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Venezuela: atrapada en un hoyo, y aún cavando
Venezuela: atrapada en un hoyo, y aún cavando
A Venezuelan soldier stands guard next to people forming a line to try to buy cornmeal flour and margarine at a pharmacy in Caracas, 15 March 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Venezuela: al borde del precipicio

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Resumen

En diciembre de 2015, el presidente Nicolás Maduro reconoció inmediatamente la contundente victoria electoral de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Por primera vez en más de dieciséis años, se planteó la posibilidad de la convivencia política entre la alianza liderada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus opositores, y con ella una oportunidad única de resolver la prolongada crisis política por medios pacíficos y democráticos. Sin embargo, el Gobierno ha elegido la confrontación, usando su control del poder judicial y otros poderes del Estado nominalmente autónomos para neutralizar el control de la Asamblea Nacional por parte de la oposición. La MUD busca convocar un referendo revocatorio, que la Constitución permite pasada la mitad del mandato de cualquier cargo electo. Teniendo en cuenta las posiciones tomadas, ambas partes tratan muchas de las decisiones de la otra como ilegales e inaplicables. El Gobierno debería desistir de sus esfuerzos por bloquear el referendo, y la comunidad internacional debería insistir en un diálogo oportuno y eficaz con facilitadores aceptables para ambas partes.

El conflicto de poderes es más perjudicial debido a que la crisis económica y social ha empeorado significativamente. El Banco Mundial estima que en 2016 el PIB se reducirá en más de un 10 por ciento, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que la inflación se aproximará al 500 por ciento en 2016 y superará el 1.500 por ciento en 2017. A falta de indexación salarial, la población que vive por debajo del umbral de la pobreza está aumentando rápidamente. Los alimentos y otros productos básicos escasean, y la mayoría de los venezolanos no pueden permitirse comprar suficientes cuando los encuentran. Los servicios de salud están al borde del colapso – la mayoría de los medicamentos esenciales no están disponibles y los hospitales están experimentando un marcado aumento en el número de muertes de pacientes. Muchos ciudadanos hacen cola durante horas cada día para obtener productos a precios controlados, sin ninguna garantía de éxito. El Gobierno se ha negado a permitir que los donantes, privados o públicos, envíen alimentos o ayuda médica, alegando que la presión para que lo haga es una pantalla para encubrir una intervención extranjera que tendría por objeto perjudicar su reputación y finalmente derrocarlo.

Desde hace tiempo es evidente que, sin ningún mecanismo de participación internacional, es improbable que la crisis termine de forma pacífica y constitucional. El Gobierno está haciendo todo lo posible por dificultar los esfuerzos de la MUD por interrumpir la presidencia de Maduro por medios legales. Si el referendo revocatorio no se celebrara este año, perdería gran parte de su eficacia, dado que la Constitución prevé que el vicepresidente tome el relevo si el presidente abandona el cargo durante los dos últimos años de su mandato, que finaliza en enero de 2019. Si, por el contrario, Maduro fuera removido por referendo en 2016, sería necesario celebrar elecciones presidenciales en 30 días. Si el resultado fuera un sucesor de la MUD, la respuesta de los partidarios del Gobierno podría provocar graves problemas de gobernabilidad. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla iniciativas diplomáticas, incluidos los buenos oficios, en caso de una interrupción del orden democrático en un Estado miembro. En paralelo, dos expresidentes latinoamericanos y un expresidente del Gobierno español, a pedido de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y con el respaldo de la Asamblea General de la OEA celebrada en la República Dominicana en junio de 2016, están buscando promover el diálogo entre el Gobierno y la oposición. 

Para evitar un desenlace antidemocrático posiblemente violento y facilitar una solución inmediata a la crisis humanitaria que está empeorando rápidamente: 

El Gobierno debería:

  • declarar una emergencia humanitaria y permitir la entrega de ayuda alimentaria y médica externa y su distribución por parte de agencias no gubernamentales;
     
  • abstenerse de usar el Tribunal Supremo para neutralizar a la legislatura electa y permitir una solución electoral pacífica a la crisis dejando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) ejerza su función constitucional; y
     
  • liberar a todos los presos políticos, permitir el retorno de los exiliados políticos sin represalias, y participar en un diálogo directo, eficaz y oportuno con la oposición. 

La MUD y los líderes de la Asamblea Nacional deberían:

  • priorizar el interés nacional sobre los objetivos partidistas;
     
  • mantener su compromiso declarado con la resolución pacífica y constitucional de la crisis; y
     
  • hacer todos los esfuerzos posibles por buscar un diálogo eficaz con el Gobierno.

La comunidad regional debería:

  • insistir en que el Gobierno permita la entrega de ayuda alimentaria y médica de emergencia y preparar una evaluación detallada de las principales necesidades humanitarias y cómo atenderlas;
     
  • examinar la crisis en el marco de la Carta Democrática Interamericana y brindar asistencia urgente para restaurar las normas constitucionales y el Estado de derecho; y
     
  • apoyar los esfuerzos por buscar un diálogo estructurado y oportuno entre las dos partes y presionar al CNE para que siga el cronograma constitucional para celebrar un referendo revocatorio en 2016.

Caracas/Bruselas, 23 de junio de 2016

Demonstrators barricade the front of an office of the Supreme Court of Justice during a rally in Caracas, Venezuela, on 8 April 2017. REUTERS/Marco Bello

Venezuela: atrapada en un hoyo, y aún cavando

Venezuela’s neighbours are at last contemplating tougher measures to counter its dangerous and undemocratic behaviour. The government, helped by outsiders, should now negotiate with the opposition on a transitional regime to lead the country out of its grave social, economic and political crisis.

Las imágenes del rostro ensangrentado del diputado opositor venezolano Juan Requesens, su sien izquierda atravesada diagonalmente por un tremendo tajo, transmitieron visceralmente  en estos días hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del presidente Nicolás Maduro para permanecer en el poder. Requesens necesitó más de 50 puntos después de ser atacado por simpatizantes del gobierno durante una protesta contra la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir el poder legislativo. Si bien posteriormente fue parcialmente revertido, el dictamen emitido a finales de marzo por el Tribunal Supremo, controlado por el gobierno, causó consternación por toda América Latina, y dio pie a que finalmente los vecinos regionales de Venezuela tomaran duras medidas para abordar su comportamiento cada vez más antidemocrático.

La vida es dura para los 112 miembros del parlamento de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que conforman una clara mayoría en la Asamblea Nacional. Simplemente intentar caminar hacia la asamblea con simpatizantes puede resultar en que te golpeen, o te rocíen con gas pimienta o gas lacrimógeno. A varios de ellos les han anulado el pasaporte: dos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores tuvieron que cruzar la frontera colombiana a pie, sin pasaportes, de camino a una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington a finales del mes pasado. El Tribunal Supremo ha recomendado que varios miembros de la oposición sean juzgados por autoridades militares bajo el cargo de traición, y un diputado ya se enfrenta a un tribunal militar. Por si fuera poco, no reciben sueldo porque el gobierno, que afirma que los dirigentes parlamentarios están incurriendo en desacato de anteriores dictámenes del Tribunal Supremo, considera que la legislatura es ilegítima y ha recortado su financiamiento.

If Maduro is to stay in power purely through repression, at some point the army may be called onto the streets.

El 1 de abril, Mercosur, el bloque comercial regional del cual Venezuela ya ha sido suspendida por motivos técnicos, votó a favor de aplicar su “cláusula democrática” – conocida como el Protocolo de Ushuaia – que prevé la intervención conjunta en caso de un quiebre de la democracia en un Estado miembro. Dos días después, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que declaraba la “ruptura del orden constitucional” en Venezuela e instaba al gobierno a restaurar la democracia.

Las demandas son las mismas que efectuó el Vaticano tras el fracaso de su esfuerzo por facilitar las negociaciones en noviembre: liberar a los presos políticos, que suman más de 100; restaurar las funciones legislativas y de supervisión de la Asamblea Nacional, y la autonomía del Tribunal Supremo y la autoridad electoral (CNE); convocar elecciones; y permitir el ingreso de ayuda humanitaria. La autoridad electoral impidió que se celebrara un referéndum revocatorio contra Maduro el año pasado y suspendió la elección de gobernadores estatales. No ha dado ningún indicio firme de que estas elecciones se vayan a celebrar este año.

El presidente y otros funcionarios del gobierno han respondido con insultos y acusaciones de una conspiración inspirada por Washington para poner fin a su “revolución socialista”. Lejos de restaurar la democracia, la semana pasada el gobierno inhabilitó a uno de los principales líderes de la MUD, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, para presentarse como candidato a cargos públicos en los próximos quince años. Pero su actitud desafiante no puede ocultar las graves dificultades que el gobierno enfrenta. No solo está perdiendo apoyo internacional, sino que parece tener un control menos férreo sobre el poder que hace tan solo unas semanas. Incluso a algunos tradicionales aliados, como el partido español Podemos, les ha costado mantener el apoyo acrítico, aunque los gobiernos de Cuba y Bolivia, entre otros, no han flaqueado.

Maduro is trapped in an electoral maze of the regime’s own making. After years of using elections as plebiscites ... the government can now neither muster the electoral support nor find a convincing reason not to hold a vote.

El giro en torno a la decisión del Tribunal Supremo vino después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz, antes leal al régimen, afirmara en una transmisión televisiva en vivo, que fue sacada del aire inmediatamente, que el Tribunal Supremo había violado la Constitución. Semejante disidencia pública explícita por parte de una importante figura del régimen no tiene precedente, y el hecho de que su opinión prevaleciera sugiere que no está actuando por su cuenta. Como fiscal general, Díaz ha desempeñado un papel fundamental en el encarcelamiento de los principales disidentes. Pero desde la victoria opositora en las elecciones legislativas de 2015 ha moderado su postura, lo que ha generado choques con facciones más radicales a cargo de los servicios de inteligencia.

Se especula que la intervención de Díaz para evitar seguir resbalando hacia una dictadura absoluta es vista favorablemente por elementos del ejército. No sería la primera vez que las fuerzas armadas intervienen del lado de la democracia. En diciembre de 2015, el alto mando ordenó el cierre de las mesas electorales cuando el gobierno pretendía mantenerlas abiertas después del horario de cierre en un intento de afectar el resultado de las elecciones. Si Maduro intenta permanecer en el poder solamente mediante la represión, en algún momento podría sacar al ejército a la calle. Esto es un escenario que según expertos militares podría presentar a los oficiales con un gran dilema, ya que son muy conscientes del peligro de posteriores persecuciones por abusos de los derechos humanos si llega a haber un cambio de gobierno.

Maduro está atrapado en un laberinto electoral creado por el propio régimen. Tras años de usar las elecciones como plebiscitos, confiando en que los ingresos del petróleo y el carisma del fallecido hombre fuerte Hugo Chávez siempre garantizarían la victoria, el gobierno ahora – sin Chávez – no puede ni obtener apoyo electoral ni encontrar una razón convincente para no celebrar elecciones. Y con las reservas de divisas en el nivel más bajo de las últimas dos décadas y miles de millones de dólares en pagos de deuda que vencen este año, se enfrenta a la posibilidad del default o forzar a los venezolanos a enfrentar dificultades aún mayores  que las que ya están sufriendo debido a la falta de alimentos, medicamentos, y otros bienes básicos. La inestabilidad política ha agravado una situación financiera ya de por sí crítica. Muchos temen que el presidente pueda usar la supuesta amenaza de intervención extranjera para cerrar incluso el limitado espacio democrático que aún está disponible. Algunos políticos del gobierno han afirmado que opondrían resistencia armada a cualquier intento de derrocarlos. Pero no está claro si el ejército, de cuya buena voluntad dependen, los acompañaría por ese camino.

Por más nefastas que parezcan las perspectivas para Venezuela, los eventos de las últimas semanas han aclarado algunas cuestiones. La OEA, bajo su activista secretario general Luis Almagro, ha demostrado ser la plataforma clave para ejercer presión internacional. Su Carta Democrática Interamericana, que establece iniciativas democráticas en caso de un quiebre de la democracia, y en casos extremos la suspensión de un Estado miembro, no es una varita mágica. Pero sí ofrece un marco legítimo para la acción, ya que ha sido ratificada por cada uno de los 34 miembros activos de la OEA. Almagro ha tomado la iniciativa, argumentando a favor de la suspensión de Venezuela de la organización, y haciendo que incluso EE.UU. parezca moderado en comparación. La coalición de unos 18-20 países que ahora apoyan una iniciativa regional para persuadir al gobierno de Maduro de que negocie incluye a todas las naciones más influyentes de la región – Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú, además de EE.UU. No solo a los vecinos directos de Venezuela les interesa que se aborde la crisis de inmediato. México acogerá la Asamblea General de la OEA en junio, y no quiere que se vea arruinada por disputas en torno a Venezuela. Curiosamente, Washington – que en muchas otras cuestiones está enfrentado a México – está trabajando muy de cerca con dicho país en torno a este asunto.

If the opposition are prepared to negotiate a calendar of elections and a transitional arrangement for Maduro ... then it is possible the split between government hardliners and pragmatists could widen.

Asimismo, la capacidad del gobierno de Maduro de emplear cada vez más represión para contener a una población cada vez más intranquila es mucho menos evidente que a principios de año. En los últimos días, varias protestas masivas en Caracas y otras ciudades se han enfrentado con gas lacrimógeno, cañones de agua y balas de goma, así como civiles armados en motocicletas, pero a menudo las multitudes se han mantenido firmes. Con diputados opositores liderando desde el frente, el entusiasmo por las protestas parece haber sido restaurado tras el desánimo de principios de 2017, aunque no está claro hasta cuándo la MUD podrá mantener la presión.

El gobierno se ha mostrado muy poco dispuesto a ceder en las negociaciones con la oposición, y la presión interna y externa hasta ahora se ha topado con promesas de intensificar la “revolución”. Es un hecho significativo que el único retroceso importante de los últimos tiempos – el giro en torno a los dictámenes del Tribunal Supremo – fuera provocado por la disidencia interna de alto nivel. Si la oposición, y aquellos en la región que están presionando por la restauración de la democracia, están dispuestos a negociar un calendario electoral y un arreglo transicional para Maduro y otros dirigentes del régimen si pierden el poder en dichas elecciones – que necesariamente incluirían algún tipo de inmunidad penal – entonces es posible que la brecha entre el ala dura del gobierno y los pragmáticos podría ensancharse, y se podría alcanzar un acuerdo. Esto tendría que ser mediado por un equipo de actores externos previamente acordado, posiblemente ministros de relaciones exteriores de países vecinos. La reaparición del Vaticano en un papel de facilitador también podría ser útil.

La alternativa es la miseria social permanente, que se mantendría contenida mediante la dictadura militar. O el colapso, seguramente provocado por un caótico default de la deuda externa. Se está agotando el tiempo para encontrar una solución creativa al caos en Venezuela.