¿Qué hay de nuevo? Venezuela se dispone a celebrar elecciones presidenciales y legislativas en 2024 y 2025, respectivamente, bajo condiciones que claramente favorecen al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las conversaciones entre el gobierno y la oposición están una vez más estancadas. Mientras tanto, persiste la crisis económica que ha llevado a una cuarta parte de la población venezolana a abandonar el país.

¿Por qué importa? Con algunos políticos de la oposición inhabilitados, partidos secuestrados y sin la presencia de observadores electorales profesionales, unas elecciones realizadas en los términos del gobierno dejarían la crisis de Venezuela sin resolver y la mayoría de las sanciones estadounidenses en vigor, lo que amenaza con empeorar la difícil situación económica del país. El impacto podría seguir sintiéndose en toda la región, especialmente en la vecina Colombia.

¿Qué se debe hacer? Los Estados latinoamericanos y las potencias extranjeras deben presionar para que se reanuden urgentemente las negociaciones con el objetivo de llegar a acuerdos concretos. Washington debe intensificar la diplomacia bilateral con Caracas y ofrecer un alivio tangible de las sanciones para tratar de persuadir a Maduro de regresar a las conversaciones y hacer concesiones electorales y así evitar una profundización del conflicto.

La prolongada crisis política de Venezuela está entrando en una nueva fase crítica. El presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato en 2024 tras sobrevivir a una campaña de “máxima presión” liderada por EE. UU., controla todas las palancas internas del poder. Aunque el país experimentó una modesta recuperación económica en 2022, una vez más se enfrenta a una recesión y alta inflación, exacerbadas por la alarmante corrupción y las sanciones estadounidenses. Sin una moneda fuerte que le permita un aumento real de los salarios, Maduro no está dispuesto a aflojar su control. Pero a menos que demuestre avances hacia un terreno electoral más equitativo, no podrá convencer a Washington de aliviar las sanciones, lo que podría permitir un crecimiento económico sólido. Para evitar prolongar el deterioro del país y el riesgo de que resurja el conflicto, el gobierno venezolano, las fuerzas de la oposición y las potencias extranjeras deben converger en torno a un plan que incluya el alivio de las sanciones por parte de Washington y medidas equivalentes por parte de Caracas para la celebración de elecciones más justas y un mejor funcionamiento de las instituciones estatales. Los Estados latinoamericanos deben desempeñar un papel mucho más destacado como mediadores diplomáticos.

A finales de 2022 por fin se vislumbraba una salida al estancamiento de Venezuela. Como parte de las conversaciones de Ciudad de México, facilitadas por Noruega, el gobierno de Maduro y una coalición de partidos de la oposición acordaron descongelar parcialmente los activos estatales venezolanos en el extranjero y transferirlos a un fondo de ayuda humanitaria administrado por la ONU. Washington, que necesitaba encontrar fuentes alternativas de petróleo, en parte por la guerra de Ucrania, pareció dar su visto bueno, e inmediatamente dio luz verde a una licencia que le permite a la petrolera estadounidense Chevron Corporation extraer petróleo venezolano para exportarlo a EE. UU. Este acuerdo inyectó dólares en la economía venezolana, aunque la licencia estipula que los ingresos generados no deben beneficiar al Estado.

Pero en lugar de generar confianza e impulsar nuevos acuerdos, el acuerdo firmado en Ciudad de México estuvo seguido por meses de parálisis y una creciente desconfianza mutua. Dificultades técnicas y la reticencia de EE. UU. retrasaron la creación del fondo y, aunque las trabas ya fueron superadas, el gobierno de Maduro se ha negado a reanudar las conversaciones formales hasta que el fondo esté operando. Otras iniciativas diplomáticas han prometido mucho, pero hasta el momento han dado pocos resultados.

Ahora se agota el tiempo para llegar a un acuerdo, y los primeros indicios apuntan a que las elecciones presidenciales de 2024 no serán ni libres ni justas. Presionados por el gobierno, los rectores del Consejo Nacional Electoral designados en 2021 renunciaron en junio, abriendo la puerta para que la Asamblea Nacional (repleta de seguidores del chavismo, la corriente política impulsada por el antecesor de Maduro, Hugo Chávez) designe a las nuevas autoridades electorales, a riesgo de exacerbar la desconfianza pública en el sistema de votación. La reciente medida del gobierno de Maduro para reafirmar la inhabilitación e impedir la postulación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado, ha confirmado la sospecha de que las elecciones estarán sesgadas a favor del gobierno. Otros reconocidos candidatos, incluido Henrique Capriles, también enfrentan prohibiciones.

En el centro de este enfrentamiento se encuentra la renuencia del gobierno de Maduro a contemplar la posibilidad de perder el poder. El presidente calcula que el control del sistema electoral le permitirá a su gobierno ganar unas elecciones que de otro modo podrían ser competitivas. Varios otros factores juegan a favor de Maduro en su afán por conseguir la victoria, como las reglas electorales venezolanas de mayoría simple (que permiten que el candidato con más votos gane en una sola vuelta) y las crónicas divisiones en la oposición (que podrían dividir el voto anti-Maduro entre varios candidatos). Al mismo tiempo, Maduro y sus aliados, algunos de los cuales temen enfrentar procesos penales en tribunales internacionales y extranjeros si dejan el cargo, parecen reacios a correr cualquier riesgo de perder las elecciones. En consecuencia, se han alejado de las medidas que podrían permitir unas elecciones genuinamente libres y que podrían conducir al alivio de las sanciones estadounidenses y a un impulso económico, aunque tal vez no lo suficientemente pronto como para mejorar las perspectivas de Maduro en una contienda auténticamente justa.

Las tendencias políticas en el exterior también impiden avanzar hacia una resolución al impasse venezolano. Washington teme mostrarse indulgente con Maduro, en parte por lo que podría costarle al presidente Joe Biden en casa, donde una minoría de congresistas republicanos (y algunos demócratas) están listos para criticar cualquier concesión como una muestra de debilidad hacia un régimen izquierdista y hostil. La creciente desconfianza entre EE. UU. y Rusia a raíz de la guerra de Ucrania ha reforzado el statu quo de Venezuela al impedir la cooperación entre ambos, mientras que los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos de izquierda por crear aperturas diplomáticas aún no han dado fruto.

Pero si las elecciones presidenciales de 2024 no están precedidas por un acuerdo que mejore las condiciones electorales, incluidas reformas que reduzcan el control del gobierno sobre el sistema electoral, es probable que se cuestione su legitimidad, como ocurrió en 2018. Esas desacreditadas elecciones desencadenaron la turbulencia política más grave en la historia reciente de Venezuela, y es difícil imaginar que las conversaciones prosperen ante unas nuevas elecciones similares. En esas circunstancias, la miseria económica de Venezuela podría empeorar, exacerbando una emergencia humanitaria ya grave y empujando a más migrantes a unirse a los siete millones que han abandonado el país, muchos de ellos indocumentados y sumidos en la pobreza.

Dada la debilidad de la oposición y el limitado margen de maniobra de los gobiernos de Maduro y Biden, el papel de los vecinos latinoamericanos de Venezuela, en particular Colombia y Brasil, como facilitadores de cualquier acuerdo será crucial. Estos Estados deben promover la rápida reanudación de las conversaciones de Ciudad de México. Deben instar a las partes de estas conversaciones a resolver sus diferencias (y las que tienen con Washington) en la medida de lo posible en los próximos meses. Deben presionar a Caracas para que tome medidas hacia unas elecciones genuinamente competitivas, por ejemplo, liberando a los presos políticos, levantando las prohibiciones a los candidatos de la oposición y solicitando misiones internacionales de observación. También deben persuadir a EE. UU. para que intensifique su diplomacia bilateral y presente una hoja de ruta para el alivio de las sanciones sobre la base de medidas de reciprocidad por parte de Caracas. Las fuerzas de la oposición podrían respaldar esta vía comprometiéndose a buscar el cambio exclusivamente por la vía electoral, sea cual sea el resultado en 2024.

Otras elecciones manipuladas podrían devolver a Venezuela al momento más grave de su conflicto político con su correspondiente miseria económica y devastadoras repercusiones mucho más allá de sus fronteras. Evitar ese escenario a través avances concretos a cambio de recompensas tangibles debe ser un imperativo para América Latina y una prioridad para Washington. La voluntad de todas las partes para intercambiar el alivio de las sanciones por mejores condiciones electorales es la mejor forma para mitigar la tragedia de Venezuela y empezar a encaminar al país por una senda más prometedora.

Las relaciones entre el gobierno venezolano y la oposición han sido tensas durante mucho tiempo, pero alcanzaron su punto más bajo en 2019. Las elecciones presidenciales de 2018, que dieron lugar a otro mandato de seis años para Nicolás Maduro (quien sucedió a Hugo Chávez después de su muerte en 2013) fueron ampliamente denunciadas como fraudulentas. En consecuencia, EE. UU. y países de América Latina y Europa optaron por reconocer al “gobierno interino” encabezado por Juan Guaidó a partir de enero de 2019. La oposición y sus patrocinadores extranjeros emprendieron varias iniciativas destinadas a derrocar a Maduro, incluidas amplias sanciones por parte de EE. UU. y un intento de levantamiento cívico-militar; una fracción de la oposición incluso apoyó una fallida incursión mercenaria. Pero toda esta “máxima presión”, como la llamó EE. UU., fracasó. El gobierno sobrevivió en gran medida gracias a la fuerza de su coalición política y militar, reforzada por la represión de la disidencia. Las medidas de emergencia sirvieron para estabilizar la economía, al igual que el apoyo de aliados como Rusia e Irán. Sin embargo, millones huyeron del país a medida que las tasas de pobreza extrema se dispararon, alcanzando un máximo por encima del 76 por ciento en 2021[1].

Incluso en medio de este caos, los interlocutores internacionales han seguido intentando conseguir un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Noruega, por ejemplo, lleva realizando un esfuerzo concertado desde finales de 2018. Pero el curso de las conversaciones ha sido todo menos fluido. Las negociaciones entre las dos partes tambalearon durante los meses posteriores a la creación del “gobierno interino” de Guaidó, solo para colapsar tras la imposición de una nueva ronda de sanciones por parte de Washington en 2019[2]. Dos años más tarde, en agosto de 2021, las partes retomaron las conversaciones y firmaron un memorando de entendimiento en Ciudad de México en el que se basan sus más recientes negociaciones[3]. Sin embargo, en cuestión de meses, el gobierno suspendió su participación después de que un cercano aliado de Maduro, el empresario colombiano Alex Saab, fuera extraditado de Cabo Verde a EE. UU. para enfrentar cargos de lavado de dinero[4].

Más de un año después, el 26 de noviembre de 2022, ambas partes volvieron a reunirse en Ciudad de México tras meses de conversaciones secretas en Caracas[5]. Allí firmaron un acuerdo en virtud del cual los activos venezolanos congelados en el extranjero serían liberados y transferidos a un fondo administrado por la ONU para ser usados en proyectos de infraestructura y de otro tipo, destinados a aliviar la crisis humanitaria[6]. Las conversaciones continuarían sobre los principales asuntos políticos en disputa, en particular, los relacionados con las condiciones electorales. Pero en lugar de avances, se produjo otra pausa. El gobierno se ha negado a programar una nueva ronda formal de conversaciones con el argumento de que el dinero aún no ha pasado de las cuentas congeladas al fondo de la ONU, debido en parte al escaso apoyo de EE. UU. al acuerdo (aunque Washington ya no se interpone en el camino)[7].

Los contactos esporádicos e informales entre el gobierno y negociadores de la oposición continúan, pero sin llegar a un acuerdo sobre los próximos pasos[8]. Figuras moderadas de la oposición que en 2021 pudieron negociar escaños en el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúan presionando en Caracas para obtener más concesiones, coordinando sus esfuerzos con la delegación de la oposición en las conversaciones de Ciudad de México[9]. Entre otras cosas, piden la liberación de los presos políticos, el levantamiento de prohibiciones impuestas a algunos candidatos de la oposición y garantías de que el CNE invitará a expertos internacionales a observar las elecciones presidenciales.

En el centro del estancamiento se encuentran Maduro y sus aliados del chavismo, como se conoce al movimiento que defiende el proyecto legado por Chávez. Los dirigentes chavistas reconocen que, para maximizar sus posibilidades de ejercer legítimamente el poder, necesitan que EE. UU. levante las sanciones, ya que ese es el único camino viable para estimular una recuperación económica. También anhelan regresar al seno diplomático latinoamericano. Dicho esto, no se atreven a dar los pasos necesarios para celebrar unas elecciones justas, que EE. UU. y algunos gobiernos europeos y latinoamericanos consideran un requisito previo para eliminar las sanciones y normalizar las relaciones. No es solo que los chavistas se resistan a asumir el riesgo de perder el poder. Altos funcionarios temen enfrentarse a procesos judiciales, ya sea como resultado de investigaciones estadounidenses o de otros países, o como consecuencia de una investigación por crímenes de lesa humanidad iniciada por la Corte Penal Internacional (CPI), en caso de ser destituidos de sus cargos. La opción que parecen preferir es la de unas elecciones lo más competitivas posible, pero en las que su victoria esté garantizada.

Después de una serie de contratiempos, la oposición ahora está mucho más dispuesta a medir su fuerza en las urnas. La estrategia de “máxima presión” (el aumento de las sanciones económicas estadounidenses, la presión política y las ocasionales amenazas de la fuerza militar) no logró un cambio de régimen. De hecho, fortaleció el control del gobierno de Maduro sobre el poder. Mientras tanto, el “gobierno interino” fue disuelto el pasado mes de enero. El propio Guaidó, cada vez más aislado e impopular, abandonó Venezuela en abril en medio de amenazas de encarcelamiento para lo que parece ser un exilio en EE. UU.[1]. La oposición ahora parece reconciliada con la idea de obtener el cambio en las urnas. Pero los principales partidos, que se preparan para celebrar primarias para elegir un candidato presidencial en octubre, son demasiado débiles para lograr obtener reformas del gobierno que garanticen que la votación para elegir al próximo líder del país sea libre y justa.

La influencia de la oposición se deriva casi exclusivamente del hecho de que sus aliados extranjeros, particularmente EE. UU., pueden hacer valiosas concesiones a Maduro, sobre todo el levantamiento de sanciones, dependiendo de los avances en las conversaciones de Ciudad de México. Muy consciente del fracaso de los esfuerzos previos para negociar con Maduro, y reacio a darle un respiro a un gobierno autoritario cercano a Cuba, Rusia y China, es poco probable que Washington adopte tales medidas a menos que vea un cambio claro hacia la liberalización política. Dado que Maduro no se moverá en esa dirección sin garantías de un impulso económico, se ha llegado a un punto muerto, con cada parte esperando que la otra dé el primer paso.

Este informe analiza en detalle el estancamiento en el que se encuentra el país y describe las medidas necesarias para evitar que se produzca otra perjudicial ronda de conflicto político. Basándose en más de dos décadas de trabajo en Venezuela, la investigación se llevó a cabo no solo en Caracas, sino también en varias otras capitales de América Latina y Europa, al igual que en Washington y Nueva York, a través de docenas de conversaciones con políticos, diplomáticos, activistas de la sociedad civil y otros actores clave, así como con ciudadanos comunes.

Por accidente más que por diseño, las negociaciones sobre el futuro de Venezuela han proliferado. Además de las conversaciones entre varios representantes de la oposición y el gobierno de Maduro anteriormente mencionadas, ahora se están llevando a cabo diálogos entre Caracas y Washington; Caracas y otras capitales latinoamericanas, y Caracas y la UE con sede en Bruselas. Estos esfuerzos se han venido ampliado a medida que desaparece el antes sólido respaldo internacional para el aislamiento diplomático del gobierno de Maduro, un proceso que parecía inexorable incluso antes de que la oposición decidiera disolver el “gobierno interino”[1]. La exigencia de que Maduro debía dimitir se concibió originalmente al pensar que su gobierno colapsaría en semanas o meses. Cuando eso no sucedió, se transformó en una camisa de fuerza diplomática, de la que la mayoría de los gobiernos se alegran de haber salido[2].

Aunque no ha reanudado las relaciones formales con Venezuela, EE. UU. ha emprendido sus propias conversaciones con los líderes del gobierno de ese país tras una larga sequía diplomática. Una delegación estadounidense visitó a Maduro en Caracas en marzo de 2022, el primer viaje de alto nivel de este tipo en cinco años, con la intención declarada de discutir la “seguridad energética” y la liberación de ciudadanos estadounidenses que, según Washington, están detenidos injustamente en Venezuela[1]. En junio tuvo lugar una segunda reunión similar. Posteriormente, Venezuela liberó a nueve prisioneros estadounidenses y el gobierno de EE. UU. devolvió a dos sobrinos de la primera dama Cilia Flores que estaban presos en EE. UU. por tráfico de drogas. El gobierno estadounidense también retiró las sanciones a otro sobrino de Flores. El enviado presidencial especial para asuntos de rehenes, Roger Carstens, que participó en ambas visitas, parece haberse convertido en un importante canal de comunicación entre los dos gobiernos, aunque su papel formalmente se limita a las negociaciones sobre prisioneros[2].

Medios de comunicación también han señalado las recientes reuniones en Catar entre Juan González, director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de EE. UU., y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y principal negociador del gobierno de Maduro[3]. Aún no se conocen informes de resultados concretos.

Figuras de la oposición venezolana, junto con algunos miembros del Congreso estadounidense, han recibido con aprensión los contactos entre Caracas y Washington. Algunos miembros de la oposición dicen que no fueron consultados sobre estos diálogos. Alegan que las conversaciones apuntan a un conjunto de transacciones que pueden ofrecer un beneficio inmediato a las partes involucradas, pero dejan de lado las principales preguntas sobre el futuro político de Venezuela. En particular, están convencidos de que la Casa Blanca busca un acuerdo con Caracas para impulsar el suministro de petróleo y poner fin al encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses bajo custodia venezolana[1]. La administración Biden afirma que sólo concederá un alivio importante de las sanciones a cambio de avances “sustanciales” en materia de derechos políticos y electorales. También advierte que un retroceso podría llevar a Washington a imponer nuevas medidas[2]. En ese sentido, el Departamento de Estado insistió en que Chevron, la corporación estadounidense con acceso a campos petroleros en Venezuela, podría enfrentar problemas para renovar su licencia de bombeo de crudo para exportación si no se producían avances. Sin embargo, cuando llegó el momento de la renovación en mayo, ésta se llevó a cabo sin mayores contratiempos[3].

Las ambigüedades en la postura de EE. UU. fueron evidentes tras el acuerdo alcanzado en noviembre de 2022 entre el gobierno y la oposición para transferir los activos estatales venezolanos congelados a un fondo administrado por la ONU. Después del anuncio del acuerdo, Washington informó a la ONU que no podía garantizar que el dinero transferido al nuevo fondo, y destinado para fines humanitarios, estuviera a salvo de acciones legales en EE. UU. por parte de los acreedores del Estado venezolano y la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que adeudan miles de millones de dólares en préstamos comerciales y laudos arbitrales internacionales[4]. La postura de EE. UU. prácticamente paralizó la creación del fondo hasta mayo, cuando la administración Biden envió una carta de respaldo a la ONU instando a la creación del fondo en EE. UU.[5]. Aun así, el gobierno de Maduro ha acusado a la oposición de incumplir el acuerdo, argumentando que el retraso justifica que Caracas no retome las negociaciones en México[6].

Mientras tanto, altos funcionarios en Washington expresan su preocupación de que aliados en Europa estén restableciendo relaciones diplomáticas y comerciales normales sin insistir primero en las condiciones para unas elecciones competitivas, como lo está haciendo EE. UU.[7]. Las capitales europeas, a su vez, señalan que EE. UU. ha tomado medidas en materia de sanciones, ha cambiado su enfoque hacia las iniciativas internacionales y ha intercambiado prisioneros sin consultar. A Bruselas también le preocupa que la administración Biden esté excesivamente influenciada por la política interna y la línea dura del Congreso estadounidense[8].

Paralelamente a las conversaciones de Washington con el gobierno de Maduro, varios países latinoamericanos han decidido restablecer sus lazos diplomáticos y presionar para que se resuelva el conflicto interno de Venezuela. Este realineamiento se produjo después de la elección de varios gobiernos de izquierda, especialmente en los vecinos más grandes de Venezuela, Colombia y Brasil. Gustavo Petro, quien asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien regresó al poder en Brasil en enero, revivieron de inmediato las relaciones con Caracas, que habían sido suspendidas bajo sus predecesores[1]. Este giro hacia la izquierda, junto con la salida del expresidente estadounidense Donald Trump de la Casa Blanca, ha permitido que los países latinoamericanos desliguen los llamados a la restauración de los derechos políticos en Venezuela de la agenda que prevalecía anteriormente, la cual a menudo se centraba en mitigar la percibida amenaza socialista en América Latina en lugar de defender la democracia en la región[2]. Sin embargo, por sí solo, un mayor reconocimiento de Maduro podría reforzar su control del poder y conducir a una aceptación incondicional del statu quo bajo su mandato.

Pero a medida que algunos de los principales actores de la región recalibran su enfoque hacia Caracas, otros se mueven a un ritmo diferente (si es que lo hacen), lo que genera mayores desafíos de coordinación. La falta de coordinación internacional pudo apreciarse en el resultado de una conferencia internacional sobre Venezuela celebrada en abril. Con bombos y platillos, Petro acogió a delegados de diecinueve países, incluidos EE. UU., Brasil, México y Noruega, así como al Alto Representante de la UE, Josep Borrell[3]. El objetivo de la conferencia era impulsar la reanudación de las conversaciones formales y mediar, en palabras de Petro, un proceso de “dos rieles”: Maduro haría concesiones políticas y electorales, a cambio de un alivio gradual de las sanciones, en particular por parte de Washington[4].

Pero las cosas no funcionaron de esa manera. En Caracas, el jefe negociador de Maduro, Rodríguez, dijo que EE. UU. debe dar el primer paso, descartando nuevas negociaciones con la oposición a menos de que se levanten todas las sanciones y la CPI desista de su investigación sobre las acciones de funcionarios del gobierno[5]. El viceconsejero principal de Seguridad Nacional de EE. UU., Jon Finer, dijo que la administración de Biden estaba “más que lista para reducir y, en última instancia, poner fin a nuestras presiones de sanciones”, pero agregó que, primero tendría que ver “pasos concretos y significativos y, en última instancia, elecciones libres y justas”[6]. En lugar de una declaración conjunta en respaldo al planteamiento de Petro, la conferencia de Bogotá concluyó con una breve declaración en apoyo de la continuación de las negociaciones por parte del canciller colombiano, porque, según informes, los representantes estadounidenses se mostraron reacios a firmar un texto más extenso[7].

Un mes después, en mayo, la participación de Maduro en una cumbre que reunía a los líderes de todos los países de América del Sur en Brasilia generó una nueva polémica. Opositores a Maduro, incluida María Corina Machado, se apresuraron a criticar la rapidez con la que se reintegró al gobierno venezolano al foro diplomático. También reprocharon a Lula no haber exigido un mayor respeto por las garantías democráticas y los derechos humanos[1]. Estas críticas parecieron pasar por alto que Lula aprovechó la cumbre para pedir públicamente un “voto libre” en Venezuela y que, según informes, usó su reunión privada con Maduro para presionar firmemente por reformas electorales y políticas[2].

Las discrepancias entre los gobiernos latinoamericanos sobre qué enfoque adoptar ante Venezuela son cada vez más pronunciadas. Tanto Chile como Uruguay exigen una postura más firme sobre la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, los líderes naturales de cualquier esfuerzo diplomático latinoamericano con respecto a Venezuela son Colombia y Brasil, y parecen estar abogando por el diálogo con Caracas como un medio para esos fines, mientras se mantienen claramente hostiles tanto a las sanciones estadounidenses como a los esfuerzos internacionales para derrocar a Maduro[3]. Pero estos dos últimos países están de cierta manera limitados para asumir un papel más destacado. El presidente Petro sin duda ha estado a la vanguardia en la búsqueda de una salida al estancamiento de Venezuela, pero también depende de la buena voluntad de Caracas para las negociaciones de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) e impulsar el comercio y la seguridad transfronteriza[4]. Brasil, por su parte, sigue muy preocupado por la crisis venezolana, pero hasta el momento parece reacio a asumir un papel de liderazgo en la negociación de una resolución[5].

En Europa está surgiendo una división similar respecto a Venezuela. A pesar de la posición común de la UE de que los Estados miembros deben mantener sus relaciones diplomáticas a nivel de encargados de negocios, Portugal y España han nombrado embajadores en Caracas y es probable que otros sigan su ejemplo[1]. Como se mencionó anteriormente, funcionarios estadounidenses lamentan en privado una falta de coordinación por parte de la UE en relación con la política hacia Venezuela, mientras que se escuchan quejas similares sobre EE. UU. en Bruselas y otras capitales europeas[2]. En general, los gobiernos con mayores intereses en Venezuela, incluidos España, Portugal e Italia, cuyos ciudadanos emigraron allí en gran número a finales del siglo XX, son propensos a adoptar enfoques más pragmáticos, mientras que los miembros de Europa del Este y los países bálticos de la UE, que tienen pocos antecedentes históricos con América Latina y malos recuerdos del régimen comunista (con el que asocian al chavismo), son menos partidarios de un acercamiento.

No obstante, Europa ha asumido un papel más destacado en la promoción de negociaciones en Venezuela. Aunque el Grupo de Contacto Internacional establecido por la UE en 2019 para presionar por una solución pacífica ha perdido su impulso, una reunión al margen de la cumbre de julio entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños puso de relieve el compromiso político de alto nivel con una salida negociada. Organizada por el gobierno francés y concluida con un llamado a retomar las conversaciones de Ciudad de México, la cumbre reunió a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, Gerardo Blyde, jefe negociador de la oposición, junto al presidente francés Emmanuel Macron, Petro, Lula, el presidente argentino, Alberto Fernández y el alto representante de la UE Borrell[3].

Otras organizaciones nacionales e internacionales también están reanudando sus contactos con las autoridades venezolanas. El sector privado venezolano, en particular a través de la principal organización patronal, Fedecámaras, busca reformas económicas y participa en reuniones tripartitas bajo los auspicios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que Venezuela vuelva a cumplir los tratados de la OIT[1]. En el frente de los derechos humanos, el nuevo Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, visitó Caracas a finales de enero y logró un acuerdo de dos años en virtud del cual la planta de personal en la oficina de Caracas de la organización aumentará de doce a 30 funcionarios[2].

La CPI también está intentando mantener los canales abiertos con el gobierno de Maduro, incluso mientras investiga presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y a pesar del pobre historial de avances hasta la fecha. La Fiscalía de la CPI inició una investigación formal el 3 de noviembre de 2021. El mismo día, Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Khan, firmaron un acuerdo que le permitiría a Caracas llevar a cabo su propia investigación para responsabilizar a los perpetradores de violaciones de derechos humanos, con el apoyo de la Fiscalía de la CPI[3]. Un año después, el gobierno intentó suspender la investigación de la CPI, argumentando que estaba haciendo el trabajo por su propia cuenta[4]. Khan, por su parte, le solicitó a la Corte autorización para reanudar la investigación, alegando que los esfuerzos del gobierno “siguen siendo insuficientes en su alcance o no han tenido ningún impacto concreto”[5]. La Corte aprobó la solicitud del fiscal a finales de junio[6]. Sin embargo, Khan no parece haber perdido todas las esperanzas de cooperación. Semanas antes de que la Corte ordenara reiniciar su investigación, visitó Caracas para concretar otro acuerdo para establecer una oficina en la capital venezolana con la intención de trabajar más estrechamente con las autoridades[7].

El hecho de que Caracas participe en tantas conversaciones parece indicar su voluntad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, se ha mostrado poco dispuesta a hacer concesiones significativas, aparentemente reacia a dar un paso que pudiera amenazar su control del poder.

Antes del estancamiento actual, hubo motivos para pensar que el gobierno venezolano podría estar dispuesto a flexibilizar su férreo control. El primero se produjo en el periodo previo a las elecciones locales y regionales de 2021, en el que se registraron mejoras con respecto a los comicios anteriores, que la principal corriente de oposición había boicoteado desde 2016. No solo representantes de la oposición altamente calificados ocuparon puestos en el CNE, sino que el gobierno también permitió la entrada al país de respetados observadores internacionales para las votaciones[1]. Principalmente gracias a las divisiones de la oposición, el gobierno obtuvo el control de diecinueve de los 23 estados de Venezuela y más de 200 de sus 335 municipios. Pero sufrió un revés en su antiguo bastión, el estado Barinas, cuna del difunto presidente Chávez, donde una figura de la oposición se impuso por un estrecho margen sobre el hermano de Chávez, Argenis. El Tribunal Supremo anuló el resultado, declarando retroactivamente que el ganador no era elegible para el cargo, sólo para que la oposición volviera a ganar por un margen mucho mayor con un candidato diferente[2].

Desde entonces, ese limitado progreso hacia una competencia política más justa se ha detenido. De hecho, parece haber retrocedido. A finales de junio, el gobierno forzó la dimisión de la junta directiva del CNE e inmediatamente comenzó a tomar medidas para sustituirla[3]. En otros ámbitos, como la libertad de prensa, el control estatal claramente se está intensificando[4]. Hasta el momento, no hay indicios de que Maduro, que no desea perder el poder ni enfrentar la perspectiva de tener que rendir cuentas, esté contemplando seriamente la posibilidad de celebrar unas elecciones completamente justas, en las cuales podría salir derrotado. Entre los partidarios del gobierno se dice que unas condiciones como las de los comicios de 2021 son las mejores que se podrían esperar para los de 2024[5]. Según un expolítico de alto rango de la oposición, el gobierno de Maduro “no ha aprendido [todavía] a conjugar el verbo ‘perder’”[6].

En la mente de Maduro debe primar la idea de que unas elecciones creíbles podrían decantarse hacia cualquier lado. Sin duda, una victoria es posible incluso si las encuestas indican que sólo entre el 25 y el 30 por ciento del electorado respalda al gobierno; es poco probable que su apoyo real supere esa cifra, lo que difícilmente constituiría una aclamación pública convincente[1]. Sin embargo, las elecciones en Venezuela sólo tienen una vuelta, lo que significa que, si la oposición está suficientemente dividida, tan sólo el 30 por ciento de los votos podría ser suficiente para que el presidente se imponga[2]. Aunque en teoría la oposición venezolana podría unirse en torno a un único candidato, es muy posible que no lo haga. Se supone que las elecciones primarias de octubre determinarán de una vez por todas quién será el o la abanderada. Pero las luchas internas de la Plataforma Unitaria, la principal coalición de la oposición, pueden frustrar ese objetivo. Varios candidatos ajenos a la Plataforma también han anunciado su intención de postularse. Algunos de ellos son auténticos adversarios de Maduro, pero otros no, incluidos varios cuyos partidos fueron creados mediante maniobras judiciales para confundir al electorado[3]. Pero si la oposición es vulnerable, sus debilidades no han llegado a tranquilizar a Maduro hasta el punto de nivelar el terreno de juego.

Además, si Maduro quiere amañar las elecciones a su favor, dispone de varias herramientas para hacerlo. Al obligar a la junta directiva del CNE a renunciar, el gobierno ya podría haber empezado a usar una de ellas. La oposición tendrá que llevar a cabo sus primarias sin acceso a centros de votación oficiales ni máquinas de votación electrónica. Los votantes de las zonas periféricas del país pueden ser los más afectados, dado que la oposición no parece tener los recursos ni los medios logísticos para operar tantas mesas de votación como las autoridades electorales oficiales. Si la participación es baja, la credibilidad de las primarias también puede verse afectada[4].

El gobierno y sus aliados también pueden valerse de tácticas legales y regulatorias. El 30 de mayo, Luis Ratti, un político poco conocido que afirma querer participar en las primarias de la oposición pero que tiene un historial de apoyo al gobierno, le solicitó al Tribunal Supremo que ordenara la sustitución de la comisión de primaria de la Plataforma Unitaria, alegando presuntas irregularidades en el proceso de selección de un candidato de la oposición y un trato desigual de los candidatos. Una semana después solicitó a la Contraloría General que excluyera de las primarias a cualquier candidato sujeto a una de las muchas prohibiciones arbitrarias para postularse a cargos de elección popular[5]. Por otra parte, la Contraloría, la cual es controlada por el gobierno, ha reafirmado su prohibición a la postulación de una de las principales candidatas a las primarias de la oposición, Machado[6].

La posibilidad de un fraude absoluto en Venezuela es baja, porque el país utiliza un sistema de votación electrónica que puede registrar con precisión los votos[1]. Las ocasionales elecciones robadas, como la del gobernador del estado Bolívar en 2017 o la de Barinas en 2021, han implicado la alteración de papeletas manuales (necesarias en algunas zonas remotas o cuando las máquinas de votación no funcionan) o una interferencia judicial directa[2]. Pero el campo de juego electoral sigue estando fuertemente inclinado a favor del gobierno gracias a su control de todas las instituciones estatales relevantes, desde el CNE y el Tribunal Supremo hasta las fuerzas armadas, quienes son las encargadas de mantener la seguridad el día de los comicios bajo un esquema denominado Plan República.

El informe de la misión de observadores de la UE de 2021 enumera otros factores que inclinan la balanza hacia el candidato del gobierno y que las autoridades se resisten a modificar[3]. El gobierno de Maduro puede inhabilitar arbitrariamente a candidatos de la oposición. Controla el registro electoral, que actualmente excluye a millones de venezolanos que han cambiado de domicilio, abandonado el país o simplemente no han podido inscribirse, y no ha sido auditado en su totalidad desde 2005. El gobierno tiene un control casi absoluto de los medios de comunicación y ejerce censura sobre los medios no gubernamentales. La administración también puede desplegar recursos gubernamentales para apoyar al candidato oficial. En las elecciones de 2012, por ejemplo, Chávez gastó generosamente en obras públicas y regaló desde lavadoras hasta casas[4].

Las vacilaciones del gobierno en torno a una apertura política también se derivan del estado de su oposición interna, que, como se señaló anteriormente, está lejos de ser fuerte. La disolución del “gobierno interino” dejó a la coalición de oposición reconocida internacionalmente, la denominada Plataforma Unitaria, sin líder y sin un consenso sobre su estrategia[1]. Su adopción en 2019, en lo que era esencialmente un plan para el cambio de régimen basado en el respaldo de EE. UU. y docenas de sus aliados, cambió su enfoque hacia el exterior, a expensas de los esfuerzos para desarrollar una poderosa base social en casa. Mantuvo un “gobierno” en gran parte ficticio financiado con fondos estatales venezolanos incautados por Washington. Tras el fracaso de su plan, su apoyo entre el electorado venezolano disminuyó abruptamente, exacerbado por una ruptura entre los líderes del partido, con sede principalmente en Caracas y el extranjero, y los activistas locales, para quienes un boicot electoral en vigor desde 2017 era una amenaza a su existencia ya que equivalía a renunciar a intentar recuperar algo de espacio político frente al chavismo[2].

Los miembros de la Plataforma acordaron a última hora dejar de lado el boicot para los comicios locales y regionales de 2021. Pero los partidarios de la línea dura asociados a Guaidó y su partido Voluntad Popular en su mayoría se negaron a hacer campaña. Aunque la coalición de oposición se ha comprometido a participar en las elecciones presidenciales de 2024, persisten las dudas sobre si las facciones más intransigentes participarán o no. Ante la incapacidad de resolver sus problemas de falta de unidad, la coalición optó por dejar la elección del candidato, y, de hecho, su liderazgo, en manos de sus seguidores. En noviembre de 2022, los miembros de la Plataforma Unitaria nombraron una comisión independiente para supervisar unas elecciones primarias previstas para el 22 de octubre de 2023. Hubo diferencias significativas en cuanto a cómo debían realizarse las primarias, en particular sobre si se debía buscar el apoyo del CNE para llevarlas a cabo[3]. Entre los principales peligros se encuentran que el proceso se convierta en una disputa partidista, que la participación sea escasa y que la candidatura recaiga en una persona ajena a la coalición que no se comprometa a mantenerla unida ni a buscar el consenso[4].

Las elecciones locales y regionales de 2021 demostraron que los partidos que conforman la Plataforma Unitaria sólo representan la mitad de las fuerzas de oposición en el país. Como se señaló anteriormente, la otra mitad se compone tanto de auténticas escisiones de la principal corriente de la oposición como de partidos creados o cooptados por el gobierno. Como resultado, y dejando de lado las formas en que el gobierno podría interferir para inclinar el campo de juego, incluso mediante la inhabilitación de candidatos, las posibilidades de la Plataforma de derrotar a Maduro dependen de seleccionar un candidato de unidad popular que haga de las elecciones una simple decisión entre el gobierno y sus opositores.

Al mismo tiempo, chavistas de alto nivel dicen que la disposición del gobierno a ceder algunas de sus ventajas en el sistema electoral dependerá en gran medida del conjunto de candidatos de la oposición al que se enfrente[5]. El principal candidato de la oposición surgirá, en teoría, de las elecciones primarias. Un contendiente fuerte, capaz de realizar una campaña eficaz y comprometido con una estrategia coordinada, podría galvanizar a la oposición una vez más. Sin embargo, cuanto más duro sea el desafío de la oposición, menos probable será que Maduro haga concesiones electorales significativas[6]. Dado que los dos principales aspirantes a la candidatura por la oposición, Machado y Capriles, actualmente están inhabilitados para presentarse a cargos de elección popular, no está claro quién podría llegar a representar una amenaza significativa[7].

Las dificultades económicas de Venezuela también influyen en los cálculos de Maduro. Aparte de las herramientas que el gobierno de Maduro puede utilizar para influir en el resultado de las elecciones de 2024, la mayor ventaja para sus perspectivas electorales sería un repunte económico. Sin embargo, el historial de Maduro en este frente es desalentador. En términos de dólares, la economía venezolana es apenas una cuarta parte de lo que era cuando asumió el cargo en 2013. Su deuda externa, un mosaico de obligaciones con tenedores de bonos, acreedores comerciales, prestamistas bilaterales, empresas extranjeras expropiadas y otros, es de alrededor de $160 mil millones de dólares, aproximadamente el doble del PIB del país[1]. Las sanciones financieras de EE. UU., que convierten en delito federal según la ley estadounidense comerciar con deuda venezolana o incluso mantener conversaciones con el gobierno de Maduro sobre el tema, se interponen en el camino de una reestructuración integral, al igual que la falta de un programa de reforma económica creíble.

También hay otros problemas. Una caída dramática en la producción de petróleo, el pilar de la economía venezolana durante un siglo, redujo la producción a alrededor de 700 000 barriles diarios, en comparación con casi 2,4 millones en 2013. El gobierno ha incumplido repetidamente su objetivo provisional de un millón de barriles diarios o más[2].

La economía mostró signos de recuperación parcial en 2021 y 2022, gracias a un feroz plan de ajuste llevado a cabo sin apoyo financiero externo. El gobierno dejó de aplicar sus estrictos controles cambiarios y de precios, aunque sin derogarlos, y permitió que el dólar estadounidense circulara sin penalización. Restringió drásticamente el gasto y aumentó los impuestos. La inflación cayó de un máximo de más del 130 000 por ciento en 2018 al 234 por ciento en 2022[3]. Pero la recuperación fue dispar y la mayoría de los venezolanos, en particular los que trabajan en el sector público, sólo vieron un beneficio mínimo o casi nulo[4]. La inflación interanual se sitúa de nuevo en casi el 500 por ciento, y aunque el FMI prevé un crecimiento de alrededor del 5 por ciento en 2023 (el más alto de América Latina y el Caribe), esta tasa supondría una marcada desaceleración con respecto a 2022[5]. Otras fuentes sugieren un crecimiento aún menor[6].

Venezuela se encuentra actualmente entre los países más desiguales de América Latina, según una estimación, y se cree que alrededor de 20 millones de sus 29 millones de habitantes requieren asistencia humanitaria[1]. Mientras una franja muy rica de la población se dedica al consumo opulento, principalmente en las partes más acomodadas de Caracas, las cifras del sector privado muestran una fuerte caída en el gasto de los consumidores en enero, ya que los salarios cayeron muy por debajo de los precios[2]. Desde mayo, el salario mínimo de alrededor de $75 dólares al mes alcanza para mucho menos de lo necesario para alimentar a una familia[3]. Sin una moneda fuerte que le permita aumentar los salarios reales y crear más puestos de trabajo, el gobierno no ha podido frenar el descontento laboral en el sector público, especialmente en los campos de la educación y la atención de la salud[4].

Una forma obvia para que el gobierno fortalezca la economía de Venezuela sería hacer suficientes concesiones para convencer al gobierno estadounidense de levantar las sanciones, pero tendría que actuar con rapidez si quiere mejorar notablemente los medios de vida de los venezolanos antes de que salgan a las urnas. Incluso si las elecciones se celebraran en el último momento posible, en diciembre de 2024, el alivio de las sanciones tendría que entrar en vigor muy pronto para marcar alguna diferencia. Unas tímidas concesiones del gobierno de aquí a finales de 2023 traerían a cambio, en el mejor de los casos, un modesto alivio, posiblemente incluyendo más licencias de producción de petróleo para empresas extranjeras, pero éstas se quedarían muy cortas con respecto a lo que se necesita para generar un auge económico, así sea incipiente, antes de las elecciones.

Otro lastre electoral para Maduro y su círculo es que el gobierno recientemente se vio obligado a admitir que funcionarios de alto rango habían participado en un masivo esquema para desviar las ganancias de las exportaciones de petróleo a sus propios bolsillos. Según fuentes oficiales, las pérdidas ascienden a por lo menos $5 mil millones de dólares, pero versiones independientes hablan de una cifra mucho más alta[5]. La lista de los acusados (80 personas, según el gobierno a fines de marzo) se lee como una lista de quién es quién entre altos cargos civiles e incluso militares[6]. Entre ellos se encuentran un general que dirigía la división comercial de la empresa petrolera estatal PDVSA, el jefe de la autoridad nacional de criptomonedas, el jefe de la Corporación Venezolana de Guayana (el conglomerado estatal de industrias básicas), jueces, alcaldes y un exgobernador y ministro de la presidencia[7].

Los principales implicados en esta red eran todos cercanos al ministro de Petróleo, Tareck el Aissami, un aliado clave de Maduro, que, aunque se vio obligado a renunciar, aún no ha sido acusado ni detenido[8]. A pesar de que el escándalo ha permitido que Maduro se presente como un paladín anticorrupción, también ha conmocionado a su gobierno. Los observadores sospechan que Aissami pudo haber tenido la intención de desafiar políticamente a Maduro. Piensan que su destitución ha provocado cambios en la coalición chavista que están limitando al presidente a la hora de tomar medidas audaces[9]. Los partidarios de la línea dura que se oponen a las concesiones son más fuertes que antes, mientras que los burócratas y los aliados del sector privado están paralizados por el nerviosismo acerca de dónde podría caer el hacha la próxima vez[10].

El cálculo del gobierno de Maduro sobre las presidenciales de 2024 también está condicionado por la incertidumbre sobre la actitud de los poderes externos, en particular, pero no exclusivamente, de EE. UU.

La administración Biden heredó una política para Venezuela centrada en sanciones paralizantes, que afectan principalmente las finanzas y el petróleo, y en su mayoría fueron impuestas por el expresidente Donald Trump. A pesar de que no lograron la salida de Maduro ni del gobierno chavista, estas sanciones permanecen vigentes como elemento de presión destinado a inducir concesiones graduales, dirigidas en particular para que las elecciones sean libres y justas. Con la partida en mayo del embajador James Story, quien estuvo estrechamente relacionado con el apoyo al “gobierno interino”, y su sustitución por Francisco “Paco” Palmieri como jefe de Misión de la Oficina Externa para Venezuela en Bogotá, EE. UU. ha ofrecido una mayor claridad sobre las concesiones que Washington necesita ver para comprometerse en el alivio gradual de las sanciones[1]. Estas incluyen un calendario electoral, observación internacional de las elecciones, el fin de las prohibiciones a los candidatos y la interferencia con los partidos, la actualización del registro electoral y liberación de prisioneros políticos. Pero es probable que el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 endurezca la postura del gobierno ante el riesgo de ser percibido como “blando con Maduro”, una imagen que Biden tal vez prefiera evitar con la Casa Blanca en juego[2].

Sin embargo, ese no es el único obstáculo. Ninguna de las partes realmente confía en que la otra cumpla sus promesas[3]. EE. UU. sospecha que el gobierno de Maduro se las arreglará para mantenerse en el poder pase lo que pase. Caracas percibe mala fe por parte de Washington, señalando la demora en el cumplimiento del acuerdo de noviembre de 2022 para establecer el fondo administrado por la ONU para mitigar la crisis humanitaria, como se explicó anteriormente.

Aunque el giro hacia la izquierda de la región ha abierto nuevas oportunidades para una solución negociada, también ha reanimado y envalentonado al gobierno de Maduro. Este último no solo celebra haber sobrevivido a la “máxima presión”, sino que también se siente reivindicado en su postura ideológica y más a gusto con sus vecinos, la mayoría de los cuales ahora considera que no debe ser excluido de los foros regionales[1].

El contraste con hace varios años es asombroso. América Latina tuvo una posición abrumadoramente hostil hacia el gobierno de Maduro entre 2019 y 2020, una docena de gobiernos de la región se unieron a casi otros 60 países de todo el mundo para reconocer a Guaidó, no a Maduro, como el jefe de Estado legítimo de Venezuela. El Grupo de Lima, fundado en 2017, que en su apogeo contó con diecisiete miembros provenientes del continente americano, también mantuvo la presión sobre el gobierno de Maduro. En concreto, respaldó la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por la que Venezuela podría haber sido expulsada de la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el gobierno no restablecía la democracia[2]. (Maduro se adelantó a esa medida optando por la salida de Venezuela de la OEA en 2017).

Pero ahora la mayoría de los gobiernos de la región están dejando atrás la política de no reconocimiento. Gobiernos de izquierda más proclives a fortalecer sus relaciones con Venezuela, así como países abiertamente críticos con Maduro, como Uruguay y Paraguay, están reabriendo sus embajadas en Caracas. Los gobiernos latinoamericanos ahora tienen un canal directo con las autoridades venezolanas, que pueden utilizar para intentar persuadir a Maduro para que adopte posiciones más flexibles que puedan ayudar a resolver la crisis venezolana. La nueva realidad de la región hace evidente que Maduro sobrevivió a la política de aislamiento y máxima presión. Las recientemente renovadas relaciones diplomáticas con América Latina también significan que, incluso si las elecciones presidenciales de 2024 no son competitivas, Venezuela está mejor posicionada para evitar el grado de aislamiento político y económico que ha experimentado en los últimos años, aunque los nuevos gobiernos de la región pueden ver a Caracas con desaprobación.

Las relaciones entre Rusia y EE. UU. a raíz de la guerra en Ucrania también están influyendo en los cálculos de Maduro. Aunque el gobierno venezolano ya no puede depender de Rusia para evadir las sanciones y comercializar petróleo en los mercados internacionales, los lazos entre las dos naciones se mantienen fuertes. Mientras tanto, el interés de Moscú en promover un acuerdo negociado en Venezuela parece haber disminuido a medida que su hostilidad hacia EE. UU. se intensifica y las divisiones al interior de las instituciones multilaterales se profundizan.

Como aliado cercano de Rusia en América Latina, el gobierno de Maduro naturalmente se ha puesto del lado de Moscú y se ha visto más arrastrado hacia su órbita, incluso mientras su influencia global se ha debilitado. Sin embargo, el hecho es que la guerra ha sido perjudicial para la economía de Venezuela. Los esfuerzos de Maduro por eludir las sanciones a las exportaciones de petróleo venezolano, que resultaron exitosos en gran medida, consistían principalmente en vender petróleo en Asia y canalizar parte de las ganancias a través de instituciones financieras rusas. Pero al negarse a los bancos rusos el acceso al sistema de transferencias internacionales SWIFT, esta vía quedó bloqueada[1]. Además, Rusia se vio obligada a vender en Asia, y con descuento, petróleo que de otro modo habría vendido en Occidente, con lo que se redujeron las oportunidades de mercado para el petróleo venezolano de menor calidad, que además tiene que viajar una mayor distancia.

En consecuencia, Venezuela no ha podido aprovechar el incremento de los precios mundiales de la energía como resultado de la guerra. Las nuevas fuerzas del mercado significan que ahora está recibiendo menos dólares por barril que antes del inicio de las hostilidades[2]. Adicionalmente, las redes clandestinas de comercio que tuvo que establecer para continuar vendiendo petróleo facilitaron los esquemas de corrupción que han acabado costándole miles de millones de dólares.

Sin embargo, la crisis energética global ha beneficiado políticamente a Maduro al reavivar el interés por restablecer los lazos con Venezuela, que cuenta con las mayores reservas de petróleo del mundo, además de enormes yacimientos de gas sin explotar. Cuando Washington restableció inesperadamente el contacto directo con Maduro en marzo de 2022, los temas energéticos ocuparon un lugar destacado en la agenda, como lo son para la UE, cuya decisión de detener las importaciones de Rusia en respuesta a la invasión de Ucrania la dejó luchando por encontrar alternativas de suministro. La UE, que teme que un duro invierno en 2023-2024 ponga al descubierto su vulnerabilidad, está particularmente interesada en el gas que Venezuela ya produce al extraer petróleo en el estado oriental de Monagas, pero que, por falta de infraestructura, quema a cielo abierto, contribuyendo al cambio climático[3].

Mientras tanto, la relación cada vez más hostil entre EE. UU. y sus aliados, por un lado, y Rusia, por el otro, ha reducido las esperanzas de que este último pueda contribuir a una solución en Venezuela. Existe el riesgo de que la colaboración internacional para resolver la crisis interna de Venezuela pase a un segundo plano frente a la competencia geopolítica[4]. Rusia, que (junto con Países Bajos) había asumido el papel de “acompañante” de las conversaciones de la Ciudad de México (un rol difuso que sugería que podría ser una especie de facilitador), ha adoptado desde entonces una postura más intransigente a favor de Maduro. El 18 de abril, durante su paso por Caracas, el canciller ruso, Sergei Lavrov, describió a Venezuela como “sin duda uno de nuestros aliados más confiables” y prometió una mayor cooperación, con el objetivo de garantizar que el gobierno de Maduro pueda resistir las sanciones estadounidenses[5].

La cruenta crisis política de Venezuela tiene más de veinte años. Los esfuerzos para superarla han incluido varias iniciativas de diálogo, pero ninguna ha detenido la caída hacia el colapso económico, el malestar social ni el régimen autoritario. La brutal represión de la disidencia por parte del gobierno ha conducido a la investigación de la CPI. Aunque la oposición ha luchado principalmente por medios democráticos, en varias ocasiones ha recurrido a complots golpistas e incluso propuestas de intervención militar extranjera. Eso, a su vez, ha redoblado la determinación del gobierno de aferrarse al poder.

Idealmente, quienquiera que asuma la presidencia en enero de 2025 comenzaría a restaurar el Estado de Derecho y unas instituciones estatales eficaces, garantizando al mismo tiempo un trato equitativo a quienes salgan perdiendo en el proceso. Ese resultado, sin embargo, requeriría casi con certeza que se llegara a un acuerdo negociado antes de las elecciones. Como Crisis Group ha manifestado anteriormente, un acuerdo sostenible entre el gobierno y la oposición debe abarcar una serie de elementos. Estos incluyen condiciones para elecciones libres y justas en 2024 y más allá; reformas para evitar una mayor concentración de poder; apoyo al levantamiento de sanciones, y garantías para el bando perdedor de que se respetarán sus derechos políticos y su continua participación en la vida pública venezolana[1]. Además, se deben considerar medidas de justicia transicional, que podrían incluir una comisión de verdad y justicia destinada a lograr un relato imparcial de los crímenes cometidos en el pasado[2].

En este momento, sin embargo, ninguna de las partes parece dispuesta a contemplar iniciativas en este sentido. Todo indica que el gobierno no cederá el poder voluntariamente, ni se arriesgará a perderlo en unas elecciones plenamente competitivas, y que las disputas políticas fundamentales de Venezuela no se resolverán próximamente.

Este desalentador panorama está plagado de riesgos adicionales. No se debe ignorar el peligro de regresar a una crisis política de gran escala, especialmente si una elección presidencial desigual en 2024 desacredita nuevamente las urnas como vía para que la oposición compita por el poder. Una derrota en un terreno electoral desigual podría llevar a la oposición a retomar el abstencionismo y profundizar las divisiones políticas en toda la región. Un giro en esta dirección podría reforzar el statu quo o incluso presagiar un período de mayor represión interna y aislamiento regional para Caracas; muchos observadores venezolanos se refieren a este último escenario como la “ruta nicaragüense”[1]. Los costos humanitarios de una renovada tensión política sin duda serían enormes, con las esperanzas de recuperación económica frustradas y una nueva espiral de violencia que probablemente empujaría a más venezolanos desesperados a huir del país.

Sin embargo, ambas partes tienen razones para tratar de evitar este resultado. Aunque una represión más severa de la disidencia sigue siendo una opción para Maduro, muchos dentro y fuera de su círculo creen que preferiría consolidar la tendencia hacia el reconocimiento internacional de su gobierno mediante la celebración de unas elecciones más o menos presentables en las que la oposición pierda, en parte debido a sus propias falencias[2]. Evitar una nueva escalada de tensiones, garantizar que el gobierno no recurra a una mayor represión y crear las condiciones que puedan dar lugar a una solución integral negociada, tarde o temprano, también serviría a los intereses de la oposición.

En este contexto, posiblemente lo mejor que se puede esperar es un ciclo electoral que durante los próximos dieciocho meses fortalezca, en lugar de frustrar, las posibilidades de una apertura política pacífica. En caso de que Maduro o una alternativa chavista retengan el poder en las elecciones de 2024 sin un acuerdo suficientemente amplio sobre convivencia política, como parece probable en este momento, unas concesiones parciales mutuas que puedan aumentar las probabilidades de unas elecciones legislativas competitivas el año siguiente, en 2025, serían al menos un paso en la dirección correcta. Esto podría permitir que ambas partes reconsideren la posibilidad de cohabitar que apareció fugazmente en 2015 con la elección de un parlamento dominado por la oposición, y evitar un retorno a la competencia política de “suma cero”[3]. Para hacer posible esta perspectiva, hay que tomar medidas y cumplir una serie de condiciones. Lo más importante es que Washington y Caracas lleguen a un acuerdo (o una serie de acuerdos) que represente un avance hacia elecciones competitivas en 2024 y siente las bases para unas elecciones legislativas creíbles en 2025, al tiempo que proporcione beneficios económicos significativos para Venezuela.

Sin una misión de observación internacional acreditada, las elecciones presidenciales de 2024 pueden ser una oportunidad perdida en el esfuerzo por lograr unas elecciones más legítimas y creíbles. Hasta el momento, sin embargo, el gobierno de Maduro y el CNE no han adoptado ninguna de las 23 recomendaciones hechas por la misión de observadores de la UE después de las elecciones locales y regionales de 2021. El gobierno ni siquiera ha permitido que la jefa de la misión, Isabel Santos, diputada al Parlamento Europeo, regrese a Venezuela para presentar sus conclusiones. Sin reformas acorde a las esbozadas en el informe, a la UE le resultará difícil justificar el despliegue de una operación similar para las elecciones presidenciales de 2024[1].

En teoría, tanto Caracas como Bruselas tienen un interés apremiante en llegar a un acuerdo para que observadores internacionales profesionales puedan estar presentes. Maduro quiere demostrar su legitimidad a gobiernos extranjeros. La UE, por su parte, está ansiosa por pasar página de la era de la “máxima presión”. Dada la convergencia de estos objetivos, se podría pensar que un acuerdo es posible.

Pero sigue habiendo obstáculos importantes. El 14 de julio, Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y principal negociador del gobierno, descartó la posibilidad de una observación electoral de la UE, argumentando que la UE violó su acuerdo con el gobierno al desplegar la misión de 2021 sin reunirse con algunos funcionarios de alto nivel. La UE afirma haberle solicitado las reuniones al gobierno sin recibir respuesta[2]. No obstante, si el gobierno de Maduro finalmente decide que le resulta favorable el despliegue de una misión de la UE, podría adoptar algunas de las recomendaciones de 2021 que considere menos onerosas, como llevar a cabo una campaña educativa para aumentar la confianza en el sistema de votación electrónica o mejorar la capacidad del CNE para aplicar sanciones por violar las reglas de campaña, sumadas a un compromiso claro de avanzar en otras recomendaciones en un cronograma definido[3]. Habría que comprobar si estas medidas son suficientes para Bruselas, pero no cabe duda de que la UE acogería con satisfacción el compromiso.

Varios gobiernos latinoamericanos también han manifestado su interés en organizar una misión de observación. La OEA, que cuenta con una amplia experiencia en la observación de elecciones, en efecto ha sido descartada. Como se mencionó anteriormente, el gobierno venezolano renunció a su membresía en 2017; a pesar de que la OEA aún lo considera formalmente un miembro, la hostilidad entre ambos permanece intacta[4]. Otros organismos de monitoreo independientes y experimentados, como el Movimiento de Observación Electoral de Colombia, podrían contribuir a una misión regional que resulte más aceptable para el gobierno y al mismo tiempo tenga suficiente credibilidad.

Por supuesto, ya sea que se les permita participar en el monitoreo o no, ninguna de estas potenciales misiones electorales podrá garantizar la integridad de los comicios de 2024 a menos que el gobierno esté dispuesto a reducir las graves restricciones a los derechos de los votantes. El CNE sólo ha hecho esfuerzos limitados para facilitar la inscripción, especialmente para los millones de potenciales votantes que viven en el exterior[1]. Como se señaló, los principales aspirantes a la candidatura de la oposición, Machado y Capriles, están inhabilitados para presentarse, al igual que muchos otros detractores del gobierno[2]. Se estima que las cárceles venezolanas albergan a cerca de 300 presos políticos[3]. El Tribunal Supremo también ha despojado a varios partidos clave de la oposición de sus personerías jurídicas, dejándolas en manos de facciones más obedientes[4].

Pero incluso si la presencia de una misión electoral internacional no es garantía de unas elecciones completamente justas, aún valdría la pena. Una misión de observación, idealmente de la UE (dada su previa participación), podría proporcionar una evaluación oportuna de los progresos realizados para cumplir con las recomendaciones anteriores; garantizar que la atención esté centrada en los posibles graves abusos de poder, y continuar poniendo de manifiesto las reformas que deban llevarse a cabo para garantizar que las futuras elecciones sean genuinamente competitivas.

Será difícil lograr avances significativos a corto o largo plazo para resolver la crisis política de Venezuela sin una oposición más cohesionada. La oposición debe superar sus divisiones internas y fortalecer su respaldo popular si quiere entablar negociaciones en condiciones de igualdad. Al mismo tiempo, puede dar pasos cruciales hacia unas eventuales negociaciones integrales al abandonar los medios no democráticos para buscar el cambio político, y en su lugar explorar la posibilidad de un futuro de coexistencia política pacífica con los actores democráticos del chavismo.

La oposición venezolana, que de hecho delegó su toma de decisiones a EE. UU. y sus aliados en 2019, necesita urgentemente una reconfiguración que le permita mejorar su coordinación interna, reconectarse con los votantes, reconstruir la fe en las elecciones y poner fin a los llamados a boicotear de ciertas facciones. Las elecciones primarias, previstas para octubre, fueron concebidas menos como un medio para abordar estas necesidades que como un reconocimiento de la incapacidad de la oposición para hacerlo. Pero por sí solas, es poco probable que resuelvan la falta de liderazgo y estrategia a largo plazo[1]. En algún momento, la oposición tendrá que mirar más allá de las demandas de mejores condiciones electorales y la competencia entre candidatos rivales para centrarse en las principales preocupaciones de los votantes, sobre todo su calidad de vida y su futuro económico. Por ejemplo, debe formular propuestas para devolver gradualmente la estabilidad a Venezuela y restaurar unas instituciones estatales eficaces y no partidistas, una tarea que sólo podrá ser llevada a cabo por un amplio espectro de fuerzas políticas y sociales.

En cuanto a los pasos concretos, la oposición debe rechazar firmemente las posiciones maximalistas, como la postura de que el alivio de las sanciones sólo debe darse después de que Maduro deje el poder, y asegurarse de que su delegación en las conversaciones de México esté unida en este punto. Debe articularse detrás de un liderazgo colectivo con reglas claras para la toma de decisiones y permitir la participación de la sociedad civil en las negociaciones, como se prometió en el memorando que estableció el formato para las conversaciones en 2021. Adicionalmente, debe fortalecer la capacidad de su delegación formando equipos de especialistas con conocimiento relacionado con determinados puntos de la agenda, como la reparación a las víctimas de la violencia, las medidas de protección social y el restablecimiento del Estado de Derecho.

Colombia y Brasil tienen un papel vital que desempeñar para unir a Caracas, Washington y otras capitales en torno a la necesidad de hacer concesiones de cara a las elecciones. La ventana de oportunidad creada por el giro hacia la izquierda de América Latina, que podría brindarle al chavismo la tranquilidad que necesita para buscar una solución negociada, podría cerrarse pronto. Ya hay indicios de un giro hacia la derecha, alimentado por una tendencia en contra de los gobiernos en el poder, que no muestra signos de disminuir[1]. Dicho esto, los gobiernos de Petro y Lula han asumido el poder recientemente, y ambos mantienen su potencial como intermediarios entre Washington y Caracas. Estas dos capitales pueden trabajar tanto con Colombia como con Brasil. El embajador de Colombia en EE. UU., Luis Gilberto Murillo, tiene acceso privilegiado a la Casa Blanca: exciudadano estadounidense, trabajó en la campaña del presidente de EE. UU. de 2020, fundando un grupo llamado Colombianos con Biden[2]. Durante sus dos primeras presidencias, entre 2002 y 2010, Lula sostuvo estrechas relaciones con el gobierno de Chávez y simultáneamente se mantuvo en buenos términos con Washington. Esa trayectoria, y el hecho de que Brasil comparte una frontera de 2200 km con Venezuela, hacen que el gobierno de Lula esté en una posición única para apoyar una mediación[3].

Un formato posible, aunque aún no ha demostrado ser viable, es que los gobiernos latinoamericanos formen un “grupo de amigos” que ofrezca un firme respaldo diplomático a una solución negociada en Venezuela. Esta posibilidad también se planteó en el memorándum de las conversaciones de México[4].

No sería fácil, por supuesto, que los gobiernos regionales actuaran como interlocutores. Mantener relaciones sólidas con el gobierno y la oposición en Venezuela, así como con los aliados internacionales de ambas partes, requiere acrobacias diplomáticas que fácilmente pueden resultar en un paso en falso. Según informes, el gobierno de Petro ha retrocedido en sus esfuerzos por promover un acuerdo negociado en Venezuela tras percatarse de los obstáculos[5]. El potencial papel de Lula para respaldar un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana ya ha despertado la preocupación de al menos algunos sectores de la oposición, debido a su aparente afinidad con el chavismo, aunque Brasil ha subrayado su apoyo a una solución democrática al conflicto[6].

Aunque Maduro posiblemente no estará muy abierto a las sugerencias, incluso de gobiernos amigos, con respecto a las condiciones electorales, las naciones latinoamericanas (Colombia y Brasil en particular) deben dejar claro que habrá consecuencias si se percibe que las elecciones de 2024 son una farsa. Como mínimo, estos dos países deben insistir en una misión de observación internacional creíble y en el levantamiento de las prohibiciones impuestas a los candidatos de la oposición.

A pesar de que la conferencia de abril del gobierno colombiano no logró generar un esfuerzo internacional para volver a sentar a las partes a la mesa, ese debe seguir siendo un objetivo principal. Hasta ahora, América Latina se ha esforzado por encontrar un camino entre la confrontación y la colaboración con Caracas. Pero Colombia y Brasil deben intentar en los próximos meses usar sus fluidos vínculos con el gobierno de Venezuela para reducir las diferencias que separan a Washington y Caracas, en primer lugar, reduciendo las sospechas de ambas partes de que la otra simplemente está dando largas o no tiene interés en hacer concesiones genuinas y, en segundo lugar, poniendo en práctica sus buenos oficios diplomáticos para fomentar un respaldo global a los acuerdos preelectorales, como se describe más adelante.

 También les corresponde a Washington y Bruselas (así como a los gobiernos europeos, incluido el Reino Unido) coordinarse con más frecuencia y garantizar que la defensa de sus prerrogativas individuales y legítimas (como el acceso a recursos naturales y la protección de sus intereses políticos y económicos) no se traduzca en enfoques contradictorios hacia la crisis de Venezuela.

El objetivo de todas las partes debe ser fomentar un ciclo virtuoso de concesiones recíprocas por parte de los gobiernos de Venezuela y EE. UU., que implique reformas políticas y electorales por parte de Caracas a cambio del levantamiento progresivo de sanciones por parte de Washington, con el fin allanar el camino hacia unas elecciones en 2024 que representen progreso, aunque no sea hasta el punto de ser completamente libres y justas. Ese resultado, a su vez, podría abrir el camino para un escenario más amplio de negociaciones entre gobierno y oposición.

Hacia este fin, y con el apoyo de las principales potencias latinoamericanas, la administración Biden debe buscar como cuestión prioritaria el establecimiento de canales diplomáticos de comunicación con el gobierno de Venezuela, aunque en un primer momento éstos parezcan restar importancia a las negociaciones de México. Derribar los principales obstáculos para un acuerdo dependerá de conversaciones directas entre Washington y Caracas, así como de claros mensajes privados del gobierno estadounidense sobre qué sanciones levantaría para corresponder a cada concesión de Caracas.

Mientras Washington considera su enfoque hacia las negociaciones, también debe tener una visión clara sobre el impacto de su régimen de sanciones, y evitar darle más importancia de la que merece. Puede que las sanciones hayan logrado llevar a Maduro a la mesa de negociaciones, pero las promesas de aliviarlas aún no lo han llevado a hacer reformas políticas significativas. También ha habido otros costos. Las sanciones financieras y económicas impuestas por Washington evidentemente han exacerbado la crisis económica y humanitaria en Venezuela, contribuyendo así a impulsar los niveles de migración sin precedentes en la región[1]. También es evidente que, hasta el momento, no han conseguido su objetivo principal de poner fin al conflicto político. Esta perspectiva puede ayudar a que la administración estadounidense muestre la flexibilidad que se requerirá para obtener concesiones de Caracas.

En cuanto a cuáles podrían ser esas concesiones, parece haber espacio para un acuerdo (o una serie de acuerdos) que implique, por parte del gobierno venezolano, la liberación de presos políticos; la designación de un nuevo CNE que genere cierto grado de confianza para una mayoría de la oposición; una auditoría y actualización del registro electoral; medidas que le permitan a la oposición un mayor uso de los medios, y medidas para invitar a misiones de observación electoral, idealmente de la UE o de un grupo de Estados latinoamericanos[2].

Paralelamente, el gobierno estadounidense debe continuar ayudando a la ONU para acelerar la creación del fondo humanitario en EE. UU. y transferir los recursos requeridos, levantar la recompensa que ha ofrecido por información que conduzca al arresto o condena de altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido Maduro y conceder licencias adicionales que permitan aumentar la producción de petróleo. Por ejemplo, Washington podría permitir a las empresas de servicios petroleros reanudar sus operaciones en territorio venezolano y relajar las limitaciones que aún persisten para Chevron.

Al mismo tiempo, es vital que EE. UU. no imponga castigos adicionales para remediar el fracaso de las sanciones hasta la fecha, especialmente en el período previo a las elecciones. Si Maduro se niega a ceder antes de las elecciones, el Congreso estadounidense podría estar inclinado a aprobar leyes que intensifiquen el régimen de sanciones, afianzando posiciones y dificultando aún más su eventual desmantelamiento[3]. Debe resistir esta tentación, teniendo en cuenta que es poco probable que medidas punitivas adicionales tengan más éxito que las que ya están en vigor y podrían dificultar aún más el trato con Maduro en el futuro.

Los principales actores de la crisis venezolana, y sobre todo el gobierno de Maduro, impiden avanzar hacia una solución negociada. Lo más probable es que no se llegue a ningún acuerdo entre el gobierno y la oposición antes de las elecciones presidenciales de 2024, dejando a decenas de millones de ciudadanos venezolanos a merced de un conflicto que los ha condenado a la pobreza y la represión. Este resultado tendría consecuencias no sólo para Venezuela, sino para América Latina en su conjunto, entre otras cosas porque muchos más venezolanos huirían de su país para buscarse la vida en el extranjero.

El contundente fracaso del enfoque de “máxima presión” de la administración Trump debe servir para demostrar que no existe una salida mágica que acabe instantáneamente con esta prolongada crisis. El intento de aislar o derrocar al gobierno de Maduro a través de una severa presión económica sólo logró consolidar su control sobre el poder y profundizar su dependencia de Rusia, China, Irán y otros países no occidentales. Aunque EE. UU. y sus aliados han dejado de lado este enfoque, las posibilidades de unas elecciones plenamente competitivas en 2024 todavía parecen mínimas. En ningún momento el gobierno de Maduro ha dado indicios de que pudiera estar dispuesto a arriesgar su control del poder. Independientemente de las concesiones que logre negociar respecto a las sanciones, y de hecho incluso si se levantaran por completo, es probable que el gobierno siga decidido a permanecer en el poder, en especial si las amenazas de judicialización y el riesgo de persecución política bajo un nuevo gobierno se mantienen.

No obstante, las elecciones ofrecen una oportunidad para superar el estancamiento actual. En particular, será fundamental garantizar que las elecciones presidenciales de 2024 no se conviertan en una repetición de las de 2018, en las que la principal corriente de oposición se retiró, los resultados fueron considerados ilegítimos y el conflicto se agravó. Esto significa mantener la presión sobre el gobierno para que adopte medidas encaminadas a establecer unas condiciones electorales más equitativas (en ausencia de unas plenamente equitativas) y permita una genuina observación internacional, así como defender la necesidad de un espacio mucho mayor para el activismo civil y la disidencia política en Venezuela.

Pero hay pocas posibilidades de que acepte estas medidas a menos que obtenga algo a cambio en forma de un alivio de las sanciones estadounidenses. Con este fin, Washington debe trabajar con los vecinos de Venezuela, en particular Colombia y Brasil, para despejar el camino hacia unas negociaciones con Caracas. Cuando lo consiga, debe estar preparado para corresponder a cualquier reforma sustancial que haga Maduro con concesiones recíprocas en materia de sanciones.

La oposición, por su parte, debe trabajar para reconectarse con el electorado, mejorar su coordinación interna y fortalecer su campaña por una vía electoral negociada para salir de la disputa con el chavismo. Las potencias externas deben desconfiar de aquellas fuerzas anti-Maduro que buscan regresar a la “máxima presión” y cuyo aparente compromiso con una negociación es puramente táctico. Lo único que ha logrado el abstencionismo es debilitar a la oposición y retrasar los esfuerzos para superar la crisis. Es probable que el camino hacia una solución en Venezuela sea largo y que abunden los contratiempos. Pero todavía hay tiempo para navegar por el próximo ciclo electoral de una manera que fortalezca la gobernabilidad y se sienten las bases para unas futuras conversaciones más amplias.

Caracas/Bogotá/Bruselas, 16 de agosto de 2023