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Hacia un Haiti post-MINUSTAH: hacia una transición efectiva

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Resumen ejecutivo

La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) ha cumplido su octavo año. El debate respecto a su retirada se ha intensificado bajo el gobierno del Presidente Michel Martelly, quien lleva un año en el cargo. La oposición a la presencia de la misión esta enmarcada en el orgullo nacionalista del país, el enfado por la epidemia de cólera vinculada a la fuerza de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y la publicidad que rodea los inaceptables abusos cometidos por un pequeño número de soldados pertenecientes a la misión. Sin embargo, incluso los críticos de ésta admiten que la Policía, aún limitada, no puede garantizar la seguridad para proteger a los ciudadanos, la aplicación de la ley ni afianzar la estabilidad política. El verdadero debate no es sobre si MINUSTAH deber irse sino sobre cuándo, y sobre qué cambiar en Haití y en el mandato, estructura y comportamiento de la misión para asegurar que el retiro progresivo de ésta este ligado con instituciones más fuertes y con el progreso hacia la estabilidad duradera y el desarrollo.

El 8 de marzo de 2012 el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio la bienvenida al progreso en Haití y confirmó el inicio de la disminución del componente militar de MINUSTAH con el objetivo de retornar a los niveles previos al devastador terremoto que golpeó la isla en enero del 2010. Antes de la renovación del mandato de la misión de mantenimiento de la paz que tendrá lugar en octubre, y con discusiones preliminares planeadas para agosto, la ONU, las naciones latinoamericanas que proveen el grueso de las tropas, los contribuyentes internacionales, los donantes y la nación haitiana deben llegar a un consenso. Dicho consenso debe ser construido en base a un análisis objetivo del desempeño de MINUSTAH en el pasado y las prioridades para su restructuración, así como en base a la continua inestabilidad política de Haití, su débil institucionalidad y la pobreza extrema.

Haití permanece atrapada en una profunda crisis política, social y económica. A pesar de la presencia de 12,000 militares y policías de la ONU y de la reanudación de una ayuda significativa tras el terremoto, el progreso en la reconstrucción, el desarrollo y la aplicación de la ley es decepcionante. Haití necesita, al menos, el doble de su número actual de policías, quienes deben contar con una capacitación y examen adecuados, ser desplegados y estar en capacidades para proteger a sus ciudadanos y a las fronteras de las amenazas del crimen tanto interno como transnacional. Un segundo plan de desarrollo de la Policía a cinco años debe ser adoptado e implementado para hacer un seguimiento a dicho crecimiento y la policía debe hacer parte de un amplio y profesional sistema de justicia firmemente fundado en la aplicación de la ley. El gobierno de Martelly debería poner en pausa el restablecimiento del Ejército hasta que estas metas sean cumplidas.

Tanto el gobierno haitiano como el Consejo de Seguridad de la ONU están buscando la forma de poner fin a MINUSTAH, pero sería insensato apresurar dicho proceso dados los serios vacíos en el proceso de consolidación de la seguridad y la justicia. A pesar de las voces que defienden un retiro más rápido de MINUSTAH, es poco probable que un retiro pueda o deba ser completado antes de un tercer traspaso pacífico del poder democrático, el cual tendrá lugar dentro de cinco años, al final de la presidencia de Martelly. Dicho traspaso debe corresponder con la culminación del segundo plan de desarrollo de la Policía a cinco años.

Un retiro apresurado de MINUSTAH no le conviene ni a Haití ni a los donantes, pero la misión si necesita ser repensada y renovada. En base a otras transiciones estatales asistidas por la ONU que enfrentaron o enfrentan retos equiparables, como por ejemplo, Sierra Leona y Liberia, la presencia de la ONU en Haití debería pensar una MINUSTAH reconfigurada, con una fuerza de tropas reducida pero capaz y una presencia policial robusta. Esa transformación se movería de una fuerza Capitulo VII dominada por lo militar, hacia una misión política patrocinada por el Consejo de Seguridad para finales del año 2016. Dicha misión podría coordinar todo el conjunto de agencias de la ONU bajo la figura del representante especial del Secretario General (RESG) en apoyo a una agenda integrada de construcción de paz establecida en conjunto con el gobierno haitiano.

MINUSTAH ha disminuido exitosamente la potencial amenaza de un derrocamiento del estado por parte de actores violentos organizados, que era su razón de ser fundamental. La misión ha mejorado la seguridad en la mayor parte del país, principalmente por medio de la reducción de la violencia armada en Cité Soleil y en otros barrios pobres. La misión también ha proporcionado contribuciones invaluables en operaciones logísticas a nivel nacional, desde asistir a la distribución y recolección de material en las elecciones de 2006, 2009 y 2010 hasta apoyar la entrega de asistencia humanitaria tras las tormentas del 2008 y el terremoto del 2010.

MINUSTAH tiene que pensar más allá de la estabilización y enfocarse en consolidar sus logros. Para esto, debe proveer apoyo estratégico para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la aplicación de la ley de manera que la reconstrucción, la inversión privada y el desarrollo puedan prosperar. También debe encontrar una forma más efectiva de trabajar con instituciones estatales frágiles, cuya continuada composición partidista negó a Haití, durante la mayor parte del año pasado, la posibilidad de contar con un gobierno que funcionase. Una evaluación de las contribuciones que, desde el 2004, ha hecho MINUSTAH a la estabilidad y del estado actual de la reconstrucción y el desarrollo del país son vitales para comprender las oportunidades que existen para una reducción sostenible del conflicto y la violencia.

Este informe evalúa el impacto de MINUSTAH y explora cómo la contribución de ésta puede ser mejorada. También analiza las opciones disponibles para un eventual y ordenado retiro de la misión que permita a las autoridades haitianas y a la comunidad internacional afrontar de una mejor forma un escenario post-MINUSTAH. El informe provee recomendaciones para una agenda de mantenimiento de la paz dirigida hacia la seguridad, la aplicación de la ley y la gobernanza, así como hacia una transición planificada que elimine la necesidad de una misión de la ONU para el mantenimiento de la paz una vez la presidencia de Martelly llegue a su fin, en el 2016.

Puerto Príncipe/Bogotá/Bruselas, 2 de agosto de 2012

Executive Summary

Haiti is now marking the eighth year of the UN Stabilisation Mission in Haiti (MINUSTAH). Debate about its eventual withdrawal is intensifying under the one year-old administration of President Michel Martelly. Opposition to its presence stems from the country’s nationalistic pride, anger at the cholera epidemic linked to UN peacekeepers and publicity surrounding unacceptable abuses by a small number of peacekeepers. Yet even its critics admit the country’s still limited police force cannot guarantee the security needed to protect citizens, enforce the law and underpin political stability. The real debate is not whether MINUS­TAH should leave but when, and what to change in Haiti and in the mission’s mandate, structure and behaviour to ensure that a phased withdrawal is linked to stronger institutions and progress toward lasting stability and development.

On 8 March 2012, the UN Security Council welcomed progress in Haiti and confirmed a start toward MINUS­TAH’s military drawdown, returning to the levels before the devastating quake that rocked the island in January 2010. Before the October renewal of the peacekeeping mandate, with preliminary discussions already planned for August, consensus needs to be forged between the UN, Latin American nations which provide the bulk of the troops, other international contributors, donors and the Haitian nation. That consensus has to be built on an objective analysis of MINUSTAH’s past performance and priorities for restructuring, Haiti’s continuing political instability, weak institutions and extreme poverty.

Haiti remains ensnared in a deep political, social and economic crisis. Despite the past presence of 12,000 UN military and police and the resumption of significant post-earthquake aid, progress in reconstruction, development and rule of law is disappointing. Haiti needs at least double its current numbers of police, with adequate training and vetting, deployed and capable of protecting its citizens and borders from home-grown and transnational criminal threats. A second five-year national police development plan needs to be adopted and implemented to chart that growth and the police need to be part of a comprehensive and professional justice system securely founded on the rule of law. The Martelly government should put on hold the reconstitution of the army until these goals are met.

Both the Haitian government and the UN Security Council are looking for a way out for MINUSTAH, but it would be foolhardy to rush that process given the serious gaps in consolidating security and justice. Despite the voices advocating for a more rapid exodus, it is unlikely that full departure can or should be accomplished before a third peaceful handover of democratic power takes place at the end of the Martelly presidency, five years from now, which also should correspond to the completion of the second five-year police development plan.

It is neither in Haiti’s nor in the donors’ interest to see a hasty withdrawal of the mission, but MINUSTAH needs rethinking and revamping. Based on other UN-assisted state transitions, like Sierra Leone and Liberia which faced or face comparable challenges, the UN presence in Haiti should see a reconfigured MINUSTAH, with reduced but still capable troop strength and a robust police presence. That transformation would move from a military dominated Chapter VII force to a Security Council sponsored political mission by the end of 2016, which would still be able to coordinate the full range of UN agencies under the special representative of the Secretary-General (SRSG) in support of an integrated peacebuilding agenda set with the Haitian government.

MINUSTAH has successfully deterred the potential threat of organised violent actors overthrowing the government by force, which was its fundamental raison d’être. It has improved security in much of the country mostly by reducing armed violence in Cité Soleil and other urban slums. The mission has also provided invaluable contributions to countrywide logistics operations, from assisting with the distribution and retrieval of material in the 2006, 2009 and 2010 elections to supporting disaster relief in the aftermath of the 2008 storms and the 2010 earthquake.

MINUSTAH needs to think beyond stabilisation and focus on consolidating its achievements by providing strategic support to strengthen rule of law institutions so reconstruction, private investment and development can flourish. It must also devise a more effective way to work with fragile state institutions whose continuing partisan composition has denied Haiti a functioning government for most of the past year. An assessment of MINUSTAH’s contribution to stability since 2004 and the current status of reconstruction and development in the country are vital to understand the opportunities for sustained reduction of conflict and violence.

This report assesses MINUSTAH’s impact and explores how its contribution might be improved. It also analyses the options available for an ordered eventual withdrawal of the mission enabling Haitian authorities and the international community to better cope with a post-MI­NUS­TAH scenario. It provides recommendations for a better targeted peacekeeping agenda for security, rule of law and governance, as well as a planned transition that eliminates the need for a UN peacekeeping mission by the end of the Martelly presidency in 2016.

Port-au-Prince/Bogotá/Brussels, 2 August 2012

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