La última guerrilla de Colombia da el primer paso hacia la "paz total"

¿Qué es el ELN y qué fuerza tiene hoy en Colombia? ¿Por qué el gobierno quiere negociar con ellos?

El ELN, o Ejército de Liberación Nacional, es la última insurgencia izquierdista que queda en Colombia. Las conversaciones con los rebeldes son cruciales para la ambición del presidente Gustavo Petro de lograr la “paz total” con todos los grupos armados y criminales del país. Fundado en 1964 por un grupo de estudiantes enamorados de la revolución cubana e influenciados por la teología católica de la liberación, el ELN hoy está presente en 183 municipios de Colombia, equivalentes al 16 por ciento del total. El grupo también tiene una presencia considerable en Venezuela, donde controla extensiones de territorio a lo largo de la frontera, así como en el interior del país. Con unos 2 500 integrantes, divididos en pequeñas unidades bien entrenadas, el ELN es capaz de realizar operaciones ofensivas en toda Colombia, incluyendo bombardeos de objetivos militares, civiles y de infraestructura. El número de víctimas civiles de los ataques del grupo ha caído durante el último año, mientras que el número de objetivos militares ha subido.

La meta principal del ELN no es tomar el poder en Bogotá, sino transformar la sociedad y las estructuras económicas desiguales de Colombia. La propaganda de la organización arremete con frecuencia contra la élite económica y "la acción desestabilizadora en que están empeñados los grandes capitales y buena parte de la oligarquía colombiana". Para ello, a lo largo de su historia, la organización ha contado en gran medida con una red de milicias civiles que apoya sus actividades. En comparación con las más grandes y jerárquicas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla que firmó un acuerdo de paz con el Estado en 2016, el ELN es ágil y está descentralizado. Su Comando Central mantiene el control de la orientación ideológica y política del grupo y sus órdenes en estas áreas son ampliamente respetadas. Más allá de eso, el ELN opera cinco frentes regionales, así como un frente urbano de guerrilleros, cada uno de los cuales tiene un considerable margen de maniobra para tomar decisiones sobre los objetivos militares y, fundamentalmente, sobre la actividad criminal lucrativa. Aunque el tráfico de drogas está oficialmente prohibido por la organización, varios frentes son ahora actores destacados en la cadena de suministro de narcóticos, transportando cocaína a lo largo de rutas de tráfico y cobrando cuotas en cada etapa de la producción.  

El ELN se presenta como benévolo hacia los civiles, particularmente hacia partes aliadas o cooptadas de la sociedad civil. Pero ha tenido un costo humano devastador en la continuación de sus conflictos. El reclutamiento forzoso, incluso de niños, es generalizado, al igual que el de adolescentes colombianos en dificultades y de migrantes venezolanos. El grupo también ha cometido asesinatos y secuestros, ha restringido la libertad de movimiento, ha extorsionado y ha llevado a cabo "limpieza social", es decir, el asesinato de “delincuentes menores” y otras personas que considera indeseables. En la actualidad, la demanda pública para entablar negociaciones con los rebeldes es alta en algunas de las regiones que más sufren la violencia armada, particularmente en Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, así como en el Bajo Cauca, el Magdalena Medio y la Costa Pacífica.

¿Qué sabemos sobre cómo se desarrollarán las negociaciones?

Las conversaciones comenzaron el 21 de noviembre en Caracas, la capital venezolana, y la primera sesión se extenderá unos veinte días. Las dos partes dicen que empezarán con el marco que acordaron el 30 de marzo de 2016, durante su última incursión en las negociaciones. Esa agenda establecía seis puntos de discusión: participación, involucramiento democrático, transformación socioeconómica, víctimas, fin del conflicto e implementación. Aunque todos estos temas son delicados, quizá el más difícil de abordar sea la insistencia del ELN en la participación popular dentro de las negociaciones. El grupo ha rechazado los mecanismos de consulta pública que el gobierno de Petro ya ha puesto en marcha, especialmente sus Diálogos Regionales Vinculantes, foros en que las comunidades más afectadas por el conflicto pueden ofrecer sus aportes a las políticas de desarrollo nacional de la administración. No está claro qué tipo de participación popular prevé el ELN en su lugar ni en qué medida la participación daría forma a los eventuales acuerdos con el Estado colombiano.

El principal negociador del gobierno con el ELN es Otty Patiño, quien una vez fue guerrillero del movimiento urbano M-19 (al que también perteneció Petro), y ayudó a negociar su desmovilización. Patiño formó parte de la Asamblea Constituyente que elaboró la nueva Constitución de Colombia en 1991, una experiencia que el ELN ha sugerido anteriormente que quisiera repetir, a pesar de las anteriores expresiones de Petro en contra de la redacción de una nueva. Otro miembro crucial del equipo gubernamental será José Félix Lafaurie, prominente adversario político de Petro y antiguo político de derecha que hoy es jefe de la asociación ganadera del país. La participación de Lafaurie se debe a una invitación audaz y totalmente inesperada de Petro, que busca asegurar un amplio apoyo político a las conversaciones, especialmente sobre al polémico asunto de la reforma agraria y rural. El expresidente Álvaro Uribe, ampliamente considerado como el líder del conservadurismo colombiano, ha alabado la decisión de incluir a Lafaurie. Sin embargo, esta estrategia tiene sus riesgos: que el gobierno se encuentre negociando simultáneamente con el ELN y con la élite terrateniente, sin que ninguno de los dos quede satisfecho. Por último, dos altos oficiales militares retirados y un general activo participarán directamente en las conversaciones, mientras que un equipo de otros oficiales dará asesoría técnica. El respaldo de los militares será fundamental para garantizar el cumplimiento de cualquier acuerdo que alcancen las partes.

Pablo Beltrán, miembro del Comando Central, lidera el equipo negociador del ELN, como lo hizo durante una ronda anterior de conversaciones. Le acompañan Aureliano Carbonell, un intelectual del movimiento, y Nicolás Rodríguez Bautista, otro excomandante de alto rango y veterano de negociaciones. La delegación completa del ELN podría contar con hasta 20 personas, incluyendo las diecisiete cuyas órdenes de captura suspendió Colombia para dar paso a las conversaciones. El 21 de noviembre, el ELN afirmó en un comunicado que el equipo negociador "cuenta con el respaldo de toda la organización, de todos sus mandos nacionales y regionales". Al igual que cuando las FARC iniciaron conversaciones en 2012 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, los equipos negociadores de ambas partes están integrados en su inmensa mayoría por hombres. La Iglesia Católica, considerada por ambas partes como un interlocutor creíble, no tendrá un papel formal pero está invitada, junto a las Naciones Unidas, a acudir como oyente. Tras esta ronda inicial de conversaciones, el diálogo se trasladará a otro país anfitrión.

Diferentes gobiernos colombianos han intentado negociar con el ELN anteriormente. ¿Qué falló entonces y qué es diferente esta vez?

Al menos siete gobiernos diferentes que se remontan a 1985 han intentado dialogar con el ELN. El esfuerzo más reciente comenzó durante el mandato del presidente Juan Manuel Santos en 2016. Sin embargo, se dio por concluido definitivamente durante el mandato del presidente Iván Duque luego de que el 17 de enero de 2019 el ELN realizara un atentado suicida con una bomba en una academia de policía en Bogotá, matando a 21 personas. Algunos incidentes específicos interrumpieron también intentos anteriores, mientras que otros se quedaron en el camino, en parte porque el gobierno estaba centrado en su batalla con la insurgencia más grande de las FARC. El ELN ha demostrado ser un desafío particular para los negociadores anteriores debido a su estructura descentralizada y a su compromiso ideológico, así como a la mentalidad del grupo: aunque el grupo entiende que no asumirá el control de Colombia, considera que cada día que permanece en la batalla es una victoria y que la resistencia al Estado es un éxito político. En este contexto, una negociación exitosa para el ELN puede terminar siendo simplemente una conversación prolongada que no llegue a satisfacer todas sus exigencias, incluida la revisión del orden económico vigente.   

Una diferencia importante esta vez es que el gobierno no sólo está hablando con el ELN, sino que ha iniciado conversaciones informales preliminares con un puñado de otros grupos armados y criminales. La legislación que regula el plan de "paz total" de la administración, aprobada por el Congreso a finales de octubre, autoriza al gobierno a negociar no sólo con insurgencias como el ELN, sino también con lo que denomina "grupos criminales de alto impacto". Estos grupos, que se encuentran entre los más duros adversarios del ELN en la actualidad, se definen como organizaciones con un claro liderazgo jerárquico y una capacidad persistente de llevar a cabo ataques que amenazan a la población civil. Abordar a todos estos grupos al mismo tiempo es esencial, argumenta el gobierno, ya que la desmovilización de un solo grupo simplemente dejaría espacios para que otros grupos los ocupen. Sin embargo, el ELN se considera un movimiento político y, por lo tanto, distinto a los grupos criminales. Le molesta la idea de que estos últimos merezcan cualquier tipo de diálogo con las autoridades.

Otra diferencia crucial en el formato de las conversaciones esta vez es la apertura e incluso la preferencia del gobierno por los acuerdos parciales, abandonando la máxima del acuerdo de paz de 2016 de que nada está acordado hasta que todo lo esté. Esta vez, el gobierno de Petro busca pequeños acuerdos, con especial énfasis en la mejora de las condiciones humanitarias en las comunidades afectadas por el conflicto y en la contención de combates entre los distintos grupos armados. Esta última cuestión puede resultar difícil, ya que el ELN mantiene combates activos con rivales como el Clan del Golfo (en los departamentos de Chocó, Valle de Cauca y Bolívar) y las llamadas disidencias de las FARC (en Arauca, Norte de Santander, Nariño y Cauca). El comandante del ELN, Antonio García, ha declarado que el ELN no acepta la idea de un "cese al fuego multilateral", una propuesta del gobierno que pretende mitigar el conflicto no sólo entre el Estado y las organizaciones armadas, sino también entre grupos rivales. Por las mismas razones mencionadas anteriormente, el ELN se opone a esta propuesta, insistiendo en que no debe ser tratado en los mismos términos que las bandas criminales sin objetivos políticos.

Otra novedad de estas conversaciones es que ninguna de las partes busca el desarme, al menos no al principio. Alegando lo que percibe como incumplimiento del Estado colombiano con el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, es poco probable que el ELN acepte cualquier entrega total de las armas, prefiriendo un proceso gradual que avance al ritmo del progreso del gobierno en el cumplimiento de sus promesas.

El gobierno ha anunciado a Noruega, Cuba y Venezuela como países garantes. ¿Qué papel tendrán?

Oficialmente, hasta ahora, Noruega, Cuba y Venezuela actuarán como países garantes de las conversaciones de paz con el ELN. Sin embargo, se espera que este grupo se amplíe, para incluir posiblemente a Chile, España, Francia y/o Brasil. Noruega y Cuba también son países garantes del acuerdo con las FARC de 2016. La reanudación de las conversaciones con el ELN representó una importante distensión entre Colombia y Cuba, donde el equipo negociador del ELN ha tenido su sede desde la ruptura de las conversaciones en 2019. El gobierno de Duque adoptó una postura hostil hacia La Habana tras el atentado con bomba de ese año en Bogotá y exigió a la isla la extradición de la cúpula del ELN, sin éxito. Cuba fue sede de la primera reunión entre el gobierno de Petro y la delegación del ELN. Y su participación en las nuevas conversaciones ya ha llevado a Petro a pedirle a Estados Unidos que considere rescindir la designación de La Habana como "Estado patrocinador del terrorismo", una decisión que Washington tomó en los últimos días de la administración del expresidente Donald Trump a petición de Duque.

Entre los participantes externos, el papel de Caracas como anfitrión y garante es tanto el más crítico para el éxito de las conversaciones, como el más complicado. Aunque durante mucho tiempo el ELN ha mantenido una presencia en Venezuela, al otro lado de la frontera con Colombia, el número de sus combatientes ha aumentado considerablemente desde 2016. Los comandantes rebeldes han consolidado relaciones con autoridades locales y fuerzas de seguridad, incluso operando minas ilegales e imponiendo control político y social en las comunidades fronterizas, mientras el liderazgo del ELN profesa su simpatía por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. En consecuencia, la participación de Venezuela es vital para generar un acuerdo viable y, al mismo tiempo, potencialmente peligrosa si el apoyo de Caracas a las conversaciones flaquea. El respaldo del gobierno de Maduro podría debilitarse por un sinnúmero de razones, incluyendo la insatisfacción con Bogotá sobre un asunto que surja en su cálida relación bilateral, o una falta general de voluntad de sacrificar sus vínculos privilegiados con la guerrilla. Entre las cuestiones pendientes de resolverse está la de si el destino de los combatientes del ELN en Venezuela figurará en las conversaciones sobre una eventual desmovilización, además de cómo lo hará.

¿Qué ha ocurrido sobre el terreno desde el anuncio de las negociaciones?

La elección de Petro, con su compromiso de negociar con los grupos armados y criminales, ha reconfigurado el panorama del conflicto colombiano. Con la vista puesta en iniciar las conversaciones desde la posición más fuerte posible, los grupos armados y criminales se apresuraron a expandir el territorio en su poder. Fuentes de seguridad informan que el ELN envió a varios combatientes desde Venezuela, a través de la frontera, para combatir a sus rivales en los departamentos colombianos de Arauca, Chocó y Valle del Cauca, entre otros lugares. Según los militares, en julio hubo más combates entre grupos armados que en cualquier otro mes de 2022.

Este impulso violento continuó a lo largo de Colombia hasta aproximadamente principios de septiembre, cuando los grupos beligerantes cambiaron de rumbo. En su primer contacto con estos grupos, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Danilo Rueda, les pidió que mostraran gestos de buena voluntad reduciendo la violencia contra civiles. Los homicidios disminuyeron en septiembre y octubre, pero otros tipos de coacción destinados al control social han aumentado, según representantes comunitarios. Por ejemplo, el ELN ha intensificado su presión sobre las comunidades locales, obligando a las autoridades elegidas en las Juntas de Acción Comunal de los barrios a acatar sus órdenes. El grupo también ha reactivado el reclutamiento forzoso en Arauca y Chocó, según líderes locales.

Las dinámicas en el departamento fronterizo de Arauca también demuestran la fragilidad de los gestos de buena voluntad. La violencia en ese departamento ha vuelto a aumentar recientemente, en medio de un conflicto interno entre el ELN y los Frentes 10 y 28 disidentes de las FARC. Los habitantes denuncian un aumento de los asesinatos, así como toques de queda, confinamientos forzados y secuestros más frecuentes, incluso de soldados que pueden ser utilizados como pieza de negociación en las conversaciones. En palabras del líder social de una zona rural de Arauquita, "estos grupos están hablando de paz en el extranjero, pero matando a la gente aquí"