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Venezuela se está cayendo del mapa
Venezuela se está cayendo del mapa
A Venezuelan soldier stands guard next to people forming a line to try to buy cornmeal flour and margarine at a pharmacy in Caracas, 15 March 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Venezuela: al borde del precipicio

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Resumen

En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, el Gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la Constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como ilegales e inaplicables. El Gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referendo, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes.

El conflicto de poderes es más perjudicial debido a que la crisis económica y social ha empeorado significativamente. El Banco Mundial estima que en 2016 el PIB se reducirá en más de un 10 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación se aproximará al 500 por ciento en 2016 y superará el 1.500 por ciento en 2017. A falta de indexación salarial, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza está aumentando rápidamente. Los alimentos y otros productos básicos escasean, y la mayoría de los venezolanos no pueden permitirse comprar suficientes cuando los encuentran. Los servicios de salud están al borde del colapso – la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles y los hospitales están experimentando un marcado aumento en el número de muertes de pacientes. Muchos ciudadanos hacen cola durante horas cada día para obtener productos a precios controlados, sin ninguna garantía de éxito. El Gobierno se ha negado a permitir que los donantes, privados o públicos, envíen alimentos o ayuda médica, alegando que la presión para que lo haga es una pantalla para encubrir una intervención extranjera que tendría por objeto perjudicar su reputación y finalmente derrocarlo.

Desde hace tiempo es evidente que, sin ningún mecanismo de participación internacional, es improbable que la crisis termine de forma pacífica y constitucional. El Gobierno está haciendo todo lo posible por dificultar los esfuerzos de la MUD por interrumpir la presidencia de Maduro por medios legales. Si el referendo revocatorio no se celebrara este año, perdería gran parte de su eficacia, dado que la Constitución prevé que el vicepresidente tome el relevo si el presidente abandona el cargo durante los dos últimos años de su mandato, que finaliza en enero de 2019. Si, por el contrario, Maduro fuera removido por referendo en 2016, sería necesario celebrar elecciones presidenciales en 30 días. Si el resultado fuera un sucesor de la MUD, la respuesta de los partidarios del Gobierno podría provocar graves problemas de gobernabilidad. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla iniciativas diplomáticas, incluidos los buenos oficios, en caso de una interrupción del orden democrático en un Estado miembro. En paralelo, dos expresidentes latinoamericanos y un expresidente del Gobierno español, a pedido de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y con el respaldo de la Asamblea General de la OEA celebrada en la República Dominicana en junio de 2016, están buscando promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición. 

Para evitar un desenlace antidemocrático posiblemente violento y facilitar una solución inmediata a la crisis humanitaria que está empeorando rápidamente: 

El Gobierno debería:

  • declarar una emergencia humanitaria y permitir la entrega de ayuda alimentaria y médica externa y su distribución por parte de agencias no gubernamentales;
     
  • abstenerse de usar el Tribunal Supremo para neutralizar a la legislatura electa y permitir una solución electoral pacífica a la crisis dejando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerza su función constitucional; y
     
  • liberar a todos los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos sin represalias, y participar en un diálogo directo, eficaz y oportuno con la oposición. 

La MUD y los líderes de la Asamblea Nacional deberían:

  • priorizar el interés nacional sobre los objetivos partidistas;
     
  • mantener su compromiso declarado con la resolución pacífica y constitucional de la crisis; y
     
  • hacer todos los esfuerzos posibles por buscar un diálogo eficaz con el Gobierno.

La comunidad regional debería:

  • insistir en que el Gobierno permita la entrega de ayuda alimentaria y médica de emergencia y preparar una evaluación detallada de las principales necesidades humanitarias y cómo atenderlas;
     
  • examinar la crisis en el marco de la Carta Democrática Interamericana y brindar asistencia urgente para restaurar las normas constitucionales y el Estado de derecho; y
     
  • apoyar los esfuerzos por buscar un diálogo estructurado y oportuno entre las dos partes y presionar al CNE para que siga el cronograma constitucional para celebrar un referendo revocatorio en 2016.

Caracas/Bruselas, 23 de junio de 2016

Venezuela's President Nicolas Maduro, pictured in the centre, attends a military parade in Campo de Carabobo, Venezuela, on 28 December 2016. Miraflores Palace/via Reuters.

Venezuela se está cayendo del mapa

Beset by relentless hyperinflation, collapsing public services and increasingly dictatorial rule, Venezuela is at risk of becoming a failed state. The best hope for change lies with neighbouring countries, which must sustain pressure to find a solution.

La primera sorpresa en materia de política exterior para el presidente entrante de EE.UU. Donald Trump podría surgir a tan solo unas horas de vuelo del sur de Miami. El tenso estancamiento político entre una población cada vez más desesperada y un régimen dictatorial en Venezuela empeoró a principios de enero después de que el parlamento, liderado por la oposición, desconociera al presidente Nicolás Maduro, quien gobierna por decreto. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición se han venido abajo, y el régimen está encarcelando a más líderes opositores y amenazando con disolver la legislatura. 

En enero, el gobierno comenzó a emitir billetes de mayor denominación en respuesta a la hiperinflación – sin embargo, incluso el de mayor valor, el billete de 20.000 bolívares, vale solo unos US$5,30 en el mercado negro. Muchos venezolanos tienen que acarrear fajos de billetes para realizar transacciones básicas. 

Se ha hablado durante tanto tiempo del riesgo de desastre en Venezuela, que es difícil saber cuándo el cielo en verdad se está viniendo abajo. Sin embargo, si el país continúa degradándose hasta convertirse en un Estado fallido, tendrá serias consecuencias para la región – incluida la propagación del crimen organizado, epidemias descontroladas y migraciones masivas. 

Se ha hablado durante tanto tiempo del riesgo de desastre en Venezuela, que es difícil saber cuándo el cielo en verdad se está viniendo abajo.

La crisis lleva años gestándose. Sin embargo, en 2011 Venezuela tenía el segundo mayor PIB per cápita de Latinoamérica. A lo largo de una década de auge del petróleo, que finalizó en 2014, alrededor de un billón de dólares pasó por las manos de su gobierno declaradamente socialista. Hasta una cuarta parte de este dinero podría simplemente haber sido robado. La mayor parte restante o bien fue entregado a regímenes aliados o desperdiciado en elefantes blancos, programas populistas y subsidios con, en el mejor de los casos, impactos a corto plazo.

Hoy, Venezuela es uno de los países más pobres de la región. Tan solo en 2016, su economía podría haberse contraído hasta un 18 por ciento. La inflación anual, la cual el gobierno ni siquiera ha informado para el último año, se acerca alos cuatro dígitos. 

Las consecuencias son severas. Hasta uno de cada doce ciudadanos admite revolver la basura en busca de comida. Los servicios públicos, incluidos los hospitales, están colapsando y están faltando incluso antibióticos básicos y píldoras para controlar la presión arterial. Por si fuera poco, la delincuencia violenta acaba con la vida de más de 20.000 personas al año en este país de 30 millones de habitantes, mientras que extensos territorios rurales  se encuentran bajo el control efectivo del crimen organizado, a menudo con la complicidad de las fuerzas de seguridad. 

He estado viviendo en, e informando sobre, Venezuela desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 y comenzó a desmantelar la democracia representativa, la cual despreciaba profundamente. El sistema bipartidista establecido tras el fin de la última dictadura en 1958 ya se había desmoronado. La pobreza, la desigualdad y la corrupción eran moneda corriente. El ex oficial del ejército, quien ya había intentado un golpe de Estado en 1992, ganó elección tras elección con la promesa de poner las cosas en orden mediante la “democracia participativa”. Pero hoy la situación es infinitamentepeor para la mayoría de los venezolanos. Muchos amigos, especialmente jóvenes profesionales, se han ido. Hay una diáspora, estimada en un millón y medio de personas, esparcida por todo el mundo. Casi todas las personas que conozco han sido víctimas de la delincuencia violenta. Algunos amigos y conocidos han sido secuestrados o asesinados. Pocos se atreven a salir de noche. La vida diaria está plagada de apagones, escasez de agua, colas para comprar el pan, y el temor constante de no poder obtener tratamiento si se enferma un familiar. 

La región tiene que obligar a Maduro a cumplir sus compromisos internacionales en materia de democracia y derechos humanos.

Venezuela se está cayendo del mapa. Siete aerolíneas internacionales se han retirado por completo a causa de los controles cambiarios, otras han reducido los vuelos y la mayoría de los billetes ahora se deben pagar en dólares. Es prácticamente imposible hacer una llamada al extranjero, salvo por internet. Y la internet está entre las más lentas del mundo. Tan solo para pagar su deuda externa, el gobierno se está viendo obligado a vender o empeñar el patrimonio estatal, y ha recortado las importaciones en más de dos tercios.

Maduro atribuye los males del país a una “guerra económica” desatada por sus opositores, en connivencia con EE.UU. Pero los economistas independientes llevan años advirtiendo sobre las consecuencias del despilfarro, la corrupción y los rígidos controles cambiarios y de precios del gobierno. Hace un año, un electorado desilusionado otorgó el control de la Asamblea Nacional – la legislatura del país – a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Pero el gobierno de Maduro usó su control del Tribunal Supremo para simplemente anular los poderes constitucionales del parlamento. La autoridad electoral, también en manos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha bloqueado el intento de la oposición de llevar a cabo un referéndum revocatorio contra Maduro – el cual podría haber sido una solución democrática y constitucional.

Las negociaciones lideradas por el Vaticano, que comenzaron a finales de octubre, se vinieron abajo casi inmediatamente, después de que el gobierno incumpliera sus compromisos de liberar a presos políticos, restaurar los poderes del parlamento y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. Cuando el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, exigió que Maduro cumpliera su palabra, el gobierno lo acusó de sobrepasar los términos de la misión de facilitación del Papa.

Los venezolanos saben que tienen que resolver sus propios problemas. Pero la región – y esto incluye a EE.UU. – tiene que obligar a Maduro a cumplir sus compromisos internacionales en materia de democracia y derechos humanos. Sin una transición de vuelta al Estado de derecho, mediada por actores externos, el país va camino del colapso. Los vecinos de Venezuela deben proporcionar mayor apoyo, además de presionar seriamente, para encontrar una solución a la crisis. El gobierno no da ninguna señal de estar interesado en unas verdaderas negociaciones, pero la región ya no puede permitirse mirar hacia otro lado.