Los acuerdos de paz de 1996 pusieron un fin oficial a la guerra civil de Guatemala, pero el hecho de no haber abordado las causas profundas del conflicto y no haber desmantelado los aparatos de seguridad clandestinos ha debilitado sus  instituciones y disparado una criminalidad violenta. Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo, con cerca de  6.500 asesinatos en 2009, más que el promedio de crímenes anuales durante la guerra civil y aproximadamente el doble de la actual tasa de homicidios de México. Debido a la presión cada vez mayor en su país, los narcotraficantes mexicanos se han desplazado a Guatemala para competir por el control de la cocaína andina en tránsito hacia los Estados Unidos. La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, ha hecho renacer la esperanza al haber logrado poner algo de freno a la corrupción de alto nivel. Sin embargo, en junio de 2010 su director español, Carlos Castresana, renunció, aduciendo que el gobierno no había cumplido su promesa de apoyar la labor de la CICIG y de reformar el sistema de justicia. El presidente Álvaro Colom necesita consolidar las ganancias recientes mediante la reforma institucional, medidas contra la corrupción, mecanismos de investigación y un enfoque político más inclusivo, que abarque a los pueblos indígenas.

Hace catorce años, el gobierno del presidente Álvaro Arzú y el grupo guerrillero Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron unos acuerdos de paz que prometieron realizar una reestructuración profunda de las fuerzas armadas y de un sistema que mantenía marginados a la mayor parte de los ciudadanos, entre ellos grandes sectores de la población indígena, y atendía los intereses de la pequeña élite económica y política. Sin embargo, esas promesas casi no se han cumplido. La recaudación fiscal sigue siendo la más baja en América Latina (aproximadamente el 10 por ciento del producto interno bruto, PIB), en flagrante violación de una disposición fundamental de los acuerdos de paz. Además del surgimiento de grupos clandestinos, muchos de ellos dirigidos por ex oficiales del ejército y políticos, el país ha presenciado la proliferación de organizaciones de narcotraficantes mexicanos y pandillas juveniles, o maras. Las organizaciones criminales trafican en todo tipo de campos, desde drogas ilícitas hasta la adopción de bebés, y las pandillas callejeras extorsionan y aterrorizan a barrios enteros, a menudo con la complicidad de las autoridades.

Guatemala se ha convertido en un paraíso para los delincuentes y los criminales, que poco temen ser procesados judicialmente debido a los altos niveles de impunidad. Una reestructuración de las fuerzas de seguridad efectuada poco después  de los acuerdos de paz creó una policía ineficiente y profundamente corrupta. Los asesinatos de alto perfil y la incapacidad del gobierno de reducir la tasa de homicidios han producido un temor paralizante, una sensación de impotencia y frustración. En los últimos años, el ámbito de la seguridad se ha deteriorado aún más y la población ha recurrido a la vigilancia parapolicial como una manera atroz y extra-institucional de combatir el crimen y la delincuencia.

El presidente Colom asumió su cargo en 2008 con la promesa, que también habían hecho sus predecesores, de por lo menos desacelerar la espiral de violencia y poner fin a la impunidad. Sin embargo, su gobierno se ha visto afectado por la inestabilidad, la corrupción y la falta de capacidad. Ha habido cinco ministros de Gobernación, dos de los cuales afrontan cargos por corrupción, en tanto que dos comandantes de la policía fueron arrestados por tener conexiones con el narcotráfico. El presidente mismo estuvo a punto de ser derrocado cuando un prestigioso abogado y empresario fue asesinado en circunstancias extrañas en 2009. Sin embargo, se han logrado algunos progresos con  asistencia internacional, en particular de la CICIG. No obstante, para obtener resultados duraderos, los guatemaltecos y sus pares internacionales deben actuar en las siguientes esferas:

• El gobierno de Guatemala debe asignar prioridad a la reforma de la policía y las fuerzas militares, así como de los sistemas correccional y de justicia; garantizar la investigación antecedentes de los funcionarios del Estado y del alto gobierno y la divulgación de la información financiera, con el fin de combatir la corrupción; promover la participación política y económica plena de los dirigentes y comunidades indígenas; y mejorar la capacidad profesional del órgano legislativo en el ámbito de la reforma de la justicia y la aplicación de la ley.
   
• Los gobiernos centroamericanos, junto con Panamá y México y la región andina, deben seguir fomentando la cooperación y las iniciativas para compartir información, a objeto de reforzar la lucha contra el crimen, las pandillas y el narcotráfico.
   
• El Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon debe nombrar a la mayor brevedad un nuevo director de la CICIG, y la comunidad internacional debe ampliar el mandato de la CICIG más allá de septiembre de 2011; ampliarlo para que enfrente específicamente el crimen y la corrupción; y aumentar el apoyo político y financiero. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debe prestar más apoyo a la reforma institucional y al fomento de la capacidad de las instituciones, para que más adelante Guatemala pueda asumir eficazmente las funciones de la CICIG.
   
• Los Estados Unidos, en el marco de la Iniciativa Mérida, deben aumentar la financiación y hacer más eficaz su apoyo a Centroamérica, y sobre todo a Guatemala.

Bogotá/Bruselas, 22 de junio de 2010