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¿Mienten las cifras oficiales? Desconfianza y control militar tras disputadas elecciones en Honduras
¿Mienten las cifras oficiales? Desconfianza y control militar tras disputadas elecciones en Honduras
Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras
Table of Contents
  1. Executive Summary
Police guard the Supreme Electoral Tribunal building in Tegucigalpa, Honduras, on 30 November 2017. REUTERS/Jorge Cabrera

¿Mienten las cifras oficiales? Desconfianza y control militar tras disputadas elecciones en Honduras

Honduras está sumida en el caos social y político desde las elecciones generales del 26 de noviembre. Tras grandes protestas y enfrentamientos armados que siguieron a los comicios, el Gobierno ha declarado el estado de excepción. En las preguntas y respuestas a continuación, la analista de Crisis Group para el Triángulo Norte de América Central Sofía Martínez explica qué ha desencadenado esta crisis y su potencial efecto sobre la violencia armada en el país.

¿Qué está ocurriendo en Honduras

Honduras ha entrado en una crisis política que se está tornando cada vez más violenta tras los disputados resultados de las elecciones generales del 26 de noviembre. En un clima de profunda desconfianza entre los dos candidatos – el presidente Juan Orlando Hernández, del conservador Partido Nacional, y Salvador Nasralla, candidato opositor de izquierda y afamado presentador de televisión – el recuento final concluyó una semana después de los comicios con la victoria del presidente Hernández. Sin embargo, a primera hora del lunes 27 de noviembre, cuando habían sido contados la mitad de los votos, los resultados iniciales mostraron una victoria inicial de la oposición con una ventaja del 5 por ciento. Tras tres días de escrutinio, interrumpido por un corte de cinco horas del sistema electrónico de cómputo electoral, el Tribunal Supremo Electoral anunció que el presidente Hernández se había puesto a la cabeza.

El repentino giro en la carrera presidencial ha generado incredulidad y furia entre los círculos opositores. El partido de Nasralla, Alianza de Oposición contra la dictadura, insiste en que el proceso electoral en su totalidad se ha visto comprometido y se ha negado a participar en calidad de observador en el recuento de los últimos votos. La oposición está exigiendo un recuento más amplio, y tiene hasta el miércoles para presentar denuncias formales de apelación.

El clamor de la oposición se ha desencadenado por todo el país desde que comenzó el conteo de votos, provocando el bloqueo de carreteras, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, marchas pacíficas de indignación como las grandes concentraciones del domingo pasado y un ‘cacerolazo’. Los incidentes de saqueo y ataques contra negocios durante las protestas sugieren que la crisis política se ha visto afectada por los niveles excepcionalmente altos de violencia criminal en Honduras. Su última tasa anual de homicidios de 59 por cada 100.000 habitantes lo convierte en uno de los países más letales del mundo.

(...) este proceso electoral plantea inquietudes más profundas sobre la creciente supremacía del Ejecutivo en detrimento de los demás poderes del Estado

El viernes 30 de noviembre el gobierno declaró el estado de excepción y un toque de queda en un esfuerzo por contener los disturbios, que según los medios locales se han cobrado al menos tres vidas. También se ha otorgado un permiso especial al ejército para detener a sospechosos de insurrección. 

¿Por qué le ha llevado tanto tiempo a las autoridades electorales procesar los resultados?

El presidente del Tribunal Supremo Electoral es miembro del Partido Nacional, el partido de gobierno, y un estrecho aliado del presidente Hernández, lo que ha llevado a la especulación pública en torno a la influencia de este último sobre el prolongado recuento. “¿Vamos a darles el poder? ¿A cambio de qué?”, exclamaba uno de los aliados de Hernández en un mensaje de audio de WhatsApp enviado a sus simpatizantes el día después de las elecciones. Las acusaciones de la oposición se basan en una serie de circunstancias que consideran pruebas de que hubo fraude: la institución electoral tardó nueve horas en dar los primeros resultados oficiales; el giro a favor del presidente Hernández comenzó el miércoles 29, después de un parón informático en el sistema de recuento electrónico; y la participación electoral fue un 20 por ciento menor en las regiones del norte del país comparado con varias regiones del sur, los bastiones electorales del presidente Hernández.

Si bien el Tribunal Supremo Electoral tendrá que aclarar las supuestas irregularidades durante el escrutinio, este proceso electoral plantea inquietudes más profundas sobre la creciente supremacía del Ejecutivo en detrimento de los demás poderes del Estado en Honduras. Descrito por diplomáticos en Tegucigalpa como un “zorro político”, el presidente Hernández ha basado su estrategia durante los últimos  cuatro años en acumular influencia en todas las instituciones públicas, incluyendo las electorales y judiciales. Su mayor logro en este sentido fue anular la prohibición constitucional sobre la reelección. Paradójicamente, el expresidente Manuel Zelaya fue destituido en 2009 tras intentar celebrar un referéndum sobre esta misma cuestión.

¿Qué ha desencadenado este nivel de indignación pública?

Las acusaciones de fraude han reavivado viejas hostilidades políticas que se remontan al golpe de Estado de junio de 2009, cuando el ejército detuvo al expresidente Zelaya en pijama y lo envió al exilio. Desde entonces, Honduras ha estado fracturado y “en compás de espera”, comenta un veterano periodista. Un lado de la brecha política está representada por el presidente Juan Orlando Hernández, cercano a los militares y las élites económicas hondureñas; el otro es el expresidente Zelaya, el cerebro de la alianza opositora, quien aspira a convertirse en asesor presidencial del novato político Nasralla. Hernández ha trabajado en una formidable campaña de imagen pública durante su mandato, promoviendo el crecimiento económico y la reducción de la tasa de homicidios. Por otro lado, los simpatizantes de la oposición se refieren a Honduras como la “dictadura de Juan Orlando”, y denuncian la militarización de la seguridad pública, la corrupción generalizada y abusos sistemáticos a los derechos humanos. 

Las acusaciones de fraude han reavivado viejas hostilidades políticas que se remontan al golpe de Estado de junio de 2009

Las causas judiciales que apuntan a la corrupción y el delito en las altas esferas han menoscabado la ya de por sí escasa confianza pública en el gobierno y las instituciones nacionales. En un testimonio de marzo de 2017, un narcotraficante extraditado en EE.UU. afirmó que había vínculos entre el presidente Hernández, el expresidente Porfirio Lobo – ambos del Partido Nacional – y grupos narcotraficantes. Ambos políticos han negado enérgicamente las acusaciones y aún no se han presentado cargos contra ninguno de los dos. Un escándalo de malversación de millones de dólares en el instituto hondureño de seguridad social estuvo vinculado a la campaña presidencial de 2013 del presidente Hernández, quien admitió haber recibido inadvertidamente dinero de empresas ligadas al fraude, aunque aseguró  que ni él ni su partido conocían la fuente del financiamiento. El escándalo desencadenó grandes protestas, que coincidieron con las manifestaciones contra la corrupción de 2015 en Guatemala

Más del 66 por ciento de los hondureños viven por debajo del umbral de la pobreza. La brecha entre la penuria económica de la mayoría de la población y los escándalos de enriquecimiento ilícito en los que supuestamente está implicada la clase política han intensificado la desafección pública. Según encuestas recientes de Latinobarómetro y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), tan solo el 34 por ciento de los hondureños apoyan la democracia y confían en las elecciones. En el caso del apoyo a la democracia, Latinobarómetro concluye que Honduras tiene la tasa más baja de todos los países latinoamericanos encuestados.

¿Podría el riesgo de inestabilidad política afectar a la violencia criminal en Honduras?

El pico de violencia que siguió al golpe de 2009, tras el cual Honduras se convirtió en la principal zona de aterrizaje de vuelos de narcotráfico provenientes de Sudamérica y experimentó un rápido crecimiento de las pandillas MS-13 y Barrio 18, es un mal augurio. El panorama criminal de Honduras ha estado experimentando recientes cambios. Nuevas fuerzas del narcotráfico estarían tomando el relevo de los grupos más prominentes – el Cártel del Atlántico y Los Cachiros – después de que estos se acabaran debilitados por la extradición de varios de sus líderes. La presencia, reclutamiento y violencia de las pandillas en áreas urbanas son también cuestiones muy preocupantes: “vamos camino de terminar como en El Salvador”, dice un académico hondureño. Estas amenazas dejaron un saldo de muerte y terror que, entre otras consecuencias, convirtieron a la segunda ciudad del país, San Pedro Sula, en la “capital mundial del homicidio”, con una tasa de 169 homicidios por cada 100,000 personas en 2012. Según datos del ACNUR, hubo 174.000 víctimas del desplazamiento forzado entre 2004 y 2014, y 8.100 solicitantes de asilo tan solo en 2016.

Independientemente de quién gane, ¿cuáles son los desafíos más urgentes para el gobierno hondureño entrante?

Si el presidente Hernández es reelegido, lo cual por el momento parece lo más probable, a sus opositores les resultaría difícil perdonarle la victoria en unos comicios que consideran irrevocablemente amañados. Ante protestas callejeras y amenazas contra su legitimidad, el Presidente bien podría reforzar el enfoque coercitivo hacia los asuntos de seguridad en un intento de pasar página, lo cual no sería nuevo vista la creación de una fuerza híbrida policial-militar, el endurecimiento de las sentencias judiciales, y la promoción de programas de educación con orientación militar previamente promovidos por su partido. Si el candidato opositor Nasralla finalmente alcanzara el triunfo, su gobierno tendría que enfrentar diferentes retos. La brecha política entre él – un candidato que se autoproclama de centro-derecha – y el expresidente Zelaya, una figura de izquierda, anti-estadounidense y estrecho aliado del gobierno venezolano, probablemente afectaría la gobernabilidad. Según un académico en Tegucigalpa, “lo único que esta alianza opositora tiene en común es el eslogan ‘fuera JOH’”, (las siglas del presidente Hernández).

La brecha entre la penuria económica de la mayoría de los hondureños y los escándalos de enriquecimiento ilícito en los que supuestamente está implicada la clase política han intensificado la desafección pública.

Sea cual sea el resultado, esta crisis ha planteado tres cuestiones clave a las que el nuevo gobierno deberá hacer frente.  Por un lado, será necesaria una reforma política urgente para evitar que una crisis como esta se repita, incluyendo la legalización de la reelección presidencial y mayores garantías de independencia en las autoridades electorales. El agravamiento de la desconfianza pública en las instituciones del país exigirá esfuerzos anticorrupción más robustos, con el apoyo de una fortalecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la misión de asesoramiento al Ministerio Público de Honduras dirigida por la Organización de Estados Americanos (OEA). En cuanto a la seguridad, la reforma policial debería buscar construir un sistema de aplicación de la ley que reduzca la impunidad, trabaje para prevenir y no solo combatir la violencia delictiva, y que conduzca a una futura desmilitarización de la seguridad pública.

¿Cómo puede la comunidad internacional mitigar los efectos de la actual crisis?

EE.UU. ya brinda un gran apoyo político y en materia de seguridad a Honduras, y el presidente Hernández ha priorizado las buenas relaciones bilaterales durante su mandato. “[Honduras] es la niña mimada de EE.UU. en Centroamérica”, afirma un diplomático basado en Tegucigalpa. Esta buena relación se exhibió en la reciente postergación el 6 de noviembre de la terminación del Estatus de Protección Temporal para 57.000 hondureños residentes en EE.UU., el mismo día en que el Departamento de Seguridad Nacional anunció que el estatus no sería renovado para los nicaragüenses. Como estrecho aliado del presidente Hernández y un importante donante, EE.UU. estaría inclinado a pasar por alto las denuncias de irregularidades en el proceso electoral, pero no querría que una creciente crisis política perturbara la economía y las condiciones de seguridad en Honduras, menos con el riesgo que implicaría en un aumento del flujo de migrantes hacia EE.UU.

Los observadores electorales de la Unión Europea y la OEA deberían extender su presencia en el país tanto como sea posible, en primer lugar para asegurarse de que el restante 5 por ciento de los votos sean procesados de manera que satisfaga a las autoridades electorales, la oposición y el público en general; y en segundo lugar para brindar garantías de que las mismas fallas en la gestión electoral no afecten a unos nuevos comicios, si esto se considera la mejor solución a la crisis. Ambas misiones son los únicos mediadores creíbles que quedan en el país, dada la cuestionable independencia del Tribunal Supremo Electoral. La época de fiestas bien podría traer una frágil tregua a Honduras, pero para enero de 2018 el país habrá dejado de ser objeto de atención internacional, y estará en riesgo de continuas y violentas disputas políticas.

Corredor de violencia: la frontera entre Guatemala y Honduras

Ending bloodshed in this neglected border region requires more than task forces: credible institutions, access to state services and continuing security are also needed.

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Executive Summary

One of the most dangerous areas in Central America is located along the border of Guatemala with Honduras. The murder rate is among the highest in the world. The absence of effective law enforcement has allowed wealthy traffickers to become de facto authorities in some areas, dispensing jobs and humanitarian assistance but also intimidating and corrupting local officials. Increasing competition over routes and the arrest or killing of top traffickers has splintered some criminal groups, empowering new, often more violent figures. President Otto Pérez Molina has promised to bolster Guatemala’s borders with joint police/military task forces, but the government must also take immediate, comprehensive efforts to bring rule of law and economic opportunity to its long neglected periphery.

Over the past decade, drug routes through Central America have become more viciously competitive. The Mexican government’s offensive against the cartels forced traffickers to land drugs first in Central America. The entry point of choice is often Honduras, where the 2009 coup weakened already fragile institutions of law enforcement and justice. Its long Atlantic coastline and remote interior plains, with little population or infrastructure, offer the ideal environment for drug boats and small planes to operate undetected.

From Honduras, the drugs pass into Guatemala, where family trafficking networks working with Mexican cartels transport them overland toward U.S. markets. These networks have traditionally operated under the radar, corrupting government officials and co-opting popular support, but they have come under stress as a result of the struggle for routes and pressure from the government. An emboldened public prosecutors’ office, under the leadership of former Attorney General Claudia Paz y Paz and with the help of the UN-sponsored International Commission Against Impunity in Guatemala (CICIG), arrested both Mexican operatives – especially members of the hyper-violent Zetas cartel – and top Guatemalan traffickers wanted on charges in the U.S. The capture of these local drug lords has shaken once powerful organisations, allowing a new generation of sometimes more violent criminals to emerge.

The arrest of suspected drug lords can be a mixed blessing for the residents of some border communities. One of the hardest hit networks is that of the Lorenzana family in the department of Zacapa. The family patriarch, Waldemar Lorenzana, was arrested in 2011 and extradited to the U.S. in March 2014. Authorities also arrested two of his sons on U.S. charges, while a third is a fugitive with a $200,000 reward on his head. The Lorenzanas deny that cocaine smuggling is the source of their wealth, citing their legitimate businesses such as fruit-exporting. Some Zacapa residents complain that the arrests of Waldemar and his sons have cost jobs and sparked a struggle among splinter groups for dominance.

These less well-known but still powerful groups continue not only to move drugs but also to create other illegal enterprises, such as loan sharking and local retail drug sales, thus fuelling further violence. Their wealth and firepower make them de facto authorities, admired by some and feared by many. Residents of Zacapa and Chi­qui­mula departments often assume police and local politicians have been paid off or intimidated by powerful criminals. A climate of distrust taints politics and inhibits journalists and other civic actors from holding local leaders accountable.

The Pérez Molina government has created inter-institutional task forces for border areas that include military troops, civilian police, prosecutors and customs officials. This is a first step toward bringing security to the border, provided the units are under civilian control and respect human rights. Bringing security to these regions, however, also requires building credible, democratic institutions. Local police should be vetted and held accountable, while given the resources and training to arrest powerful criminals. Local politicians should be required to report campaign contributions and also given public resources so their constituents can rely on government – not criminal bosses – for vital services and humanitarian assistance.

An urgent shift in national policy is required: the government should send not just troops and police to border regions, but also educators, community organisers, social workers, doctors and public health officials. Guatemala and Honduras should learn from regional experiences, such as the border development programs in the process of being implemented in Colombia, Ecuador and Peru. Honduras, where overall levels of violence are higher and institutional capacity weaker, is in particularly dire need of assistance. Donors – especially the U.S. – should put their money, training and technical aid behind public security and violence prevention on the border rather than focusing primarily on controls and interdiction.