A Venezuelan soldier stands guard next to people forming a line to try to buy cornmeal flour and margarine at a pharmacy in Caracas, 15 March 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Briefing / Latin America & Caribbean 24 Junio 2016 3 minutes Venezuela: al borde del precipicio Share Facebook Twitter Correo electrónico Linkedin Whatsapp Guardar Imprimir Download PDF Full Report Also available in English Español English Resumen En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, el Gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la Constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como ilegales e inaplicables. El Gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referendo, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes. El conflicto de poderes es más perjudicial debido a que la crisis económica y social ha empeorado significativamente. El Banco Mundial estima que en 2016 el PIB se reducirá en más de un 10 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación se aproximará al 500 por ciento en 2016 y superará el 1.500 por ciento en 2017. A falta de indexación salarial, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza está aumentando rápidamente. Los alimentos y otros productos básicos escasean, y la mayoría de los venezolanos no pueden permitirse comprar suficientes cuando los encuentran. Los servicios de salud están al borde del colapso – la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles y los hospitales están experimentando un marcado aumento en el número de muertes de pacientes. Muchos ciudadanos hacen cola durante horas cada día para obtener productos a precios controlados, sin ninguna garantía de éxito. El Gobierno se ha negado a permitir que los donantes, privados o públicos, envíen alimentos o ayuda médica, alegando que la presión para que lo haga es una pantalla para encubrir una intervención extranjera que tendría por objeto perjudicar su reputación y finalmente derrocarlo. Desde hace tiempo es evidente que, sin ningún mecanismo de participación internacional, es improbable que la crisis termine de forma pacífica y constitucional. El Gobierno está haciendo todo lo posible por dificultar los esfuerzos de la MUD por interrumpir la presidencia de Maduro por medios legales. Si el referendo revocatorio no se celebrara este año, perdería gran parte de su eficacia, dado que la Constitución prevé que el vicepresidente tome el relevo si el presidente abandona el cargo durante los dos últimos años de su mandato, que finaliza en enero de 2019. Si, por el contrario, Maduro fuera removido por referendo en 2016, sería necesario celebrar elecciones presidenciales en 30 días. Si el resultado fuera un sucesor de la MUD, la respuesta de los partidarios del Gobierno podría provocar graves problemas de gobernabilidad. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla iniciativas diplomáticas, incluidos los buenos oficios, en caso de una interrupción del orden democrático en un Estado miembro. En paralelo, dos expresidentes latinoamericanos y un expresidente del Gobierno español, a pedido de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y con el respaldo de la Asamblea General de la OEA celebrada en la República Dominicana en junio de 2016, están buscando promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición. Para evitar un desenlace antidemocrático posiblemente violento y facilitar una solución inmediata a la crisis humanitaria que está empeorando rápidamente: El Gobierno debería: declarar una emergencia humanitaria y permitir la entrega de ayuda alimentaria y médica externa y su distribución por parte de agencias no gubernamentales; abstenerse de usar el Tribunal Supremo para neutralizar a la legislatura electa y permitir una solución electoral pacífica a la crisis dejando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerza su función constitucional; y liberar a todos los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos sin represalias, y participar en un diálogo directo, eficaz y oportuno con la oposición. La MUD y los líderes de la Asamblea Nacional deberían: priorizar el interés nacional sobre los objetivos partidistas; mantener su compromiso declarado con la resolución pacífica y constitucional de la crisis; y hacer todos los esfuerzos posibles por buscar un diálogo eficaz con el Gobierno. La comunidad regional debería: insistir en que el Gobierno permita la entrega de ayuda alimentaria y médica de emergencia y preparar una evaluación detallada de las principales necesidades humanitarias y cómo atenderlas; examinar la crisis en el marco de la Carta Democrática Interamericana y brindar asistencia urgente para restaurar las normas constitucionales y el Estado de derecho; y apoyar los esfuerzos por buscar un diálogo estructurado y oportuno entre las dos partes y presionar al CNE para que siga el cronograma constitucional para celebrar un referendo revocatorio en 2016. Caracas/Bruselas, 23 de junio de 2016 Download pdf to continue reading the full report I. Overview In December 2015, President Nicolás Maduro immediately recognised the opposition Democratic Unity (MUD) coalition’s resounding legislative election victory. For the first time in over sixteen years, the prospect arose of political cohabitation between the alliance led by the ruling United Socialist Party of Venezuela (PSUV) and its opponents, and with it a unique opportunity to resolve the protracted political crisis by peaceful and democratic means. The government, however, has chosen confrontation, using control of the judiciary and other nominally autonomous branches of state to neutralise the opposition’s control of the National Assembly. The MUD seeks a recall referendum, which the constitution allows after the mid-point of any elected term of office. With battle-lines drawn, both sides treat many of the other’s decisions as legally and practically null and void. The government should cease efforts to block the referendum, and the international community should insist on a timely and effective dialogue with facilitators acceptable to both sides. Related Content Video 23 Junio 2016 Venezuela in Crisis The conflict of powers is all the more damaging because the economic and social crisis has worsened significantly. The World Bank estimates that 2016 GDP will decline by over 10 per cent, and the International Monetary Fund (IMF) that inflation will approach 500 per cent in 2016 and more than 1,500 per cent in 2017. With no wage indexation, the population below the poverty line is growing fast. Food and other basic goods are scarce, and most Venezuelans cannot afford to buy enough if they can find them. The health service is close to collapse, with most vital medicines unavailable and hospitals experiencing a sharp increase in patient deaths. Most citizens spend hours every day queueing for price-controlled goods, with no guarantee of success. The government has refused to allow donors, private or public, to send food or medical aid, arguing that pressure to do so is a cover for foreign intervention so as to damage its reputation and ultimately remove it. It has been apparent for some time that without some form of international engagement the crisis is unlikely to end peacefully and constitutionally. The government is doing all it can to hinder the MUD’s efforts to cut short the Maduro presidency by legal means. If a recall referendum is not held this year, it would lose much of its effectiveness, since the constitution provides for the vice president to take over if the president leaves office in the last two years of his term, which ends in January 2019. If, however, Maduro was removed by referendum in 2016, a presidential election would be required in 30 days. If it produced a MUD successor, the response of Chavista loyalists might pose serious governability problems. The secretary general of the Organization of American States (OAS) has called for application of the Inter-American Democratic Charter, which provides for diplomatic initiatives, including good offices, in the event of an interruption of the democratic order in a member state. Simultaneously, two former Latin American presidents and a former Spanish premier, at the request of the Union of South American Nations (UNASUR) and endorsed by the June 2016 OAS General Assembly are seeking to promote a government-opposition dialogue. The former Spanish premier, José Luis Rodríguez Zapatero, briefed the OAS Permanent Council on 21 June on the exploratory stage of those efforts. No agreement has been reached on when that dialogue might actually start, and the MUD has described it as “thus far non-existent” and “convened by only one side”. The Council is scheduled to meet on 23 June to discuss the secretary general’s report. To prevent an undemocratic, possibly violent outcome and facilitate an immediate solution to the rapidly worsening humanitarian crisis: The government should declare a humanitarian emergency and permit delivery of external food and medical aid and its distribution by non-governmental agencies; refrain from using the Supreme Court to neutralise the elected legislature and permit a peaceful electoral solution to the political crisis by allowing the National Electoral Council (CNE) to exercise its constitutional role; and free all political prisoners, allow political exiles to return without reprisals and engage in direct, effective, and timely dialogue with the opposition. The MUD and National Assembly leadership should prioritise national interest over partisan objectives; maintain their declared commitment to peaceful, constitutional resolution of the crisis; and make every effort to pursue an effective dialogue with the government. The regional community should insist that the government permit emergency food and medical aid and prepare a thorough assessment of principal humanitarian needs and how to meet them; examine the crisis in the framework of the Inter-American Democratic Charter and urgently assist in restoration of constitutional norms and rule of law; and support efforts to pursue a structured, timely dialogue between the two sides and press the CNE to follow the constitutional timetable for a 2016 recall referendum. Caracas /Brussels, 23 June 2016 Related Tags More for you Commentary / Latin America & Caribbean Opciones difíciles para Venezuela frente a una elección parcializada Also available in Also available in English Statement / Latin America & Caribbean Pacto en Barbados: la ruta sinuosa de Venezuela hacia comicios competitivos Also available in Also available in English