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Guatemala tropieza en la lucha contra la corrupción en Centroamérica
Guatemala tropieza en la lucha contra la corrupción en Centroamérica
Guatemala: Nueva sangre, viejos vicios
Guatemala: Nueva sangre, viejos vicios
Guatemalans march demanding the resignation of President Jimmy Morales and in support of the head of the CICIG, Colombian Ivan Velasquez, who is investigating corruption in the country, in front of the Culture Palace in Guatemala City, on 26 August 2017 Johan Ordonez/AFP

Guatemala tropieza en la lucha contra la corrupción en Centroamérica

La lucha contra la corrupción en Guatemala corre peligro tras el intento del presidente Morales de expulsar al jefe de una sumamente efectiva organización anticorrupción respaldada por la ONU. En las preguntas y respuestas a continuación, el analista en Guatemala de Crisis Group Arturo Matute afirma que una élite corrupta está librando una batalla para mantener su posición privilegiada.

¿Qué está sucediendo en Guatemala?

Un extraordinario y esperanzador interludio de dos años en uno de los países más corruptos de Centroamérica podría estar llegando a su fin.

El principal revés tuvo lugar el viernes 25 de agosto de 2017, durante una reunión que había solicitado el presidente Jimmy Morales con el secretario general de la ONU António Guterres en Nueva York. Morales señaló su intención de expulsar a Iván Velásquez, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU. Morales protestó que Velásquez había interferido en la política de Guatemala al hacer un llamado a favor de reformas constitucionales y explotar la cobertura mediática de procesos judiciales. A su regreso a Guatemala, declaró a Velásquez persona non grata y ordenó su expulsión inmediata del país.

Esto supone un duro golpe para los avances logrados en la erradicación de la corrupción del sistema político de Guatemala entre 2015 y 2017, gracias a una combinación de protestas populares, un nuevo presidente, un valiente juez externo y una corriente de apoyo al cambio entre la creciente clase media educada.

Los guatemaltecos aún no están dispuestos a volver a las viejas costumbres. Dos días después, el 27 de agosto, la Corte de Constitucionalidad – el máximo tribunal de Guatemala sobre asuntos constitucionales – suspendió temporalmente la orden del presidente Morales. Algunos miembros del gobierno dimitieron en protesta contra la medida de Morales, notablemente el ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud y la mayoría de sus viceministros. Las plazas de la Ciudad de Guatemala se llenaron de manifestantes en apoyo a Velásquez, mientras que otros grupos de manifestantes expresaron su apoyo por la medida de Morales contra el comisionado de la CICIG. El 29 de agosto, la Corte de Constitucionalidad revocó la orden de expulsión.

No está claro que va a pasar a continuación. El lunes 28 de agosto, el presidente de Guatemala anunció en las redes sociales que respetará las resoluciones de los organismos judiciales. Si bien el hecho de que haya adoptado esta postura es positivo, no significa que vaya a poner fin a sus esfuerzos por asegurarse de que Velázquez se vaya del país y por frenar la influencia de la CICIG.

¿Por qué ha actuado el presidente Morales en contra de la CICIG?

La CICIG – que fue propuesta por la sociedad civil guatemalteca, entró en funcionamiento en el 2007, y actúa a través de la fiscalía general – se ha mantenido firme en su lucha contra la corrupción en Guatemala. Uno de los ejes centrales del éxito reciente de la CICIG ha sido Velásquez, un valiente ex juez con amplia experiencia en los esfuerzos contra la corrupción política en su Colombia natal. Velásquez ha cambiado el enfoque de la CICIG de una misión más general de lucha contra la impunidad hacia un mandato más específico centrado en la lucha contra las tramas de enriquecimiento ilícito. Ha liderado investigaciones sobre financiamiento político y corrupción, como resultado de las cuales casi doscientos acusados enfrentan investigaciones y juicios tan solo este año. La mayoría de ellos se encuentra actualmente en prisión preventiva, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti.

Los actores tradicionales corruptos que en el pasado se han beneficiado del sistema político amañado de Guatemala han llevado adelante una campaña implacable contra la CICIG. Morales llegó al poder tras la ola de indignación que experimentó el país ante las revelaciones sobre el alcance y profundidad de un escándalo de corrupción de alto nivel en 2015 que obligó al anterior presidente, Pérez Molina, a renunciar. Desde entonces, se ha visto intensamente presionado por elementos de la élite política y empresarial de Guatemala para que revise su actitud, inicialmente de apoyo, hacia la agenda de reforma de la CICIG, y se oponga a la campaña anticorrupción.

Morales logró alcanzar un cierto equilibrio, pero varios acontecimientos recientes alteraron su cálculo político. El 25 de agosto, el mismo día que Morales voló a Nueva York, la CICIG y el Ministerio Público (la fiscalía general de Guatemala) presentaron formalmente una solicitud ante la Corte Suprema para retirar la inmunidad presidencial de Morales, un paso necesario previo a una decisión final por parte del Congreso (su inmunidad fue levantada el 4 de septiembre por la Corte). Afirmaron que existen motivos suficientes para investigar a Morales por el financiamiento ilícito de su campaña presidencial de 2015, en concreto $900.000 dólares en contribuciones no declaradas. Era la primera vez en la presidencia de Morales que la CICIG ponía la mira en el presidente, lo que dejó en claro a Morales que su supervivencia política podría estar amenazada. Antes que atenerse a su anterior postura equilibrada, el presidente siguió el consejo de elementos de las élites empresariales y políticas y se dispuso a defender su propio mandato en peligro buscando la expulsión de Velásquez.

¿Por qué es importante la expulsión del jefe de la CICIG?

El futuro de la comisión de lucha contra la corrupción está estrechamente ligado al desarrollo del país como un Estado democrático. Desde el escándalo de corrupción de 2015, la CICIG ha sacado provecho de las repercusiones políticas del colapso del anterior gobierno. Ha buscado lograr cambios duraderos apoyando propuestas para reformar la constitución y reforzar la independencia del sistema judicial.

Pero Guatemala se ha visto atrapada en una continua crisis política entre dos bandos. Por un lado, hay actores sociales, políticos y empresariales que apoyan los esfuerzos de la CICIG por fortalecer las instituciones de justicia de Guatemala. Por otro lado, hay un grupo de actores tradicionales, conservadores, que buscan mantener su posición privilegiada. Controlan los puertos y las oficinas de aduanas, mantienen vínculos con el crimen organizado y están involucrados en actividades ilícitas como el tráfico de personas y de drogas. Han ejercido considerable poder e influencia sobre varias instituciones del gobierno durante muchos años.

El trabajo de la CICIG también ha generado discordia en el principal grupo de la élite empresarial, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF). Dentro de la organización, que tradicionalmente ha presentado un frente público unido y ha sido un actor poderoso en Guatemala, los industriales y comerciantes más jóvenes que apoyan la agenda anticorrupción de la CICIG están enfrentados a otros que buscan reducir el riesgo de que ellos mismos sean enjuiciados. La reciente medida del presidente Morales para debilitar la agenda anticorrupción hará que sea más difícil para la organización empresarial mantener su postura unificada.

El apoyo de la CICIG al sistema judicial mediante asesoramiento técnico y colaboración directa destinada a exponer grandes tramas de corrupción ha catalizado modificaciones previamente impensables en el ordenamiento jurídico de Guatemala. La expulsión de su jefe habría representado un importante retroceso en la lucha contra la corrupción, validando las afirmaciones de que la CICIG ha excedido su mandato, cuando en realidad lo está cumpliendo firmemente. Podría incluso haber servido como un peldaño hacia una “restauración conservadora” – un retorno a las antiguas costumbres más corruptas – en el sistema político del país, dañando la imagen favorable del país en América Latina como un caso relativamente exitoso. Tal resultado habría asegurado a otros líderes regionales que podrían continuar actuando con impunidad y combatir cualquier esfuerzo por establecer una entidad similar a la CICIG en su país. Finalmente, habría significado que incluso la herramienta más innovadora de cooperación internacional para fortalecer el Estado de derecho, la CICIG, no tiene suficiente fuerza para quebrar un sistema corrupto profundamente arraigado.

¿Cuáles son los próximos pasos y potenciales riesgos?

La decisión provisional de la Corte de Constitucionalidad de impedir la expulsión de Velásquez ya es definitiva. La sentencia final de la corte consideró que la orden violaba la constitución porque solo había sido firmada por el presidente, y no por todos sus ministros. Si bien algunos observadores especulan que se trata meramente de una medida temporal para guardar las apariencias aprobada por la ONU y Morales a fin de evitar un conflicto directo, y que Velásquez a la larga aún será destituido, por ahora el presidente ha tenido que dar marcha atrás.

Estas son buenas noticias. Si bien existe el riesgo de que Morales pueda intentar asumir más poder a la luz de esta crisis, la posibilidad que se inicien acciones legales en su contra y la considerable oposición pública a sus acciones recientes podría reducir este peligro. Tampoco parece probable que Guatemala vaya a experimentar una reactivación de la violencia patrocinada por el Estado que asoló al país en el pasado. Tanto el ministro de Defensa, el general Williams Mancilla y el portavoz del gobierno Heinz Heimann han descartado la imposición de un estado de sitio o medidas punitivas contra quienes se manifestaron en contra de la decisión del presidente Morales de expulsar a Velásquez. El hecho de que el ministro de Gobernación Francisco Rivas, un exabogado de confianza, haya mantenido su cargo, sugiere que se pueden evitar los métodos de mano dura. El ejército también se ha visto debilitado en los últimos años y ya no es un actor político decisivo.

Ahora bien, las protestas podrían intensificarse. Por ahora, la participación generalizada sigue sin alcanzar el nivel de movilización sin precedentes observado durante el escándalo de corrupción de 2015. Sin embargo, si llega a haber un futuro intento de destituir a Velásquez o poner freno a la CICIG, esto podría desencadenar un malestar más amplio. Aún más importante tal vez, sea el hecho de que aún está por verse qué hará ahora Morales para resistirse a los pedidos de la CICIG de que se le retire la inmunidad frente al enjuiciamiento por financiamiento ilícito de campañas.

¿Qué puede hacer la comunidad internacional?

EE.UU. tiene importantes intereses en Guatemala, a los que altos funcionarios estadounidenses a menudo se refieren como una preocupación en materia de seguridad nacional. La Unión Europea (UE) también tiene un interés en Guatemala. Ha brindado tanto apoyo financiero a la CICIG como EE.UU. Tanto la UE como EE.UU. han manifestado claramente su oposición a la acción de Morales, la UE mediante comunicados en contra de la decisión de Morales, EE.UU. a través de su embajadora ante la ONU, Nikki Haley, así como de varios miembros del Congreso. Ambos, junto con otros países, deberían seguir apoyando la posición de Velásquez, pero sin adoptar un enfoque demasiado robusto que sería visto como una injerencia. Ante semejante presión, es posible que Morales ya se haya dado cuenta de que ha cometido un error político, y tendrá que diseñar estrategias menos provocadoras para evitar la amenaza de enjuiciamiento y el final prematuro de su presidencia. También querrá evitar alienar excesivamente a EE.UU. dado el riesgo de represalias por parte de Washington, en particular la interrupción de su ayuda financiera a la zona del Triángulo Norte.

Para la comunidad internacional, la CICIG es un estudio de caso singular en materia de apoyo internacional al sector judicial en una democracia débil. Queda por ver si la CICIG tendrá la fuerza necesaria para hacer frente al poder de un sistema corrupto nacional bajo amenaza. Pase lo que pase, las medidas para depurar el sistema de Guatemala deberían partir de las instituciones guatemaltecas, no de la evidente imposición directa de poderes foráneos, y la comunidad internacional debería demostrar su confianza en ellas y en los ciudadanos del país. A lo largo de la última década, la CICIG ha demostrado su capacidad de actuar de forma eficaz, a pesar de que ahora se vea amenazada por quienes se exponen a perder dinero e influencia, o quienes buscan justificar la defensa de sus intereses denunciando la intervención extranjera en un Estado soberano. Eso en sí mismo es un indicador del éxito de la CICIG, que puede y debe reproducirse en otros países latinoamericanos.

Protesters shouts slogans and hold a sign which reads as "No more corrupt", during a demonstration against a political corruption scandal in downtown Guatemala City, on 25 April 2015. REUTERS/Jorge Dan Lopez

Guatemala: Nueva sangre, viejos vicios

A year after the election of would-be reformer Jimmy Morales as president, corruption investigations are casting a shadow over his inner circle. Recent appointments bring youth and oxygen to his faltering administration, but much still stands in the way of political renewal.

El presidente aspirante a reformista de Guatemala, Jimmy Morales, ganó las elecciones del año pasado por una mayoría aplastante gracias a un eslogan simple pero eficaz: “ni corrupto ni ladrón”. En uno de los países más violentos, desiguales y empobrecidos de Latinoamérica, su elección fue parte de un “tsunami” anticorrupción que comenzó en abril de 2015, liderado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP). La trama que surgió en abril de 2015 en torno a las autoridades aduaneras le costó la cabeza a altos funcionarios, desencadenó protestas masivas por todo el país, y finalmente derribó la administración plagada de corrupción del expresidente Otto Pérez Molina, quien fue encarcelado inmediatamente después de su dimisión.

La ex vicepresidente de Pérez Molina, la mayoría de su gabinete, decenas de políticos y numerosos empresarios destacados ahora esperan ser juzgados en conexión con el fraude aduanero y un aluvión de casos relacionados. En consecuencia, Guatemala se encuentra en una encrucijada. O bien sigue adelante con sus medidas anticorrupción sin precedentes, o vuelve a caer en un pasado asolado por la corrupción, en el que las redes ilícitas buscaban malversar, sobornar y extorsionar fondos públicos para beneficio propio, sin consecuencias adversas.

El año pasado demostró cómo las instituciones del sistema de justicia están ahora dispuestas a usar la persecución judicial para desenmarañar al Estado y los partidos políticos de los grupos criminales. La capacidad de Guatemala de llevar ante la justicia a funcionarios que anteriormente habían gozado de total impunidad representó una inesperada revolución en la vida nacional. El país aún se encuentra bajo los efectos de este cambio, y el resultado del proceso no está nada claro. “La justicia no cambia a los Estados por sí sola, solo contribuye a identificar los males que lo aquejan” advierte el comisionado de la CICIG, y piedra angular de la campaña judicial, el juez investigador colombiano Iván Velásquez.

El presidente Jimmy Morales, un outsider que saltó a la fama como comediante televisivo, rompió con una tradición relativamente larga en la política guatemalteca al ganar la segunda ronda de las elecciones de 2015 con el 67,4 por ciento del voto, a pesar de no haber logrado el segundo puesto en la anterior contienda presidencial, ni haber derrochado la mayor cantidad de dinero en la campaña. Manuel Baldizón, el candidato que sí lo hizo, huyó del país tras un mal desempeño en la primera ronda, supuestamente para escapar de la furia de muchos de sus donantes.

Sin embargo, Morales ahora está teniendo dificultades para diferenciar a su gobierno de los de sus antecesores. Una nueva investigación conjunta de la CICIG y el MP sobre corrupción en el Registro General de la Propiedad (RGP) ha implicado a Samuel “Sammy” Morales, hermano mayor y asesor cercano del presidente, y a José Manuel Morales, su hijo. Los dos hombres supuestamente presentaron una factura de US$12.000 al RGP en 2013 por un evento que no se llevó a cabo. Ambos están arraigados en el país mientras dure la investigación.

El caso ilustra la lentitud del cambio en Guatemala. Si bien se han trastocado las modalidades y redes de la corrupción, las condiciones estructurales de pobreza y desigualdad, así como las tasas de delitos violentos, siguen estando muy por encima de la media global o latinoamericana. Las recientes amenazas de muerte contra la fiscal general Thelma Aldana y el juez a cargo de los principales casos de corrupción son el lado más siniestro de esta violenta reacción antirreformista: Aldana se vio obligada a salir del país durante un mes, pero se ha informado que las amenazas han continuado desde su regreso.

El Congreso de Guatemala modificó la ley electoral en abril de 2016 introduciendo mecanismos más estrictos de control del financiamiento de los partidos políticos. Además aprobó leyes para fortalecer la autonomía del Ministerio Público y crear un instituto para víctimas del delito. Pero los detractores señalan que estas iniciativas se han adoptado precipitadamente para aplacar las demandas populares de reforma y están plagadas de inconsistencias. Afirman que se necesitan reglas más estrictas para garantizar la democracia interna en los partidos a fin de evitar que sean controlados por caudillos, o para permitir que nuevos movimientos como Grupo Semilla, Justicia Ya, o Somos logren afianzarse en el sistema de partidos.

Si bien muchos de estos recientes logros son impresionantes, se ha ido exacerbando la frustración entre muchos de los grupos de la sociedad civil que impulsaron la movilización contra la corrupción el año pasado. La mayoría de los diputados elegidos en 2015 se ajustan a la forma tradicional de hacer política en Guatemala, descrita en un informe publicado por la CICIG como un sistema en el que “al dinero proveniente de la corrupción [para financiar a los partidos políticos] debe agregarse el que aportan grupos criminales propiamente dichos que, por esta vía, logran adquirir una peligrosa influencia y, en ciertas localidades, control sobre las autoridades”. Los recientes esfuerzos del presidente por asegurar el control de la junta directiva del Congreso han sido duramente criticados por depender de diputados de dudoso pasado.

Evidentemente, el presidente Morales no se ha convertido en el adalid contra la corrupción que muchos votantes deseaban. A su postura contra el viejo aparato político aún le falta un plan claro para limpiar la vida política y ampliar la mísera provisión de servicios básicos del Estado. Su esfuerzo para mejorar las finanzas del Estado aumentando los impuestos más bajos de Latinoamérica fue mal planificado y rechazado por casi todos los sectores de la sociedad. La sombra de la llamada “juntita” militar – una camarilla de ex oficiales del ejército que llegaron al poder con él – pesa sobre su gobierno y menoscaba su credibilidad como outsider político. Su llamado a estados extranjeros a no intervenir en los asuntos judiciales de Guatemala, supuestamente siguiendo el consejo de miembros de la juntita opuestos al apoyo internacional a casos de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado, también ha sido cuestionado por organismos internacionales. No ayudó a su imagen pública que se quedara dormido durante la presentación del presupuesto para 2017.

Sin embargo, no es probable que haya una reacción violenta contra las reformas. Los poderosos actores tradicionales que dominaron la democracia en Guatemala tras el conflicto y que podrían buscar un retorno al viejo orden han perdido la iniciativa y no cuentan con una agenda. El ejército ya no es una fuerza política predominante, y sería muy reacio a sumarse a una iniciativa contra las reformas que se enfrentaría a la oposición ferviente de los ciudadanos y el oprobio internacional. La oposición del sector privado también se ha debilitado. El presidente de la principal asociación empresarial y antiguo bastión de poder político, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), prometió recientemente que el sector privado continuaría apoyando la campaña anticorrupción, incluso si esta daña a sus miembros. Otro nuevo electorado que apoya vehementemente la reforma es una clase media comprometida y crítica que está haciendo uso de nuevas vías de comunicación en la televisión por cable, los periódicos digitales y la radio.

Guatemala necesita más que nuevos rostros en la política para reparar los males del viejo aparato político

Al mismo tiempo, algunos de los nombramientos de alto nivel de Morales han inyectado oxígeno a su debilitada administración. Uno de ellos es Francisco Rivas, un abogado que fue ascendiendo dentro del Ministerio Público al frente de investigaciones que llevaron al arresto de importantes narcotraficantes – lo que hizo que se ganara la confianza de la fiscal general, la CICIG y las agencias de seguridad estadounidenses. Rivas ahora brinda respaldo operativo a sus investigaciones, lo que no siempre estuvo disponible en anteriores gobiernos. 

Otra nueva cara es la actual ministra de Salud Lucrecia Hernández, hija de Myrna Mack, una antropóloga asesinada por militares en 1990 debido a su trabajo con comunidades desplazadas por el conflicto. Hernández y su tía, Helen Mack, llevan décadas luchando por que se haga justicia en el caso, y crearon la Fundación Myrna Mack, una de las principales organizaciones de derechos humanos de Guatemala. Hernández está librando una compleja batalla contra la corrupción arraigada en el ministerio de Salud, y se enfrenta a una grave crisis de suministros médicos en los hospitales.

Juan Francisco Solórzano Foppa, a quien la juntita militar habría impedido sumarse a Rivas en el Ministerio de Gobernación, ha pasado a ser otro de los miembros del joven equipo de Morales tras su nombramiento como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Trabajó durante trece años en el Ministerio Público, donde llevó a cabo investigaciones contra tres pandillas callejeras y supervisó escuchas telefónicas que contribuyeron al desplome del gobierno de Pérez. “Foppa” adquirió fama por su valor, y en su nuevo rol ha enfrentado a grandes empresas hasta entonces consideradas intocables, como la empresa siderúrgica “Aceros de Guatemala”, la empresa de refrescos “Big Cola” y la cadena de farmacias “Farmacias Galeno”, la cual en sus primeros meses en el puesto retornó más de US$110 millones en impuestos impagados.

Pero Guatemala necesita más que nuevos rostros en la política para reparar los males del viejo aparato político. El apoyo internacional es fundamental para este esfuerzo, y a no ser que la campaña contra la migración indocumentada del electo presidente republicano afecte a otras áreas de las políticas en Centroamérica cuando asuma el poder en 2017, parece que el apoyo de EE.UU. se mantendrá firme.  

Prioridades de los EE.UU. en el Triángulo Norte

En este vídeo, el consejero del Departamento de Estado Thomas A. Shannon explica las prioridades del Gobierno estadounidense en la región del Triángulo Norte de América Central, formado por Honduras, Guatemala y El Salvador. YouTube/Casa de América

EE.UU. sigue siendo el hegemón geopolítico de la región, y considera el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) una de sus prioridades de seguridad nacional, en gran parte debido al flujo de migrantes y refugiados que huyen de la pobreza y la violencia de la región. Guatemala es ejemplar en el sentido de que su cruzada contra la corrupción goza del apoyo bipartidista de EE.UU., y es beneficiaria del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que aumentará significativamente la financiación de la cooperación.

Extraordinariamente, las acciones de EE.UU. en Guatemala son bienvenidas incluso por individuos dañados personalmente por sus anteriores intervenciones durante la Guerra Fría. La “santísima trinidad” de la Embajada de EE.UU., el Ministerio Público y la CICIG, como la han denominado algunos comentaristas, ha sido fundamental en los casos de corrupción de alto nivel y los planes de reforma en el ámbito de la justicia, la política y la constitución en general. Los aliados del gobierno de EE.UU. en Guatemala también están cambiando, como se refleja en la ausencia de algunos de sus habituales socios políticos durante las celebraciones del día de la independencia en julio de 2016: la mayoría de los presentes eran activistas y académicos menos conocidos.

El fortalecimiento del sistema judicial, nuevas iniciativas de procesos de reforma política, y el apoyo de una ciudadanía activa y la comunidad internacional brindan al presidente Morales oportunidades excepcionales para hacer de su eslogan de campaña la nueva identidad del Estado de Guatemala. Correctamente implementadas, las reformas a la ley electoral y las consiguientes enmiendas constitucionales podrían ayudar mucho a limpiar la política, pero la construcción de un nuevo sistema de partidos políticos es un desafío que debe encararse frontalmente. Se deben simplificar las reglas para que los nuevos grupos, compuestos principalmente de jóvenes, puedan participar. Estos nuevos actores políticos con suerte deberían lograr superar las divisiones del pasado y las injusticias de la sociedad guatemalteca. Hay un largo camino por recorrer, pero al menos el viaje ha comenzado.