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La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha
La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha
UNGASS – A Very Modest Drug Policy Review
UNGASS – A Very Modest Drug Policy Review

La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha

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Resumen Ejecutivo

La producción de hoja de coca y cocaína en la región andina parece haber alcanzado cifras sin precedentes en 2007. El tráfico y el consumo de cocaína se están expandiendo a lo largo y ancho de las Américas y Europa. Pese a la inversión de inmensos esfuerzos y recursos, las políticas antinarcóticos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y sus estados miembros y los gobiernos latinoamericanos han sido ineficientes y, en parte, contraproducentes, poniendo con ello en serio peligro la democracia y la estabilidad en América Latina. La comunidad internacional debe evaluar rigurosamente sus errores y adoptar nuevos métodos, empezando por dejar de depender tanto de la fumigación aérea como de la erradicación forzada de tipo militar del lado de la oferta y más bien darle mayor prioridad a las políticas de desarrollo alternativo y reforzar el cumplimiento efectivo de la ley con una expansión de la presencia positiva del Estado. Del lado de la reducción de la demanda, debe buscar meter a los traficantes a la cárcel y utilizar mejores métodos de tratamiento y reducción de daños con el fin de evitar las costosas sentencias de prisión recurrentes para los consumidores crónicos.

En ambos lados del Atlántico prosperan redes criminales transnacionales bien armadas y financiadas dedicadas al narcotráfico que extienden sus tentáculos hasta el occidente de África, región que hoy en día es una importante estación de paso en la ruta de la cocaína con destino a Europa. Estas redes debilitan las instituciones estatales, amenazan los procesos democráticos, alimentan conflictos armados y sociales en las zonas rurales y fomentan la inseguridad y la violencia en las principales ciudades de las Américas y de Europa. En Colombia, los grupos armados perciben ingresos cuantiosos del narcotráfico, lo cual les permite sostener un conflicto civil de varias décadas de duración. En Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe, los traficantes propician la inestabilidad política.

La insuficiente cooperación y coordinación internacional –en especial entre Estados Unidos y Europa pero también entre éstos y América Latina– ha resultado ventajosa para las redes del narcotráfico. Haciendo gala de una notoria recursividad, las organizaciones narcotraficantes explotan las divergencias en materia de política entre Estados Unidos y la UE y algunos estados miembros sobre la mejor manera de formular y aplicar estrategias contra la droga y sobre los aspectos de las políticas de reducción de la oferta y demanda de cocaína a los que se debe dar prioridad. Como no existe una visión compartida del problema y de cómo abordarlo, no se da la respuesta concertada indispensable para afrontar con éxito el crimen transnacional.

Se requiere con apremio replantear, sin sesgos ideológicos, las políticas sobre aspectos claves de la reducción de la oferta. La aplicación coercitiva de la ley y la interdicción se beneficiarían con una coordinación más estrecha y con información mejor compartida en las Américas y Europa, pero también se requiere un reconocimiento mucho más contundente de la presión generada por la pobreza extrema, la falta de oportunidades económicas e infraestructura básica y el abandono gubernamental de las poblaciones indígenas en las zonas rurales andinas. Las políticas nacionales e internacionales deben incluir mucha más inversión para afrontar los factores estructurales que les permiten a los narcotraficantes (en Colombia a los grupos armados ilegales) convencer o forzar a las familias campesinas a cultivar coca. La erradicación aérea, que afecta a los cultivos de productos alimenticios básicos cercanos, y la erradicación forzada por parte de las fuerzas de seguridad, casi siempre acompañada de cargos de abuso de los derechos humanos, generan reacciones contra el gobierno y contra Estados Unidos.

La demanda de cocaína es el motor que impulsa la producción y el tráfico de narcóticos. Esa demanda se mantiene bastante estable en Estados Unidos y viene aumentando en algunos países europeos y latinoamericanos. A menos que se pueda reducir considerablemente en el mundo, prácticamente no existe posibilidad alguna de eliminar la amenaza que plantea contra la seguridad en gran parte de América Latina. Las políticas de cárcel para delincuentes y criminales de “talla única” que prevalecen en Estados Unidos hacen caso omiso de las posibilidades que presenta prestar mayor atención al tratamiento de los consumidores crónicos y la estigmatización de los consumidores recreacionales. Al mismo tiempo, las medidas de prevención, tratamiento y reducción de daños más utilizadas en Europa, en donde se dedican muy pocos recursos a desmantelar las redes de narcotraficantes, no han propiciado un incremento en el uso de drogas. En 2008, diez años después de convocada la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga, se requiere con urgencia que la comunidad internacional reconozca los errores cometidos y mejore fundamentalmente sus políticas, pues de lo contrario los criminales transnacionales saldrán triunfantes.

El estudio detallado de Crisis Group sobre este tema se divide en dos informes complementarios que se publican simultáneamente. Este informe examina sobre todo el alcance del problema, estudiando detalladamente el cultivo y el tráfico. El segundo, La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños, analiza las políticas y sus ramificaciones políticas y sociales, y presenta recomendaciones en materia de políticas.

Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 2008

A woman places a Mexican flag next to shoes belonging to a few of the scores of thousands of victims of the country’s drug wars since 2006. Monterrey, 15 January 2012. REUTERS/Daniel Becerril

UNGASS – A Very Modest Drug Policy Review

Today’s tough international regime to deal with narcotic and other dangerous drugs, Colombia’s Justice Minister Yesid Reyes said in the lead up to the latest UN policy review, is like the famous definition of insanity usually attributed to Albert Einstein: doing the same thing over and over again, yet expecting different results.

Soon afterwards, President Juan Manuel Santos of Colombia spoke of the international community’s inability to acknowledge the drug issue as primarily a human rights and health, not security problem. Instead, he suggested, punitive policies in the name of better security have not only failed to eliminate illicit drug flows or significantly reduce demand, but have also contributed to what appears to be ever more violence and human suffering.

Both the minister and president of the country plagued by one of the world’s biggest cocaine-production problems expressed hope the special high-level session of the UN General Assembly (UNGASS) in New York on 19-21 April would identify reforms. Many others, including International Crisis Group, also saw a rare opportunity for change. Unfortunately, that hope was misplaced: the UNGASS largely missed its chance to usher in much-needed new global drug policies.

UNGASS sparked considerable optimism in 2012, when the presidents of Colombia, Mexico and Guatemala proposed that it be held this year. They asserted that the unintended consequences of the war on drugs included too many victims and too much violence and corruption.

Latin America has suffered the most from dysfunctional drug policies dictated by the international community.

They spoke from their domestic experience. Latin America has suffered the most from dysfunctional drug policies dictated by the international community. In Mexico, scores of thousands have died in drugs-related violence since 2006; 6.5 million have been displaced in Colombia’s decades-old internal conflict fuelled in part by the drug business; and Guatemala, which transships over 80 per cent of the cocaine ultimately consumed in the U.S. on to Mexico, ranks among the world’s most violent countries. In several parts of Latin America, drug cartels and criminal groups benefit from and contribute to widespread corruption and coercion of public officials.

The presidents envisaged a gathering that would mark the historical moment when the international approach to dangerous drugs would acquire a more humanitarian cast, allowing countries hitherto bound by legal commitments undertaken in 1961 greater flexibility in dealing with their national drug issues. It was not to be.

The UNGASS final document did record some accomplishments. States agreed that the drug issue is above all a health issue and thus users should be treated with respect and given opportunities for social reintegration. They recognised that cooperation among specialised UN bodies, such as the World Health Organization (WHO), the UN Development Programme (UNDP), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and UN Women, is essential in order to include drug policy in human rights and development agendas. And they agreed that the proportionality principle should be applied in criminal offences for first-time drug users and those involved at the lowest links of trafficking chains.

Reformers at the UNGASS session were disappointed.

There were however disappointments for reformers. One great frustration was hardly a surprise: despite mounting pressure from many member states, global leaders, civil society and UN agencies, a number of countries, led by Indonesia and supported among others by China, Singapore, Egypt, Pakistan and Iran, blocked agreement on a proposal to call for abolishment of the death penalty for drug offences. They then ruled out compromise wording that would urge a moratorium on such executions until a consensus could be achieved.

A second disappointment revolved around the decision to drop from the final document the widely-used term “harm reduction”, referring to measures that are alternatives to automatic criminalisation and could avoid needless spread of HIV/AIDS, hepatitis and tuberculosis. Governments like Uruguay, Switzerland and the Czech Republic said this amounted to a failure to recognise the value and effectiveness of the public health-oriented policies they are pursuing.

The final document’s undifferentiated placement of human rights in the same section with women, youth and communities was a third disappointment to the many states that argued for acknowledgement that human rights are a crosscutting issue. These states believe UNGASS should have emphasised the need for greater efforts to collect and analyse evidence of how drug policies differently affect women, children, youth and disadvantaged communities.

The most worrying failure of UNGASS was that it produced no real commitment for member states to conduct a critical review of their policies.

The most worrying failure of UNGASS, however, was that it produced no real commitment for member states to conduct a critical review of their policies. None of the proposals for creation of a panel of experts or an experts working group that were on the table were adopted. Missing this opportunity to bring more evidence and expertise into the contentious policy debate means that reformers may face even tougher going in 2019, when the UN is scheduled to set its drug policy agenda for the next decade.

The immediate challenge for like-minded countries, civil society and UN agencies is thus to devise alternative proposals for continuing in a more systematic manner over the next three years the immense research and evidence-collection that is under way on existing drug policies, even without the blessing and momentum that should have come from UNGASS.

If 2019 is to produce action that better reflects that achievement, however, the reformers in civil society, UN agencies and the countries that pushed for a more innovative UNGASS will need to encourage the debate’s continuation in countries that are sticking to the old rules, including the U.S.

UNGASS at least conducted an open global debate about what has gone wrong with the international control regime, breaking some long-held articles of faith. It showed that there are ways to address the threat of criminal drug cartels and illicit drug trafficking at the same time as protecting human rights, reducing violence and using proven public health methods to deal with illicit drug use.

So despite the disappointments, the Colombian minister may have material to disprove Einstein’s supposed dictum: repeated criticism of the old drugs policy may yet bring a new result. The three UNGASS days in New York, an optimist can say, did show that meaningful policy change may be closer than ever.