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Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho
Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho
Members of the Bolivarian militia and supporters of Venezuelan President Nicolas Maduro take part in a demonstration heading to the National Assembly in Caracas on March 10, 2020. CRISTIAN HERNANDEZ / AFP

Una apuesta equivocada para derrocar a Maduro con el virus al acecho

Justo cuando el número de casos de COVID-19 en Venezuela supera los 100, Estados Unidos imputó cargos por narcotráfico al presidente Nicolás Maduro y otros. Esta inoportuna acción probablemente fracasará. El único curso razonable es el alivio de sanciones y negociaciones entre el gobierno y la oposición para lograr una tregua humanitaria.

La imputación de cargos del 26 de marzo por parte de Estados Unidos al presidente venezolano Nicolás Maduro y muchos de sus colaboradores más cercanos es la decisión equivocada en el momento equivocado. Al hacer el anuncio, altos funcionarios de la administración Trump expresaron abiertamente la esperanza de que este último giro podría llevar a Maduro a abandonar el poder. Pero en un momento en que los venezolanos se preparan para el impacto potencialmente devastador del COVID-19, con una emergencia humanitaria ya existente, lo que se necesita con urgencia es una pausa en el conflicto político, no una apuesta por el cambio de régimen. Un acuerdo entre el gobierno de Caracas y la oposición, que permitiría la entrega de ayuda y suministros críticos, serviría al pueblo venezolano de manera más efectiva que un intento por obtener una victoria rápida en tiempos de pandemia y recesión global.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció la acusación a Maduro y muchos de sus principales asesores, incluyendo el ministro de Defensa, General Vladimir Padrino López, acusados de conspirar con exlíderes guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para enviar cientos de toneladas de cocaína hacia el norte del hemisferio a través de Venezuela. Los cargos contra el presidente conllevan una sentencia mínima obligatoria de 50 años de prisión; además, el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de $15 millones de dólares por información que conduzca a la captura y condena de Maduro.

Venezuela se está preparando para el pleno impacto económico y de salud pública de la pandemia de COVID-19

El anuncio llega en un momento particularmente delicado. Venezuela se está preparando para el pleno impacto económico y de salud pública de la pandemia de COVID-19. Hasta el momento, se han reportado 107 casos, y el gobierno ordenó una cuarentena a nivel nacional el 16 de marzo. Pero el país no está equipado para lidiar con la enfermedad. El anuncio también coincide con llamamientos de la sociedad civil de Venezuela para negociar una tregua a la amarga disputa entre el gobierno y la oposición, aunado a solicitudes urgentes de la ONU y otras instituciones para el alivio de las sanciones económicas para aquellas naciones especialmente vulnerables a la pandemia y que no están particularmente preparadas para abordarla.

Washington considera a Juan Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional dominada por la oposición, como el legítimo presidente de Venezuela. Así lo consideran también docenas de otros países, incluidos la mayoría de los Estados miembros de la UE y gran parte de América Latina. Pero Guaidó no ha podido traducir este impresionante apoyo externo en acciones contundentes (sea sobre el coronavirus o cualquier otro tema), porque todos los estamentos del poder estatal permanecen en manos de Maduro. Por su parte, Maduro, aunque afirma haber controlado la propagación del virus, necesita desesperadamente ayuda externa. Dos décadas de mala gestión y corrupción han mermado la vital industria petrolera estatal del país. Los efectos de las sanciones estadounidenses unido a un colapso en el precio del petróleo, han resultado en una escasez crítica de fondos para alimentos o combustible, y consecuentemente para hacer frente a la emergencia médica. Recalcando la impotencia de Maduro, el Fondo Monetario Internacional rechazó el 17 de marzo su solicitud de una línea de crédito de emergencia de $5 mil millones de dólares, con el argumento de que no hay consenso entre sus Estados miembros sobre quién gobierna realmente el país.

Un puñado de políticos de la oposición, junto con representantes de ONG locales y asociaciones profesionales, están pidiendo un acuerdo entre las dos partes que permita que los fondos de asistencia y ayuda humanitaria comiencen a fluir en cantidades mucho mayores, ya que  cerca del 90 por ciento de la población no puede cubrir sus necesidades básicas y un tercio sufre de desnutrición. Aunque los detalles varían, la mayoría de estas propuestas prevén un comité de expertos de alto nivel para supervisar la crisis y que los recursos para enfrentar la pandemia sean administrados por agencias especializadas, incluidas las de la ONU, con monitoreo externo que prevenga la malversación de fondos. Al mismo tiempo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el alto representante de la UE, Josep Borrell, han pedido a los países que imponen sanciones que den un alivio a gobiernos como el de Venezuela para que estos puedan enfrentar mejor la emergencia.

Tanto Maduro como Guaidó han indicado en principio su disposición para llegar a un acuerdo. Sin embargo, todavía hay dificultades. Maduro ha nombrado a políticos de oposición específicos con los que está dispuesto a tratar y excluyó a Guaidó con la intención evidente de dividir a la oposición. Guaidó ha pedido a las fuerzas armadas que “eliminen los obstáculos” a la ayuda, diciendo que “no es necesario un diálogo con la dictadura”, sugiriendo una posible repetición del intento fallido de la oposición en 2019 de forzar el cruce de ayuda humanitaria por la frontera en un apuesta abierta para que los militares se volvieran contra Maduro. Pero estos intentos de lograr una distención de hostilidades entre el gobierno y la oposición son críticos, y se debe hacer lo posible para facilitarlos.

Por otro lado, es casi seguro que el anuncio de EE. UU. entorpecerá estos esfuerzos. Pocas horas después de la conferencia de prensa del Departamento de Justicia donde se revelaron los cargos, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que estaba abriendo una investigación a Guaidó por supuestamente tramar un golpe de Estado. El anuncio del Saab se produjo luego que el General disidente del ejército Clíver Alcalá, se declarara parte de un movimiento de resistencia armada destinado a derrocar a Maduro. Curiosamente, Alcalá, ahora un opositor declarado del presidente, también estaba entre los acusados por Estados Unidos.

Pero intentar forzar el cambio de régimen justo cuando se empieza a vislumbrar la verdadera magnitud de la emergencia de salud es muy desafortunado.

La motivación detrás de las acusaciones parece clara: en un momento de creciente malestar económico y humanitario en Venezuela, algunos en Washington y entre la oposición venezolana ven la oportunidad de aumentar la presión sobre Maduro y forzar su expulsión. Durante la conferencia de prensa, Barr dijo que el anuncio de las acusaciones en medio de la pandemia era “un buen momento”, porque Maduro tiene que irse para que los venezolanos puedan lidiar con la propagación del virus de manera efectiva. Pero intentar forzar el cambio de régimen justo cuando se empieza a vislumbrar la verdadera magnitud de la emergencia de salud es muy desafortunado.

Más de un año de sanciones draconianas y una continua presión diplomática no han logrado sacar a Maduro del poder, a pesar de las enfáticas garantías extraoficiales de Estados Unidos a principios de 2019 de que este se iría en cuestión de semanas. (El presidente colombiano Iván Duque hizo las mismas predicciones públicamente). Por el contrario, Maduro sigue firmemente arraigado en el poder, mientras que la situación de los ciudadanos venezolanos se ha deteriorado dramáticamente y el flujo de migrantes y refugiados huyendo del país ha alcanzado los cinco millones de personas. Incluso si esta política diera resultados y el gobierno de Maduro colapsara, cualquier administración entrante enfrentaría una calamidad social, económica y humanitaria, un caos administrativo y político, y la posibilidad de una reacción violenta de grupos armados irregulares que han proliferado en Venezuela en los últimos años.

Cualquiera que sea el fondo legal de las acusaciones, Washington los ha presentado en un momento terrible para Venezuela. La prioridad ahora debería ser que las dos partes en disputa lleguen a un acuerdo, uno que pueda salvar decenas de miles de vidas y que potencialmente abra la puerta a un acuerdo político más amplio. La posibilidad de que las partes tomaran este rumbo ya eran escasas, pero ahora, debido a la execrable situación dejada por el anuncio de Estados Unidos, esta parece desvanecerse. Hay muchas razones para temer que el pedido de alivio de sanciones caerá en oídos sordos. Pero también hay muchas razones para difundir el mensaje y presionar a Washington para que reconsidere su postura. No hay nada que ganar, y mucho que perder, al continuar con este enfoque teniendo en cuenta que se puede avecinar una catástrofe.