El nuevo presidente de México llega con grandes esperanzas de paz

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentará López Obrador?

Andrés Manuel López Obrador hereda múltiples crisis profundas. La primera es el crimen: al menos 200 000 personas han sido asesinadas o desaparecidas desde el inicio de la “guerra contra las drogas” en México a finales de 2006, y la violencia está empeorando. 2018 ya ha superado a 2017 como el año con el mayor número de homicidios de acuerdo a los registros del país. Detrás del aumento de la tasa de homicidios, hay un ciclo de fallidos intentos de reformar las instituciones estatales – sobre todo frenar la corrupción y la colusión policial con el crimen organizado – y la mutación del crimen organizado.  

Hace 10 años, había un puñado de organizaciones criminales dedicadas ante todo al tráfico de drogas en México. Éstas se han transformado en gran parte en una colección de narco-amos de la guerra que se pelean entre sí por parches de territorio y que se aprovechan de las poblaciones civiles para obtener ingresos a través de la extorsión, mientras siguen vendiendo drogas ilegales. Cada día, México se parece más a un mosaico de conflictos armados regionales. Los últimos dos gobiernos no han sido capaces de controlar o contenerlo con sus enfoques militaristas.

El segundo reto para López Obrador son las “caravanas” de centroamericanos que buscan escapar de las terribles condiciones de vida en sus países de origen y llegar a los EE.UU. vía México. La xenofobia contra estos migrantes y refugiados ha estallado en ambos lados de la frontera, al igual que en el sur de México, donde muchos de los centroamericanos son detenidos, y tensa aún más las ya tensas relaciones entre México y EE.UU. El presidente Donald Trump puso el tema migratorio en el centro de su campaña electoral antes de las elecciones legislativas parciales del 8 de noviembre. Él ha anunciado un enfoque duro que requeriría que las personas que solicitan asilo permanezcan en México hasta que las cortes en los EE.UU. fallen sus solicitudes, un proceso que puede llevar años para cado caso individual.

En la frontera, los primeros migrantes en llegar son puestos en albergues ad hoc. Es probable que miles más llegarán en las siguientes semanas. Para López Obrador, las “caravanas” plantean un agudo dilema: muchos mexicanos le reprocharían sucumbir a la presión de Trump, viéndolo como una traición a su promesa de campaña de proteger los derechos básicos de los migrantes centroamericanos. Dicho esto, complacer a Trump podría prevenir fricciones no deseadas con los EE.UU. y las posibles consecuencias económicas que podrían generar.

Finalmente, López Obrador ha sembrado incertidumbre aun antes de su posesión al someter decisiones políticas clave sobre seguridad, justicia y proyectos de infraestructura a las llamadas consultas populares. Llevadas a cabo por el partido de López Obrador sin supervisión independiente, y con una participación de votantes alrededor del 1 por ciento, le han dado a las políticas apoyadas por el presidente entrante una mayoría aplastante de más del 90 por ciento de los votos. El presidente electo y sus aliados muestran esto como expresiones de la voluntad popular pese a la limitada participación.

La perspectiva de un posible ambiente económico desfavorable, incluyendo la depreciación del peso mexicano y la disminución de la inversión extranjera directa, suponen un nuevo desafio para el presidente entrante, quién busca implementar ambiciosos programas sociales dirigidos a tratar las raíces socioeconómicas del crimen organizado. Pese a las preocupaciones del sector privado, avivadas por la cancelación de la construcción de un aeropuerto de $13 000 millones (aprobada en una “consulta popular”), sobre que él adoptará radicales políticas económicas “populistas”, López Obrador ha hecho esfuerzos para conquistar a las elites políticas y empresariales, incluyendo la incorporación en un consejo asesor de empresarios y figuras mediáticas clave a las que previamente había nombrado como emblemas de la corrupción.

¿Cuáles son los planes de seguridad de López Obrador?

López Obrador ha traído ideas nuevas al debate sobre cómo mitigar la violencia criminal en México. A diferencia de sus predecesores, él y su equipo han sido francos acerca de la seriedad del problema, y las formas en que la corrupción dentro del Estado y la militarización de la seguridad pública han empeorado la situación. Sus principales promesas de campaña – erradicar la corrupción y poner fin la campaña contra el crimen liderada por militares – se deriva de este entendimiento de los desafíos de seguridad.

Sin embargo, a medida de que López Obrador y su equipo han desarrollado sus ideas políticas su enfoque parece haber cambiado. El Plan Nacional de Paz y Seguridad, presentado al público tres semanas antes de su posesión, propuso relajar los controles legales a la producción y uso de drogas, sobretodo marihuana, y apoyar esfuerzos de paz y reconciliación en áreas afectadas por la violencia, incluyendo indultos judiciales para infractores no violentos que muestren verdadero arrepentimiento y ofrezcan reparación. Estos esfuerzos son consistentes con las promesas de campaña de López Obrador. Pero el plan también dijo que la policía civil se encuentra en tan mal estado que el país no podría confiar en ellos para combatir el crimen de manera efectiva. En cambio, López Obrador anunció la creación de una Guardia Nacional: una nueva fuerza de seguridad manejada, comandada y entrenada por militares, que generalmente se consideran menos corruptos que la policía.

Los grupos de derechos humanos y de víctimas critican el plan por aparentemente permitir el despliegue de las fuerzas armadas en la seguridad pública de forma permanente. Están particularmente preocupados porque López Obrador declaró su intención de modificar la constitución para asegurar las bases legales para la Guardia Nacional. Los críticos también han condenado su reciente promesa de no judicializar actos de corrupción pasados realizados por oficiales públicos de alto nivel, incluidos sus predecesores, con base en que hacerlo sería peligrosos y desestabilizador. Algún grado de perdón para crímenes pasados es inevitable, dado que el sistema de justicia mexicano está sobrecargado y perseguir  a todos los responsables de corrupción probablemente provocaría reacciones deestablizadoras por parte de los grupos de interes enquistados en el poder, que podrían paralizar sus esfuerzos de reforma. Pero para establecer efectivamente un límite, dejar en claro que la corrupción y la colusión no serán toleradas en el futuro y satisfacer la demanda popular de justicia, López Obrador debe llevar a la justicia a al menos a algunos de los peores infractores. Hacerlo también reforzaría su promesa de cero tolerancia a la corrupción desde el momento en que toma el poder.

¿Qué hay en juego?

Pocos dudan de la sincera determinación de López Obrador de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, pero su confianza en sus propios poderes como un presidente pionero y reformista probablemente enfrentarán una dura prueba. Como ha mostrado un reciente informe de Crisis Group, han sido comunes los intentos de reformas y transformaciones institucionales bajo los gobiernos pasados. Pero en realidad, han hecho poco para reducir la corrupción o la colusión estatal con grupos criminales. Sin embargo, las fuerzas armadas sobre las que recaen las políticas de seguridad del nuevo presidente han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.^[fn]Véase, por ejemplo, “Undeniable atrocities: confronting crimes against humanity in Mexico”, Open Society Justice Initiative, 2016. En respuesta a este informe, el gobierno afirmó que la gran mayoría de los delitos violentos los cometen las organizaciones criminales, que las fuerzas armadas cuentan con protocolos para garantizar que sus acciones respetan los derechos humanos, y que el Estado está comprometido con la investigación de cualquier supuesto abuso. “Responde México a informe Open Society”, El Universal, 7 de junio de 2016.Hide Footnote

Una respuesta al dilema de López Obrador sería acompañar las medidas que propone con mecanismos que aseguren transparencia independiente y supervisión, por ejemplo asegurándose de que la justicia civil pueda investigar libremente abusos dentro y por parte de las fuerzas de seguridad. Estos mecanismos tendrían que incluir verdaderas funciones disciplinarias para evitar la repetición de tales abusos, especialmente si el papel del ejército en la vigilancia de las calles de México sigue en firme. La administración entrante ha prometido acciones en este sentido, pero hasta el momento no ha establecido ninguna medida concreta. Por supuesto, sería prematuro emitir un juicio sobre las reformas del presidente entrante. Pero hay señales de advertencia: López Obrador debería tomar más medidas innovadoras para maximizar las posibilidades de que pueda construir instituciones judiciales y de seguridad competentes y responsables que protejan a los ciudadanos mexicanos y que superen su mandato de seis años. En particular, Crisis Group ha argumentado que su gobierno debería:

• Buscar justicia en casos emblemáticos de supuesta participación del Estado en atrocidades, y reforzar el rol de las víctimas en comisiones de la verdad locales dirigidas a traer paz a áreas seriamente afectadas por el crimen

• No renunciar a desarrollar las capacidades de la policía civil, e invertir en una supervisión robusta de las fuerzas policiales y en desmantelar las estructuras de comando coercitivas y criminalizadas que las afectan. Si la Guardia Nacional asume el rol previsto por López Obrador, debería ser como solución provisional hasta que la policía esté en condiciones de cumplir su mandato en seguridad pública.

• Aterrizar las desorbitadas expectativas del país de un cambio rápido y radical – expectativas que él mismo ha fomentado. Si no lo hace y no logra cumplir sus promesas, la esperanza rápidamente puede convertirse en frustración, y ésta en una oportunidad para las fuerzas políticas desestabilizadoras, potencialmente incluyendo aquellos que piden una nueva represión violenta contra grupos criminales, del tipo común en América Latina. Como presidente de México, López Obrador ahora es responsable de evitar este escenario peligroso.