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Últimos destellos de democracia en Venezuela
Últimos destellos de democracia en Venezuela
A Venezuelan soldier stands guard next to people forming a line to try to buy cornmeal flour and margarine at a pharmacy in Caracas, 15 March 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Venezuela: al borde del precipicio

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Resumen

En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, el Gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la Constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como ilegales e inaplicables. El Gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referendo, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes.

El conflicto de poderes es más perjudicial debido a que la crisis económica y social ha empeorado significativamente. El Banco Mundial estima que en 2016 el PIB se reducirá en más de un 10 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación se aproximará al 500 por ciento en 2016 y superará el 1.500 por ciento en 2017. A falta de indexación salarial, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza está aumentando rápidamente. Los alimentos y otros productos básicos escasean, y la mayoría de los venezolanos no pueden permitirse comprar suficientes cuando los encuentran. Los servicios de salud están al borde del colapso – la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles y los hospitales están experimentando un marcado aumento en el número de muertes de pacientes. Muchos ciudadanos hacen cola durante horas cada día para obtener productos a precios controlados, sin ninguna garantía de éxito. El Gobierno se ha negado a permitir que los donantes, privados o públicos, envíen alimentos o ayuda médica, alegando que la presión para que lo haga es una pantalla para encubrir una intervención extranjera que tendría por objeto perjudicar su reputación y finalmente derrocarlo.

Desde hace tiempo es evidente que, sin ningún mecanismo de participación internacional, es improbable que la crisis termine de forma pacífica y constitucional. El Gobierno está haciendo todo lo posible por dificultar los esfuerzos de la MUD por interrumpir la presidencia de Maduro por medios legales. Si el referendo revocatorio no se celebrara este año, perdería gran parte de su eficacia, dado que la Constitución prevé que el vicepresidente tome el relevo si el presidente abandona el cargo durante los dos últimos años de su mandato, que finaliza en enero de 2019. Si, por el contrario, Maduro fuera removido por referendo en 2016, sería necesario celebrar elecciones presidenciales en 30 días. Si el resultado fuera un sucesor de la MUD, la respuesta de los partidarios del Gobierno podría provocar graves problemas de gobernabilidad. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla iniciativas diplomáticas, incluidos los buenos oficios, en caso de una interrupción del orden democrático en un Estado miembro. En paralelo, dos expresidentes latinoamericanos y un expresidente del Gobierno español, a pedido de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y con el respaldo de la Asamblea General de la OEA celebrada en la República Dominicana en junio de 2016, están buscando promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición. 

Para evitar un desenlace antidemocrático posiblemente violento y facilitar una solución inmediata a la crisis humanitaria que está empeorando rápidamente: 

El Gobierno debería:

  • declarar una emergencia humanitaria y permitir la entrega de ayuda alimentaria y médica externa y su distribución por parte de agencias no gubernamentales;
     
  • abstenerse de usar el Tribunal Supremo para neutralizar a la legislatura electa y permitir una solución electoral pacífica a la crisis dejando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerza su función constitucional; y
     
  • liberar a todos los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos sin represalias, y participar en un diálogo directo, eficaz y oportuno con la oposición. 

La MUD y los líderes de la Asamblea Nacional deberían:

  • priorizar el interés nacional sobre los objetivos partidistas;
     
  • mantener su compromiso declarado con la resolución pacífica y constitucional de la crisis; y
     
  • hacer todos los esfuerzos posibles por buscar un diálogo eficaz con el Gobierno.

La comunidad regional debería:

  • insistir en que el Gobierno permita la entrega de ayuda alimentaria y médica de emergencia y preparar una evaluación detallada de las principales necesidades humanitarias y cómo atenderlas;
     
  • examinar la crisis en el marco de la Carta Democrática Interamericana y brindar asistencia urgente para restaurar las normas constitucionales y el Estado de derecho; y
     
  • apoyar los esfuerzos por buscar un diálogo estructurado y oportuno entre las dos partes y presionar al CNE para que siga el cronograma constitucional para celebrar un referendo revocatorio en 2016.

Caracas/Bruselas, 23 de junio de 2016

Opposition supporters stand behind a barricade as the Constituent Assembly election was being carried out in Caracas, Venezuela, on 30 July 2017. REUTERS/Christian Veron

Últimos destellos de democracia en Venezuela

Venezuela’s political crisis took another fateful turn on Sunday 30 July with the rigged election of an all-powerful assembly mandated to rewrite the constitution. In this Q&A, Senior Analyst for the Andes Phil Gunson says Sunday’s vote represents the end of what little democratic space still existed and takes the country on the path to dictatorship.

¿Puede explicar cuál era el fin de la votación del domingo 30 de julio?

El gobierno chavista liderado por el presidente Nicolás Maduro llevó a cabo una “elección” unilateral para una Asamblea Constituyente – una institución todopoderosa de 545 miembros con poder para revisar, e incluso acabar con, la constitución nacional. Con Venezuela tambaleándose por una devastadora crisis social y económica, y por cuatro meses de protestas diarias lideradas por la oposición, el gobierno está jugando la carta de la Asamblea Constituyente en un intento por cimentar su control del poder.

¿Puede la elección ser descrita como libre, justa y democrática?

En el sentido convencional, la votación del 30 de julio no fue una elección. Fue un intento del gobierno de eliminar la disidencia del sistema político venezolano de un plumazo mas que enfrentar una elección libre y justa que seguramente hubiese perdido. Ésta es la culminación del largo descenso de Venezuela a una dictadura total, algo que el país no había vivido desde los años 50.

Bajo la constitución de 1999 – inspirada y promovida por Hugo Chávez, el antecesor y mentor de Maduro – el electorado debía decidir si convocaba una asamblea constituyente. Pero el gobierno de Maduro eludió esta consulta popular previa y, en su lugar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aceleró la elección, violando la ley y sus propios reglamentos.

El gobierno también amañó el sistema de votación para asegurar que, aunque la oposición participara, la victoria estuviera garantizada. Esto se contrasta con elecciones anteriores en donde – aun cuando las condiciones estaban fuertemente inclinadas a favor del gobierno – el resultado general reflejaba la intención de los votantes. El sistema en este voto estaba sesgado en contra de zonas urbanas densamente pobladas donde la oposición es más fuerte. Las reglas también estipulaban que 173 miembros de la asamblea fueran elegidos por ocho “sectores” de la población seleccionados arbitrariamente (tales como trabajadores o pensionados). Esto significaba que cerca del 40 por ciento del electorado tenía solo un voto, mientras que la mayoría podría votar a un representante “territorial” y a uno “sectorial”, socavando así el principio de “una persona – un voto”. No existen registros auditados de votantes para estos "sectores", que son propensos a la manipulación del gobierno.

[Sunday's vote] was a bid by the government to eliminate dissent from Venezuela’s political system at the stroke of a pen rather than face a free and fair election

El Consejo Nacional Electoral ha sido cómplice de los intentos del gobierno de subvertir la constitución. Desde 2015, tanto un referendo revocatorio con mandato legal – que habría dado al electorado la oportunidad de remover al presidente Maduro – y las elecciones locales y de gobernadores deberían haberse llevado a cabo. Pero la dilación por parte del consejo ha impedido que estas tres elecciones se realicen. En contraste, el consejo fue capaz de organizar la jornada electoral del domingo en tiempo récord. 

 La participación electoral es un tema acaloradamente disputado. El consejo afirma que más de ocho millones de personas votaron el domingo, pero fuentes independientes sugieren que fueron menos de la mitad de ese número. La agencia de prensa Reuters obtuvo cifras internas del consejo que indican que media hora antes que los puestos de votación cerraran, solo 3,7 millones – menos del 20 por ciento del electorado– se habían presentado. La compañía que suministra las máquinas de votación, Smartmatic,  anunció que la participación real era al menos un millón de votos menor que el resultado oficial. Por otro lado, debido a que el consejo permitió que muchos votantes eligieran su punto de votación, y debido a que los votantes no fueron marcados con la tradicional tinta indeleble, hay razones para sospechar que algunos votaron más de una vez.

¿Qué poderes tiene la Asamblea Constituyente y cómo va a ser utilizada?

While the Constituent Assembly inevitably will alter relations between the government and opposition, it could also bring to light splits within the government camp itself.

Como un cuerpo supra-constitucional, la asamblea tiene el poder de anular instituciones existentes, reestructurar el estado e incluso remover al presidente de sus funciones. No hay control de sus acciones o límite a la duración de sus deliberaciones.

El presidente Maduro ha indicado su intención de transformar a Venezuela en un estado comunal similar a Cuba. Esto significaría disolver el parlamento nacional, conocido como la Asamblea Nacional, que es controlado por la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) desde inicios de 2016. Bajo la constitución de 1999, la rama legislativa del gobierno es independiente y actúa de forma autónoma. Pero la Asamblea Constituyente podría cerrarla y despojar a los parlamentarios de su inmunidad ante la persecución penal. En su discurso de celebración la noche del domingo, Maduro dejó en claro que esas eran sus intenciones.

En teoría, la Asamblea Constituyente puede remover al presidente. ¿Permanecerá leal al presidente Maduro?  

Aunque la Asamblea Constituyente inevitablemente alterará la relación entre el gobierno y la oposición, también podría sacar a relucir tensiones dentro del partido de gobierno. La pregunta más importante que la Asamblea deberá enfrentar una vez este instalada es quién será su presidente. El resultado dependerá de cuál facción del partido gobernante se considera ha ganado más puestos. Si el principal rival del Maduro, Diosdado Cabello – vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) – prevaleciera, esto representaría al menos un cambio de estilo, y podría presagiar una división en el gobierno. Maduro, un ex dirigente sindical que recibió entrenamiento ideológico en Cuba, representa el ala izquierda civil radical del movimiento. Cabello, un capitán del ejército que participó en el golpe del Chávez de 1992, pertenece al ala militar, y tiende a ser aún más extremista en sus declaraciones públicas que Maduro. Sus camaradas de la academia militar son ahora generales bien posicionados. Las tensiones entre los dos bandos, cada uno de los cuales controla diferentes instituciones y fuentes de ingresos, han emergido ocasionalmente pese a los exitosos esfuerzos, hasta la fecha, de mantener un frente unificado contra la oposición. Cabello es visto por algunos como hostil a la influencia de Cuba en Venezuela, pero cuál de los dos es más propenso a la negociación es un tema de especulación.

¿Qué opciones quedan abiertas para la oposición?

La oposición ha organizado protestas casi diarias en los pasados cuatro meses. Choques con las fuerzas de seguridad gubernamentales han dejado más de 100 muertos, de los cuales al menos una docena fallecieron el día del voto, volviéndose la jornada más violenta desde el inicio de las protestas en abril. Las demandas originales eran elecciones libres y justas; permitir la entrada de ayuda alimentaria y médica para aliviar la crisis humanitaria; la liberación de los presos políticos (en la actualidad hay más de 400); y respeto por la separación de poderes, incluida la autoridad parlamentaria. Luego de cuatro meses, ninguna de las demandas de la oposición ha sido cumplida. Peor aún, el país ha dado varios pasos hacia atrás, especialmente con la creación de la Asamblea Constituyente y el re-encarcelamiento el lunes 31 de julio de dos importantes líderes opositores – Leopoldo López, fundador del partido Voluntad Popular y Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas[fn]Ledezma fue devuelto al arresto domiciliario el viernes 4 de agosto, y López el sabado 5 de agosto.

 Hide Footnote
– en una redada nocturna realizada por la policía secreta.

Even as many [opposition] supporters grow disenchanted, others could become radicalised and opt for a more violent approach.

Por su parte, la coalición opositora enfrenta el desafío de explicar a sus seguidores por qué ha fracasado a la fecha y más crucialmente, necesita una nueva estrategia. Si el presidente Maduro lleva a cabo su amenaza de clausurar la Asamblea Nacional, la oposición perderá la única institución nacional que controla.  En los próximos días, mantener a sus simpatizantes en las calles será cada vez más difícil, tanto por el incremento de la represión y como por la posible desilusión popular. Ya está mostrando signos de severas tensiones internas sobre temas como la formación de un gobierno paralelo, y si participar o no en las elecciones regionales, ahora programadas para diciembre.

Sin una estrategia clara, y enfrentados a una intensa persecución, muchos líderes y parlamentarios opositores pueden verse forzados al exilio o a la clandestinidad. Como resultado, el liderazgo formal de la oposición – parlamentarios, alcaldes, gobernadores estatales, y líderes de los partidos -  corren el riesgo de perder el control del movimiento. Aun cuando muchos partidarios se han desencantado, otros pueden radicalizarse y optar por un enfoque más violento. El domingo, un artefacto explosivo hirió a media docena de policías en el este de Caracas, un sector dominado por la oposición. En caso de que se repitan estos acontecimientos, el conflicto político de Venezuela podría transformarse en una guerra civil de baja intensidad.[fn]En un episodio todavía confuso, un grupo de hombres armados que se identificaron como militares rebeldes atacó la base militar Fuerte Paramacay, en la cuidad de Valencia, el domingo 6 de agosto.Hide Footnote
En un episodio todavía confuso, un grupo de hombres armados que se identificaron como militares rebeldes atacó la base militar Fuerte Paramacay, en la cuidad de Valencia, el domingo 6 de agosto. Hide Footnote

Es esencial que la MUD tome distancia de la minoría violenta y permanezca unida alrededor de una estrategia de desobediencia civil. La formación de un gobierno paralelo con la esperanza de obtener reconocimiento internacional seguramente sería una distracción. Aunque muchos gobiernos han dicho que no reconocerán a la Asamblea Constituyente, y continuarán considerando a la Asamblea Nacional como la legislatura legítima, no van a retirar su reconocimiento al gobierno de Maduro en favor de un órgano que no tenga poder real. La decisión sobre si participar en las elecciones regionales es más difícil y polémica especialmente ahora que el Consejo Nacional Electoral ha demostrado su voluntad de cometer fraude directo. Pero si la campaña para las gobernaciones estatales se combina con una demanda de elecciones transparentes y observadores electorales calificados, podría servir a un propósito.

¿Cuál ha sido la reacción de los poderes regionales e internacionales a la votación del domingo?

La comunidad internacional ha despertado – aunque tardíamente – a la idea que sin ayuda externa Venezuela continuará implosionando; también se ha dado cuenta que tal desenlace tendría consecuencias negativas tanto para el país como para la región y el mundo en general. Docenas de países, incluida la Unión Europea (UE) y sus países miembros y la mayoría de las naciones más grandes de las Américas, han dicho que no reconocerán los resultados de la votación del domingo.

La Organización de Estados Americanos (OEA) hasta ahora ha sido incapaz de tomar medidas sustantivas. Los aliados latinoamericanos de Venezuela – es decir Ecuador, Bolivia y Nicaragua - al igual que estados caribeños que reciben petróleo venezolano subsidiado, han bloqueado cualquier iniciativa que se pueda percibir como desfavorable al gobierno de Maduro. Pueden haber visto en la elección del domingo un estímulo para seguir por ese camino. Otros miembros de la OEA han empezado a buscar foros alternativos: el 8 de agosto, el canciller de Perú sostendrá una reunión con otros cancilleres regionales que podría resultar en la creación de un “grupo de contacto” con el fin de presionar a Caracas para que vuelva a la democracia.

Much will depend on the posture taken by Venezuela’s key international backers, Russia and China.

En respuesta a la jornada electoral del domingo, EE.UU. impuso sanciones al presidente Maduro, congelando todos sus bienes “sujetos a jurisdicción de EE.UU”. Por ahora se ha abstenido de aplicar sanciones más amplias, como restringir las exportaciones de Venezuela de componentes del crudo ligero o gasolina que son esenciales para su industria de refinería. Sin embargo, el gobierno de Trump ha dejado en claro que puede apretar los tornillos en una fecha posterior. Pero tales sanciones pueden empeorar la crisis humanitaria y proporcionar así al gobierno una excusa conveniente para la grave situación económica del país.

El talón de Aquiles del régimen es su crisis económica y financiera, y en particular su aplastante deuda externa. Alrededor de US$5 mil millones deben desembolsarse antes de fin de año en pagos del servicio de la deuda. Un default caótico transformaría el paisaje económico del país y debilitaría aún más la posición internacional y domestica del gobierno. Mucho dependerá de la postura que adopten los principales aliados internacionales de Venezuela, Rusia y China. Como importante productor de petróleo, Rusia podría intervenir para minimizar el impacto de futuras sanciones de EE.UU. al petróleo, mientras que China podría incrementar su apoyo financiero a Caracas ampliando el período de amortización de la deuda, permitiendo un respiro al régimen de Maduro. Hasta ahora Moscú ha reiterado su postura de condena a lo que considera “injerencia externa” mientras Pekín se ha mantenido en silencio.

¿Qué podemos esperar ver en los próximos días y semanas?

El gobierno ya ha dicho que avanzará en la destitución de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, una feroz crítica de las acciones recientes, y clausurará el parlamento liderado por la oposición.[fn]La Asamblea Constituyente votó por unanimidad a favor de la destitución de Luisa Ortega el sábado 5 de agosto, un día después de su inauguración.Hide Footnote Los líderes de la oposición, incluyendo a parlamentarios que perderán su inmunidad ante la persecución penal, pueden ser encarcelados o terminar en el exilio o en la clandestinidad. El régimen seguramente busca realizar estas acciones rápidamente para evitar que la oposición tenga tiempo de reagruparse y revisar su estrategia.

The government has shown no interest in negotiations, but that should not be an excuse for inaction.

Pero el gobierno también enfrenta un periodo difícil. Debe ser consiente de cuanta gente realmente votó el 30 de julio y, como se ha dicho, deberá afrontar luchas internas de poder sobre el control de la Asamblea Constituyente. El régimen podría fracturarse, pero la forma en que lo haga marcaría una diferencia significativa. En un escenario, una facción más pragmática, dispuesta a negociar genuinamente con la oposición tomaría el poder. Alternativamente, el ejército podría fragmentarse y dividirse entre simpatizantes y opositores del gobierno, hundiendo profundamente al país en el caos y la violencia.  En otras palabras, si los actores externos apuestan a una fractura   del régimen para resolver esta crisis, enfrentarán riesgos que son grandes. El mejor resultado sería que la comunidad internacional ofrezca a los miembros del régimen una salida segura para ellos y para el país en su conjunto, a cambio de un proceso de negociación creíble que revierta las recientes decisiones gubernamentales.

En este contexto, ¿qué se puede hacer?

Como Crisis Group ha venido argumentando, lo que Venezuela necesita son negociaciones creíbles y estructuradas entre el gobierno y la oposición para resolver el impase político y la grave crisis económica de Venezuela.  Lograr que ambas partes se sienten juntas es más difícil que nunca. Requerirá acuerdos en algunos principios básicos, tales como el respeto a la constitución de 1999, y algún estímulo (o al menos consentimiento tácito) de parte de los aliados internacionales más importantes del gobierno – sobre todo Cuba, Rusia y China – al igual que de los poderes regionales. En el mejor de los casos, la creciente presión domestica e internacional persuadiría al gobierno de la necesidad de llegar a un acuerdo transicional, incluyendo un calendario de elecciones bajo estricta supervisión internacional, precedido por el nombramiento de un consejo electoral neutral y ampliamente aceptado.

El gobierno no ha dado muestras de interés en una negociación así, pero esto no debe ser una excusa para la inacción. Aun cuando el régimen siga siendo intransigente, se pueden tomar medidas importantes: establecer un grupo de contacto internacional que incluya aliados del gobierno de Maduro; planificar la ayuda de emergencia, en particular para ayudar al creciente número de refugiados y, cuando sea posible, llevarla a cabo; imponer contra figuras claves del régimen sanciones cuidadosamente seleccionadas y coordinadas entre varios países, centrándose en las que impedirán que los funcionarios gubernamentales y sus aliados roben dinero de las arcas nacionales; y convencer a los países que todavía están dispuestos a respetar la Asamblea Constituyente para unirse al creciente número que la ha repudiado. Al mismo tiempo, se deben generar garantías creíbles al núcleo que lidera el gobierno de que una salida negociada puede incluir garantías para su seguridad personal, y para funcionarios de rango medio que un sistema de justicia transicional puede ser implementado para prevenir una caza de brujas.

Por supuesto, esas garantías sólo serán persuasivas para el régimen si son garantizadas por los principales aliados internacionales de Caracas y si están plenamente respaldadas por la oposición. La responsabilidad de este último es grande con respecto a esto aspecto:  tendrá que entender que un repentino cambio de régimen o un escenario de juego suma-cero no producirá una solución pacífica. La situación actual es grave. Pero todavía existe la posibilidad de evitar una violencia más generalizada si los que intentan hacerlo actúan de forma coordinada y de buena fe.