restringiendo su participación a operaciones que requieran el uso de la fuerza contra los grupos que representan una amenaza letal, y a la protección de las comunidades vulnerables y la infraestructura esencial.

Al mismo tiempo, el próximo gobierno debe actuar para fortalecer la gestión civil de la seguridad pública y garantizar que los militares colaboren con otros organismos estatales. Las dos principales candidatas han identificado algunas fallas en la actual estrategia de seguridad mexicana, particularmente la falta de coordinación entre los distintos niveles de poder del Estado y la insuficiente atención prestada a las zonas más conflictivas del país. Ambas candidatas también han llamado la atención sobre la necesidad de reforzar la lucha contra la corrupción, la cual facilita alarmantes niveles de colusión entre funcionarios públicos y los grupos criminales, y un creciente número de asesinatos de candidatos en estas elecciones a medida que los grupos luchan por obtener más protección estatal e impunidad. Una forma de avanzar en estos tres objetivos sería patrocinar grupos de trabajo interinstitucionales centrados en llevar paz a los puntos más violentos del país.

Incluso antes de asumir el cargo, el presidente López Obrador decidió que no había alternativa a que los soldados vigilaran las calles. Pero si bien los modestos éxitos de sus políticas no deben ser desestimados, tampoco lo deben ser sus fracasos, ni el hecho de que avances sostenibles en materia de seguridad requerirán reformas más profundas para mejorar la gobernanza del sector de la seguridad, erradicar la corrupción y garantizar que las zonas del país más afectadas por la inseguridad reciban la atención que merecen. Al abordar estos desafíos, la próxima presidenta de México puede ayudar a posicionar a las autoridades civiles para brindar la seguridad transparente, humana y efectiva que el país anhela. 

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 24 de mayo 2024

Durante su campaña electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió romper de raíz con las políticas de seguridad de sus predecesores. Argumentando que la dependencia en el ejército había desestabilizado al país, prometió que los abrazos reemplazarían a los balazos. Sin embargo, poco después de asumir el cargo en 2018, el nuevo presidente dio un brusco giro de 180 grados[1]. En su opinión, los cuerpos policiales del país no estaban capacitados para liderar la lucha contra el crimen organizado violento debido a su corrupción e ineficacia, y argumentó que sólo las fuerzas armadas podían asumir ese papel[2]. Actualmente, un total de 281 209 militares están desplegados en las calles mexicanas, más que en cualquier otro momento de la historia reciente del país[3]. Los esfuerzos por crear fuerzas de policía civil más transparentes y funcionales han quedado en gran medida desahuciados[4]. Además de recurrir a los militares para garantizar la seguridad pública, López Obrador ha confiado a las fuerzas armadas otras responsabilidades y presupuestos que anteriormente estaban en manos de civiles. Al 2023, un centenar de acuerdos habían reasignado al ejército funciones estatales, incluyendo la construcción de infraestructura, salud pública, aviación y el control migratorio[5]. 

El presidente afirma que el ejército ha cumplido con sus funciones, incluida la de velar por la seguridad pública, pero las pruebas para respaldar su afirmación no son tan claras. “Ya no existe contubernio entre las autoridades y el crimen organizado”, declaró en 2023. “Vamos bien en seguridad, hay paz y tranquilidad”^[6]. Es un hecho que la tasa de homicidios ha disminuido bajo el gobierno de López Obrador (un 9,2 por ciento entre 2019 y 2022) y sus partidarios le atribuyen a su gobierno haber revertido la tendencia al alza de la violencia que se produjo tras la decisión del expresidente Felipe Calderón de intensificar la “guerra contra las drogas” a partir de diciembre de 2006[7]. Pero la violencia letal sigue estando cerca de la tasa más alta jamás registrada, un hito alcanzado en 2019. A pesar de la modesta disminución reciente, se han registrado oficialmente más de 30 000 homicidios por año y más de 185 000 asesinatos en total desde que López Obrador asumió el cargo, una cifra mayor a la de cualquier administración anterior[8]. El presidente atribuye las tasas de violencia a los errores de sus predecesores, una explicación que parece convencer a los votantes, ya que esto no ha afectado sus índices de aprobación. La candidata del partido gobernante MORENA y exjefa de Gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, parece bien posicionada para ganar las elecciones presidenciales del 2 de junio[9].

Otros indicadores también ensombrecen los logros de López Obrador en la reducción de la tasa de homicidios. Los índices de impunidad por delitos graves apenas han cambiado, alcanzando el 95,7 por ciento en el caso de los homicidios en todo el país[1]. La estrategia del gobierno para combatir el crimen y perseguir a los delincuentes no siempre es transparente, en particular cuando se trata del lugar que ocupan los militares. López Obrador ha dicho que no se puede “apagar fuego con fuego”, sugiriendo que las tropas que ha puesto en las calles están destinadas a tener un efecto disuasorio en lugar de participar en un combate persistente. Sin embargo, el papel de los militares en ciertas regiones, incluidas algunas donde grandes organizaciones ilegales libran batallas constantes, no parece muy alejado del de su predecesor, Enrique Peña Nieto. El promedio mensual de enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos criminales durante el gobierno de López Obrador sólo ha disminuido ligeramente[2].

Este informe proporciona una evaluación de cómo ha funcionado en la práctica la estrategia de seguridad de López Obrador, particularmente en las regiones de México con las tasas más altas de delitos violentos. Explora hasta qué punto las operaciones de las instituciones de seguridad, sobre todo las militares, han cambiado bajo su mando, y cómo estos cambios han afectado el comportamiento de los grupos criminales entre sí, y hacia las instituciones estatales y la población civil. El informe se centra en dos estados (Michoacán y Veracruz) donde hay grandes despliegues de fuerzas militares, al igual que arraigadas economías ilícitas y conflictos armados. En estos estados, así como en el estado de Colima y en Ciudad de México, Crisis Group realizó más de 80 entrevistas con comandantes militares, policías, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, civiles, periodistas y académicos, además de líderes criminales, intermediarios y combatientes. Aunque una cuarta parte de las personas entrevistadas eran mujeres, todos los miembros de grupos criminales o de las fuerzas de seguridad eran hombres. El informe también se basa en el extenso trabajo de Crisis Group sobre la relación entre los grupos criminales y la violencia extrema en México[3].

Después de más de una década de intentos por frenar a los grupos criminales violentos, López Obrador obtuvo la victoria electoral en 2018 con la promesa de hacer una reforma fundamental a las políticas de seguridad. Prometió erradicar la complicidad corrupta entre el crimen y los funcionarios del Estado y, al mismo tiempo, abordar las causas socioeconómicas del crimen, dejando obsoleta la “guerra contra las drogas” que los militares habían liderado. Sin embargo, López Obrador ha puesto la responsabilidad de la seguridad pública en manos de las fuerzas armadas con más firmeza que cualquiera de sus predecesores. El presidente ha desestimado a los críticos que califican la brecha entre sus palabras y los hechos como una contradicción irreconciliable, argumentando que bajo su mandato los militares ya no están al servicio de líderes políticos corruptos, sino que protegen a los ciudadanos mexicanos. López Obrador también justificó el cambio de postura diciendo que la inseguridad y la violencia eran simplemente demasiado extremas para las fuerzas policiales del país[1].

López Obrador afirma rechazar los enfoques de administraciones pasadas hacia el crimen organizado. Semanas después de asumir el poder, declaró: “Ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz”[1]. López Obrador aludía al enfoque con el que sus predecesores se centraban en gran medida en asesinar o capturar a capos criminales, usualmente con apoyo militar[2]. Si bien esta estrategia logró desarticular a los principales grupos criminales, también desestabilizó el entorno criminal más amplio, desatando oleadas de violencia interna entre las facciones sucesoras de organizaciones más grandes, así como incursiones de grupos rivales para apoderarse de sus territorios. El número de grupos armados ilegales se duplicó entre 2010 y 2020, hasta alcanzar unos 200, según una estimación de Crisis Group[3]. Además de enfrentarse entre sí en violentas disputas, que a menudo implicaban enfrentamientos por mínimos avances territoriales, muchos de estos pequeños grupos también reforzaron su control sobre la población civil y las empresas legales en sus zonas de influencia[4].

Al centrarse exclusivamente en neutralizar a los líderes criminales, se descuidaron otros factores que contribuyen a la delincuencia. En su mayor parte, las fuerzas de seguridad no persiguieron a los operativos de rango medio y bajo. El gobierno mexicano tampoco abordó la corrupción estatal, la impunidad judicial o las dificultades económicas en las zonas afectadas por la delincuencia. Todos estos problemas ayudaron a fomentar el crecimiento y la diversificación de los negocios ilegales y contribuyeron a la persistencia de los delitos violentos.

El costo humano ha sido enorme[5]. Más de 100 000 personas han desaparecido desde 1969[6]. Los homicidios se cuadriplicaron entre 2007 y 2018[7]. A finales de 2022, había 386 000 desplazados internos en México[8].

El primer titular de la Secretaría de Seguridad del gobierno actual, Alfonso Durazo, calificó de “fracaso manifiesto” el enfoque de mano dura de las administraciones anteriores y dijo que el gran número de víctimas y los miles de millones de dólares gastados en la “guerra contra las drogas” no habían acercado a México a “derrotar a los carteles”, y que no había perspectivas de lograr este objetivo en el futuro cercano[9]. La doctrina de seguridad del gobierno, establecida en el Plan Nacional de Paz y Seguridad de 2018, explicaba los lemas del presidente de “abrazos, no balazos” y de no enfrentar más “fuego con fuego”[10]. El plan prometía que “80 por ciento” de las iniciativas de seguridad estarían dirigidas a combatir los factores que impulsan los delitos violentos, mientras que los enfrentamientos con grupos criminales, las operaciones antinarcóticos y los arrestos de alto nivel pasarían a un segundo plano[11].

El plan definió una serie de objetivos alternativos para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial. En el ámbito legal, el documento proponía “erradicar” la corrupción judicializando delitos de cuello blanco como el lavado de dinero y prometiendo poner fin a la práctica generalizada de recibir sobornos por parte de los funcionarios públicos. La revisión de políticas prohibicionistas en materia de drogas para reducir los márgenes de ganancia de los grupos criminales y los daños a la salud pública estaba en la agenda. También lo estaba restablecer el control estatal sobre las prisiones y mejorar las condiciones carcelarias. El fortalecimiento de los programas de reinserción social de igual manera se suponía sería una prioridad[12]. 

El documento también planteaba una serie de iniciativas para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Estas incluían “garantizar empleo, educación, salud y bienestar” a través de programas sociales y económicos adaptados para los jóvenes y residentes rurales para frenar el reclutamiento criminal. Hacía un llamado para garantizar el “pleno respeto” de los derechos humanos al “erradicar” crímenes estatales como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, y buscaba la “regeneración ética de la sociedad”. La revisión de las políticas prohibicionistas en materia de drogas se complementaría con iniciativas de construcción de paz y justicia transicional. El gobierno prometió desarmar y desmovilizar a los grupos criminales; y los programas de reinserción que incluían amnistías para delitos no violentos tenían como objetivo garantizar que estos procesos se desarrollaran sin contratiempos.

En resumen, al menos en el papel, el plan esbozaba un enfoque progresista y holístico para abordar la inseguridad. Sus objetivos reflejaban los reparos del gobierno hacia la “guerra contra las drogas” y las políticas coercitivas de seguridad que muchos observadores, incluido Crisis Group, han compartido[1]. Sin embargo, desde el principio, los críticos señalaron que el plan carecía de detalles sobre las medidas prácticas necesarias para alcanzar los objetivos declarados por López Obrador. Como era de esperar, el gobierno ha avanzado poco en muchas de las reformas propuestas y ha abandonado otras por completo[2].

La brecha entre la retórica del gobierno y sus políticas es particularmente evidente en lo que se refiere a la corrupción. López Obrador ha declarado que la corrupción es cosa del pasado y ha dado instrucción de “no permitir, bajo ninguna circunstancia, la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo”[3]. Sin embargo, informes de la Auditoría Superior de la Federación indican que durante su administración el porcentaje de contratos estatales firmados sin licitación pública es el más alto de la historia, mientras que la malversación de fondos estatales sigue siendo algo común[4]. La percepción pública de corrupción en las instituciones de seguridad aumentó para todas las fuerzas entre 2021 y 2022[5].Entre tanto, organismos de la sociedad civil han denunciado lo que llaman una campaña para desmantelar los controles y contrapesos, incluso mediante la eliminación de organismos autónomos diseñados para supervisar el sector público[6]. López Obrador también propuso disolver el Instituto Nacional Electoral, el organismo de control electoral del país[7].

El fracaso del gobierno para erradicar la corrupción está lejos de ser el único caso en el que López Obrador hizo promesas grandiosas que no llegaron a ponerse en práctica o apenas lo hicieron. En los meses antes de que asumiera el cargo, figuras importantes de su gobierno contemplaron la adopción de programas de justicia transicional. De hecho, la administración entrante de López Obrador celebró varios foros públicos sobre el tema en zonas afectadas por el conflicto. Pero en medio de la incertidumbre sobre qué tipos de delitos podrían beneficiarse de la indulgencia judicial, además de una reacción adversa por parte de la opinión pública y los partidos de oposición, estos planes fueron abandonados[8]. 

La política de drogas tampoco ha sufrido grandes cambios. Aunque el presidente había prometido un enfoque basado en la salud pública, incluida la prevención del uso indebido de drogas de la mano con tratamiento y rehabilitación para las personas que sufren de adicción, la estrategia del gobierno se redujo en gran medida a una campaña mediática que predica contra el consumo. Las mayorías pertenecientes al partido de gobierno MORENA en el Congreso no han logrado aprobar la legalización de la marihuana, a pesar de la exigencia de la Suprema Corte para que se lleve a cabo[9]. Aunque algunos funcionarios han planteado la posibilidad de establecer un sistema de licencias para que los productores de amapola proporcionen suministros para uso medicinal en lugar del comercio ilegal de drogas, el gobierno no ha introducido legislación para hacer realidad la propuesta[10]. 

A pesar de sus promesas de reformar la política de seguridad, existe una continuidad entre López Obrador y sus predecesores en lo que respecta a su dependencia de las fuerzas armadas. De hecho, el ejército se ha convertido en un pilar de la “Cuarta Transformación” de López Obrador, ocupando un papel preeminente tanto en la seguridad pública como en otras áreas del gobierno[1]. El Plan Nacional de Paz y Seguridad señalaba que muchos cuerpos policiales estaban “dominados por la delincuencia y movidos por el interés y la corrupción”, al tiempo que carecían de “disciplina, capacitación y profesionalismo”. Por lo tanto, argumentó que devolver precipitadamente a las fuerzas armadas a sus cuarteles sería “desastroso”[2]. Al mismo tiempo, el plan también reconoce los límites de la idoneidad del ejército para llevar a cabo las estrategias de seguridad, señalando que “no han sido entrenados para prevenir e investigar delitos” y afirmando que partes de la lucha contra el crimen organizado no corresponden a su “preparación y misión”[3]. 

En este contexto, se gestó la Guardia Nacional, una nueva fuerza de seguridad nacional que reemplazó a la Policía Federal e impulsó el papel de los militares en la seguridad pública[4]. El Congreso aprobó una reforma constitucional en 2019 que creaba la Guardia como una “institución de seguridad pública, de carácter civil” bajo el mando del gobierno federal[5]. Sin embargo, desde sus inicios, la fuerza ha estado estrechamente asociada a los militares. Toda su estructura de mando y el 86 por ciento de su personal son oficiales militares. A la hora de llevar a cabo operaciones, la línea que divide a la Guardia de las fuerzas armadas también ha sido delgada, y ambas tienden a actuar conjuntamente[6]. En 2022, un decreto presidencial asignó formalmente el control administrativo y operativo total de la Guardia a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)[7]. 

Una serie de disposiciones legales que aparentemente establecen límites al papel de las fuerzas armadas han hecho poco para impedir que se profundice el control militar de la seguridad pública mexicana. En la práctica, se ha permitido a las fuerzas armadas eludir las normas de rendición de cuentas que son vinculantes para todas las instituciones públicas[8]. Constitucionalmente, las fuerzas armadas son las responsables de la defensa nacional, mientras que la seguridad pública recae exclusivamente en las autoridades civiles. Sin embargo, desde la administración del expresidente Calderón, los sucesivos gobiernos han empleado un número cada vez mayor de militares en las estrategias de seguridad a nivel nacional[9]. Aunque la Suprema Corte dictaminó que los intentos de Calderón y su sucesor Enrique Peña Nieto de introducir un marco legal para el uso de militares en actividades policiales eran inconstitucionales, la reforma de López Obrador de 2019 permite el apoyo militar en la seguridad pública, aunque bajo ciertas condiciones[10]. En efecto, las normas establecen que las fuerzas armadas sólo pueden asumir tareas de seguridad pública si lo hacen a solicitud de autoridades civiles y bajo su mando[11]. “Tienes que recordar”, dijo un comandante de la marina, “que no somos independientes. Nuestro papel es el de apoyo … en operativos conjuntos”[12]. 

Aun así, para abril de 2024 cerca de 300 000 oficiales de la Guardia Nacional, el ejército y la marina estaban desplegados en tareas de lucha contra el crimen en las calles mexicanas, superando por primera vez el número de policías civiles^[1]. Los altos cargos en las fuerzas policiales estatales y municipales han sido ocupados por oficiales militares activos o retirados[2]. También a nivel federal, la Guardia Nacional ha asumido un carácter abiertamente militar a pesar de su identidad formalmente civil y de un fallo de la Suprema Corte que establece que la fuerza debe estar bajo mando civil a partir del 1 de enero[3]. López Obrador no ha tomado ninguna medida para cumplir con la exigencia de la Corte. En cambio, en febrero presentó una propuesta de reforma constitucional para que la Guardia pasara a formar parte permanente de la Secretaría de la Defensa[4]. Quién toma las decisiones cuando las fuerzas civiles y militares operan juntas es, según los oficiales de policía y militares entrevistados por Crisis Group, una conclusión inevitable[5]. 

López Obrador también les ha asignado una amplia gama de responsabilidades a las fuerzas armadas. La Guardia Nacional asumió el control fronterizo y detuvo a 177 166 migrantes en 2022, un aumento del 432,5 por ciento con respecto a 2021[6]. El ejército está a cargo de proyectos de infraestructura como el Tren Maya, un ferrocarril de casi 1610 km a través de la Península de Yucatán. Las fuerzas armadas también han construido nuevos aeropuertos y administran la aerolínea estatal Mexicana. El efecto neto ha sido convertir al ejército en la mayor empresa constructora de México[7]. Aspectos de la gestión de la salud pública también han pasado a las fuerzas armadas. En total, tareas que históricamente habían estado en manos de civiles , canalizando al menos 4500 millones de pesos mexicanos ($257 millones de dólares) en fondos adicionales hacia instituciones militares[8].

El presupuesto federal de 2024 asigna a los militares una proporción del gasto público 8,6 veces mayor que en 2018, equivalente al veinte por ciento del gasto estatal[9]. Los fideicomisos militares (fondos discrecionales con supervisión fiscal limitada o nula) han crecido un 1700 por ciento bajo el gobierno actual[10].

López Obrador afirma que haberles dado a las fuerzas armadas un papel de liderazgo en la lucha contra el crimen, junto con los esfuerzos de su gobierno para abordar los factores que impulsan la criminalidad, ha traído paz a México. Descarta los informes de medios sobre brotes de violencia por considerarlos desproporcionados o completamente inventados por sus enemigos en los medios y la oposición[1]. Las estadísticas oficiales apuntan a una caída de los homicidios del 9,2 por ciento entre 2019 y 2022, de 36 661 a 33 287. 

Sin embargo, la idea de que México es un país en paz no resiste una inspección minuciosa. En lo que va de mandato de López Obrador se han registrado más de 185 000 asesinatos, un récord para un mandato presidencial[2]. Los asesinatos siguen muy concentrados a nivel regional, el 16 por ciento del total de 2022 se produjo solo en cinco municipios: Tijuana, Juárez, León, Celaya y Cajeme[3]. De los 2469 municipios de México, sólo 80 tenían una tasa de homicidios mayor a 40 por cada 100 000 habitantes[4]. Mientras tanto, la proporción total de homicidios que se consideran relacionados con el crimen organizado ha tendido a aumentar[5]. Los llamados crímenes atroces, incluidos homicidios múltiples y violencia extrema como mutilaciones, aumentaron un 19 por ciento entre 2021 y 2023[6].

Es en las regiones donde los grupos criminales se enfrentan por el control donde se encuentran los picos más altos de violencia[7]. Los índices de crímenes violentos son excepcionalmente altos en un corredor que va desde la costa sur y centro del Pacífico, pasando por la parte centro-occidental del país (incluidos los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas), así como las zonas próximas a la frontera con EE. UU., en Baja California, Sonora y Tamaulipas. El tráfico internacional de drogas, ya sea que involucre precursores químicos, sustancias sintéticas finales (metanfetamina y fentanilo), cocaína o, en mucha menor medida, marihuana y heroína, sigue siendo una fuente importante de violencia criminal, en gran parte porque alimenta la competencia entre grupos rivales[8]. 

Se calcula que la lucha desenfrenada entre las dos mayores organizaciones delictivas de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, representó aproximadamente el 26 por ciento de todos los asesinatos relacionados con el crimen organizado en 2021[9]. En algunos de los lugares más afectados, como la ciudad fronteriza de Tijuana, entre EE. UU. y México, los homicidios se han disparado[10]. Otras áreas en las que ambos grupos se han enfrentado por el control de las rutas de tráfico, como Zacatecas y Sonora, ambas en el norte de México, han experimentado oleadas de homicidios, desapariciones y desplazamientos[11]. Recientemente han surgido nuevas áreas de competencia. Por ejemplo, Chiapas, el estado más pobre de México, que se encuentra en la frontera con Guatemala. Se ha convertido en un territorio clave para los flujos de drogas y armas ilegales, sin mencionar a los migrantes, que son una fuente cada vez mayor de ingresos para los carteles. De hecho, cobrar por el paso a personas que intentan atravesar Centroamérica y, en algunos casos, retenerlos para pedir rescate se ha convertido en un negocio de miles de millones de dólares[12].

Aunque al menos uno de ellos tiene ahora presencia en casi todos los estados mexicanos, estos dos grupos representan sólo una fracción de los grupos armados ilegales activos en el país[1]. Los conflictos regionales no son iguales en naturaleza, ya que cada uno presenta sus propias características específicas. El tráfico transnacional de drogas, como manifestó una fuente, no es más que la “punta de la chingada”[2]. Respaldados por unidades fuertemente armadas, muchos de estos grupos (que son predominantemente pequeños y medianos), al igual que células locales que operan bajo el nombre de grupos más grandes, compiten por el control tanto de los negocios ilegales como de la extorsión de negocios legales[3]. La rapaz explotación de la agricultura y los recursos naturales también se ha convertido en una fuente importante de ingresos criminales y de enfrentamientos en algunos estados. Lo mismo ocurre con el robo de carga[4].

En vista de la distribución extremadamente desigual de la violencia en todo México, el Plan Nacional de Paz y Seguridad preveía que las tropas se concentraran en las zonas con mayores tasas de homicidio, extorsión y secuestro. Pero esta medida se ha aplicado de manera inconsistente, con despliegues de tropas que coinciden con los índices de violencia criminal en algunos estados, pero no en otros[5]. 

Las fuerzas militares también se han utilizado para abordar otros problemas urgentes. A principios de 2023, por ejemplo, casi el 19 por ciento de los oficiales de la Guardia Nacional estaban asignados a tareas de control migratorio, predominantemente a lo largo de las fronteras sur y norte de México[6].

Es difícil calcular el efecto que la participación de los militares en la actividad policial haya podido tener sobre la violencia letal. El gobierno federal y el ejército afirman que las fuerzas armadas han logrado establecer “orden y seguridad” en zonas asoladas por conflictos[7]. Pero ni las autoridades civiles ni las militares han explicado en términos concretos qué están haciendo los soldados de manera diferente a las administraciones anteriores, o si sus acciones siguen alguna estrategia o plan operativo específico. Además de la incertidumbre sobre lo que implica ahora la lucha militar contra el crimen, también existen dudas sobre si su impacto es siempre positivo. Mientras que en algunas zonas el aumento del despliegue ha coincidido con un descenso de los homicidios, en otras la violencia ha empeorado incluso cuando se han enviado más tropas[8].

También preocupa la veracidad de las estadísticas oficiales[9]. Observadores de la sociedad civil, trabajadores de morgues y funcionarios estatales hablaron de asesinatos que se registran bajo otras causas de muerte o que no se registran, presuntamente por presiones políticas para reducir los índices registrados de violencia letal[10]. Un empleado de la morgue de una ciudad principal dijo: “Cuando nos llegaban cuerpos de gente que obviamente había sido baleada o tenía tiro de gracia, muchas veces se calificaban como muertes accidentales”[11]. Aunque los homicidios han comenzado oficialmente a tener una tendencia a la baja durante el gobierno actual, las desapariciones (que muy probablemente han resultado en la muerte de las víctimas) han aumentado[12]. Como se analiza con mayor detalle a continuación, integrantes de grupos criminales y funcionarios estatales dijeron a Crisis Group que ocultar a las víctimas de homicidios se ha convertido en una forma cada vez más popular para que los grupos criminales eviten una reacción violenta de las autoridades estatales[13]. 

La decisión del presidente López Obrador de imponer un enfoque basado en la fuerza en materia de seguridad pública a pesar de sus promesas iniciales oculta una realidad compleja y variada en lo local. En algunas partes de México, las autoridades parecen estar llegando a entendimientos con los grupos criminales en aras de reducir la violencia; en otras, los militares todavía participan en enfrentamientos y la violencia no ha disminuido. Ya sea en uno u otro escenario, los grupos criminales no solo no han perdido terreno, sino que parecen estar ampliando sus portafolios de negocios mientras consolidan su poder social y político.

El lema del gobierno de no “apagar fuego con fuego” corresponde a una aparente reducción de las operaciones militares directas contra grupos criminales y armados, pero no capta plenamente la complicada realidad de cómo se ha utilizado al ejército bajo la actual administración. Decenas de fuentes de las fuerzas armadas, grupos criminales, policía, funcionarios estatales y expertos en seguridad coinciden en que la administración de López Obrador ha demostrado mayor moderación al responder a los grupos criminales que sus predecesores. De hecho, en algunos casos el gobierno ordenó a los militares que se retiraran y no se enfrentaran a grupos ilegales. Un oficial de alto rango de la marina dijo que días después de que López Obrador asumiera el cargo en diciembre de 2018, su superior les ordenó explícitamente a él y a sus pares “parar todos los operativos de una” en una región[1]. Los líderes de tres grupos criminales que compiten por el control de Michoacán afirmaron que las operaciones militares en su contra habían disminuido y, en algunas zonas, se detuvieron por completo. “Aquí”, dijo un comandante de los Caballeros Templarios al referirse a su bastión rural en Michoacán, “no los hemos visto en un par de años”[2]. 

En zonas donde los militares mantienen presencia, se ha forjado una especie de coexistencia, en la que las fuerzas armadas se abstienen de intervenir en los asuntos de los grupos criminales siempre que se respeten ciertas reglas informales. Fuentes de organizaciones ilícitas dicen que los miembros de las fuerzas armadas, así como los enviados del gobierno federal, que llegaron poco después de que López Obrador asumiera el cargo, ponen de manifiesto directa y tácitamente el alcance de la violencia que tolerarán. “[El gobierno] puede y quiere echarse a un ladito”, dijo a Crisis Group un miembro de los Caballeros Templarios. “Hay muchas maneras de trabajar, de hacer dinero, de que coman ellos y que comamos nosotros, pero que no haiga [sic] tanto muerto”[3]. El líder de una banda criminal rival dijo que su fórmula para “que te deje en paz [el gobierno]” consistía en respetar ciertos límites: “Todos somos puercos, y esta es una vida de violencia, todo el tiempo … pero no puedes pasarte de verga no más. Es inevitable sonar cuando traes movimiento [grupo armado]. Pero no puedes hacer demasiado ruido”[4].

La estrategia de seguridad militar en la mayor parte del país ha consistido en gran medida en patrullar las principales vías de las ciudades y los pueblos y establecer puestos de control[5]. Los líderes criminales describieron estos controles como fáciles de evadir e insistieron en que habían forjado acuerdos para vivir y dejar vivir bajo los cuales coexistían las fuerzas de seguridad y los grupos criminales[6]. “El trato que tenemos con ellos [la Guardia Nacional] es que evitamos toparnos con ellos para que no tengan que hacer nada”, le dijo a Crisis Group un comandante de un grupo criminal[7]. El ejército y la marina también realizan detenciones, pero todas las de 2022 fueron en flagrancia y no hacían parte de ningún esfuerzo sistemático para desmantelar los mandos medios y altos de los grupos criminales[8]. La Guardia Nacional, por ejemplo, detuvo a 177 166 migrantes en 2022, pero solo arrestó a 2814 presuntos delincuentes, la mayoría acusados de hurto y tráfico callejero de drogas[9]. En general, la impunidad judicial sigue siendo habitual y alcanzó el 96,3 por ciento para todos los delitos en el país en 2022 (un aumento del 3,9 por ciento con respecto a 2019)[10].

El gobierno parece reacio a desplegar tropas en operaciones ofensivas. Un sentido de fatalismo, teñido de lo que algunos funcionarios gubernamentales describen como pragmatismo, sustenta este enfoque. Como explicó un diputado federal que hace parte de un comité del Congreso para la supervisión de las fuerzas armadas, ciertas zonas donde el conflicto armado está en pleno apogeo se perciben como que “no se pueden arreglar”. Describió una falta de voluntad generalizada por parte de los responsables de la toma de decisiones para “asumir los costos políticos de algo que ven como una causa perdida”[11]. De manera similar, un exfuncionario de seguridad federal de alto nivel dijo que adoptar un enfoque más activo hacia los grupos criminales y la inseguridad es visto como “un pasivo, no un activo [político]”[12].

Según varios líderes criminales, la clave para evitar operaciones militares es abstenerse de hacer manifestaciones abiertas de violencia[1]. En la práctica, esto parece implicar ocultar cadáveres. Como dijo un líder criminal: “A quienes les toca, te toca desaparecerlos”[2]. Los grupos criminales parecen preferir ocultar a las víctimas en fosas clandestinas en zonas del interior con escasa o ninguna presencia estatal[3]. En Sinaloa, la tasa de desapariciones ha superado a la de homicidios por primera vez en la historia[4]. En Ciudad de México, la fuerte caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada por un aumento en las desapariciones, lo que llevó a algunos a cuestionar si las estadísticas estatales eran realmente precisas[5]. Además de deshacerse de los cadáveres, los grupos criminales también están interesados en limitar la documentación de la violencia: cuando Crisis Group realizó una visita de campo, un comandante criminal insistió en que no se tomaran fotografías o videos de combates o bajas mientras sus subordinados llevaban a cabo una ofensiva contra un grupo enemigo[6].

El verdadero alcance de las desapariciones en México sigue siendo un enigma y un tema de controversia política. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación estima el total de personas desaparecidas y no encontradas vivas o muertas en 116 305[7]. Alrededor del 65 por ciento de estos casos han sido registrados desde 2019[8]. También se cree que el número de desapariciones no denunciadas es grande: los colectivos de búsqueda (es decir, grupos que intentan localizar a seres queridos desaparecidos) afirman que podría ser tan alto como la cifra oficial[9]. 

En junio de 2023, López Obrador pidió un censo de las cifras de desaparecidos, lo que provocó la dimisión de la entonces titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, quien meses después, afirmó haber dimitido porque temía que el gobierno redujera artificialmente las cifras. El presidente denunció sus comentarios y en diciembre de 2023 presentó un recuento alternativo de 12 377 “denuncias confirmadas” de personas desaparecidas[10]. Si llegó a pensar que la opinión pública aceptaría esta cifra como exacta, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. Familiares de los desaparecidos se indignaron al ver que sus seres queridos habían sido eliminados de la lista, aunque su paradero siguiera sin conocerse. Mientras tanto, las identidades de miles de personas que supuestamente han sido encontradas no se han puesto a disposición para su verificación independiente[11]. 

Aunque en muchos casos las fuerzas armadas han adoptado un enfoque de seguridad más pasivo, han mantenido un papel prominente en la respuesta a las intensas pugnas criminales. Los datos muestran que ha habido menos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad federales y los grupos criminales que en administraciones anteriores, particularmente en comparación con el promedio mensual de 39,4 durante el gobierno de Calderón (2006-2012). Dicho esto, el promedio bajo López Obrador, de al menos 31,6 (los datos están incompletos para 2022), no es muy inferior a la cifra de la presidencia de Peña Nieto (2012-2018), que se ubicó en 35[1]. Las bajas de presuntos delincuentes han seguido una trayectoria similar, cayendo de 561 por año bajo Calderón a 207 bajo Peña y 199 durante los primeros cuatro años de López Obrador[2]. 

El gobierno federal ha recurrido continuamente a las fuerzas armadas para contener los principales estallidos de enfrentamientos. Altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente en sus conferencias de prensa diarias, tienden a desestimar los informes de los medios sobre combates criminales y ataques contra civiles, argumentando que son exagerados o inventados por los opositores[3]. Pero la persistente cobertura mediática de la violencia puede provocar el despliegue de tropas, seguido a menudo de afirmaciones de que se ha restablecido el orden[4]. “Es un nuevo ciclo de manejar la crisis en vez de resolverla … de mantener lo peor fuera de los medios”, dijo un experto en seguridad[5].

Que los militares se enfrenten o no a los grupos criminales difiere de una región a otra. De los 756 enfrentamientos reportados por la Secretaría de la Defensa entre 2020 y 2022, Tamaulipas (328) y Michoacán (103) concentraron más de la mitad de todos los enfrentamientos. A pesar del alto número de tropas, otros estados violentos tuvieron cifras mucho más bajas: 45 en Zacatecas, 22 en Guerrero, 18 en Guanajuato y 13 en Baja California[6]. 

Incluso dentro de los mismos estados, las operaciones militares han oscilado entre la presencia pasiva y la participación activa. En Michoacán, en junio de 2023, oficiales de la Guardia Nacional y del ejército fueron desplegados en la zona rural de Apatzingán tras una serie de ataques con drones contra viviendas y negocios civiles en el marco de batallas territoriales por parte de grupos criminales. Poco después, las autoridades declararon que se había restablecido la paz[1]. Pero combatientes y civiles comentaron que la presencia militar sólo había provocado un cambio en el horario de los combates[2]. “Durante el día, están allí patrullando [los soldados] pero en la tarde se retiran. Luego pelean [los grupos criminales]”, dijo un habitante[3]. En otros lugares, los grupos criminales parecen igualmente imperturbables. Un líder criminal mencionó a Zamora, una ciudad en la frontera entre Michoacán y Jalisco con un alto número de tropas y la tasa de homicidios más alta del mundo en 2021, como un ejemplo de un despliegue militar infructuoso. “Allí está la base y mero en frente siguen tirando cuerpos”[4].

En contraste, el ejército adoptó un enfoque claramente más duro a lo largo de la frontera de Michoacán con Jalisco en 2021. En ese momento, el Cartel de Jalisco llevaba a cabo un avance armado que estaba desplazando a miles de personas y generando una cobertura mediática nacional e internacional sostenida[5]. Según un líder criminal, miembros de otros dos grupos ilegales, un funcionario federal de alto rango, funcionarios locales, soldados y delincuentes locales formaron un frente conjunto de facto contra el Cartel de Jalisco, coordinando sus operaciones e incluso luchando unos junto a otros[6]. 

Según informes, las fuerzas especiales del ejército enviadas a la primera línea dudaron al principio en tomar medidas contundentes contra el Cartel de Jalisco por temor a ser acusadas de crímenes contra la humanidad y violar así los principios del nuevo enfoque de López Obrador[7]. Pero después de que un grupo criminal local prometiera deshacerse de los cadáveres en fosas clandestinas, los soldados procedieron. Líderes criminales y combatientes, al igual que funcionarios estatales, confirmaron que las fuerzas especiales del ejército asesinaron a centenares de combatientes del Cartel de Jalisco en Taixtán y sus alrededores, en el municipio de Tepalcatepec, y en El Terrero, en el municipio de Buenavista[8]. Sin embargo, el Cartel de Jalisco estuvo lejos de ser derrotado, lo que ilustra que los logros generados por operaciones coercitivas puntuales pueden ser fugaces. El Cartel de Jalisco pudo reagruparse y ha revigorizado sus ataques en múltiples frentes en Michoacán, incluyendo a soldados[9]. “Relleno humano siempre hay”, dijo un líder criminal sobre la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas[10]. 

En las últimas dos décadas, las estrategias de seguridad dirigidas por militares no han logrado socavar de manera duradera la capacidad de operar de los grupos criminales o su impunidad. A medida que la estrategia ha cambiado con López Obrador para permitir un mayor margen de maniobra a los grupos criminales a cambio de una reducción en la violencia visible, estos grupos han aprovechado la oportunidad para fortalecerse o “amacizar”, en palabras de un líder[1]. La producción y el tráfico internacional de drogas siguen siendo importantes fuentes de ingresos. Pero como se señaló anteriormente, los grupos criminales mexicanos han ampliado su portafolio de intereses, enfocándose a menudo en explotar todas las posibles fuentes de ingresos lícitos e ilícitos en las zonas bajo su dominio[2]. Los chantajes o la adquisición de empresas originalmente legales se han convertido en algo común, y las extorsiones se han disparado en los últimos años hasta alcanzar en 2022 los índices más altos jamás registrados[3].

El desvío de dinero de empresas involucradas en la producción legal de bienes se ha convertido en una importante fuente de crecimiento para el crimen organizado[4]. Un líder criminal en Michoacán dijo de un competidor que “lo que lo hace fuerte es que tiene el aguacate”, refiriéndose a su capacidad para cobrar a unos 80 cultivadores pagos de protección dos veces al año que ascienden, según una estimación de Crisis Group, a un total anual de al menos 80 millones de pesos (aprox. $4,43 millones de dólares)[5]. Al obtener ingresos de negocios legales “me evito muchos pedos … porque no le interesa al gobierno”, comentó otro jefe criminal[6]. 

Los grupos criminales también han emprendido una campaña para tomar el control total de los mercados legales en áreas como Michoacán y Guerrero. En algunos casos, controlan el suministro de productos básicos como tortillas, arroz, huevos y carne, así como bebidas alcohólicas y refrescos[1]. “Funciona así”, dijo un líder criminal, “identifico quién es la competencia que viene de afuera. Envío algunos de mis muchachos y les digo que ya no los quiero ver aquí. Luego busco las fábricas, las materias primas, y hago un trato que sólo me vendan a mí. Ahora yo soy el único proveedor”[2]. 

Los grupos criminales han utilizado sus nuevas y crecientes fuentes de ingresos para reforzar sus filas y su organización, según funcionarios de seguridad y líderes criminales[3]. Han reclutado a nuevos miembros y, en algunos casos, han contratado a combatientes extranjeros, incluidos antiguos miembros de la ahora disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos de ellos llegan a dirigir grupos de combate locales y transmiten sus conocimientos militares a los combatientes, entre ellos cómo fabricar y desplegar tácticamente artefactos explosivos improvisados (IED) y drones equipados con explosivos[4]. Otras medidas que, según informes, se han tomado para fortalecer a los grupos delictivos son la asociación con otros grupos ilegales y el intercambio de conocimientos, así como comprar más armas y municiones, principalmente de EE. UU.[5]. Las ganancias de los negocios ilegales también fluyen hacia propiedades y negocios, ofreciendo ingresos adicionales y oportunidades de lavado de dinero. En algunos casos, las economías legales se han vuelto dependientes de la inversión financiera ilícita[6]. 

Los recursos de procedencia ilícita también se utilizan para conseguir el apoyo de la población civil a los grupos criminales. Aunque estas organizaciones ciertamente emplean muchos garrotes (asesinatos de residentes, perpetración de actos de violencia sexual e imposición de justicia por mano propia en las regiones que controlan), también ofrecen zanahorias. Para presentarse como más benévolos y receptivos que el Estado o los grupos ilegales rivales, estos grupos distribuyen dinero y alimentos, construyen infraestructuras como instalaciones deportivas, organizan eventos comunitarios y asumen el papel de árbitros en las disputas cotidianas de los ciudadanos[7]. Estos gestos ayudan a reducir la probabilidad de que los civiles compartan información comprometedora sobre las actividades y los miembros de un grupo criminal. Pueden incluso alentar a los residentes a actuar como escudos humanos para frustrar las operaciones de seguridad del Estado. Los grupos ilegales que han logrado ganarse el apoyo de la población en ocasiones negocian con bloques de votos para candidatos a cargos políticos, lo que les permite obtener un mayor acceso a las instituciones estatales y, por extensión, impunidad frente a la posible judicialización[8]. “Aquí en México”, dijo un antiguo miembro de un grupo criminal, “para tener una plaza tienes que ganarte la gente”^[9].

Los recientes esfuerzos militares por frenar la violencia criminal en México varían de una región a otra y han generado una serie de efectos imprevistos. Al mismo tiempo, la corrupción y la colusión afectan a todas las fuerzas y siguen obstaculizando las estrategias de seguridad.

López Obrador ha afirmado que las fuerzas armadas, en lugar de la policía, son las fuerzas óptimas para enfrentar la inseguridad porque el gobierno selecciona a los altos mandos y éstos son intachables. Esto, según el gobierno, ha hecho que los crímenes militares sean cosa del pasado[1]. Sin embargo, siguen apareciendo denuncias de crímenes, abusos y violaciones de derechos humanos perpetrados por las tropas. Cuando ocurre, los altos funcionarios del gobierno tienden a salir en defensa de los militares, blindándolos de investigaciones independientes y de las consecuencias legales. Las autoridades mexicanas presionaron a EE. UU. para que enviara a casa al exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, tras su detención en 2020 en Los Ángeles por cargos de crimen organizado y tráfico de drogas. (Washington cedió después de que el gobierno mexicano amenazara con paralizar la cooperación bilateral en materia de seguridad a menos que se entregara al general). Una vez en México, Cienfuegos fue puesto brevemente bajo arresto domiciliario y poco después declarado inocente[2].

De manera similar, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un organismo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar la desaparición en 2014 de 43 docentes en formación en el estado de Guerrero y la complicidad de las fuerzas de seguridad en el crimen, cerró su investigación en 2023. El grupo de expertos dijo que las fuerzas armadas y el gobierno habían obstruido sus esfuerzos[3]. Los miembros de una comisión de la verdad encargada de investigar la “guerra sucia” del país entre 1965 y 1990, durante la cual el ejército llevó a cabo desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de opositores al régimen, formularon acusaciones similares de interferencia del gobierno[4]. 

López Obrador ha retratado a las fuerzas armadas como el “ángel de la guarda” de los mexicanos[1]. Sin embargo, presuntas graves irregularidades cometidas por miembros del ejército han quedado registradas en documentos recopilados por las propias unidades de inteligencia del ejército y posteriormente filtrados al público. En ellos se describe cómo los agentes presuntamente han vendido protección y armas a grupos criminales involucrados en narcotráfico, el robo de combustible y la explotación de migrantes (para más información, ver Sección IV.C)[2]. Estos documentos también muestran que el ejército empleó un software de espionaje contra funcionarios estatales y defensores de los derechos humanos que investigaban la participación militar en violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales[3]. 

Este tipo de casos no son nuevos y ciertamente no se limitan a la administración actual. Pero oficiales militares y funcionarios de seguridad federales reconocen el riesgo de que las funciones ampliadas de las fuerzas armadas en la seguridad pública y otras áreas traiga consigo tentaciones para participar en comportamientos ilícitos[4]. Las dinámicas sociales establecidas dentro de las instituciones militares pueden predisponer a las tropas hacia oportunidades de conseguir dinero. Comienza temprano, cuando los reclutas descubren que deben cubrir sus necesidades básicas y que tendrán que pagar sobornos para recibir un trato justo. “En el ejército, empieza el día que entras al colegio militar”, explicó un comandante militar. “Tienes que pagar por todo. Toallas limpias, jabón, para que te respeten tus vacaciones, para librarte de arrestos [los arrestos son una medida disciplinaria que impide a los soldados abandonar las instalaciones militares]”. Esto integra a los reclutas en un sistema de cuotas, un sistema piramidal intrainstitucional en el que cada escalón tiene que generar ingresos, a veces haciendo tratos con grupos criminales, y pasar dinero a los niveles superiores de la cadena[5].

La corrupción estatal y los acuerdos entre funcionarios públicos y grupos criminales no necesariamente generan violencia. Durante gran parte del siglo XX, México estuvo gobernado por un único partido autoritario, el Partido Revolucionario Institucional (PRI). La cohesión interna del partido le permitía ejercer un alto grado de control informal sobre los grupos criminales y los caudillos locales, los cuales inyectaban dinero al sistema político nacional a cambio de la libertad de operar redes criminales. En comparación con la actualidad, este enfoque mantuvo unos niveles más bajos de violencia y mayor estabilidad[1]. Un efecto paradójico de la democratización de México desde la década de 1980 y del fin del régimen unipartidista a nivel presidencial en 2000, ha sido la ruptura del poder del Estado para ejercer control informal sobre los grupos criminales[2]. 

Como resultado, ha aumentado la capacidad de los grupos criminales para cooptar o capturar instituciones estatales[3]. A lo largo de años de entrevistas con Crisis Group, los líderes criminales han descrito cómo se han afianzado en las instituciones, con el objetivo de obtener impunidad, adquirir ingresos adicionales o utilizar las fuerzas estatales para su beneficio. Estas relaciones generalmente se consideran indispensables para sobrevivir y superar a los rivales criminales. En muchos casos los funcionarios públicos son socios serviciales. Como observó un líder criminal de Michoacán sobre los agentes de la fiscalía federal y otros cuerpos de seguridad que llegan a la zona: “En cuanto llegan buscan. El que se va deja la línea [de comunicación]: ‘Oye te va a hablar fulano, acomódate con él’. Se da la plática y ya. Y si no manda uno alguien a la oficina [da un golpe en la mesa], quién es el chido aquí, dile que vas de parte mía, que estaba trabajando con el otro de esa manera y que quiero seguir trabajando igual con él. Muy raras veces que te digan que no. No quieren morir por algo que no está funcionando. El vato no va a arriesgar su cuero por una quincena”[4].

La participación militar en las estrategias de seguridad, como se señaló anteriormente en la Sección II.B, depende principalmente de solicitudes y acuerdos con funcionarios civiles, incluso a nivel local o estatal. Esta práctica les permite a los intereses criminales con acceso a funcionarios estatales activar, detener o entorpecer operaciones militares contra ciertos objetivos. “Tienes gente que tiene la oreja del gobernador y le dicen quiénes son los buenos y los malos”, dijo el segundo al mando de una organización criminal de Michoacán. “Luego envían operativos allí o acá”[5]. Además, a menudo no se aprovecha la abundante información de inteligencia sobre las estructuras y actividades de los grupos criminales, ya que las redes informales buscan en cambio proteger a grupos ilegales e individuos específicos[6]. Los comandantes militares señalaron que es extremadamente arriesgado compartir información de inteligencia durante operaciones conjuntas con otras instituciones, incluidas otras ramas de las fuerzas armadas, dado el riesgo de que puedan verse comprometidas. En consecuencia, habitualmente se abstienen de hacerlo[7].

La complejidad de los lazos entre los grupos criminales y los funcionarios estatales en México hace que la tarea de contrarrestar la influencia ilícita sea aún más difícil. La fragmentación del Estado mexicano, junto con la feroz competencia entre una multitud de grupos armados ilegales, han dado lugar a un conjunto volátil de acuerdos de colusión. Las divisiones en estas redes ilícitas pueden ocurrir entre instituciones de seguridad del Estado o incluso al interior de ellas, con algunas partes colaborando con un grupo criminal mientras que otras resultan vinculadas con un grupo rival[1]. En tales circunstancias, ninguna red ilícita puede imponerse definitivamente sobre las demás, lo que impulsa el ciclo del conflicto[2]. Un alto funcionario estatal en Veracruz afirmó que dos redes que combinan agentes criminales y funcionarios públicos trabajan desde el interior del aparato estatal y, a menudo, están enfrentadas[3]. Otro ejemplo se puede encontrar en el control de grupos criminales rivales sobre diferentes piezas de la policía estatal de Michoacán, así como sobre las fuerzas policiales municipales[4].

Como resultado, particularmente en áreas de México afectadas por la violencia, partes del Estado se enfrentan entre sí al servicio de intereses criminales en competencia. Esta pugna de alto riesgo a menudo significa que los funcionarios públicos, los candidatos políticos y los agentes de policía no pueden satisfacer las irreconciliables exigencias criminales que les imponen, lo que los deja expuestos a represalias[5]. Un líder criminal dijo que esperaba que la policía local y otros funcionarios se mantuvieran “neutrales” ante la rivalidad de su grupo con otro, y que estaba dispuesto a asesinar a los agentes que no acataran sus órdenes. “[Los policías] son su brazo armado [del grupo enemigo]”, explicó, por lo que atacarlos era una forma de atacar al grupo criminal rival[6]. Hasta la fecha, 2344 policías han sido asesinados en todo el país desde que inició el mandato presidencial de López Obrador[7]. En lo que va del actual ciclo electoral, han sido asesinadas 32 personas que se postulaban para cargos de elección popular, más que en cualquier otra elección reciente (hubo 30 en 2020-2021 y 24 en 2017-2018)[8]. 

Varios gobiernos mexicanos han tachado a la policía civil de ser sumamente vulnerable a la infiltración criminal y, por tanto, el eslabón más débil de las fuerzas de seguridad del país[1]. El propio López Obrador ha adoptado esta postura. Una de sus principales justificaciones para poner a los militares en el centro de la estrategia de seguridad fue que las fuerzas policiales del país estaban demasiado podridas para salvarlas[2]. 

Sin embargo, partes de las fuerzas armadas presuntamente también han estado directamente involucradas en actividades criminales o han sido cómplices de grupos criminales de formas que violan la ley y socavan las políticas de seguridad oficiales. En las últimas décadas se han documentado ejemplos de soldados que obtienen ingresos del narcotráfico y otras actividades delictivas[3]. Es difícil precisar si las malas prácticas se han generalizado, dada la opacidad de las fuerzas armadas y la ausencia de supervisión judicial independiente[4]. Pero al menos anecdóticamente, fuentes militares y criminales describen las conexiones ilícitas entre las dos partes como algo habitual[5]. 

En algunos casos, los grupos criminales han tratado de ampliar su protección haciendo tratos con militares deshonestos. Una práctica probada entre los grupos criminales consiste en cooptar a soldados individuales para extraer información sobre las operaciones militares en sus zonas. “No está tan complicado”, señaló un líder criminal de Michoacán. “Envías a alguien a los bares donde se la pasan. Háblale, invítale una botella, le agarras el número, y de allá le das seguimiento”. Manifestó que ningún grupo tiene “un general en la nómina … pero todos tenemos un chismosito dentro del ejército, un coronel, un teniente, algo así”[1]. Dos oficiales de marina entrevistados por Crisis Group señalaron casos en los que habían tenido conocimiento de complicidades criminales por parte de superiores de su fuerza o de otras alas de las fuerzas militares. El resultado en estos y otros casos, dijeron, había sido que grupos criminales específicos habían recibido cierto grado de protección[2]. 

La decisión de López Obrador de colocar a los militares en el centro del aparato de seguridad puso en duda la viabilidad de algunos de estos acuerdos, pero no por mucho tiempo. Un agente de cuello blanco que trabaja con una serie de clientes involucrados en el tráfico de sustancias ilegales a través de los puertos marítimos mexicanos dijo que le preocupaba que las oportunidades pudieran desaparecer después de que el nuevo presidente asumiera el cargo. Su preocupación surgió por la disolución de la Policía Federal, con la que había estado “en el paraíso”[3]. “Ahora tienes que negociar todo con los militares, y pueden ser bien cabrones”, afirmó. Pero “al final del día”, añadió, “siempre ha habido generales patriotas y generales bisneros [con mentalidad empresarial], y el chiste es darse cuenta quién se presta a chambear y quién no”[4]. Otro operador de cuello blanco involucrado en el robo de combustible habló de una curva de aprendizaje por parte de los integrantes de la Guardia Nacional, que habían detenido algunos de los envíos de su grupo. “Eran nuevecitos y aún tuvieron que agarrar la onda … Tuve que echarles una llamada a sus superiores … pero desde entonces todo ha funcionado como siempre”, dijo[5]. 

Las dos candidatas que encabezan las encuestas, Claudia Sheinbaum de MORENA, a quien las encuestas más recientes dan una ventaja promedio del 22 por ciento, y Xóchitl Gálvez, del frente unido de oposición, han esbozado sus planes de seguridad de cara a las elecciones del 2 de junio[1]. Hacen ciertas distinciones: Sheinbaum promete una amplia continuidad en las políticas de seguridad, mientras Gálvez habla de poner fin a la estrategia de “abrazos, no balazos” del actual gobierno. Ambas contendientes, sin embargo, coinciden en señalar las deficiencias en las políticas que han estancado las mejoras en la seguridad pública. 

Sheinbaum, que fue jefa de Gobierno del Distrito Federal hasta que renunció en 2023 para postularse a la presidencia, ha prometido preservar el legado del gobierno saliente. Elogiando sus éxitos en la reducción de la violencia, planea redoblar los programas sociales para las poblaciones vulnerables que a menudo se ven arrastradas a la delincuencia y a mantener “la presencia de las fuerzas armadas en las calles realizando tareas de seguridad pública hasta que sea necesario”[2]. Sin embargo, también ha expresado su deseo de llevar la “Cuarta Transformación” de López Obrador al “segundo piso”[3]. En este sentido, la Guardia Nacional seguiría formando parte de la Secretaría de la Defensa, pero estaría dotada de mayores facultades de investigación e inteligencia. Nuevos protocolos de intercambio de información, así como “mecanismos de coordinación” que obligan a todas las fuerzas de seguridad a presentar sus planes de adquisiciones con el fin de aumentar la transparencia en cuanto a sus gastos, tienen como objetivo reforzar la coordinación entre las diferentes instituciones y niveles del gobierno.

Sheinbaum también se ha comprometido a establecer “Planes integrales de combate al crimen organizado”, combinando fuerzas federales, fiscales federales y estatales y policías estatales en operaciones conjuntas de seguridad. Éstas recopilarían información en zonas donde operan grupos criminales armados. En cooperación con EE. UU., se dedicarían a frenar el flujo transfronterizo de armas y fondos ilícitos, así como a romper las cadenas de suministro de drogas sintéticas[4]. El probable máximo responsable de seguridad de Sheinbaum, el exsecretario de seguridad del Distrito Federal, Omar García Harfuch, ha dicho que esta campaña se concentraría en los diez estados que concentran el 41 por ciento del total de homicidios en México[5]. El enfoque en inteligencia e investigaciones, coordinación interinstitucional y la concentración geográfica de recursos recuerda el enfoque que, según los funcionarios, redujo los homicidios durante el mandato de Sheinbaum como jefa de Gobierno del Distrito Federal[6]. 

Por su parte, Gálvez ha prometido medidas de seguridad más estrictas, afirmando que “actuaremos con toda la fuerza y la capacidad del Estado” y que construirá una prisión de máxima seguridad para “personas de alto nivel de peligrosidad” y jefes del crimen organizado. Al mismo tiempo, y a diferencia de su adversaria, Gálvez se ha comprometido a desmilitarizar la seguridad pública y duplicar el número de policías municipales y estatales desplegados en zonas violentas. Ha sostenido que las fuerzas armadas deben abandonar la amplia gama de responsabilidades que han asumido bajo López Obrador y regresar a su misión original de defensa nacional. Sin embargo, también afirma que entre las tareas de los militares se incluye el “combate de las organizaciones criminales más violentas”. Mientras Sheinbaum busca cooperar con EE. UU. siempre que esto no signifique “agachar la cabeza”, Gálvez promete volver a estrechar los lazos. También ha dicho que crearía una agencia binacional para combatir el flujo de armas y drogas sintéticas[7].

En otros aspectos, los dos planes de seguridad son muy parecidos. Gálvez busca distanciarse de la “guerra contra las drogas” que lideró el expresidente Calderón del Partido Acción Nacional, al que ella también pertenece. Mantendría la Guardia Nacional y duplicaría su plantilla a 300 000. En el futuro inmediato, su personal estaría formado en gran parte por militares, pero éstos actuarán bajo mando civil y con una “orientación civil”[1]. “No tiene sentido desperdiciar otro seis años más construyendo una nueva institución”, afirmó uno de sus asesores[2]. Además, en línea con su rival electoral, insiste en la necesidad de programas sociales, pero con un enfoque explícito en el desarme y el consumo problemático de drogas. También ha abogado por una mayor concentración de las estrategias de seguridad en las regiones más inseguras, con énfasis en la lucha contra la extorsión; cooperación entre el gobierno federal, estatal y local bajo un “sistema nacional de seguridad”; y el fortalecimiento de la recopilación de inteligencia y las investigaciones criminales.

En resumen, ninguna de las principales candidatas propone un cese abrupto de la participación militar en la seguridad pública, aunque ambas prometen ajustes al statu quo. Sheinbaum se ha mostrado ambigua en cuanto a su disposición a reducir el poder de las fuerzas armadas, prometiendo una conversación sobre las relaciones entre militares y civiles, pero absteniéndose de dar objetivos o fechas concretas. A pesar de su postura sobre la desmilitarización, Gálvez también planea seguir empleando tropas en operaciones contra el crimen organizado[3]. Esta preferencia por la continuidad puede entenderse en parte como una aversión al riesgo: una retirada precipitada de los militares podría desestabilizar partes ya muy volátiles del país, en particular si el papel formal de las fuerzas armadas en la disuasión de la delincuencia o sus alianzas informales con ciertos grupos ilegales cesaran repentinamente. La influencia política y presupuestaria del ejército también hace que cualquier intento por reducir sus poderes sea una apuesta arriesgada para un nuevo gobierno[4].

Los planes de las dos principales candidatas presidenciales identifican graves deficiencias en la política de seguridad que han plagado la lucha contra el crimen en México. Sus campañas han sido claras al señalar algunas de las principales fallas en la estrategia de seguridad, ya sea la corrupción y colusión criminal, la falta de coordinación entre instituciones y niveles del gobierno o la falta de concentración de recursos en las regiones donde más se necesitan. Sus enfoques sugieren que la política de seguridad podría experimentar importantes ajustes en los próximos años. Pero avanzar requerirá una evaluación clara de cómo las instituciones encargadas de la seguridad en México, incluido el ejército, deben convertirse en fuerzas capaces de frenar el poder y el crecimiento criminal.

Independientemente de la candidata que gane, por el momento la dependencia en las fuerzas armadas y sus soldados en materia de seguridad pública permanecerá intacta, aunque, como recalcan reiteradamente los funcionarios de seguridad, el ejército no es una fuerza policial[1]. Carece de la formación policial necesaria, lo cual es una de las principales razones por las que el ejército tiene un mal historial a la hora de llevar a grupos criminales ante la justicia o desmantelar organizaciones ilegales[2]. Dicho esto, los soldados están bien equipados para proporcionar la fuerza armada necesaria para proteger a otras instituciones civiles y funcionarios estatales de agresiones criminales.

Con el tiempo, las responsabilidades militares en la seguridad pública mexicana deben reducirse a tareas que se enmarquen en su competencia central. Cuando los fiscales soliciten su apoyo, los miembros de las fuerzas armadas podrían ayudar en el arresto de personas armadas y peligrosas. Podrían detener los avances territoriales de grupos beligerantes como el Cartel de Jalisco y proteger a poblaciones vulnerables atrapadas en el fuego cruzado o bajo amenaza de desplazamiento y reclutamiento forzado, y al mismo tiempo velar por las instituciones estatales civiles y la infraestructura crítica.

El liderazgo y la supervisión civil será vital para garantizar que los militares puedan actuar con eficacia. Los funcionarios estatales pueden adoptar diversos enfoques para fomentar el cumplimiento de las directivas oficiales por parte de los comandantes militares. Una nueva administración tendrá la oportunidad de reorganizar la cúpula militar y promover a comandantes que apoyen restringir las tareas a un mandato central acorde a las fortalezas de las fuerzas armadas[3]. El gobierno debe dar a los comandantes expectativas claramente formuladas sobre su papel en el terreno, en contraste con el enfoque de laissez faire generalmente adoptado por los funcionarios civiles. 

Reducir la corrupción y la colusión dentro de las fuerzas armadas será esencial, pero no será nada fácil. Exponer abiertamente a los militares al sistema de justicia civil probablemente indignaría a los oficiales de alto rango. Además, es casi seguro que el nuevo gobierno consideraría políticamente riesgoso hacerlo. Una estrategia más modesta y factible consistiría en establecer un mayor nivel de transparencia en las unidades presentes en regiones de alta criminalidad. Sheinbaum, por ejemplo, ha propuesto fortalecer la Auditoría Superior de la Federación para que supervise las cuentas y adquisiciones de todas las instituciones civiles y militares del país. Una aplicación más estricta de las normas legales existentes que obligan a los funcionarios públicos, incluidos los militares, a hacer declaraciones juradas de sus bienes, podría hacer que la connivencia con los grupos criminales traiga mayores repercusiones.

Una comisión bicameral multipartidista recientemente creada en el Congreso mexicano para la supervisión de las fuerzas armadas también podría formar parte de cualquier esfuerzo para intensificar el monitoreo independiente[1]. Para que tenga éxito, la comisión necesitaría un mandato fuerte que incluya la participación de la sociedad civil y la facultad para citar a oficiales militares y demandar acceso a documentos internos. También necesita estar facultada para colaborar estrechamente con las unidades de asuntos internos de cada rama de las fuerzas armadas. A pesar de sus facultades legales, estas unidades carecen de transparencia. Para ofrecer una mejor protección a los oficiales de bajo rango que intentan resistir las exigencias ilícitas de sus superiores, estas unidades deben incluir más funcionarios civiles independientes.

Además, mientras enfrenta la corrupción militar, el nuevo gobierno debe esforzarse por modernizar los órganos judiciales y de seguridad civil existentes, incluidas las fuerzas policiales y la fiscalía. Éstos han demostrado ser incapaces de enfrentar la impunidad, en particular por la corrupción de los funcionarios[2]. Como se ha señalado, los procesos de reformas profundas suelen ser lentos y sus resultados decepcionantes. Un posible enfoque sería aprovechar la experiencia adquirida en los grupos de trabajo regionales para la creación de unidades de élite al interior de las instituciones existentes. Los funcionarios más capaces deben ser cuidadosamente seleccionados para estos enclaves de élite tras un riguroso proceso de verificación supervisado por el Congreso y la sociedad civil.

Los resultados de operaciones militares previas para debilitar a grupos criminales como los Zetas, los Caballeros Templarios y, bajo López Obrador, el Cartel de Jalisco han sido en general, demasiado efímeros para considerarlos exitosos. Una vez finalizadas las operaciones contra estos grupos, los mismos grupos o sus escisiones se han reactivado. Esto se debe, en parte, a la estrategia militar de enfocarse en los escalones más visibles de las redes criminales, incluida la cúpula criminal, los llamados capos[1]. Los mandos medios de estos grupos ilegales con frecuencia toman el lugar de sus antiguos jefes y siguen actuando violentamente, a veces incluso con mayor intensidad que sus predecesores. Mientras tanto, los intermediarios de cuello blanco y los funcionarios estatales deshonestos han quedado en gran medida impunes, aun cuando constituyen la columna vertebral de las economías ilegales al proporcionar servicios logísticos cruciales, incluido el transporte de productos ilícitos dentro y fuera del país[2].

Romper el patrón de las operaciones fugaces y contraproducentes contra redes criminales requerirá cambios fundamentales en las estrategias de seguridad de las zonas más violentas de México. Las autoridades deben atacar a los grupos más violentos, empleando fuerza táctica y detenciones selectivas según sea necesario, para demostrar a todos los grupos criminales el tipo de comportamiento que provocará una respuesta firme por parte del Estado. De este modo, los funcionarios pueden comunicar de manera tácita pero clara sus límites a los grupos criminales sin tener que entablar negociaciones directas con ninguno de ellos. Al mismo tiempo, los fiscales deben extender sus redes de una manera más amplia de lo que lo han venido haciendo y, enfocar sus investigaciones en los núcleos de las redes criminales estatales: funcionarios corruptos que trabajan con grupos criminales, intermediarios de cuello blanco, financiadores de campañas ilícitas, traficantes de armas y operadores financieros. Bloquear el acceso de los líderes criminales a nuevos reclutas también es vital y requerirá una inversión sostenida en prevención y desmovilización[3].

Al mismo tiempo, el gobierno entrante tendrá que tomar decisiones difíciles sobre dónde concentrar estos esfuerzos y contra qué grupos criminales. Las dos principales candidatas presidenciales han asumido como objetivo enfocar los recursos estatales en las regiones más peligrosas. En cada una de estas áreas, las autoridades deben estar preparadas para identificar a los grupos criminales responsables del mayor derramamiento de sangre y daño a las comunidades y a empresas legales a través de actividades ilícitas como la extorsión. Información sobre estos grupos abunda en el Centro Nacional de Inteligencia y otros órganos de las instituciones de seguridad a nivel federal y estatal, pero debe ser filtrada, corroborada y sistematizada para que las autoridades puedan mapear los territorios bajo influencia criminal. Dado que las cadenas de suministro transnacionales lícitas e ilícitas en las que participan grupos criminales mexicanos causan graves daños a nivel nacional e internacional, las autoridades extranjeras (especialmente de EE. UU., Canadá y la Unión Europea) deben colaborar para fortalecer el intercambio de información y las estrategias conjuntas de seguridad[1]. 

Idealmente, los grupos de trabajo interinstitucionales podrían servir como vehículos para concentrar esfuerzos y recursos en regiones con alta criminalidad y también mejorar las fallas crónicas en la coordinación entre diferentes organismos estatales y niveles del gobierno[2]. Entre el personal que debe incluirse en estos grupos de trabajo se encuentran representantes de la marina o el ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal y municipal, las fiscalías federales y estatales, e instituciones de todos los niveles que implementan programas sociales. Podrían trabajar bajo el liderazgo de grupos de trabajo designados por la Secretaria de Seguridad del gobierno federal, con el objetivo de debilitar las redes criminales, proteger a las poblaciones vulnerables y fomentar la prevención del delito y la desmovilización.

López Obrador asumió el cargo con grandes ambiciones de pacificar a México y poner fin a la dependencia de gobiernos anteriores en un enfoque de mano dura contra el crimen. Haciendo eco a las reservas de otros gobiernos latinoamericanos sobre los efectos domésticos y el daño humanitario causado por las ofensivas antinarcóticos, el nuevo presidente abogó por un enfoque menos violento que se adaptara mejor a las condiciones socioeconómicas que impulsan el reclutamiento criminal. Pero la nueva estrategia ha sido aplicada de forma inconsistente y con efectos limitados. Las estrategias de seguridad lideradas por civiles siguen desempeñando un papel secundario frente al despliegue de fuerzas militares que operan sin una supervisión significativa. Los enfrentamientos entre estas fuerzas y los principales grupos criminales siguen siendo frecuentes en algunas zonas; en los lugares donde han disminuido, cada vez hay más evidencia de una tensa coexistencia entre los cuerpos de seguridad y los grupos ilegales, así como de una colusión entre funcionarios y operativos de ambos lados.

La próxima presidenta de México, la cual será elegida en junio y asumirá el cargo en octubre, tendrá que decidir qué tanto del legado de López Obrador quiere preservar. Es poco probable y potencialmente peligroso que se tomen medidas bruscas para devolver a las tropas a sus cuarteles. Después de todo, los grupos criminales se han infiltrado en todos los niveles del gobierno mexicano y están armados hasta los dientes. Aun así, los altos funcionarios federales entrantes podrían prestar mucha más atención a demarcar las responsabilidades militares en la lucha contra el crimen dentro de los límites constitucionales y a garantizar que los actos y omisiones de las tropas sean adecuadamente supervisados. Las nuevas autoridades también deben aprender de los fracasos de las grandes reformas anteriores y concentrarse en cambio en crear condiciones fértiles para unas estrategias eficaces de seguridad. Por encima de todo, necesitarán cortar los lazos y disuadir la colusión entre grupos criminales y ciertos funcionarios estatales, reforzar la cooperación entre distintas ramas y niveles del Estado mexicano y concentrar los recursos y el personal en las áreas donde más se necesitan.

Las tasas de violencia letal han disminuido bajo el mandato de López Obrador, pero los grupos criminales han profundizado su influencia sobre las economías locales, las comunidades y los funcionarios estatales. Tal como están las cosas, la violencia en México es cada día más insidiosa y difícil de resolver. El próximo gobierno tendrá mucho trabajo por delante para detener el derramamiento de sangre y a quienes se lucran de él. El mejor punto de partida sería admitir con franqueza que el Estado necesita una limpieza.

Ciudad de México/Bogotá/Bruselas, 24 de mayo 2024