¿Qué hay de nuevo? En 2022, la presidenta de izquierda Xiomara Castro llegó al poder en Honduras. Prometió adoptar un enfoque comunitario de seguridad pública, reducir el papel del ejército y luchar contra la corrupción. Sin embargo, la frustración popular con el crimen rampante la llevó a priorizar duras medidas de emergencia en vez de seguir con estas reformas.

¿Por qué importa? A pesar de un ligero descenso en los homicidios, Honduras sigue siendo el segundo país más violento, y el más peligroso para las mujeres, en América Latina. La violencia generalizada, el estancamiento económico y las pésimas condiciones humanitarias en partes del país están alimentando un éxodo de hondureños, en su mayoría hacia EE. UU., México y España.

¿Qué se debe hacer? En lugar de concentrarse solamente en responder a los problemas de inseguridad, el gobierno debe también continuar con las reformas. Debe centrarse en reforzar la policía, combatir la impunidad e invertir en las comunidades afectadas por las pandillas, y no depender de las actuales medidas de emergencia. Los donantes deben trabajar con el gobierno siempre que sea posible, a pesar de su frustración con la política exterior de Castro.

Después de más de un año en el poder, el gobierno de izquierda elegido democráticamente y liderado por la primera mujer en llegar a la presidencia de Honduras se esfuerza por controlar la violenta delincuencia que durante tanto tiempo ha atormentado al país. La presidenta Xiomara Castro prometió un nuevo comienzo luego de la administración plagada de escándalos de Juan Orlando Hernández, quien ahora espera juicio en EE. UU. por cargos de narcotráfico y tráfico de armas. En campaña se comprometió a darle mayores facultades a la policía civil para velar por la seguridad pública, reforzar la lucha contra la corrupción y promover el respeto de los derechos humanos. Pero su gobierno no ha puesto mucho esfuerzo por implementar estas reformas. Es más, a finales del 2022, Castro adoptó medidas de seguridad de emergencia que, en el papel, siguen la línea de la represión a las pandillas de El Salvador. Aunque poner fin a los delitos violentos debe ser una prioridad, Tegucigalpa no debe copiar los burdos métodos de San Salvador ni dejar de lado la reforma. Castro debe redoblar sus esfuerzos para fortalecer la policía, frenar la corrupción y respaldar las iniciativas de prevención de la violencia en las comunidades afectadas por las pandillas. Los donantes deben apoyar estos esfuerzos, a pesar de su frustración con la política exterior de Castro.

La victoria electoral de la presidenta Castro en 2021 pareció marcar un cambio histórico para un país agobiado por la inseguridad, la pobreza y la corrupción. El único líder de izquierda de Honduras hasta entonces, Manuel Zelaya, esposo de Castro, había sido derrocado en un golpe de Estado doce años antes. Una serie de gobiernos conservadores electos que gobernaron el país tras el golpe de 2009 avanzó en la reducción de las tasas récord de homicidios. Pero año tras año, la delincuencia violenta generalizada, la desigualdad extrema y el estancamiento económico empujó a los migrantes hacia la frontera de EE. UU., alcanzando unas de las tasas más altas de Centroamérica. Los principales socios extranjeros de Honduras elogiaron la contundente victoria de Castro tanto por su naturaleza pacífica como por su compromiso de impulsar reformas dentro de un marco democrático. La vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, asistió a la toma de posesión junto con algunos de los mayores adversarios regionales de Washington, incluidos representantes del gobierno venezolano.

Sin embargo, al nuevo gobierno le ha resultado difícil avanzar hacia sus objetivos. El partido de Castro, Libre, no obtuvo la mayoría de los escaños del Congreso ni de alcaldías; además, ha estado plagado de divisiones internas. Los resultados iniciales de la nueva política de seguridad también fueron decepcionantes. Aunque los homicidios en general disminuyeron en 2022, aumentaron en al menos seis de los dieciocho departamentos del país, mientras que el número de asesinatos masivos igualó el récord del año anterior. Por su tasa de homicidios, Honduras sigue siendo el segundo país más violento de América Latina después de Venezuela, y tiene la tasa de feminicidios más alta de la región.

Presionada por responder a los delitos de alto perfil y un presunto aumento de la extorsión, y con la mirada puesta en los índices de aprobación, Castro ha desacelerado las reformas a la política de seguridad. Estos esfuerzos no se han detenido por completo. Por ejemplo, los planes para crear una comisión de la ONU para combatir la corrupción y la impunidad siguen avanzando, aunque lentamente. Pero en otras áreas, como por ejemplo su compromiso de poner fin al papel del ejército en la seguridad pública, el gobierno parece estar retrocediendo. A finales de 2022, Castro incluso parecía haber seguido el ejemplo en la lucha antipandillas del vecino El Salvador, al declarar el estado de excepción en varias regiones (el cual desde entonces ha renovado en cinco ocasiones) y reforzar los poderes de detención de la policía. Hasta ahora, en la práctica, las medidas más duras de Honduras no se parecen mucho a las de El Salvador, pero algunos observadores temen que Castro esté considerando la idea de seguir ese ejemplo.

Al mismo tiempo, las iniciativas de la presidenta Castro en el frente diplomático han inquietado a sus socios extranjeros. Su decisión de abstenerse de condenar la invasión de Rusia a Ucrania en la ONU disgustó a los principales donantes del país, particularmente a EE. UU., al igual que su posterior abstención en una medida de la Organización de los Estados Americanos que denunciaba la represión en Nicaragua. Su negativa a asistir a la Cumbre de las Américas de 2022, celebrada en Los Ángeles, fue mal recibida en Washington. Castro también cortó recientemente los lazos de Honduras con Taiwán y estableció relaciones diplomáticas con China, país que visitó en junio durante seis días. Las posiciones de política exterior de Castro, junto con la demora de las reformas internas y el distanciamiento de las políticas de seguridad prometidas, podrían desincentivar a los donantes occidentales.

A Castro le favorecería que su gobierno retomara los compromisos de campaña que parecen haber quedado de lado, incluso mientras las autoridades trabajan para que el crimen esté bajo control. Establecer unas fuerzas de seguridad confiables y profesionales es un proyecto a largo plazo. Para construir un país más seguro será crucial reanudar las reformas que podrían fortalecer a la policía civil, judicializar los delitos graves con más vigor y dirigir recursos hacia las comunidades afectadas por las pandillas. El gobierno también debe reactivar sus propuestas de campaña para reforzar la fuerza policial crónicamente mal equipada y financiada.  Debería diseñar programas comunitarios de prevención de la violencia que se basen en el conocimiento local. Por último, Castro debe procurar imponer el orden y la seguridad en las cárceles del país, especialmente tras el motín del 20 de junio en una prisión de mujeres que provocó la muerte violenta de 46 personas. Pero al hacerlo, los métodos brutales del presidente salvadoreño Nayib Bukele no debe ser su modelo a seguir.

Adicionalmente, el gobierno debe seguir adelante con sus planes de establecer una comisión contra la impunidad respaldada por la ONU para combatir la corrupción. Esta entidad podría permitir que los investigadores indaguen sobre delitos graves donde haya actos de colusión entre delincuentes y las instituciones del Estado. Para hacer posible una investigación exhaustiva, Castro necesitará impulsar una serie de reformas legales que la ONU ha identificado como un requisito previo indispensable; hasta el momento no ha reunido los votos necesarios para aprobar estas medidas en el Congreso. Independientemente de que esta comisión llegue a crearse, los funcionarios deben impulsar reformas que permitan a los fiscales hondureños perseguir poderosas redes ilícitas. Detener la antigua práctica de concentrar el poder en manos de aliados, amigos y familiares del partido gobernante supondría un gran paso hacia la desarticulación de estas redes.

A pesar de posibles reparos sobre las tendencias de política exterior de Castro y las dudas sobre su compromiso de llevar a cabo el programa de reformas con el que llegó a la presidencia, los donantes no deben dejar de apoyar a su gobierno. Deben recordarle sus promesas de reforma y ofrecerle apoyo para llevarlas a cabo. Con el deterioro de la democracia en El Salvador y Nicaragua, y bajo amenaza en Guatemala, el gobierno de Castro sigue siendo uno de los socios más prometedores en América Latina para los donantes. Se merece una oportunidad para triunfar.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Washington/Bruselas, 10 de julio de 2023

Gracias en parte a una participación inesperadamente alta y a favorables alianzas políticas, la izquierdista Xiomara Castro ganó la presidencia de Honduras por un amplio margen en noviembre de 2021. Su victoria generó una esperanza de cambio en un país que, desde el golpe de Estado de 2009, ha sufrido un aumento de los índices de delincuencia violenta y pobreza, junto con brotes de agitación política, todo lo cual ha contribuido a impulsar el éxodo de migrantes y solicitantes de asilo[1].

El descontento con el Partido Nacional jugó un papel importante en la victoria de Castro. Desde el golpe de Estado de 2009 en el que fue derrocado el presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, el partido de derecha gobernó el país durante tres mandatos consecutivos (los dos últimos bajo la presidencia de Juan Orlando Hernández, quien ahora enfrenta cargos por narcotráfico en EE. UU.)[2]. Estos gobiernos utilizaron tácticas de mano dura para combatir el crimen, ampliando el papel del ejército en la seguridad pública y trabajando para desmantelar organizaciones narcotraficantes. La tasa de homicidios cayó de un máximo de 93 por cada 100 000 habitantes en 2011 a 38 por cada 100 000 en 2021. Pero incluso esta menor tasa hace de Honduras uno de los países más violentos del mundo, y cientos de barrios siguen bajo el control de bandas criminales.

El historial de los gobiernos del Partido Nacional en materia económica y de responsabilidad interna también fue fuente de frustración para muchos hondureños. El país ya se encontraba en una situación vulnerable cuando llegó el COVID-19, que afectó gravemente los medios de subsistencia. Según informes, en 2021 el 75 por ciento de la población vivía en la pobreza[3]. Entre 2010 y 2021, los hondureños que huían de las altas tasas de criminalidad y la débil economía del país fueron detenidos en más de un millón de ocasiones en la frontera sur de EE. UU., mientras que más de 107 000 solicitaron asilo en México[4].

Al mismo tiempo, una serie de escándalos de corrupción salpicaron a políticos y funcionarios de alto nivel, incluso durante la pandemia[5]. De estos, el caso que más perjudicó la imagen del Partido Nacional, y la de Hernández, fue la condena del hermano del expresidente, Tony, en tribunales estadounidenses por cargos de narcotráfico[6].

A pesar de la situación del Partido Nacional, muchos creían que la contienda sería reñida, tal vez lo suficiente como para provocar una tensa disputa postelectoral[7].  Pero Castro venció por catorce puntos a su principal oponente, el candidato del Partido Nacional Nasry Asfura, quien rápidamente reconoció su derrota. La sorprendente victoria se debió en gran medida a la alianza de última hora entre Castro y otro aspirante a la presidencia, Salvador Nasralla (quien obtuvo la vicepresidencia), y su Partido Salvador de Honduras (PSH). La participación también superó las expectativas[8]. La victoria de Castro llenó a muchos de esperanza, ya que parecía representar una ruptura con el pasado, en gran parte por ser la primera mujer presidenta de Honduras. La presencia de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris en su toma de posesión, junto a emisarios del gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro, demostró la magnitud del respaldo internacional con el que contaba en ese momento.

Aun así, Castro tuvo un comienzo difícil. A pesar de la importancia de su victoria en 2021, pronto se hizo evidente la fragilidad de su base política. Su partido, Libre, no pudo asegurar una mayoría en el Congreso, donde obtuvo 50 de 128 escaños, ni en los gobiernos municipales, donde ganó 49 de 298 alcaldías[1]. Una disputa sobre quién presidiría el Congreso al comienzo de su presidencia reveló las tensiones latentes en el seno de su coalición[2]. La capacidad de Castro para pasar leyes en el Congreso se ha visto aún más amenazada por la ruptura entre Libre y el Partido Salvador de Honduras de Nasralla. Las tensiones entre Nasralla, por un lado, y Castro y Zelaya, por el otro, surgieron inmediatamente después de las elecciones, con el vicepresidente quejándose de que no estaba siendo consultado sobre decisiones importantes y que no se estaban respetando los acuerdos preelectorales[3]. En octubre de 2022, Nasralla expresó en público sus dudas sobre la capacidad de Castro para dirigir el país; poco después, Zelaya lo acusó de romper la coalición de gobierno por insultar a la presidenta[4]. Desde entonces, Nasralla se ha pronunciado regularmente en contra del gobierno y sus políticas[5].

Este informe explora los ambiciosos planes de reforma de seguridad del gobierno de Castro tras su victoria electoral, los progresos realizados y los obstáculos encontrados para llevarlos a cabo, así como el giro de su gobierno hacia políticas más duras (y menos orientadas a la reforma) a partir de finales de 2022. También ofrece recomendaciones sobre cómo equilibrar la necesidad inmediata de proteger a los hondureños de la delincuencia violenta con un compromiso continuo de reforma. Se basa en más de 50 entrevistas realizadas en las principales ciudades de Honduras y en barrios controlados por pandillas, así como en línea, entre septiembre de 2022 y junio de 2023, a funcionarios gubernamentales, agentes de seguridad, legisladores, expertos, líderes religiosos, empleados de organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios, trabajadores humanitarios, diplomáticos y académicos.

Castro prometió en su plan de gobierno reducir el papel del ejército en la seguridad pública, otorgar mayores poderes a la policía nacional y fomentar el diálogo entre la policía y las personas a las que deben proteger[1].  Pero un comienzo conflictivo con el Congreso, crímenes violentos de alto perfil, un aparente aumento en la extorsión y el deseo de mantener el apoyo público han desviado su atención.

Honduras está plagada de crímenes violentos. Las pandillas callejeras, como la MS-13 y Barrio 18, en ocasiones se asocian o trabajan para grupos de narcotraficantes que han permeado las más altas esferas del Estado. Fiscales estadounidenses han dicho que el expresidente Hernández mantuvo vínculos mutuamente beneficiosos con varios narcotraficantes, incluso mientras supuestamente lideraba un asalto incansable en su contra. Las actividades criminales más comunes en el país son el narcotráfico y la extorsión; otras incluyen la tala ilegal, la trata de personas y el tráfico de migrantes[1].

Las pandillas MS-13 y Barrio 18 operan principalmente en los suburbios de la capital Tegucigalpa y San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, pero según informes, se están expandiendo a las regiones costeras y a lo largo de las fronteras con Guatemala y El Salvador[2]. La competencia entre estas pandillas y otras más pequeñas es feroz[3]. Muchas de las bandas más pequeñas están compuestas por un puñado de delincuentes, unidos por lazos familiares, que suelen trabajar o aliarse con los principales grupos o incluso enfrentarlos[4].

Una peculiaridad de las pandillas hondureñas en comparación con las de otros países centroamericanos es su aparente protagonismo, en particular de la MS-13, en el narcotráfico[5].  Una vez controlado por unos pocos carteles, el narcotráfico en Honduras ahora está en manos de una infinidad de grupos, incluidas las pandillas[6]. Según informes, algunos de estos grupos tienen un control estricto de zonas remotas del país, especialmente La Mosquitia, una región en la costa este, y son responsables de alrededor del 30 por ciento de las muertes violentas del país, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito[7]. También parecen estar esforzándose por transformar a Honduras de un país de tránsito a uno que es productor de cocaína. En 2022, las autoridades erradicaron aproximadamente 140 hectáreas de coca, más de trece veces el total del año anterior. Esta superficie no es más que una fracción de la cultivada en Colombia, pero el aumento sugiere un esfuerzo por concentrar tanto la producción como el tráfico en Honduras[8]. Las extradiciones de policías y militares, así como de políticos acusados de narcotráfico, ponen de manifiesto la influencia de los intereses criminales dentro del Estado, incluso en sus altos mandos[9].

El expresidente Hernández, quien, como se analiza más adelante, enfrenta cargos similares en EE. UU., montó una ofensiva de seguridad de alto perfil apoyándose en el ejército[1]. En 2013, cuando se desempeñaba como presidente del Congreso, creó la policía militar[2]. Dos años después, nombró a un comandante militar, Julián Pacheco Tinoco, como secretario de Seguridad[3]. En 2018, convirtió a la policía antiextorsión en la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas, integrada por militares y policías y supervisada por una unidad dirigida por militares, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA). Por último, puso al ejército a cargo del sistema penitenciario a fines de 2019, en respuesta al aumento de la violencia en las cárceles[4].

El legado de Hernández es, en el mejor de los casos, mixto. La alta tasa de homicidios de Honduras disminuyó, un logro que las autoridades atribuyeron al desmantelamiento de los mayores grupos narcotraficantes, reformas policiales (descritas más adelante) y mejoras en el sistema penal, entre otras cosas[5]. Sin embargo, según una acusación de la fiscalía de Nueva York, el propio Hernández conspiró con redes criminales nacionales e internacionales para permitir el tráfico de cocaína hacia EE. UU.[6] Él insiste en que es inocente, víctima de acusaciones infundadas de los capos criminales que se vieron afectados durante su mandato[7].

Durante la administración de Hernández también se presentó una disminución en la transparencia que fue en parte una continuación de tendencias pasadas. Cuando Hernández era presidente del Congreso, el Partido Nacional aprobó un nuevo impuesto con el objetivo de canalizar fondos adicionales a las fuerzas de seguridad para combatir el crimen. Según informes, el impuesto generó ingresos de $1000 millones de dólares, pero el destino puntual de este dinero quedó exento de supervisión según los términos de la Ley de Secretos Oficiales (coloquialmente conocida como la “ley de secretos”)[8]. Pero el gobierno asestó un golpe mayor a la transparencia en 2020 cuando cerró la comisión internacional destinada a combatir la corrupción y la impunidad, conocida como la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)[9]. Menos de dos años después, el Congreso aprobó reformas al código penal que redujeron las penas por narcotráfico y limitaron la capacidad de los fiscales para obtener información financiera de los sospechosos en casos de lavado de activos[10].

Castro llegó al poder prometiendo reformas. Su objetivo era reducir el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen y, a la vez, mejorar los poderes de la policía civil[1]. También quería reforzar la vigilancia comunitaria capacitando a la policía para ganarse la confianza de los residentes, un enfoque que había tenido éxito en el pasado[2]. Con estos fines, disolvió rápidamente la fuerza antipandillas creada por Hernández, reemplazándola con una unidad policial, y le devolvió la autoridad sobre las cárceles a la policía nacional[3]. En julio de 2022, su gobierno lanzó una propuesta para crear lo que denominó “mesas de participación ciudadana”, espacios de encuentro donde representantes de la policía pudieran debatir con miembros de la comunidad los problemas de seguridad pública y diseñar estrategias de respuesta. Un funcionario del gobierno dijo que la razón era simple: “Hay que acercar policías y militares a la comunidad”[4]. El proyecto fue presentado ante el Congreso en septiembre de 2022, pero el Partido Nacional consiguió suficientes votos para bloquearlo. Tras rondas de consulta con la sociedad civil, Libre espera volver a someter la propuesta a votación[5].

El gobierno de Castro también destacó su compromiso de hacer de Honduras un país más seguro para las mujeres. Prometió reducir los feminicidios y darle un mayor apoyo estatal a los albergues para que las mujeres y sus hijos puedan escapar de la violencia. Sus partidarios señalan que la presidenta se ha comprometido a fortalecer los derechos reproductivos, incluidas medidas anticonceptivas de emergencia y acceso al aborto[6]. Su presidencia, sin embargo, no ha supuesto un cambio inmediato para las mujeres en Honduras: el país sigue teniendo la tasa más alta de feminicidios en América Latina; planes para construir un primer albergue para mujeres financiado con recursos públicos en la capital, recién se anunciaron en junio[7].

La nueva presidenta también prometió erradicar la complicidad entre delincuentes y el Estado hondureño. “Estamos comprometidos ... a sentar las bases de combate frontal a la corrupción”, dijo en su discurso inaugural[8]. En el centro de esta campaña se encuentra prevista la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), respaldada por la ONU y destinada a ayudar al gobierno a reactivar la lucha contra la corrupción y reducir la impunidad por delitos graves, la cual supera ampliamente el 90 por ciento[9]. Idealmente, la comisión jugaría un papel similar al de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Desde 2006 hasta 2019, cuando fue cerrada, esta comisión auspiciada por la ONU desmanteló más de 70 organizaciones criminales; procesó a cientos de funcionarios corruptos; ayudó a crear nuevos tribunales y fiscalías, y apoyó reformas legales y el uso de modernas técnicas de investigación[10].

Un año y medio después del inicio de la presidencia de Castro, miembros de su administración califican sus políticas de exitosas, mientras que los socios extranjeros también han reconocido avances[1]. Los partidarios de las reformas señalan que el inicio de las mismas ha contribuido a reducir aún más la tasa de homicidios en Honduras: en 2022, la policía reportó 3439 homicidios, 453 menos que en 2021[2]. Decretos gubernamentales han calificado los resultados de las recientes medidas de seguridad de emergencia (que se discutirán en detalle más adelante) como “muy buenos”[3]. “Juan Orlando Hernández hizo un negocio de la seguridad”, argumentó un comisario. Pero “ya no hay protección desde arriba para coludir con el crimen”[4].

De hecho, el mismo Hernández fue trasladado a Nueva York en abril de 2022 para enfrentar los cargos en su contra. Se espera que su juicio comience en septiembre, luego de que se declarara inocente en la audiencia inicial. En mayo de 2022, las autoridades también extraditaron al exdirector de policía Juan Carlos “Tigre” Bonilla (2012-2013) a EE. UU. por cargos de narcotráfico[5]. Se le acusa de aprovecharse de su cargo “para facilitar el tráfico de cocaína” y usar “violencia, incluido el asesinato, para proteger a una célula particular de narcotraficantes con conexiones políticas con la que se alineaba”, entre ellos Hernández[6]. Al igual que Hernández, se ha declarado inocente y espera un juicio que debe comenzar en septiembre[7].

El Congreso también ha empezado a debatir una serie de proyectos de ley que, en principio, podrían ayudar a las autoridades a enfrentar con mayor eficacia la compleja crisis de seguridad del país. Entre ellas se incluye una ley que faculta al Estado para fortalecer la prevención de la violencia de género y establece mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia, y otra que recompensa la “colaboración eficaz” reduciendo las penas de los delincuentes que aporten pruebas que le permitan a la policía desmantelar las bandas a las que pertenecían[8]. También derogó la “ley de secretos” en marzo de 2022, y en diciembre aprobó un proyecto de ley que reconoce la existencia de desplazamientos masivos por delincuencia y obliga al Estado a atender a sus víctimas[9].

Pero muchos observadores se muestran escépticos sobre el historial de Castro hasta la fecha. Una de las primeras fuentes de preocupación fue la ley de amnistía aprobada en febrero de 2022, aparentemente destinada a liberar a los presos políticos castigados por protestar contra el golpe de Estado de 2009, u otros que habían sido perseguidos por su papel durante el gobierno de Zelaya. La amnistía, sin embargo, también perdona delitos como el lavado de dinero y ciertos tipos de corrupción, y las dos primeras personas beneficiadas con la nueva legislación fueron el sobrino de la presidenta y un exministro del gobierno de Zelaya[10]. A los críticos les preocupa que el gobierno de Castro esté perpetuando la antigua práctica de concentrar el poder en manos de amigos y familiares, y un informe reciente afirma que hay altos niveles de nepotismo[11].

Otra preocupación es la lentitud con la que los planes para la creación de la CICIH han avanzado. Luego de intensas negociaciones, el gobierno firmó un memorando de entendimiento con la ONU en diciembre de 2022, y en mayo finalmente acordó los términos de una primera fase de actividades en las que una delegación de la ONU comenzará a apoyar al gobierno hondureño en la evaluación de las capacidades institucionales existentes y la identificación de las reformas requeridas para establecer la comisión[12]. Aun así, quedan por resolver diferencias de opinión entre la ONU y el gobierno sobre el funcionamiento del organismo, en particular sobre la selección del comisionado y la independencia real de la comisión. La ONU insiste en que la comisión debe tener plena autonomía para cumplir su misión, mientras que el gobierno hondureño sigue pidiendo una mayor participación en su composición[13].

Los críticos de los planes señalan varios problemas más. El memorando de entendimiento exige la derogación de un decreto conocido como el “fondo departamental” que anteriormente ha blindado de cargos de malversación de fondos a aquellos diputados que sobre los que hay sospecha de corrupción. El Congreso aún no ha aprobado esta reforma, y los escépticos temen que otros cambios que pueda solicitar la comisión también avancen con lentitud[14]. La implementación de nuevos procedimientos legales para la operación de la comisión contra la impunidad puede llevar incluso más tiempo. Los críticos también denuncian la aparente inclinación del gobierno para que la comisión limite su enfoque a la corrupción, lo que le impediría abordar gran parte de los nexos entre el Estado y las organizaciones criminales[15]. “¿Qué pasaría si en Honduras hubiera un magnicidio, o si hay ejecuciones extrajudiciales? Con el marco actual, la CICIH no podría apoyar”, observó un exfiscal de alto nivel guatemalteco[16].

El mayor problema que enfrenta el gobierno de Castro, sin lugar a duda, es que las tasas de delincuencia siguen siendo sumamente altas, a pesar de la caída de los homicidios en todo el país. Un delito en particular, la extorsión, parece estar en aumento[1]. Como se discutirá más adelante, las razones pueden radicar en parte en los cambios de política de Castro.

Las principales pandillas, junto con un número aparentemente creciente de imitadores, han aumentado sus demandas de extorsión, en particular de los servicios de transporte público y privado, y han expandido sus negocios a más lugares[2]. A principios de 2022 surgieron nuevos grupos en la terminal de transporte de San Pedro Sula[3]. Trabajadores humanitarios afirman que pandilleros salvadoreños, huyendo de la represión del presidente Nayib Bukele, se han asentado en ciudades hondureñas, particularmente en las que se encuentran a lo largo de la frontera, pero también en el centro industrial de Choloma, a las afueras de San Pedro Sula[4]. También parece que la MS-13 ha intensificado sus extorsiones a los residentes en algunas áreas después de suspender brevemente esta práctica cuando estalló el COVID-19 en 2020 (aunque estas extorsiones podrían ser obra de impostores)[5]. Se han empezado a presentar casos de extorsión con mayor frecuencia en departamentos fronterizos como Ocotepeque, Copán y Santa Bárbara, al igual que en la región central de Colón, todos lugares donde alguna vez fue bastante inusual[6]. La mayoría de las llamadas extorsivas se originan en las cárceles, donde los reclusos ejercen una especie de “autogobierno”, en palabras de un funcionario penitenciario de alto nivel[7].

Las cifras exactas son difíciles de precisar. Un estudio de Global Financial Integrity afirma que el valor total de los pagos por extorsión en Honduras está entre 52 y 72 millones de dólares[8]. Pero sean cuales sean las estimaciones, las extorsiones, y la zozobra que producen, son sin duda una importante fuente de dificultades y ansiedad para cientos de miles de personas.

Mientras tanto, el aumento de la extorsión puede haber intensificado la violencia al menos en algunos lugares, debido al enfrentamiento de pandillas rivales por el territorio[1]. Aunque las autoridades reportan una reducción de los homicidios a nivel nacional, las tasas de asesinatos aumentaron en seis de los dieciocho departamentos del país[2]. Los asesinatos masivos, a menudo relacionados con ataques entre pandillas, no han disminuido, con 50 registrados en 2022, cobrando 185 vidas en total[3]. Una reciente masacre en un salón de billar en Choloma cobró la vida de trece personas[4]. Según informes, las amenazas de las pandillas han desplazado a decenas de familias en Tegucigalpa, Chamelecón y Tocoa, entre otros lugares[5]. Las autoridades también han notado un aumento en la participación de mujeres en la delincuencia[6]. Mientras tanto, la violencia de género, un problema arraigado en la sociedad machista de Honduras también ha aumentado con los años, con 306 feminicidios entre los 3459 asesinatos registrados por la policía en 2022[7].

Podría decirse que, sin darse cuenta, la presidenta Castro pudo haber creado una oportunidad para que las pandillas y sus imitadores expandieran los negocios de extorsión al darle a la policía un papel mucho más importante en la lucha contra las pandillas y en la administración de las prisiones. Por un lado, la policía no parece haber estado preparada estas responsabilidades. Según informes, los oficiales del ejército que estaban al mando de la fuerza antipandillas se llevaron consigo la información de inteligencia recopilada durante años, y pasaron casi 4 meses antes de que la policía asumiera la gestión de las cárceles[1]. Mientras tanto, la policía estuvo operando con el presupuesto previamente asignado, con el que debía cumplir tanto sus labores originales y como las nuevas. “Le asignaste a la policía un montón de funciones y no hay policías”, observó un representante de la sociedad civil sobre la nueva política[2]. Un líder comunitario cuenta que a la policía se quedó con sólo tres patrullas para todo el barrio Rivera Hernández en San Pedro Sula, donde viven unas 200 000 personas: “No podemos quejarnos que la policía no actúe si no tiene cómo”[3].

La poca disponibilidad de personal también ha sido un problema. Las filas de la policía estaban ya bastante reducidas cuando Castro asumió el poder, después de que Hernández depurara el cuerpo de oficiales corruptos y de los que no cumplían los requisitos de edad, aptitud física y educación. El gobierno de Hernández resultó despidiendo a un tercio de la fuerza. Aunque los implicados en el proceso defienden los estándares utilizados, algunos observadores sostienen que el gobierno también utilizó la depuración para deshacerse de los de los oficiales que no se alineaban con los puntos de vista del Partido Nacional. De los más de 6500 oficiales despedidos, solo 2100 enfrentaron una investigación formal por presunta colusión criminal. Unos 1300 de los expulsados demandaron al Estado por despido sin justa causa[4]. Aunque reconoce la escasez de personal calificado, un comisionado de policía de alto nivel dijo que la fuerza pretende reclutar 2000 nuevos oficiales por año para llegar a un total de 25 000 en 2025, incluso reintegrando a algunos de los despedidos injustamente, una medida criticada por algunos expertos por deshacer un valioso esfuerzo de depuración del cuerpo[5].

Además de la escasez de personal, la policía suele estar mal equipada para atender a las víctimas de delitos. Crisis Group escuchó testimonios de víctimas de extorsión que no pudieron presentar su denuncia en la comisaría por “falta de papel”[6]. Las cárceles, ahora bajo la dirección de la policía, tienen muy poco dinero para reparaciones de rutina: “De 500 cámaras [que hemos instalado] en los centros penales, 300 están dañadas”, observó un funcionario penitenciario de alto nivel[7]. El gobierno también enfrenta disputas con contratistas que manejan las cámaras de seguridad en las calles y las líneas telefónicas de emergencia que dan servicio al público en general, aparentemente relacionadas con su intento de renegociar las licencias. Como resultado, estos servicios llevan meses sin funcionar, lo que afecta gravemente la capacidad de la policía para recibir denuncias de la ciudadanía y actuar acorde[8].

Castro se ha enfrentado a una presión cada vez mayor para que actúe contra la persistente delincuencia violenta y ha adoptado medidas policiales más coercitivas, incluida una mayor dependencia en el ejército. El detonante de su primer movimiento en esta dirección fue el brutal asesinato de Said Lobo, hijo de Pepe Lobo, presidente de Honduras de 2010 a 2014. Asaltantes fuertemente armados asesinaron a Said, junto con otras tres personas, cuando salían de un conocido club nocturno en Tegucigalpa el 14 de julio de 2022[1]. Imágenes de cámaras de seguridad mostraron a los asesinos vistiendo chalecos antibalas usados regularmente por las fuerzas de seguridad y portando rifles de asalto cuando interceptaron a Lobo y a los otros tres, alineándolos contra una pared y disparándoles en un asesinato estilo ejecución evidentemente premeditado. El director de policía Gustavo Sánchez acusó de inmediato a la MS-13 de los asesinatos y al menos seis personas fueron detenidas en cuestión de días, pero el motivo del crimen sigue sin esclarecerse[2]. En medio de la indignación pública, Castro le pidió a la policía militar, a la que ya había planeado disolver gradualmente, que se coordinara con la policía nacional para desplegar varias patrullas en las calles de la capital[3].

Las críticas más agudas llegaron acompañadas de una creciente percepción popular de que el crimen seguía empeorando. A finales de 2022, tanto el presidente de la asociación empresarial del país como el de la Corte Suprema expresaron su preocupación por el aumento de las extorsiones, y los medios también comenzaron a prestarle más atención[4]. A finales de noviembre, los sindicatos de conductores de autobuses paralizaron la capital cuando entraron en huelga, alegando que las demandas de extorsión se habían vuelto insostenibles, con 60 conductores de autobús asesinados desde 2022 hasta la fecha y vehículos incendiados en represalia por el incumplimiento de pagos[5].

Castro respondió con un cambio de política aún más marcado. En diciembre de 2022, impuso un estado de excepción en 162 distritos de las ciudades más pobladas del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, como parte de lo que denominó una “guerra contra la extorsión”[1]. El estado de excepción restringe la libertad de circulación y reunión y faculta a las autoridades para registrar domicilios y efectuar detenciones sin orden judicial. Castro también hizo un llamado a los bancos y empresas de telecomunicación para que establecieran controles más estrictos sobre las cuentas bancarias y tarjetas SIM que pudieran ser usadas en extorsiones, como parte de un plan más amplio que la policía puso en marcha en paralelo a las medidas temporales[2].

Desde su introducción, el Congreso ha renovado cinco veces el estado de excepción. En febrero los congresistas lo extendieron a 123 de los 298 municipios del país. A finales de marzo, el gobierno también lanzó el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, dividiendo el país en áreas de operación de la policía civil y militar y movilizando a más de 3000 oficiales militares en siete departamentos rurales donde prevalece el narcotráfico[3]. El 22 de junio, la presidencia anunció que el estado de excepción se ampliaría para abarcar aún más áreas y que el ejército asumiría responsabilidades de seguridad junto con la policía en todo el país[4].

A pesar de las similitudes en su retórica y disposiciones legales, las medidas de emergencia de Honduras no han traído el mismo tipo de represión ni han producido los mismos resultados que han sido reportados en el vecino El Salvador, donde el presidente Bukele introdujo su “régimen de excepción” para combatir las pandillas en marzo de 2022 y afirma haber reducido los asesinatos casi a cero[5].  Las autoridades hondureñas registraron 263 homicidios en diciembre de 2022 y 241 en enero de 2023, menos que los 292 registrados en noviembre de 2022, pero aún lejos de una caída notable[6]. Además, el número de salvadoreños encarcelados bajo la represión de Bukele, estimado en 70 000, supera ampliamente las cifras de Honduras. La policía hondureña afirma haber capturado a 4000 personas en los seis primeros meses del estado de excepción, pero el 81 por ciento tuvieron que ser puestas en libertad por falta de pruebas[7]. La oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos encontró que solo 25 de las 1348 detenciones que pudo verificar durante el primer mes estaban relacionadas con casos de extorsión, el principal delito al que apunta la campaña de Castro. El medio de comunicación en línea ContraCorriente, por su parte, informó que los dos juzgados antiextorsión del país sólo habían recibido 49 casos a principios de febrero[8].

Aunque el gobierno de Castro ha desplegado una retórica muy parecida a la de Bukele y ha imitado algunas de las estrategias de comunicación del salvadoreño, como mostrar fotos de pandilleros sin camisa acurrucados en los patios de las cárceles bajo la vigilancia de la policía militar, hay poca evidencia de que las condiciones en las cárceles o la vida cotidiana en las comunidades de bajos ingresos hayan experimentado cambios significativos hasta el momento[1]. Incluso en los sectores controlados por pandillas que el gobierno identificó como prioritarios para su ofensiva, líderes religiosos y comunitarios afirman que no han visto un aumento en las operaciones policiales desde que se impusieron las medidas de emergencia[2]. Dicho esto, en junio el gobierno endureció aún más su postura hacia los delitos violentos en algunos aspectos, respondiendo a una oleada de asesinatos en el norte del país con un toque de queda en las áreas afectadas, una redada policial y el anuncio de que respaldará un proyecto de ley para clasificar a los pandilleros como terroristas[3].

Mientras tanto, motines y tiroteos entre reclusos sacudieron simultáneamente cuatro prisiones a principios de abril, dejando una persona muerta y varias heridas. El caos obligó a Castro a anunciar medidas especiales para restablecer el orden en las cárceles[4]. Sin embargo, lo peor estaba por venir. El 20 de junio estalló un enfrentamiento entre pandilleras de la MS-13 y Barrio 18 en una prisión de mujeres en Tamara, que resultó en la brutal muerte de al menos 46 reclusas. Posteriormente, Castro destituyó al secretario de Seguridad, Ramón Sabillón, y lo sustituyó por el director de la policía, Sánchez[5]. También ordenó a los militares que asumieran nuevamente el control de las cárceles del país[6].

Hasta el momento, el “estado de excepción” de Honduras ha resultado más moderado que el de El Salvador. Además de su falta de recursos y personal, las fuerzas de seguridad del país, que operan bajo un gobierno democrático y progresista están aún bajo mayor control por parte de las instituciones estatales y judiciales que sus contrapartes salvadoreñas, a las que les han permitido encarcelar a tantos sospechosos de pertenecer a pandillas sin el debido proceso[7]. Castro debe su victoria electoral en parte a organizaciones de la sociedad civil hondureña y a defensores de los derechos humanos, lo que la hace reacia a dar luz verde a una campaña de detenciones masivas[8]. A diferencia de Bukele, ella ha mostrado interés en mantener buenas relaciones con socios extranjeros que le prestan atención a las denuncias sobre derechos humanos. “Me continúan asegurando que hasta ahora no ha habido ninguna violación de los derechos humanos”, afirmó una funcionaria estadounidense[9]. Dicho esto, el aparente interés del gobierno de Castro en hacer de la reforma de la seguridad una política emblemática ha disminuido, mientras que los movimientos recientes indican una disposición para adoptar medidas más duras para frenar la delincuencia violenta.

A medida que el gobierno de Castro se ha esforzado por equilibrar diferentes demandas y necesidades en la formulación de la política de seguridad, también ha dado varios pasos importantes y (para algunos de sus interlocutores) controversiales en el área de la política exterior.

Castro empieza con ciertas ventajas. En una región donde una tendencia autoritaria ha tensado las relaciones de varios gobiernos con sus socios extranjeros, como EE. UU. y la Unión Europea, la Honduras de Castro parece destacarse como una excepción. De hecho, las relaciones entre Honduras y sus principales donantes fueron en gran medida cordiales durante el primer año de Castro en la presidencia. “Hubo un cambio enorme [de EE. UU.] con la transición, una apertura muy significativa [bajo Castro]”, dijo una veterana funcionaria hondureña, señalando que varios funcionarios estadounidenses de alto nivel visitaron el país en 2022. “Antes”, agregó, “había un congelamiento, no solo con el gobierno sino con la comunidad de ONG con sede en Washington”[1]. Diplomáticos y funcionarios de la ONU se mostraron igualmente dispuestos a colaborar con el gobierno de Castro, elogiando sus planes para reactivar la lucha anticorrupción, reformar la política de seguridad y dar una mayor protección a los derechos de las mujeres[2].

Sin embargo, algunas de las posturas de política exterior de Castro han hecho sonar las alarmas de sus socios occidentales. Se negó a asistir a la Cumbre de las Américas de junio de 2022, un foro hemisférico celebrado en esta ocasión en Los Ángeles, porque los anfitriones estadounidenses no invitaron a Cuba, Nicaragua ni Venezuela. Esta decisión comenzó a “enfriar las relaciones”, dijo la funcionaria hondureña citada anteriormente[1]. Honduras también anunció que dejaría de reconocer a Taiwán y abriría relaciones diplomáticas con China, lo que molestó a los funcionarios estadounidenses y a algunos miembros del Congreso, aunque el Departamento de Estado no criticó oficialmente la decisión[2]. Las abstenciones de Honduras en las votaciones en la Organización de los Estados Americanos y la ONU para condenar la represión en Nicaragua y la invasión de Rusia a Ucrania, respectivamente, irritaron aún más a Occidente. “La abstención en la ONU solo valió para destruir la confianza”, dijo un diplomático europeo. “El gobierno no se da cuenta de lo catastrófico que fue ese voto”[3].

El gobierno de Castro defiende estas dos últimas decisiones alegando el derecho de cada país a decidir con quién establecer relaciones. Un funcionario del gobierno también argumentó que Rusia había ayudado a Libre cuando sus miembros fueron perseguidos tras el golpe de Estado de 2009. En cuanto al tema de Nicaragua, el funcionario añadió, “es difícil votar en contra del vecino. No queremos una guerra contra Nicaragua”[4]. No obstante, estas movidas han enfriado las relaciones del gobierno con sus principales socios occidentales.

A pesar de las llamativas medidas de emergencia y la avalancha inicial de proyectos de ley, la atención del gobierno de Castro en la reforma de la seguridad ha sido intermitente. Será necesario un esfuerzo más constante para abordar los problemas fundamentales que socavan la confianza en las autoridades y contribuyen a la proliferación de la delincuencia violenta. A pesar de la tensión generada por las diferencias sobre política exterior, los donantes deben apoyarla en estos esfuerzos.

En el centro del dilema de la política de seguridad de Castro está la cuestión de cómo mejorar la eficacia de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía, al tiempo que se erradica la corrupción. Como se ha señalado, la policía se enfrenta a una grave falta de recursos y personal. Además, y a pesar de la depuración del expresidente Hernández, la percepción de que las filas policiales están plagadas de granujas sigue siendo muy amplia[1].

La desconfianza hacia la policía civil es generalizada[2]. “La policía militar es más abusiva, pero menos corrupta”, afirma un pastor evangélico de una comunidad controlada por pandillas, opinión de la que hacen eco las encuestas y en muchas otras personas que viven en áreas similares, quienes coinciden en que el ejército y la policía militar tienen una reputación ligeramente mejor en lo que respecta a su honestidad[3]. También hay profundas divisiones en torno a los esfuerzos de la era Hernández por depurar la policía: mientras que el gobierno argumenta que muchos fueron expulsados simplemente por sus simpatías políticas, algunos expertos en seguridad temen que los oficiales despedidos por vínculos con el crimen organizado hayan logrado recuperar sus puestos[4].

Oficiales de policía y penitenciarios de alto nivel insisten en que se están produciendo cambios que benefician a la fuerza y la seguridad pública. Dicen que las prioridades son mejorar las condiciones laborales de los oficiales y combatir la corrupción en las filas[5]. Al mismo tiempo, afirman que tienen la intención de fortalecer las iniciativas de prevención del crimen, incluso a través de programas de rehabilitación y reintegración en una nueva prisión que “será una cárcel modelo”[6]. Pero los frutos de estos esfuerzos aún no son visibles.

El reto para Castro es encontrar un equilibrio entre las demandas públicas de mano dura para enfrentar las amenazas criminales inmediatas, que inevitablemente moldearán la política gubernamental, y el proyecto de reforma a más largo plazo. Trabajar de manera deliberada hacia un cambio gradual podría ser una forma de hacerlo. Por ejemplo, Castro puede mantener su compromiso de reducir el papel del ejército en la vigilancia civil fomentando una transición más gradual de lo que había planeado inicialmente. Mientras se produce el cambio, la policía militar y la nueva unidad policial antipandillas deben tener una mejor coordinación, incluso a través de operaciones conjuntas dirigidas por autoridades civiles. Mientras tanto, el gobierno, con el apoyo de donantes, debe dotar a la policía civil de mejores equipos y mejorar las condiciones de trabajo de los agentes, como ha prometido. Las autoridades también deben trasladar parte de su atención de las principales ciudades a zonas menos densamente pobladas, donde la violencia está aumentando[1].

Así mismo, el gobierno debe encontrar la forma de imponer controles más estrictos en las cárceles sin depender de un control militar a largo plazo. Antes del atroz motín de junio, Castro designó a su subsecretaria de Seguridad para que supervise las reformas del sistema penitenciario que incluyen el bloqueo del servicio de telefonía móvil dentro de los centros penitenciarios, la creación de una base de datos de reclusos y la incorporación de más tecnología en el funcionamiento de las cárceles[2]. El gobierno debe llevar a cabo esas reformas y emprender otras, como sancionar a los agentes de seguridad que sean descubiertos introduciendo teléfonos celulares y armas de contrabando a las cárceles. Los donantes deben apoyar los esfuerzos para mejorar el control estatal de las cárceles, y exigir al mismo tiempo que se respeten los derechos humanos de los reclusos y que se abstengan de cometer los tipos de abusos que se han visto en El Salvador bajo la represión de Bukele.

Al mismo tiempo, una actuación policial más eficaz dependerá del éxito de los esfuerzos por frenar la corrupción en el Estado y las fuerzas de seguridad y reducir los altísimos índices de impunidad del país. La prevista comisión de la ONU para Honduras, CICIH, sin duda podría desempeñar un papel fundamental en este sentido, pero las reformas internas podrían resultar igual de críticas.

Las grandes expectativas puestas en la comisión contra la impunidad se han visto atenuadas por la lentitud con que avanza su creación y las diferencias de opinión sobre su funcionamiento. Los dos principales puntos de discordia son quién nombrará al líder de la CICIH y cómo se puede proteger a la comisión de presiones políticas como las que condenaron a la MACCIH y a la comisión contra la impunidad en Guatemala. El gobierno de Castro parece inflexible sobre el primer asunto en particular: mientras la ONU insiste en que el secretario general elija al comisionado, el gobierno continúa refiriéndose a hacer la selección por su cuenta en el proyecto de ley[1]. Los críticos temen que el gobierno esté buscando una comisión “a su medida” que no represente una amenaza para su coalición política[2].

Existen soluciones potenciales para ambos casos. Como Crisis Group ha sugerido anteriormente, una forma de responder a las preocupaciones del gobierno sería establecer un proceso consultivo para nombrar al comisionado y un conjunto claro de criterios para la selección de casos y así evitar sesgos políticos[3]. Un funcionario de la ONU se refirió a la desaparecida comisión contra la impunidad en Guatemala, señalando que “era práctica habitual [en ese momento] tener intercambios informales con el gobierno” sobre quién debía dirigir la comisión, pero que el gobierno no debía tener un poder de veto formal, ya que eso socavaría la independencia de la comisión[4]. En cuanto a la capacidad de la Comisión para resistir la presión política, un destacado abogado hondureño argumentó que sería mejor, aunque más laborioso y ambicioso, buscar una reforma constitucional que blinde a la comisión de las cambiantes circunstancias políticas del país que establecer una CICIH que pudiera ser declarada inconstitucional o cerrada en cualquier momento por el gobierno[5].

Mientras tanto, hay medidas legales concretas que podrían allanar el camino para la llegada de la comisión y ayudarían a reducir la impunidad independientemente de que se establezca o no. Además de la ley de colaboración eficaz descrita anteriormente, la ONU y el gobierno han señalado la necesidad de promulgar nuevas leyes sobre lavado de dinero y malversación de fondos, anular el decreto que protege de la acción judicial a los acusados de malversación de fondos y fortalecer los poderes de investigación criminal del Ministerio Público[1]. Un fiscal de alto nivel señaló la necesidad de derogar los decretos que reducen las penas por narcotráfico y ofrecen beneficios a los sospechosos en casos de corrupción. Agregó a esta lista una reforma al código penal que clasifica las protestas callejeras como una modalidad del delito de usurpación, de lo cual podrían abusar las autoridades para reprimir las libertades de expresión y reunión[2].

Para que una eventual comisión tenga éxito, será vital la cooperación del sistema judicial hondureño. “La CICIH es necesaria para proteger fiscales, pero sin una Corte Suprema y un Ministerio Público con voluntad de combatir la impunidad se va a ahogar”, señaló un funcionario del gobierno[3]. Tras intensas negociaciones, el Congreso nombró una nueva Corte Suprema que se considera más equilibrada en su composición, aunque todavía bajo la influencia de varias fuerzas políticas[4]. El próximo nombramiento crucial será el del nuevo fiscal general en septiembre[5]. El compromiso de estas nuevas autoridades judiciales con la lucha anticorrupción se verá reflejado en su apoyo a la unidad especial anticorrupción, UFERCO, del Ministerio Público[6]. En mayo de 2022, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que, en principio, le permitía a esta unidad investigar casos sin esperar la aprobación del fiscal general[7]. Pero un fiscal de alto rango sugirió que el fiscal general aún podría obstaculizar discretamente su trabajo, incluso transfiriendo casos a otros departamentos o reasignando personal[8].

Ya sea que los principales jueces y fiscales estén o no comprometidos con la causa, para reducir la impunidad será esencial que las instituciones judiciales cuenten con los fondos y el personal adecuados. Actualmente no los tienen. En marzo, decenas de empleados del Ministerio Público y de la Dirección de Medicina Forense realizaron una huelga de varias semanas en Tegucigalpa. Intentaron dar a conocer, los particularmente bajos salarios, la escasez de personal para responder a la carga laboral y el limitado acceso a los equipos necesarios para llevar a cabo las investigaciones forenses[9].

Es poco probable que el gobierno pueda reducir la delincuencia a largo plazo si no resuelve las condiciones socioeconómicas que empujan a tantos jóvenes a unirse a las pandillas o a abandonar el país en busca de una mejor vida. Los jóvenes de las zonas controladas por pandillas carecen de oportunidades laborales, ya que los empresarios a menudo no los contratan debido a su lugar de origen. Como resultado, los jóvenes pueden sentirse excluidos de la sociedad en general[1]. “La marginación te encierra en ese mundo donde solo la pandilla te abre las puertas”, observó un representante de la sociedad civil que trabaja con jóvenes en riesgo[2].

Los líderes locales tienen varias ideas para remediar este problema. Proponen, por ejemplo, que las autoridades habiliten las casas incautadas a las pandillas como espacios de formación vocacional y técnica[3]. Allí, el gobierno podría ofrecer una base de formación vocacional y las empresas privadas el resto[4]. Para superar el estigma que a menudo hace que las empresas sean reacias a contratar personas de barrios violentos, organizaciones locales de la sociedad civil y líderes comunitarios podrían asociarse con las empresas para proporcionar referencias personales de los potenciales empleados. Los líderes locales también hacen un llamado a las organizaciones de la sociedad civil o empresas privadas que fomentan iniciativas de emprendimiento e inversión social para que les proporcionen a los residentes locales capital inicial o préstamos a bajo interés para iniciar sus propias empresas. Destacan la importancia de estos pequeños créditos para ayudar a las mujeres, especialmente a las madres solteras y a las sobrevivientes de violencia de género[5].

La vida bajo el dominio de las pandillas también puede ser costosa, debido a la extorsión y los efectos que desencadena. Las tarifas de autobús en todo el país aumentaron considerablemente en 2022, cuando la guerra de Ucrania disparó los precios del combustible. Para agravar el problema, las empresas de transporte han reducido sus horarios de operación y cambiaron sus rutas, particularmente bordeando las comunidades controladas por pandillas, para evitar ser víctimas de extorsiones o ataques por incumplir pagos[1]. Las personas que viven en estas áreas han tenido dificultades en su desplazamiento al trabajo y a la escuela. Las autoridades deben trabajar en estrecha colaboración con las empresas de transporte para garantizar que no se deje de prestar el servicio de transporte público en los vecindarios de bajos ingresos. Pueden, por ejemplo, subsidiar precios fijos de boletos cuando sea necesario y responder a las amenazas de extorsión más graves a través de investigaciones policiales y judiciales.

Otro subproducto más de la inseguridad en las áreas controladas por pandillas es que los jóvenes carecen de espacios públicos para la recreación. El Estado ha descuidado los parques, por ejemplo, que a menudo terminan siendo poco más que barreras que separan territorios de pandillas rivales[2]. El sector privado, en particular los bancos, contribuye al mantenimiento de los parques a través de fundaciones filantrópicas, pero muchos de estos espacios siguen en ruinas y son peligrosos[3]. Un mantenimiento adecuado requiere la atención y la financiación del Estado[4].

Ni el gobierno de Castro ni sus socios extranjeros deben permitir que sus perspectivas geopolíticas divergentes impidan la cooperación en asuntos de mutuo interés. A medida que se deterioran sus relaciones con los vecinos de Honduras, particularmente El Salvador y Nicaragua, EE. UU. y otros donantes deben aprovechar la oportunidad para avanzar todo lo que puedan con un socio que, al menos en parte, tiene una mentalidad reformista[1]. Al trabajar con Tegucigalpa, los socios extranjeros deben centrarse sobre todo en la prevención de la violencia, y tratar de adaptar los proyectos a las necesidades locales.

Las agencias de cooperación internacional realizan un trabajo esencial en las comunidades controladas por pandillas, ofreciendo espacios seguros y servicios que las autoridades nacionales o locales no han podido proporcionar. Pero se han visto afectadas por la incapacidad de los donantes para mantener la financiación. USAID ha financiado docenas de centros de extensión con el objetivo de ofrecer capacitación vocacional, educación y deportes a jóvenes en riesgo para opacar el atractivo de las pandillas y fomentar un sentido de pertenencia a la comunidad, disminuyendo así el impulso de emigrar[2]. Algunos datos sugieren que estos centros ayudaron a reducir la violencia en los barrios afectados por pandillas, particularmente a principios de la década de 2010[3]. Pero los recortes presupuestarios han perjudicado a estos centros. “La mitad [de los centros de extensión] han sido cerrados o sólo funcionan como gimnasios”, señaló un líder comunitario en Rivera Hernández[4].

Por su parte, el gobierno hondureño debe definir con mayor claridad y detalle las prioridades que desea perseguir. Una funcionaria estadounidense de alto nivel, por ejemplo, no conocía del plan para construir nuevas cárceles hasta que fue anunciado, a pesar de la voluntad de Washington de contribuir con capacitación y equipos[5].

El gobierno también debe dejar claro que no piensa convertir el estado de excepción en una medida a largo plazo. La funcionaria estadounidense mencionada anteriormente, expresó su preocupación por la dependencia del Estado en las medidas de seguridad de emergencia. “Es fácil … jugar con la gente [y decirles] lo que quieren escuchar”, argumentó, refiriéndose al atractivo de las políticas de Bukele y sugiriendo que Castro podría estar tentada a replicarlas[1]. Para disipar estos reparos, el gobierno de Castro debe buscar oportunidades para expresar su compromiso con una política de seguridad basada en los derechos humanos, la prevención de la violencia y la transparencia. Una medida para fomentar la confianza podría ser la creación de una junta de supervisión conformada por la comisionada nacional de los derechos humanos y representantes de la sociedad civil para monitorear el estado de excepción, exigir al gobierno que lo justifique periódicamente y presionar para que se levante lo antes posible.

Por último, el Congreso hondureño tendrá que poner de su parte, aprobando leyes que allanen el camino para la creación de la CICIH, así como otras que ayuden al Estado a reducir la violencia de género y a ofrecer protección a las víctimas del desplazamiento forzado interno[2].

El descontento que invadía a Honduras después de más de una década de gobierno del Partido Nacional, marcado por una agitación política recurrente, el aumento de delitos violentos, escándalos de corrupción y un modesto crecimiento económico cuyos beneficios apenas llegaban a los sectores más pobres de la sociedad, ayudaron a catapultar a Xiomara Castro al poder en 2021. Su inesperado amplio margen de victoria generó expectativas entre los ciudadanos y observadores extranjeros de que una nueva administración reformista finalmente pudiera abordar las causas que impulsan los arraigados problemas de violencia e injusticia del país, junto con su repercusión internacional más visible: la masiva migración a EE. UU.

Sin embargo, un año y medio después, la percepción del gobierno de Castro está marcada por cierto grado de desilusión, tanto dentro como fuera del país. A pesar de una modesta disminución general, los niveles de delitos violentos siguen siendo altos, e incluso aumentaron en algunas partes del país en 2022. Los asesinatos de alto impacto y un aparente aumento de la extorsión impulsaron al gobierno a cambiar de táctica, recurriendo al ejército en busca de ayuda y declarando un estado de excepción que se ha prorrogado en repetidas ocasiones, aunque sus efectos hasta ahora parezcan más simbólicos que prácticos. Sin embargo, los asesinatos masivos dentro y fuera de las cárceles han reforzado este cambio. Una retórica más fuerte y más personal de seguridad en las calles pueden ofrecer un respiro temporal a los ciudadanos, sobre todo en las zonas asoladas por las pandillas. Pero sería un error seguir por el camino marcado por el presidente salvadoreño Bukele, lo cual algunos temen que pueda ocurrir. También lo sería alejarse de los compromisos de reforma. A Castro le queda mucho por hacer para preparar el terreno para unas mejoras duraderas en la seguridad.

Fortalecer la fuerza policial y abordar las fallas de los sistemas judicial y de seguridad, en particular la corrupción, será esencial para progresar. Independientemente de que Honduras y la ONU lleguen o no a un acuerdo sobre la creación de la CICIH, el gobierno puede hacer mucho para romper el caparazón legal que protege a los sospechosos de corrupción. Las autoridades, el sector privado y los donantes extranjeros también deben destinar más fondos y atención a las áreas donde gobiernan las pandillas y reclutan a sus futuros miembros. Aunque las posturas de Honduras sobre Ucrania, Taiwán y Nicaragua han generado recelo los donantes occidentales, Castro sigue siendo uno de los socios más prometedores en una región que se precita rápidamente hacia el autoritarismo y una actuación policial más coercitiva. Los socios internacionales de Honduras deben incentivarla a hacer mucho más para trazar una ruta clara hacia un gobierno transparente y una seguridad pública que valore los derechos de las personas.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Washington/Bruselas, 10 de julio de 2023