Report / Latin America & Caribbean 14 Marzo 2008 3 minutes

La droga en América Latina I: Perdiendo la lucha

Resumen Ejecutivo

La producción de hoja de coca y cocaína en la región andina parece haber alcanzado cifras sin precedentes en 2007. El tráfico y el consumo de cocaína se están expandiendo a lo largo y ancho de las Américas y Europa. Pese a la inversión de inmensos esfuerzos y recursos, las políticas antinarcóticos de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y sus estados miembros y los gobiernos latinoamericanos han sido ineficientes y, en parte, contraproducentes, poniendo con ello en serio peligro la democracia y la estabilidad en América Latina. La comunidad internacional debe evaluar rigurosamente sus errores y adoptar nuevos métodos, empezando por dejar de depender tanto de la fumigación aérea como de la erradicación forzada de tipo militar del lado de la oferta y más bien darle mayor prioridad a las políticas de desarrollo alternativo y reforzar el cumplimiento efectivo de la ley con una expansión de la presencia positiva del Estado. Del lado de la reducción de la demanda, debe buscar meter a los traficantes a la cárcel y utilizar mejores métodos de tratamiento y reducción de daños con el fin de evitar las costosas sentencias de prisión recurrentes para los consumidores crónicos.

En ambos lados del Atlántico prosperan redes criminales transnacionales bien armadas y financiadas dedicadas al narcotráfico que extienden sus tentáculos hasta el occidente de África, región que hoy en día es una importante estación de paso en la ruta de la cocaína con destino a Europa. Estas redes debilitan las instituciones estatales, amenazan los procesos democráticos, alimentan conflictos armados y sociales en las zonas rurales y fomentan la inseguridad y la violencia en las principales ciudades de las Américas y de Europa. En Colombia, los grupos armados perciben ingresos cuantiosos del narcotráfico, lo cual les permite sostener un conflicto civil de varias décadas de duración. En Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe, los traficantes propician la inestabilidad política.

La insuficiente cooperación y coordinación internacional –en especial entre Estados Unidos y Europa pero también entre éstos y América Latina– ha resultado ventajosa para las redes del narcotráfico. Haciendo gala de una notoria recursividad, las organizaciones narcotraficantes explotan las divergencias en materia de política entre Estados Unidos y la UE y algunos estados miembros sobre la mejor manera de formular y aplicar estrategias contra la droga y sobre los aspectos de las políticas de reducción de la oferta y demanda de cocaína a los que se debe dar prioridad. Como no existe una visión compartida del problema y de cómo abordarlo, no se da la respuesta concertada indispensable para afrontar con éxito el crimen transnacional.

Se requiere con apremio replantear, sin sesgos ideológicos, las políticas sobre aspectos claves de la reducción de la oferta. La aplicación coercitiva de la ley y la interdicción se beneficiarían con una coordinación más estrecha y con información mejor compartida en las Américas y Europa, pero también se requiere un reconocimiento mucho más contundente de la presión generada por la pobreza extrema, la falta de oportunidades económicas e infraestructura básica y el abandono gubernamental de las poblaciones indígenas en las zonas rurales andinas. Las políticas nacionales e internacionales deben incluir mucha más inversión para afrontar los factores estructurales que les permiten a los narcotraficantes (en Colombia a los grupos armados ilegales) convencer o forzar a las familias campesinas a cultivar coca. La erradicación aérea, que afecta a los cultivos de productos alimenticios básicos cercanos, y la erradicación forzada por parte de las fuerzas de seguridad, casi siempre acompañada de cargos de abuso de los derechos humanos, generan reacciones contra el gobierno y contra Estados Unidos.

La demanda de cocaína es el motor que impulsa la producción y el tráfico de narcóticos. Esa demanda se mantiene bastante estable en Estados Unidos y viene aumentando en algunos países europeos y latinoamericanos. A menos que se pueda reducir considerablemente en el mundo, prácticamente no existe posibilidad alguna de eliminar la amenaza que plantea contra la seguridad en gran parte de América Latina. Las políticas de cárcel para delincuentes y criminales de “talla única” que prevalecen en Estados Unidos hacen caso omiso de las posibilidades que presenta prestar mayor atención al tratamiento de los consumidores crónicos y la estigmatización de los consumidores recreacionales. Al mismo tiempo, las medidas de prevención, tratamiento y reducción de daños más utilizadas en Europa, en donde se dedican muy pocos recursos a desmantelar las redes de narcotraficantes, no han propiciado un incremento en el uso de drogas. En 2008, diez años después de convocada la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre el problema mundial de la droga, se requiere con urgencia que la comunidad internacional reconozca los errores cometidos y mejore fundamentalmente sus políticas, pues de lo contrario los criminales transnacionales saldrán triunfantes.

El estudio detallado de Crisis Group sobre este tema se divide en dos informes complementarios que se publican simultáneamente. Este informe examina sobre todo el alcance del problema, estudiando detalladamente el cultivo y el tráfico. El segundo, La droga en América Latina II: Optimizar las políticas y reducir los daños, analiza las políticas y sus ramificaciones políticas y sociales, y presenta recomendaciones en materia de políticas.

Bogotá/Bruselas, 14 de marzo de 2008

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Executive Summary

Coca leaf and cocaine production in the Andean region appear to have set new records in 2007. Cocaine trafficking and use are expanding across the Americas and Europe. Despite the expenditure of great effort and resources, the counter-drug policies of the U.S., the European Union (EU) and its member states and Latin American governments have proved ineffective and, in part, counterproductive, severely jeopardising democracy and stability in Latin America. The international community must rigorously assess its errors and adopt new approaches, starting with reduced reliance on the measures of aerial spraying and military-type forced eradication on the supply side and greater priority for alternative development and effective law enforcement that expands the positive presence of the state. On the demand reduction side, it should aim to incarcerate traffickers and use best treatment and harm reduction methods to avoid revolving and costly jail sentences for chronic users.

Well-armed, well-financed transnational trafficking and criminal networks are flourishing on both sides of the Atlantic and extending their tentacles into West Africa, now an important way station on the cocaine route to Europe. They undermine state institutions, threaten democratic processes, fuel armed and social conflicts in the countryside and foment insecurity and violence in the large cities across the Americas and Europe. In Colombia, armed groups derive large incomes from drug trafficking, enabling them to keep up the decades-long civil conflict. Across South and Central America, Mexico and the Caribbean, traffickers partner with political instability.

Insufficient international cooperation and coordination – in particular between the U.S. and Europe but also between them and Latin America – has worked to the advantage of the drug networks. Displaying great resourcefulness, the narco-organisations exploit the policy divide between the U.S. and the EU and some member states over how best to define and conduct counter-drug strategies and which aspects of cocaine supply and demand reduction efforts should be given priority. Since there is no shared vision of the problem and how to address it, there is no concerted response, which is a necessary condition for success in dealing with transnational crime.

Non-ideological policy rethinking is urgently required on key aspects of supply reduction. Law enforcement and interdiction would benefit from closer coordination and information sharing throughout the Americas and with Europe, but much greater recognition is also needed of the pressures produced by extreme poverty, lack of economic opportunities and basic infrastructure, and government abandonment of indigenous populations in the Andean countryside. National and international policies must include much larger investments to address the structural factors that make it easier for traffickers (in Colombia, illegal armed groups), to attract or compel rural families to cultivate coca. Aerial eradication, with impact on nearby food crops, and forced eradication by security forces, nearly always accompanied by charges of human rights abuses, engender anti-government and anti-U.S. reactions.

Cocaine demand is the driving force behind production and trafficking. That demand is largely stable in the U.S. and rising in some European and Latin American countries. Unless it can be significantly reduced around the globe, there is virtually no possibility of overcoming the threat to security in much of Latin America. The “one size fits all” criminal incarceration policies prevalent in the U.S. ignore the potential in greater attention to treatment of chronic users and stigmatising recreational users. At the same time, the prevention, treatment and harm reduction measures more prominent in Europe, where too few resources are dedicated to breaking up trafficking rings, have not stemmed increasing drug use. In 2008, ten years after the UN General Assembly Special Session (UNGASS) on the world drugs problem, the international community needs urgently to acknowledge mistakes and adopt fundamental policy improvements or transnational criminals will be the winners.

Crisis Group’s detailed study is divided into two complementary reports published simultaneously. This report principally examines the scope of the problem, including a detailed examination of cultivation and trafficking. The second, Latin American Drugs II: Improving Policy and Reducing Harm, analyses policies and their political and social ramifications and presents policy recommendations.

Bogotá/Brussels, 14 March 2008