icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Youtube
Libia: Una Transición Pacífica en la Era Pos-Gadafi
Libia: Una Transición Pacífica en la Era Pos-Gadafi
What Could Possibly Go Wrong in Libya?
What Could Possibly Go Wrong in Libya?

Libia: Una Transición Pacífica en la Era Pos-Gadafi

Mientras los libios se preparan para el colapso inminente del régimen de Muamar el Gadafi, el país enfrenta un momento crítico de proporciones históricas. Los pasos que se tomen en los próximos días y semanas, delinearán de manera decisiva el orden de la era pos-Gadafi. El  nuevo y todavía naciente liderazgo libio, enfrenta un legado dual y difícil que necesita ser enfrentado. Son cuatro décadas de un régimen autocrático que no construyó instituciones estatales genuinas y seis meses de guerra civil que, junto con las inevitables pérdidas materiales y humanas, expuso viejas divisiones y fisuras al tiempo que promovió nuevas. El reto para este liderazgo, así como para los actores internacionales que facilitaron el acceso a Trípoli, tiene tres aspectos simultáneos: establecer un gobierno de transición efectivo y representativo; enfrentar los riesgos inmediatos de seguridad y encontrar un balance apropiado entre, por una parte, la búsqueda de la justicia y la rendición de cuentas y, por la otra, el imperativo de evitar ajustes de cuentas arbitrarios y venganzas.

Mientras que las fuerzas rebeldes ingresan a Trípoli, se enfrentarán con el colapso de un cuasi-Estado, el “Yamahiriya”, o así llamado “estado de las masas” – un artilugio mal construido por Muamar el Gadafi. Sin importar lo sincero que fue en su concepción revolucionaria, se convirtió en un vehículo para desarrollar sus ambiciones personales y políticas. Es este desafío dual – reemplazar un régimen autocrático y reconstruir un nuevo Estado desde sus bases – lo que será tan desafiante para el nuevo liderazgo.

Complican esta tarea las inevitables dificultades en establecer la legitimidad nacional de los nuevos líderes de Libia. El  Consejo Nacional de Transición (CNT), creado en la ciudad de Bengasi, en manos de los rebeldes desde marzo de 2011, podría reclamar la representación de los libios en las áreas libres del control del régimen. Ha hecho un trabajo extraordinario al constituir instituciones básicas que administren la vida civil en estas áreas y en convocar apoyo internacional. Sin embargo, el CNT no podía reclamar representar a todos los libios, aún si reflejase ampliamente sus aspiraciones. La simple razón es que la mayoría de la población, especialmente en la capital Trípoli, no estaba en posición de expresar libremente sus opciones o participar abiertamente en el CNT, cuya membresía correspondía, por defecto, a las zonas liberadas. El CNT tendrá ahora que reflejar en sus filas a todo el país y a su diversidad, y fusionar sus operaciones administrativas con aquellas de las instituciones públicas que aún quedan en pie y que funcionan.

Seis meses de insurgencia, si bien exitosa, creó, sacó a luz y exacerbó las divisiones dentro del país a lo largo de sus líneas regionales, étnicas o tribales. Esto se vio también dentro del liderazgo rebelde, como fue evidente el 28 de julio, con el asesinato, aparentemente a manos de los rebeldes, del comandante rebelde Abdel Fatah Younis. El choque por la competencia de legitimidad es virtualmente inevitable: entre las fuerzas establecidas en el este y aquellas basadas en el oeste;  entre los que dispararon primero y los que entraron primero a Trípoli; entre aquellos que permanecieron el Libia durante la era de Gadafi (y, en algunos casos, trabajaron para el régimen anterior) y aquellos que regresaron de la diáspora. Habrá también tensiones entre las fuerzas seculares e islamistas. Nada de esto sugiere que será imposible crear un gobierno unificado, o una fuerza militar única bajo control civil. Simplemente significa que se necesitará mucho trabajo para reducir rápidamente el riesgo real de que el país se deslice hacia el caos.

En este contexto, los mandatarios libios necesitarán concentrar su atención de manera urgente en las siguientes áreas:

Legitimidad política: los nuevos líderes libios, comandados por el CNT, deberán convocar lo más pronto posible una reunión inaugural del consejo, invitando a representantes de todas partes del país y facciones de la sociedad, así como de la oposición (varios grupos insurgentes, grupos de resistencia local clandestinos en Trípoli y a nivel nacional) a participar. Sin duda, el CNT debe procurar ser totalmente inclusivo. Debe tomar en cuenta a miembros legítimos del anterior régimen que no han sido perpetradores directos de abusos de derechos humanos, a riesgo que su exclusión propiciará las condiciones para la creación de una futura insurgencia del tipo que devastó a Irak después del 2003. El CNT debe procurar ser transparente en sus acciones. Junto con líderes locales y grupos rebeldes, debe comunicar sus decisiones de forma clara, explicando su motivación en cada paso que de. Se trata de una situación donde es posible que la población cultive una desconfianza innata a las autoridades. Es particularmente importante para los libios la transparencia en contratos y el suministro de servicios. El consejo ampliado deberá poner en claro que su trabajo es estrictamente provisional y que sus responsabilidades atañen a los asuntos que se van presentando día a día en el país. Su centro de atención deberá estar enfocado en proveer ley y orden, así como asegurar el funcionamiento de servicios esenciales hasta que se puedan tener elecciones.

Seguridad, ley y orden: La forma en la que los nuevos líderes lidien con la ley y el orden será esencial para determinar las percepciones populares de sus habilidades para manejar el país durante el período de transición. En los primeros días decisivos, los anteriormente llamados grupos rebeldes deberán llenar el vacío de seguridad que dejará la rendición o desaparición de las fuerzas de seguridad del antiguo régimen. Deberán, asimismo, dar un alto a la distribución de armas a la población y más bien para comenzar a recolectarlas y resguardarlas. Necesitarán integrar cualquier elemento apto de las fuerzas de seguridad del antiguo régimen en una nueva estructura liderada por comandantes designados y supervisados por el consejo transicional. Los diversos movimientos comunitarios de rebeldes, sus varios líderes y comandantes deberán proteger y asegurar el bienestar de todos los libios, con especial cuidado de los desplazados, nacionales libios o no. Se debe prestar particular atención a proteger a los ciudadanos de las naciones sub-saharianas que fueron involucrados en el conflicto, ya sean víctimas desafortunadas, mercenarios o migrantes desplazados. De la misma forma, existe el riesgo de que nacionales libios de origen Sahariano o sub-Sahariano puedan ser víctimas de acciones vengativas o retributivas. se Se deben tomar todas las medidas posibles para proteger a grupos como los Mashashia, los Twergha, y otros nativos libios provenientes del centro y sur del país.

Justicia transicional y reconciliación: Una de las omisiones más notorias de la transición del  régimen tirano en Irak fue el fracaso de los nuevos gobernantes para establecer un mecanismo de rendición de cuentas de aquellos que cometieron grandes crímenes. Al mismo tiempo permitieron a otros borrar sus delitos u obtener perdón bajo la condición de la confesión completa de su participación en el régimen. La política de de-Baathificación se convirtió en un instrumento de privación de derechos y de retribución. Esto explica la incapacidad permanente de Irak de dar un cierre definitivo a su pasado y da cuenta de la tendencia continua del país hacia la insurgencia.

Los libios no deberán ser llevados por este camino destructivo de ajuste de cuentas politizado y de cacería de brujas. Una de las tareas del consejo transicional deberá ser exigir a los combatientes bajo su comando y a la población en general el rechazo de cualquier retaliación contra los elementos constitutivos del antiguo régimen. También hacia los miembros de la familia Gadafi, quienes deben ser tratados de acuerdo a los principios de la ley internacional. Aquellos sospechosos de crímenes deberán ser detenidos y llevados a la justicia ante instituciones judiciales adecuadas. El consejo también deberá designar una comisión especial, conformada por figuras libias de reputación y preparación impecables, para el procesamiento de personas acusadas de crímenes.  El propósito es la re-integración de la mayoría de ellos en la sociedad, mientras que los criminales de mayor perfil, incluyendo el círculo cercano a Gadafi, sean entregados a las cortes (y aquellos acusados por la Corte Penal Internacional a la Haya).

El conjunto de estas prioridades – bien sea haciendo un llamado a un consejo transicional representativo; reforzando la ley y el orden de la mano de una recolección de armas eficiente; o poniendo en marcha mecanismos de justicia transparentes – requerirá una comunicación clara y consistente por parte del liderazgo emergente. En contextos volátiles, como el que vive Libia en este momento, el riesgo de desinformación – y en consecuencia pánico – es alto. La comunicación efectiva deberá ser, desde el principio, una de las prioridades. Al respecto, afirmaciones provenientes del liderazgo del CNT deberán promover en la población libia autocontrol, respeto al Estado de Derecho, la evasión de la toma de justicia en manos de la sociedad civil y el respeto al debido proceso a figuras del régimen de Gadafi.

Los miembros de la comunidad internacional deberán igualar su campaña militar con un esfuerzo nuevo y equivalente en términos políticos, diplomáticos, de reconstrucción y desarrollo. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberá jugar un papel protagónico en el proceso de transición. Al tiempo que se provee ayuda a Libia, los actores internacionales deberán alejarse de cualquier tendencia de imponer condiciones sobre la ayuda internacional otorgada. Más bien deberían realizar un acercamiento cooperativo a través de la ONU, para entregar la asistencia requerida por el consejo transicional y eventualmente por sus sucesores. A corto plazo, existe el riesgo que una crisis humanitaria, y – además del retiro de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU – significativos esfuerzos internacionales deberán ser dirigidos a proveer sustento y refugio a aquellos con mayor necesidad.

En tanto las luchas recientes que buscan derrocar el régimen de Gadafi parecen llegar a su fin, comienzan los esfuerzos para construir una nueva Libia. Su nuevo gobierno representativo debe cumple las aspiraciones más elementales de su pueblo y evitar la retaliación de rencillas pasadas. En medio de la euforia comprensible que vive el mundo hoy, la magnitud de los desafíos de mañana no deben ser subestimados.

A man holds a sign during a protest against candidates for a national unity government proposed by U.N. envoy for Libya Bernardino Leon, in Benghazi, Libya, on 23 October 2015. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

What Could Possibly Go Wrong in Libya?

Representatives of Libya’s rival parliaments gathered in the Moroccan resort town of Skhirat on Thursday 17 December to sign a UN-brokered agreement that supporters believe is one important step towards ending the civil war that has raged for more than a year. A number of Libyan politicians and local officials attending the ceremony cheered and celebrated the event as a possible new beginning. Meanwhile, fighting in Tripoli and a number of other Libyan cities continued.

Under the terms of the signed agreement, Libya will have a new government of national unity headed by Prime Minister Faez Serraj; lawmakers from the rival parliaments who support the UN-backed agreement will remain in office under a new power-sharing framework. This arrangement, envisioned to last one year, is supposed to end the divide between two competing sets of governments, parliaments and military coalitions that have split the country since August 2014. The deal was pushed energetically by Western governments – especially the US, U.K., France, and Italy – seeking a single partner to fight both the Islamic State and people smugglers.

On paper, this is fantastic news. In practice, the uncertain level of support for the agreement in Libya, the fact that the leaderships of both existing parliaments oppose it (and are busily devising their own peace plan), and the fact that the new government will have little control over key parts of the country, have left many Libyans worried that the peace deal might actually make things worse.

Any number of things could go wrong. Here are the top five pitfalls to watch out for:

1. Libya could end up with three governments and four parliaments.

Since July 2014, the country has had two parliaments and two governments: the internationally recognised House of Representatives (HoR) based in the eastern city of Tobruk with its government located in another eastern city called Bayda; and the Islamist-backed General National Congress (GNC) and its own government, both based in Tripoli. Significant elements of these two institutions reject the agreement, and they will be in no hurry to dissolve themselves to make way for the new legislature envisioned in the UN-backed agreement. Moreover, the deal envisages extending the mandate of the HoR and the creation of a new State Council to accommodate GNC members who accept the agreement. You do the math: old HoR, new HoR, old GNC, and new State Council adds up to four, plus the two existing governments and the new “unity” one.

To prevent this scenario, the UN should make every effort to open the doors of the new institutions to more members of the old ones, encourage them to join, and refrain from sanctioning those who support a unity government in principle but insist on changes to the proposed government’s lineup and structure.

2. The new government will not be able to take its seat in the capital.

A government not based in Tripoli will govern in name only. It would not be able to effectively control key state institutions, such as the Central Bank of Libya. The way it looks now, the UN-sponsored government will lack the military support it would need to take Tripoli from the mostly anti-deal militias entrenched there, and a battle over the capital could become protracted. The UN should redouble efforts to devise a Tripoli security plan to protect any government and international diplomatic presence. That will mean working out an arrangement with other Tripoli-based armed groups, including Islamist ones, that would safeguard their core interests.

There is also a risk that the Libyan Supreme Court could declare the new agreement illegitimate. Since there was no vote in the two parliaments endorsing the agreement, opponents of the deal are already filing cases to have the country’s top court declare it (and the government) null and void. This would mean further legal conundrums for already embattled state institutions. Meanwhile, the heads of the two rival Libyan parliaments are trying to establish a unity government of their own. If they succeed, they may enjoy greater local legitimacy than a unity government that is seen to have been imposed by Western powers. Ironically, if the rival legislatures do reach an agreement on their own, the government they pick will have greater chances of taking office in Tripoli than the internationally recognised one. To render the question moot, the leaderships of the two parliaments should both be persuaded to approve the deal, and the unity government be seated firmly in Tripoli.

3. Intra-regional and political divides will deepen.

Misrata, a critical trading hub on the Mediterranean, is the proposed unity government’s most powerful backer and the West’s principal ally in the expected fight against the Islamic State (IS) in nearby Sirte. Western officials are counting on Misrata’s pro-deal militias to help defeat IS in Sirte, a fight that gained urgency after the 13 November Paris attacks. However, Misratan forces control merely the city’s western approach. Retaking Sirte will require forces coming from the east and south too, as well as a plan for who takes charge in the aftermath of battle. Moreover, putting all of one’s eggs in the Misratan basket risks aggravating Libya’s deep geographic and political divides. Many Libyans, especially among the rural Arab tribes in the east, view with contempt the Misratans, active traders and largely descendants from Ottoman Turks, who they fear will try to control the Bedouin hinterland.

Secessionist tendencies are likely to grow in the east. Those who champion greater autonomy for Cyrenaica, Libya’s eastern province, feel underrepresented in the unity government and therefore do not support it. These federalists dominate the old HoR and control key oil infrastructure in the east. Misratans could help assuage their compatriots’ fears by championing a more inclusive unity government. There are two seats left on the Presidency Council that are reserved for easterners, but picking the right people for the job without upsetting the region’s delicate tribal balance will be tricky. Yet failure to include adequate representation from the east will ensure that the centrifugal forces already set in motion will spin outward with increased vigor.

4. The country’s divides will take on a theological dimension.

Influential Islamist preachers are already painting the new government as religiously illegitimate because, they say, it was appointed by non-Muslims (ie, the West). The jump from this to accusing it of being a kafr (apostate) government is all too easy, and this could become an opposition rallying cry that will appeal to many ordinary, conservative Muslim Libyans, not just radicals, particularly in light of Libya’s brutal colonial past. This is why the incoming government’s lineup should not be announced by the UN envoy, as it was in October, but by Libyan negotiators themselves.

5. Libya will slide toward economic collapse.

If the unity government cannot control the Central Bank of Libya – either because it is not based in the capital or is ruled illegitimate by the Supreme Court – it might be tempted to request the international community to seize Libya’s assets abroad to ensure it has access to them. Many Libyans will see this as an unacceptable loss of sovereignty, if not outright theft. Rival factions are also competing for control over the National Oil Company and the Libyan Investment Authority. Together, these three pillar institutions control up to $130 billion of assets and hold the technocratic expertise critical to rebuilding the Libyan state.

Going forward, any UN-supported negotiations should prioritise a separate track on economic issues, in parallel to ongoing political discussions. International actors – including foreign governments, the International Monetary Fund, and oil and gas companies—must help maintain the integrity of Libya’s core financial institutions and block oil sales outside official channels. If the fight over Libya’s energy wealth remains unresolved, the country faces the real possibility of economic collapse.

The UN has made important headway in the past year to bring Libyans of different political stripes together in one tent to sign a deal, create a unity government, and put an end to conflicts that are threatening to break up the country beyond repair. Such an effort requires time and, perhaps most importantly, it must be owned by Libyans themselves if it is to survive. Rushing an agreement was never a good idea, but it is not too late to encourage a broader array of Libyans to join that tent in the coming weeks. Libyans should be seen as leading the peace process for it to succeed, and not have a done deal foisted upon them.