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Decisiones judiciales en Venezuela acaban con la esperanza de unas elecciones justas
Decisiones judiciales en Venezuela acaban con la esperanza de unas elecciones justas
Venezuela's President Nicolas Maduro and President of Venezuela's Supreme Court Maikel Moreno take part in the ceremony marking the opening of the new court term at Venezuela's Supreme Court, in Caracas, Venezuela January 31, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

Decisiones judiciales en Venezuela acaban con la esperanza de unas elecciones justas

La última jugada del gobierno de Maduro, en la que jueces leales a éste designaron a los miembros del Consejo Electoral que supervisará las elecciones de fin de año, es evidencia para muchos en la oposición venezolana que el diálogo no tiene sentido. Pero las negociaciones siguen siendo la única ruta hacia una salida estable para la prolongada crisis del país.

En un fallo tan esperado como temido, el 12 de junio el Tribunal Supremo de Justicia, bajo el control del gobierno venezolano, apagó la última esperanza de que las elecciones legislativas a celebrarse en diciembre de este año puedan ser organizadas por una autoridad electoral equilibrada y consideradas válidas ampliamente. En cambio, después de declarar que la Asamblea Nacional (el parlamento del país), no había conseguido, de nuevo, ponerse de acuerdo sobre a quién elegir para llenar los cinco puestos del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal nombró a sus miembros, la mayoría de los cuales está a favor del gobierno. Las consecuencias inmediatas de esta decisión marcan un nuevo fondo para la golpeada democracia venezolana. Mientras la oposición criticaba esta decisión como evidencia de que el presidente Nicolás Maduro estaba perpetuando su control sobre el sistema electoral y preparándose para realizar otras elecciones fraudulentas, el Tribunal procedió a ceder el control de dos (y potencialmente tres) de los principales partidos de oposición a facciones minoritarias dispuestas a participar en las elecciones. Si el gobierno, la oposición y los aliados extranjeros de ambas partes no toman acciones concretas para llegar a un acuerdo político amplio que incluya una reforma electoral, es probable que Venezuela termine el año con sus principales partidos de oposición incapacitados, su prolongado conflicto en peores términos y su población sufriendo en medio de una emergencia humanitaria cada vez más crítica.

Otra jugada chavista


La constitución venezolana establece que todos los miembros del CNE deben ser independientes. Pero en la práctica, el nuevo consejo tendrá tres miembros progubernamentales (incluidos dos que fueron reclutados entre los jueces del Tribunal Supremo), un miembro de un partido minoritario no alineado con la oposición mayoritaria y uno de una facción disidente del partido mayoritario Acción Democrática. Los tres miembros cercanos al gobierno han sido previamente sancionados, por EE. UU. y Canadá, por presunta participación en violaciones a los derechos humanos y/o delitos financieros.
 

Solo el trece por ciento del electorado tiene una imagen favorable de Maduro, unas elecciones libres y justas podrían traducirse en una derrota devastadora.

Al reafirmar su control sobre el CNE, el gobierno de Maduro se prepara para recuperar el control de la Asamblea Nacional, que ha estado en manos de la oposición desde el 2016, pero que ha sido bloqueada durante los últimos cinco años por fallos del Tribunal Supremo que han anulado sus decisiones. En medio de un colapso económico sin precedentes, que ha obligado a más de cinco millones de venezolanos a huir del país, y con encuestas que ponen en evidencia los altos niveles de descontento con el gobierno (la encuesta reciente más confiable muestra que solo el trece por ciento del electorado tiene una imagen favorable de Maduro), unas elecciones libres y justas podrían traducirse en una derrota devastadora. Temiendo este escenario y una eventual salida del poder, el gobierno chavista intenta controlar la autoridad electoral y desincentivar la participación de los votantes de la oposición. 

Pero la otra piedra en el zapato del presidente es que casi 60 países, que incluyen a EE. UU., numerosas naciones latinoamericanas y los Estados miembros de la Unión Europea, consideran al líder opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, y no a Maduro, como el presidente legítimo del país. La negativa de estos Estados a reconocer a Maduro surgió tras su reelección en 2018, que consideraron como una farsa.

El rechazo internacional hacia Maduro y la campaña liderada por Guaidó para derrocarlo que comenzó en enero del año pasado e incluyó un fallido levantamiento cívico-militar meses después, ha llevado al gobierno a probar varias opciones para recuperar su legitimidad. El regreso a la Asamblea en septiembre pasado de legisladores del gobierno que la habían boicoteado desde 2017, y la posterior formación de una comisión multipartidista para designar a los miembros del CNE, alimentaron la esperanza que el deseo del gobierno de restaurar su posición internacional podría llevarlo a un acuerdo para mejorar las condiciones electorales, y a reducir la persecución judicial de la oposición. Las estrictas sanciones económicas y financieras impuestas por EE. UU., y la ausencia de un Parlamento reconocido que pueda aprobar préstamos extranjeros y otros acuerdos, se han sumado a sus graves dificultades fiscales, que en teoría constituyen otro poderoso incentivo para llegar a un acuerdo.
 

En su búsqueda de un control político total, ha ignorado los argumentos a favor del pragmatismo y la normalización.

Sin embargo, el gobierno ha elegido tomar el camino opuesto. En su búsqueda de un control político total, ha ignorado los argumentos a favor del pragmatismo y la normalización. Ha implementado su estrategia en varias fases. Primero, el 5 de enero, facciones pro-Maduro maniobraron para expulsar a Guaidó de la presidencia de la Asamblea, dejando al parlamento físicamente dividido en dos. Aunque todavía reclama tener la mayoría, desde entonces la oposición se ha visto obligada a celebrar sesiones fuera del edificio legislativo, a veces incluso en la calle. Luego, sin que la comisión para nombrar al CNE se disolviera, durante las negociaciones entre el gobierno y la oposición (que según chavistas de alto nivel se reunieron diecinueve veces), no lograron llegar a un acuerdo sobre los nominados. La decisión del 12 de junio del Tribunal Supremo de nombrar unilateralmente un nuevo consejo electoral representa la tercera fase. 

Un episodio tragicómico en abril que incluyó el desembarque de una banda irregular de exsoldados venezolanos y mercenarios estadounidenses que prontamente fueron detenidos, jugó a favor de Maduro y reforzó las posiciones más radicales del gobierno. Guaidó negó su participación, pero se vio obligado a admitir que sus colaboradores habían puesto el plan en marcha en las primeras conversaciones con los organizadores antes de retirar su apoyo de la operación. Desde entonces, el fiscal general ha calificado al partido de Guaidó (Voluntad Popular) como una organización terrorista, una medida que podría llevar a su disolución y al encarcelamiento de sus líderes, muchos de los cuales ya están en el exilio o bajo protección diplomática en sus hogares. 

La Política del Tribunal
 

Hay mucho en juego en las próximas elecciones legislativas.

Hay mucho en juego en las próximas elecciones legislativas. Guaidó argumenta merecer la presidencia interina basado en una disposición de la constitución de 1999 que permite que el jefe de la legislatura asuma el poder temporalmente en ausencia de un presidente electo. La oposición y sus aliados internacionales consideran que la reelección de Maduro en el 2018 es inválida y, por lo tanto, apoyan la decisión de Guaidó como proclamarse como presidente interino. Pero si la oposición pierde el control de la Asamblea en diciembre (lo que ahora parece casi inevitable), la interpretación constitucional que permite esta presidencia interina sería más débil, añadiendo otro dilema a los gobiernos extranjeros. Varios diplomáticos con los que Crisis Group conversa regularmente se preguntan desde hace algún tiempo cómo llegaron a reconocer a un “gobierno” que ni siquiera tiene acceso a sus propias oficinas, y mucho menos al control territorial.

Tres días después de la decisión del Tribunal Supremo de nombrar al nuevo CNE, el mismo Tribunal determinó que el control del partido opositor Acción Democrática y todos sus símbolos y activos deberían pasar al líder de una facción disidente, Bernabé Gutiérrez, quien es el hermano de uno de los nuevos miembros de la autoridad electoral. A este fallo le siguió uno similar al día siguiente contra Primero Justicia, otro partido del llamado grupo G4 que reúne a los principales partidos de oposición, a los cuales previamente se les había suspendido su registro oficial. El 17 de junio, un tercer partido del G4, Un Nuevo Tiempo, fue amenazado con un destino similar. Los beneficiarios en cada caso son figuras de la oposición que han elegido jugar según las reglas del gobierno. 

Henri Falcón, un exgobernador chavista que desafió al resto de la oposición en 2018 al participar en las elecciones presidenciales, solo para repudiar el resultado como producto de las violaciones de la ley electoral por parte del gobierno, ha criticado la interferencia del Tribunal Supremo en los asuntos internos de los partidos de oposición. Pero Falcón ha decidido jugar según las reglas del gobierno y si, como parece probable, los principales partidos de oposición boicotean estas elecciones, podría terminar siendo el líder de facto de la oposición. De los dieciocho partidos de la oposición que disputaron las elecciones legislativas del 2015, solo a su partido Avanzada Progresista no se le revocó el registro. Como lo expresó un prominente comentarista político de manera un tanto amarga, “la idea no es cambiar al gobierno sino cambiar a la oposición”.

Por su parte, el Tribunal Supremo ha estado ocupado modificando la ley electoral. Argumentando que el sistema actual no cumple con el requisito constitucional de que los órganos colegiados sean elegidos bajo un sistema de representación proporcional, el Tribunal ahora exige un gran aumento en el porcentaje de legisladores elegidos por listas de partidos y no a nombre propio. También ha ordenado un aumento en el número de escaños parlamentarios, de 167 a 200 o más, y una modificación a la forma en la que los diputados que representan a las comunidades indígenas de Venezuela son elegidos. Los críticos de la oposición temen que el gobierno utilice estas modificaciones para sesgar los resultados a su favor, así como para garantizar la representación en el parlamento de cualquier micro-partido que acepte acogerse a sus demandas.

¿Qué se debe hacer?
 

La oposición liderada por Guaidó aún no ha anunciado ninguna estrategia clara para lidiar con la situación.

En ausencia de un acuerdo político integral entre el gobierno y la oposición, unas elecciones parlamentarias incluso relativamente competitivas solo contribuirían muy modestamente a resolver el conflicto político de Venezuela, que ya cumple dos décadas. Una elección injusta, por otra parte, sin duda exacerbará el conflicto al negarle a la oposición mayoritaria una base institucional en Venezuela, reduciendo la posibilidad de que las partes hagan concesiones y cerrando una de las últimas rutas posibles hacia un cambio político pacífico. La oposición liderada por Guaidó aún no ha anunciado ninguna estrategia clara para lidiar con la situación, aparte de reiterar su posición de que “mayor presión” derrocará a Maduro y allanará el camino para una transición democrática. Guaidó y otros han argumentado que una elección fraudulenta dejará a la actual Asamblea Nacional, o en la práctica a los aproximadamente 100 legisladores leales a la “presidencia interina”, como el único parlamento legítimo. En la práctica, esa ruta parecería destinada a conducir a un “gobierno en el exilio”, ya que aquellos miembros que permanezcan en Venezuela estarían expuestos a una persecución judicial. 

Aunque algunos políticos de la oposición afirman que las últimas jugadas del gobierno son signos de desesperación, la verdad es que, a pesar de sus muchas dificultades, el gobierno de Maduro cree que tiene una oportunidad perfecta para poner fin a la amenaza representada por Guaidó y forjar un arreglo político interno estable bajo sus propios términos. Predice más divisiones entre la oposición, ya que mientras algunos calculan que la participación electoral es la mejor ruta para la supervivencia personal y política, otros se sienten más atraídos a la relativa seguridad del exilio. Uno de los dos miembros no gubernamentales del nuevo CNE, Rafael Simón Jiménez, dijo que lo que se pretende es ofrecer el tipo de condiciones electorales negociadas por el gobierno y la oposición en la ronda de conversaciones que tuvo lugar en Santo Domingo a principios de 2018. Eso significaría eliminar las prohibiciones a los políticos y partidos de oposición; hasta ahora, sin embargo, el gobierno se ha dirigido en la dirección opuesta. Aun así, pueden ofrecer algunos incentivos a los miembros del G4 para fomentar divisiones en su interior.
 

En el frente internacional hay signos de convergencia entre los principales actores.

En el frente internacional hay signos de convergencia entre los principales actores. Una presión concertada pero discreta de un grupo de potencias extranjeras, especialmente si incluye a los aliados de Maduro, Rusia y Cuba, y a quienes respaldan a Guaidó en EE. UU. y Colombia, podría llegar a persuadir al gobierno a respetar la oferta del nuevo CNE de mejorar las condiciones electorales, y a la oposición para reconsiderar su inclinación a boicotear el proceso. Las perspectivas, sin embargo, parecen extremadamente difíciles. La capacidad para lograr acuerdos entre gobierno y oposición quedó demostrada el 2 de junio cuando acordaron descongelar las cuentas estatales venezolanas para financiar la ayuda humanitaria, que será administrada por la Organización Panamericana de la Salud y dirigida al plan de respuesta al COVID-19. Pero las últimas jugadas del gobierno son un duro golpe para la poca confianza mutua que esta negociación pudiera haber generado. 

El regreso a la mesa de negociaciones (la única ruta hacia un resultado estable y positivo) depende de que los miembros del gobierno consideren que son tratados como titulares de cargos legítimos, personas cuya supervivencia personal y política se garantizará ante cualquier transición. Igualmente, mientras continúa el contacto entre las dos partes, le corresponde al gobierno demostrar un claro compromiso con negociaciones de buena fe si desea recuperar su posición internacional. Sus recientes acciones solo sirven para consolidar la opinión generalizada del lado de la oposición de que el diálogo no tiene sentido.

El desmantelamiento de la democracia venezolana, que ahora está casi completo, no se dio en un momento, sino que fue un proceso largo y prolongado. La restauración de las instituciones y el Estado de derecho, igualmente, no ocurrirá de la noche a la mañana. Los gobiernos extranjeros no deberían incentivar la formación de un gobierno en el exilio, el cual alienaría a los líderes de la oposición de la realidad en Venezuela y dificultaría un acuerdo. Por último, las fuerzas de oposición dentro de Venezuela tendrán que determinar cómo resolver sus problemas de liderazgo. Pero es posible que la estrategia de la presidencia interina, ya puesta en duda, deba ser reevaluada, o al menos refinada. Al pretender dirigir un “gobierno” en lugar de un movimiento de resistencia, la oposición posiblemente ha descuidado la tarea vital de ganar respaldo interno a favor de la dependencia del respaldo internacional. Una vez que termine formalmente el mandato de Guaidó como legislador, el 5 de enero, el reconocimiento de su “gobierno” podría empezar a menguar.

Además de ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que otorgue mejores condiciones electorales, y dejar en claro que no reconocerán un parlamento fruto de elecciones fraudulentas, los actores internacionales como la UE deben centrarse en la perspectiva a mediano plazo. Eso implica un compromiso continuo, incluso en las circunstancias más adversas, sobre todo porque la emergencia humanitaria empeorará aún más, con una fuerte posibilidad de hambruna en algunas regiones, un aumento en los casos de COVID-19 que pondrá a prueba al precario sistema de salud, y la probabilidad de que los venezolanos continúen su éxodo masivo (aunque alrededor de 75 000 migrantes y refugiados han retornado recientemente como resultado de las severas medidas de aislamiento por la pandemia en América Latina). 
 

Una iniciativa que valdría la pena considerar es una misión de evaluación electoral de la ONU: no para observar las elecciones de diciembre, sino para evaluar cómo la División de Asistencia Electoral de la ONU podría contribuir en el futuro a mejorar el entorno electoral. Pero para avanzar en esta dirección, las dos partes primero deben reconocer que una batalla política de todo o nada no beneficia sus intereses, y ciertamente no beneficiará al pueblo venezolano.