¿Qué hay de nuevo? Tres años después de que el gobierno respondiera a una serie de protestas masivas con una represión violenta, en la que cientos de personas murieron y miles fueron desplazadas, Nicaragua se acerca a elecciones presidenciales y legislativas generales de noviembre en un clima de polarización extrema. La persecución estatal de la fragmentada oposición y los temores de unas elecciones sesgadas persisten en medio de una prolongada recesión económica.

¿Por qué importa? Aunque las protestas han disminuido desde 2019, las reivindicaciones que dieron origen al levantamiento siguen sin resolverse. El descontento ha crecido por la desconexión del presidente Daniel Ortega y la forma cada vez más autoritaria de gobernar. Unas elecciones problemáticas podrían aislar aún más al gobierno a nivel internacional y reavivar los disturbios internos.

¿Qué se debería hacer? El gobierno debería revertir las reformas que desequilibran el escenario electoral y acordar con la oposición medidas para garantizar unas elecciones justas, y al mismo tiempo comprometerse a la coexistencia política después de las elecciones. Las potencias extranjeras deberían presionar a Ortega para que lleve a cabo unas elecciones limpias, y promover que ambas partes hagan concesiones y dialoguen.

Tres años después de que una serie de protestas masivas volvieran a dejar al descubierto las brechas históricas de Nicaragua, continúa el enfrentamiento entre el gobierno y una oposición que está resuelta pero dividida. En 2018, el presidente Daniel Ortega oprimió los disturbios por medio de una represión que dejó al menos 328 muertos, principalmente manifestantes, y obligó a más de 100 000 personas a huir, en especial a la vecina Costa Rica. Desde entonces, un arsenal de leyes, controles y operaciones policiales han sofocado en gran medida el disenso público, aunque en las redes sociales persiste la condena del gobierno. Garantizar igualdad de condiciones en las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre requerirá una modificación urgente de las recientes reformas electorales implementadas unilateralmente y de un acuerdo de todas las partes sobre cuáles son las condiciones aceptables. Sin esto, es probable que los opositores y las potencias extranjeras tilden las elecciones de amañadas, lo que podría provocar nuevos disturbios y represión. Si bien la intransigencia del gobierno, así como otras prioridades en sus agendas, han llevado a varios países a limitar su involucramiento diplomático con Nicaragua, EE. UU., la Unión Europea y los Estados latinoamericanos deberían presionar para que haya unas elecciones más justas, apoyar un acuerdo de coexistencia política en el país, y abstenerse de imponer nuevas sanciones, que tienen pocas posibilidades de influir en Ortega.

Nicaragua sigue siendo una tierra dividida y complicada. A los ojos del gobierno de Ortega, sus esfuerzos por superar el caos de 2018 han sido en gran medida exitosos. Pero incluso si en el año pasado prácticamente no hubo protestas, el gobierno no ha recuperado su antiguo respaldo popular. Solo un tercio de la población apoya actualmente al presidente. El descontento crece incluso dentro de las filas del partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Ortega convirtiéndose en una figura cada vez más aislada, rodeada por un círculo cada vez más reducido de familiares y asistentes. El COVID-19 cobró la vida de más de una docena de figuras prominentes del partido en 2020, mientras las autoridades minimizaban el impacto del virus y enterraban a los muertos en secreto. La economía se contrajo nuevamente en 2020, marcando el tercer año de una recesión que la pandemia y dos huracanes consecutivos han profundizado.

La respuesta a estas condiciones adversas por parte del gobierno ha sido la represión para mantener a la oposición bajo control. Recientemente, las autoridades electorales dictaminaron que el partido que representa a los movimientos cívicos y políticos de la plataforma de oposición de la Coalición Nacional no podrá participar en los próximos comicios. Nuevas leyes amenazan con encarcelar a quienes critiquen a las autoridades con lo que el gobierno llama “noticias falsas”, o a quienes participaron en las protestas de 2018 y desean hacer campaña en las próximas elecciones.

Los grupos de oposición también enfrentan luchas internas. Debido a rivalidades personales y diferencias ideológicas, los movimientos cívicos y políticos ahora se dividen en dos bloques. Considerablemente debilitados, parecen incapaces de ofrecer una alternativa al gobierno que sea coherente y no consiguieron formar una alianza antes del 12 de mayo, fecha límite fijada por las autoridades electorales. Alrededor del 60 por ciento de los nicaragüenses no se identifican con ningún partido político, según encuestas. Aun así, los riesgos de unas elecciones descaradamente injustas (que, dada la experiencia reciente en Nicaragua, podría incluir votos mal contados, hostigamiento a los políticos de la oposición y veto a sus partidos) es probable que desencadene la ira pública. Unas elecciones cuestionables también profundizarían el aislamiento internacional del país y agravarían su situación económica.

Si bien la necesidad de implementar cambios en el sistema electoral es ampliamente reconocida dentro y fuera del país, hay poco consenso sobre qué reforma es esencial. Las propuestas de una reforma electoral y constitucional de fondo por parte de la oposición, así como los llamados a un monitoreo internacional integral de las urnas, contrastan con las intenciones expresas del gobierno de hacer solo modificaciones menores. Además, el reciente nombramiento de partidarios del gobierno en el Consejo Supremo Electoral y la aprobación de una controversial reforma a ley electoral resaltó lo reacio que está el gobierno a ceder su control de la administración electoral. La Organización de los Estados Americanos estableció el fin de mayo como fecha límite para emprender varias reformas en gran parte técnicas, pero otras, como depurar el registro de votantes, ya parecen inviables debido a limitaciones de tiempo. Los canales de comunicación entre el gobierno y las potencias extranjeras están en gran parte desahuciados a pesar de los recientes esfuerzos, presuntamente liderados por la Santa Sede, para reavivar algunos lazos diplomáticos.

En los últimos años, la decisión de Washington de recurrir a las sanciones como medio para intimidar al gobierno nicaragüense ha sido ineficaz, e incluso contraproducente, ya que Ortega ha respondido adoptando posturas más rígidas respecto al disenso interno y a la supuesta injerencia extranjera. Se necesita con urgencia una diplomacia más sólida y menos dependencia de las medidas punitivas, particularmente por parte de EE. UU. La oposición interna también debe unirse y formular demandas electorales claras y tener un espíritu de concertación para conseguir concesiones significativas por parte de Ortega.

Todavía hay una pequeña ventana de oportunidad para que el gobierno y la oposición preparen las condiciones para unas elecciones creíbles y eviten una escalada de tensiones. Idealmente, en los próximos meses las fuerzas políticas nacionales no solo llegarían a un acuerdo sobre las condiciones aceptables para un escenario electoral imparcial, que incluya la revisión de la composición del Consejo Supremo Electoral y abrir las puertas a una observación internacional sin restricciones, sino que también prepararían el escenario para que en el período postelectoral se den los términos para una coexistencia política pacífica. Con el respaldo de socios extranjeros, este proceso también podría tener como objetivo abordar los legados de la revolución y la guerra que aún están pendientes, y que dan origen a gran parte del conflicto político actual. Lograr unas elecciones justas y pacíficas debe ser el primer paso crucial para garantizar que Nicaragua no se vea consumida por otro brote de violencia política en el futuro próximo.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 20 de mayo de 2021

Tres décadas después de la guerra civil desencadenada por la revolución liderada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979, Nicaragua continúa siendo una de las naciones más pobres del hemisferio. También sigue estando atormentada por las divisiones políticas del período posrevolucionario. Después de perder el poder en 1990, el presidente Daniel Ortega, el héroe sandinista, se convirtió en un defensor de los pobres al atacar las políticas de libre mercado implementadas por los gobiernos que sucedieron al suyo. Recuperó la presidencia en 2006^[fn]Tras la revolución de 1979, Ortega se desempeñó como coordinador de una junta de gobierno y luego como presidente cuando el FSLN ganó las elecciones de 1984, antes de perder el poder en 1990 ante Violeta Barrios de Chamorro. Luego prometió “gobernar desde abajo”, explotando los movimientos sociales sandinistas, así como su imperio empresarial, hasta que recuperó la presidencia en las elecciones del 2006, en parte debido a las divisiones entre los partidos liberales. Para hacerlo, logró apelar tanto a la vieja base sandinista como a los contras, los contrarrevolucionarios de la década de 1980, quienes al parecer se sentían abandonados por sus líderes. El compañero de fórmula de Ortega en 2006, Jaime Morales Carazo, era un excontra. “From ‘Governing from Below’ to Governing Right Up at the Top”, Revista Envío, noviembre de 2006. Entrevista de Crisis Group, exembajador nicaragüense, Managua, 17 de marzo de 2021.Hide Footnote . Una vez de vuelta en el poder, logró un rápido crecimiento económico, y a la vez fue llenando progresivamente las instituciones estatales de partidarios leales y obstaculizando la participación de la oposición en las elecciones^[fn]Informe de Crisis Group sobre América Latina N°72, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, 19 diciembre de 2018.Hide Footnote . El creciente descontento popular por la manera en la que ha venido concentrando el poder estalló en abril de 2018 cuando una serie de protestas, lideradas por jóvenes y denunciadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado, sacudieron al país. La represión por parte de las fuerzas de seguridad y parapoliciales dejó al menos 328 muertos, en su mayoría manifestantes^[fn]Ibíd.Hide Footnote .

El gobierno se embarcó en dos ocasiones en negociaciones con los manifestantes, junto con organizaciones empresariales y cívicas, con el objetivo de zanjar sus diferencias. Estos esfuerzos resultaron en gran medida en vano, aunque las conversaciones lograron asegurar cierto acceso de organizaciones internacionales de derechos humanos al país en 2018 (luego fueron expulsados) y la liberación de alrededor de 500 presos políticos en 2019^[fn]La primera ronda de conversaciones tuvo lugar en el punto más álgido de la crisis en 2018 y la segunda entre marzo y mayo de 2019. Informe de Crisis Group sobre América Latina N°74, Las claves para desbloquear el diálogo en Nicaragua, 13 de junio de 2019.Hide Footnote . La intransigencia de ambas partes y demandas confusas o poco realistas fueron la causa de estos fracasos^[fn]Ibíd.Hide Footnote . Desde entonces, no ha habido prácticamente ningún progreso en temas como la reforma electoral, asuntos políticos y la protección de derechos^[fn]Comentario de Crisis Group, “Instar a Nicaragua a salir de una parálisis letal”, 16 de octubre de 2019.Hide Footnote . Según informes, más de 100 personas continúan encarceladas por motivos políticos, y los opositores del gobierno se enfrentan a la constante amenaza de persecución por parte de la policía y los partidarios del gobierno tanto en persona como en redes sociales^[fn]“Nicaragua mantiene en la cárcel a 122 presos políticos, según un informe”, 100% Noticias, 8 de mayo de 2021. ¿Por qué la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto “casa por cárcel” y “Managua por cárcel” a opositores?”, La Prensa, 21 de enero de 2021.Hide Footnote .

La crisis de Nicaragua también ha sido influida por eventos regionales y la presión extranjera^[fn]Tiziano Breda, “¿Calma después de la tormenta o trampa? El sorpresivo regreso de Nicaragua a las negociaciones”, comentario de Crisis Group, 6 de marzo de 2019.Hide Footnote . Bajo la administración Trump, EE. UU. puso al país en el mismo grupo de Venezuela y Cuba debido a los estrechos vínculos ideológicos, económicos y políticos de Ortega con estos gobiernos. De hecho, a menudo Ortega decidió ceder o resistir a las demandas de la oposición dependiendo de cómo le estaba yendo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. Por ejemplo, a principios de 2019, cuando por un momento se pensó que una iniciativa de la oposición respaldada por EE. UU. tenía alguna esperanza de derrocar al presidente en Caracas, Ortega accedió a reanudar el diálogo con la Alianza Cívica, una organización que agrupa a varios partidos de la oposición^[fn]Phil Gunson, “Una táctica de alto riesgo en Venezuela”, comentario de Crisis Group, 24 de enero de 2019. Rob Malley, “Lo que oímos en Caracas”, comentario de Crisis Group, 8 de febrero de 2019. Ivan Briscoe, “¿Derrocará la presión al gobierno venezolano?”, comentario de Crisis Group, 9 de abril de 2019.Hide Footnote . Sin embargo, la mayoría de las sanciones de EE. UU. y las resoluciones de la Organización de los Estados Americanos, redactadas en fuertes términos y basadas en la misma estrategia de “máxima presión” utilizada en Venezuela, han resultado ineficaces y, en ocasiones, contraproducentes en Nicaragua. Parecen haber fortalecido tanto el papel de víctima de Ortega como su correspondiente renuencia a contemplar cualquier pérdida de poder.

En consecuencia, las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre en Nicaragua se aproximan en medio de un clima tenso y polarizado, en el que el gobierno no parece estar dispuesto a enfrentarse a la oposición en igualdad de condiciones. Este informe evalúa los riesgos que pueden generar unas elecciones sin garantías, incluidos un posible incremento en el aislamiento internacional y un mayor malestar público. También identifica los pasos que aún podrían tomarse para restaurar la credibilidad electoral y forjar un modus vivendi postelectoral más estable entre el gobierno y las fuerzas de oposición. Se basa en más de 45 entrevistas con sandinistas, representantes de la oposición y del sector privado, diplomáticos, periodistas, expertos electorales, analistas políticos y defensores de derechos humanos, incluidas más de una docena de entrevistas realizadas durante una visita a Managua y otras ciudades nicaragüenses a mediados de marzo de 2021. Funcionarios gubernamentales y miembros de la Asamblea Nacional declinaron o no respondieron a las solicitudes de reuniones de Crisis Group.

El enfrentamiento político de Nicaragua parece estancado, sin que ninguna de las partes parezca tener suficiente impulso o fuerza para romper el bloqueo. A través de una serie de nuevas leyes, el gobierno ha reducido el espacio para la expresión política y ha allanado el camino para una nueva represión de la disidencia, en caso de que lo considere necesario. También intenta, sin mucho éxito, atraer a las empresas y a otros aliados a los que alienó durante los disturbios del 2018, y se enfrenta a una población profundamente preocupada por la economía tras una prolongada contracción del PIB, agravada aún más por la pandemia. Del otro lado de la división política de la nación, la infinidad de partidos y movimientos que componen la oposición política parecen haber perdido su atractivo y luchan por unirse en torno a una estrategia electoral común.

Incluso antes de los disturbios de abril de 2018, el gobierno de Ortega se había acostumbrado a silenciar a los críticos en lugar de atender sus demandas. Desde que regresó a la presidencia en 2007, Ortega ha concentrado progresivamente el poder en sus manos y ha reducido el espacio para la competencia política, generando brotes esporádicos de descontento público^[fn]Entre los principales organizadores de las protestas que se han dado desde 2007 está el Movimiento Campesino, cuyos miembros han marchado en varias ocasiones contra los planes del gobierno de construir un canal interoceánico a través de Nicaragua. “Nicaragua reprime las protestas contra el Canal”, El País, 30 de noviembre de 2016. Informe de Crisis Group, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, op. cit. “From ‘Governing from Below’ to Governing Right Up at the Top”, op. cit.Hide Footnote . La propuesta de marzo de 2018 de la vicepresidenta Rosario Murillo (esposa de Ortega) para “regular” el uso de las redes sociales y el mal manejo gubernamental de un enorme incendio forestal en la Reserva Biológica Indio Maíz un mes después enfurecieron a la ciudadanía^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, líder de movimiento de protesta, 18 de febrero de 2021. “Daniel Ortega pretende regular las redes sociales en Nicaragua”, El País, 14 de marzo de 2018. “Jóvenes marcharon por Indio Maíz a pesar de represión policial”, Confidencial, 13 de abril de 2018.Hide Footnote . Pero fue el plan de reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que reducía las pensiones y aumentaba las cotizaciones, lo que provocó protestas masivas lideradas por estudiantes y apoyadas por diversos grupos, incluidos antiguos aliados del gobierno como la Iglesia Católica y el sector privado^[fn]Informe de Crisis Group, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, op. cit.Hide Footnote . Los diálogos entre el gobierno y la oposición no lograron llegar a una solución negociada. Finalmente, las autoridades optaron por imponer su control sobre el país por la fuerza, desmantelando las barricadas de los manifestantes en julio, declarando ilegales las protestas callejeras y deteniendo a cientos de activistas de la oposición en septiembre^[fn]Un informe de octubre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó al menos 1614 arrestos políticos entre abril de 2018 y mayo de 2020. Informe de Crisis Group, Las claves para desbloquear el diálogo en Nicaragua, op. cit. “Personas privadas de libertad en Nicaragua”, CIDH, 5 de octubre de 2020.Hide Footnote .

Desde mediados de 2019, la estrategia del gobierno se ha vuelto menos abiertamente coercitiva y más cuidadosamente focalizada. Las detenciones por motivos políticos continúan, aunque en su mayoría las personas solo están presas brevemente^[fn]“Personas privadas de libertad en Nicaragua”, op. cit.Hide Footnote . A principios de mayo, grupos de la sociedad civil nicaragüense informaron que 122 presos políticos continuaban encarcelados^[fn]Estos 122 incluyen diez detenidos antes de 2018. “Nicaragua mantiene en la cárcel a 122 presos políticos, según un informe”, 100% Noticias, 8 de mayo de 2021.Hide Footnote . Prácticamente todos están siendo o han sido juzgados^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, defensor de derechos humanos nicaragüense, 5 de febrero de 2021.Hide Footnote . La forma en la que el gobierno imputa a sus enemigos políticos también ha cambiado. “Ahora [los fiscales] no los acusan de terrorismo u otros delitos graves, sino de delitos menores”, según manifestó un defensor de derechos humanos nicaragüense^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, defensor de derechos humanos de Nicaragua, 29 de enero de 2021. “¿A cuántos presos políticos ha condenado por delitos comunes el régimen este año?, La Prensa, 20 de marzo de 2021.Hide Footnote . El Monitoreo Azul y Blanco de Nicaragua, una plataforma cívica independiente, reportó 1797 ataques a opositores en 2020, de los cuales la gran mayoría involucraron amenazas y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad o parapoliciales^[fn]“Paramilitares del régimen siguen amenazando de muerte”, Confidencial, 14 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Los residentes locales y diplomáticos creen que el gobierno tiene “ojos y oídos en todas partes”, y utiliza agentes encubiertos, simpatizantes locales, exconvictos e incluso a las personas que ayudan a estacionar los autos para llevar a cabo tareas de vigilancia^[fn]Entrevistas de Crisis Group, sacerdote, comerciante, diplomático, guardia de seguridad, taxista, académico, Granada, Managua y Catarina, 14-19 de marzo de 2021.Hide Footnote . Decenas de opositores bien conocidos dicen vivir bajo intimidación constante, con policías apostados casi permanentemente frente a sus casas o siguiéndolos por la calle, impidiéndoles moverse libremente^[fn]“¿Por qué la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto ‘casa por cárcel’ y ‘Managua por cárcel’ a opositores?”, La Prensa, 21 de enero de 2021.Hide Footnote .

El gobierno también ha promulgado nuevas leyes que amordazan a la disidencia e impiden la participación electoral de la oposición. La Ley de Agentes Extranjeros, basada en leyes rusas y venezolanas similares, obliga a todas las personas y organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse como “agentes extranjeros” ante el Ministerio de Gobernación^[fn]Como resultado, dos organizaciones no gubernamentales, PEN Nicaragua, filial de PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, decidieron cesar operaciones a principios de febrero, mientras que muchas otras que reciben fondos externos intentaron eludir el control al recibir transferencias bancarias en el exterior y optaron por no registrarse. La Articulación de Movimientos Sociales, un grupo de más de 60 organizaciones no gubernamentales nicaragüenses, interpuso recursos contra la ley ante la Corte Suprema. Entrevista telefónica de Crisis Group, activista nicaragüense en Costa Rica, 1 de febrero de 2021. “Interponen recurso por inconstitucionalidad contra Ley de Agentes Extranjeros”, Confidencial, 3 de diciembre de 2020.Hide Footnote . Otra ley le prohíbe la postulación a cargos públicos a cualquier nicaragüense que se considere que haya puesto en riesgo la soberanía nacional, dentro de lo cual se incluye cualquier persona que lidere o financie un golpe de Estado, que altere el orden constitucional o que incite a actos terroristas o a la intervención extranjera; categorías que se pueden extender para penalizar a los adversarios políticos^[fn]El gobierno calificó el levantamiento de 2018 como un “golpe fallido”. “Nicaragua: Ley amenaza la posibilidad de elecciones libres y justas”, Human Rights Watch, 22 de diciembre de 2020.Hide Footnote . Una tercera ley establece penas de cárcel para cualquiera que filtre información gubernamental o produzca o comparta noticias “falsas” o distorsionadas, sin definir estos términos^[fn]“Nicaragua approves ‘cybercrimes’ law, alarming rights groups”, Associated Press, 27 de octubre de 2020.Hide Footnote . El Parlamento aprobó cadenas perpetuas para los autores de “delitos de odio” definidos de manera vaga y extendió el término de detención provisional de 48 horas a 90 días^[fn]“Nicaraguan parliament approves controversial hate crimes law”, Reuters, 10 de noviembre de 2020. “Detained without charges for up to 90 days in Nicaragua”, Confidencial, 30 de enero de 2021.Hide Footnote . Más recientemente, los diputados sandinistas incorporaron varias de las disposiciones de estos proyectos de ley en una reforma a la ley electoral y le asignaron a la policía, en lugar de las autoridades electorales, la tarea de autorizar los mítines de campaña^[fn]La policía no ha otorgado un solo permiso para manifestaciones de la oposición desde septiembre de 2018, cuando la ley estableció dicho requisito. “Ortega declares marches ‘illegal’ and imposes a police state”, Confidencial, 1 de octubre de 2018.Hide Footnote .

Independientemente de que estas leyes cumplan total o parcialmente con las normas internacionales en el papel, lo que preocupa es que se utilicen para perseguir a los opositores^[fn]Funcionarios de la ONU y de la CIDH dijeron que, en el papel, la reforma de la cadena perpetua y la ley de delitos informáticos cumplen con los estándares internacionales en estos temas. Entrevistas y entrevistas telefónicas de Crisis Group, representantes de la CIDH y de la oficina de la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, diplomáticos, Managua, febrero y marzo de 2021.Hide Footnote . Los sandinistas argumentan que otros países la mayoría de estas medidas se aplican para evitar el uso indebido de recursos extranjeros o prevenir la propagación de desinformación, y manifiestan que esa también es su intención^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante de policía de afiliación sandinista, marzo de 2021.Hide Footnote . Pero observadores nicaragüenses y extranjeros sugieren que su propósito es infundir miedo sin necesariamente impulsar una nueva ola de persecución judicial^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, diplomáticos, representantes de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, febrero y marzo de 2021.Hide Footnote . “Más que castigos, lo que el gobierno quiere imponer es el terror”, dijo un exviceministro nicaragüense^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, 23 de febrero de 2021.Hide Footnote . Un experto electoral argumentó que el objetivo es “convencer a la gente de que no vale la pena votar”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, 29 de enero de 2021.Hide Footnote .

Según activistas de la oposición, las leyes son evidencia de la determinación del presidente de no repetir el “error” de 1990, cuando las históricas elecciones al final de la guerra civil resultaron en la derrota de Ortega y su partido^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, representantes de la sociedad civil y de la oposición, marzo de 2021.Hide Footnote . A la luz del repudio nacional e internacional a la represión de las protestas en 2018, perder las elecciones podría ser “un riesgo mortal”, observó un diplomático basado en Managua, y agregó que el gobierno ahora está mejor preparado para manejar los disturbios que en 2018^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático europeo, Managua, 15 de marzo de 2021.Hide Footnote .

En teoría, Ortega, su familia y sus aliados podrían ser judicializados por cargos relacionados con corrupción y abusos a los derechos humanos si llegan a perder el poder. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha indicado que los métodos utilizados para reprimir las protestas callejeras pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad^[fn]El Grupo es conocido por sus siglas GIEI, y se constituyó gracias a un acuerdo alcanzado en la primera ronda de conversaciones entre gobierno y oposición en 2018. “Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, GIEI, febrero de 2019.Hide Footnote . Investigaciones de prensa también han mostrado supuestos casos de corrupción que involucran a Ortega y a su familia, quienes supuestamente construyeron un imperio de negocios en telecomunicaciones, energía y otras industrias al apropiarse de alrededor de $5 mil millones de fondos de Venezuela recibidos por Nicaragua entre 2007 y 2017, sobre todo a través de la empresa Albanisa^[fn]El gobierno de Nicaragua respondió a una ronda de sanciones relacionadas con el caso de Albanisa diciendo que estas eran “políticas intervencionistas” que causarían más daño a “los más vulnerables, los más pobres”. “Las sanciones de EE.UU. causan daño a “los más pobres” Nicaragua, según el gobierno”, EFE, 2 de mayo de 2019. El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha de hecho sancionado a varias entidades y oficiales por su presunto involucramiento en actividades de lavado de dinero (ver Anexo C). En 2019, designó a los principales accionistas de Albanisa, la compañía de gas y petróleo venezolana PDVSA (quien controla el 51 por ciento de las acciones) y el distribuidor de la compañía nicaragüense de petróleo Petronic (que controla el 49 por ciento restante). “Ortega media enrich his family, entrench his hold on Nicaragua”, Reuters, 23 de noviembre de 2020. “Treasury Sanctions Venezuela’s State-Owned Oil Company Petroleos de Venezuela, S.A.”, Departamento del Tesoro de EE. UU., 28 de enero de 2019. “La bonanza de Daniel Ortega se llama Venezuela”, Connectas, 7 de junio de 2015.Hide Footnote .

Desalentar a los votantes de la oposición y reprimir la disidencia son solo una parte del repertorio político de Ortega. Según informes, también ha aumentado la presión sobre el sector privado en un aparente intento por obligarlo a reanudar una relación de trabajo con su gobierno, incluso a través de una reforma tributaria que aumentó las contribuciones a la seguridad social de las empresas (similar al proyecto de ley que provocó el levantamiento de abril de 2018), al igual que una reforma a la ley de “Protección a los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias” que prácticamente le prohíbe a los bancos negar servicios a cualquier persona, incluidos familiares o personas relacionadas con funcionarios sancionados por países extranjeros^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Managua, 15 de marzo de 2021. “Empresarios de Nicaragua advierten que reforma a ley de los consumidores compromete al sistema financiero”, CNN, 4 de febrero de 2021.Hide Footnote . “Ortega quiere cooptar al sector privado para restablecer las relaciones” de manera parecida al “modelo de diálogo y consenso” con empresas que se rompió en 2018, dijo un economista nicaragüense^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, 23 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Según informes, el gobierno está teniendo acercamientos bilaterales con organizaciones del sector privado para alcanzar este objetivo. Ortega incluso ha aludido a un nuevo “gran diálogo nacional” con el sector privado, pero solo después de las elecciones^[fn]Entrevista por correo electrónico de Crisis Group, periodista nicaragüense, 28 de enero de 2021. “Presidente Ortega afirma que habrá diálogo en Nicaragua hasta después de comicios y evita hablar de reforma electoral”, CNN, 14 de enero de 2021. “Daniel Ortega ‘sueña’ con regresar a esquema de pacto, dicen opositores tras propuesta de diálogo nacional”, 100% Noticias, 12 de enero de 2021.Hide Footnote . Si bien un representante de los sindicatos de la construcción y la industria confirmó que éstos estarían dispuestos con las autoridades, la mayoría de los grupos empresariales insisten en que un acuerdo político entre el gobierno y la oposición es una condición esencial para reanudar relaciones amistosas^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomático y representante del sector privado, Managua, 15 y 19 de marzo de 2021. “Cosep: Diálogo con Ortega, si cumple acuerdos de 2019 y reforma electoral”, Confidencial, 20 de enero de 2021.Hide Footnote .

Ortega también apunta a reconquistar a los sandinistas descontentos destacando el valor de su gobierno para resistir a los supuestos “golpistas” respaldados por EE. UU.^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos europeos, Managua, 15 de marzo de 2021.Hide Footnote . Pero el partido está atravesando una crisis generacional y de liderazgo^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto político, 25 de marzo de 2021.Hide Footnote . Más de 60 miembros de alto nivel del FSLN murieron en 2020 (incluidos Edén Pastora, conocido como “Comandante Cero”, e íntimos de Ortega como el exalcalde de Managua Dionisio Marenco), al menos quince de ellos por COVID-19^[fn]Entre los fallecidos se encuentran exministros, diputados, secretarios políticos de partidos, alcaldes y funcionarios de seguridad, entre otros. Paul Oquist, asesor de Ortega, murió de COVID-19 en abril de 2021. El alias de Pastora se remonta a la toma del Palacio Nacional de Nicaragua en agosto de 1978 por un grupo de combatientes del FSLN, todos los cuales usaban números como seudónimos, con Pastora como el Cero. “La covid-19 arrasa en las filas del FSLN”, Confidencial, 8 de junio de 2020. “Edén Pastora, el Comandante Cero de Nicaragua, muere a los 83 años”, The New York Times, 16 de junio de 2020. “US-born aide to Ortega dies in Nicaragua”, Associated Press, 13 de abril de 2021.Hide Footnote . Incluso antes de la pandemia, el círculo íntimo de Ortega se estaba reduciendo. “El Carmen [la residencia del presidente] se vació progresivamente de asesores y se llenó de ‘cortesanos’”, dijo un exembajador nicaragüense al describir el fenómeno^[fn]Entrevista de Crisis Group, exembajador nicaragüense, Managua, 17 de marzo de 2021.Hide Footnote .

En este contexto, el conflicto por la sucesión puede intensificarse. “Los que conocemos la historia sabemos que le debemos mucho a Daniel [...] pero los jóvenes que no vivieron la lucha piensan diferente”, dijo una comerciante de un barrio sandinista de Managua^[fn]Entrevista de Crisis Group, comerciante, San Sebastián, 16 de marzo de 2021.Hide Footnote . Rosario Murillo, vicepresidenta y primera dama, presuntamente planea asumir las riendas, pero parece tener menos apoyo. Según un exdiplomático nicaragüense, “a Ortega le temen, lo respetan y lo quieren, a Rosario solo la temen”^[fn]Rosario Murillo ha sido la principal patrocinadora por parte del gobierno de la Juventud Sandinista. Este grupo jugó un papel crucial en la represión de los manifestantes y apoya activamente las iniciativas de los partidos en todo el país, pero no participa en el proceso de toma de decisiones. Entrevista telefónica de Crisis Group, representante de la Juventud Sandinista, 18 de febrero de 2021. Entrevista de Crisis Group, exembajador nicaragüense, Managua, 17 de marzo de 2021.Hide Footnote .

La pandemia de COVID-19 ha representado un nuevo reto para los esfuerzos del presidente Ortega por recuperar su popularidad. Durante meses, el gobierno no impuso restricciones a la movilidad (en cambio, promovió eventos masivos y exhortó a los turistas a visitar el país) y administró los datos relacionados con el coronavirus con hermetismo, produciendo un subregistro de las cifras de muertes y contagios^[fn]Al 11 de mayo, el gobierno había reconocido solo 183 muertes relacionadas con el COVID-19, pero un observatorio civil reporta al menos 9000 muertes en 2020 por encima del promedio anual en el período 2015-2019. Se presume que muchas de estas muertes sobre el promedio son atribuibles al virus. “MINSA oculta 8824 muertes atribuibles a covid-19, según datos de sobremortalidad”, Confidencial, 20 de marzo de 2021.Hide Footnote . Según informes, estas medidas buscaban evitar el pánico y el colapso económico, pero pronto provocaron mayor resentimiento entre el gobierno y la oposición^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomático europeo y excomandante de policía de afiliación sandinista, Managua, 15 y 16 de marzo de 2021.Hide Footnote . El gobierno también prohibió, inicialmente, el uso de mascarillas y despidió al menos a quince médicos que se oponían abiertamente a su enfoque de laissez-faire^[fn]“Nicaragua: prohibieron el uso de mascarillas a los médicos para no alarmar a la población; ahora muchos tienen coronavirus”, Infobae, 24 de mayo de 2020. “Tres meses de pandemia: Los médicos de Nicaragua ante la covid-19”, Confidencial, 19 de junio 2020.Hide Footnote . Entre abril y junio de 2020, hospitales y morgues se vieron abrumados con cadáveres que el gobierno trató de ocultar mediante “entierros exprés”^[fn]“Nicaragua realiza decenas de ‘entierros exprés’ por la noche, en plena pandemia”, France 24, 9 de junio de 2020Hide Footnote .

A mediados de 2020, el gobierno cambió de rumbo discretamente, pero eso solo ha logrado disipar de alguna forma la preocupación pública. Ha impuesto requisitos más estrictos para ingresar al país y ha promovido campañas de sensibilización sobre la pandemia, al tiempo que continúa fomentando las actividades sociales^[fn]Un experto en salud sostiene que la actitud del gobierno cambió cuando el partido gobernante comenzó a perder figuras importantes por el virus. “Nicaragua y el Covid-19: entre la falta de información y un Gobierno que anima a aglomerarse”, France 24, 14 de septiembre de 2020. “Gobierno de Nicaragua reforzará las campañas y lucha contra la covid 19”, El 19 Digital, 6 de octubre de 2020.Hide Footnote . Desde entonces, la situación ha mejorado, aunque recientemente tanto los datos gubernamentales como los independientes han apuntado a una tendencia al alza en los contagios^[fn]“OPS confirma el aumento de contagios por Covid-19 en Nicaragua: “Hacemos énfasis en que se detecten los casos”, La Prensa, 5 de mayo de 2021.Hide Footnote .

“OPS confirma el aumento de contagios por Covid-19 en Nicaragua: “Hacemos énfasis en que se detecten los casos”, La Prensa, 5 May 2021.Hide Footnote

La aprobación pública de la gestión de la pandemia por parte de Ortega ha aumentado del 29 por ciento en septiembre de 2020 al 37 por ciento en marzo de 2021^[fn]“Mayoría de nicas continúan reprobando a Ortega según encuesta de CID Gallup”, Nicaragua Investiga, 4 de marzo de 2021.Hide Footnote . Pero la desaprobación sigue siendo alta, ya que Ortega no ha podido contener la preocupación de los ciudadanos por los daños económicos de la pandemia. De hecho, las encuestas muestran que el desempleo ha desplazado al COVID-19 como la principal preocupación de la población^[fn]“Mayoría de nicas continúan reprobando a Ortega según encuesta de CID Gallup”, op. cit. “Encuesta: nicaragüenses más preocupados por desempleo que por COVID-19”, VOA, 5 de octubre de 2020. “Encuesta CID Gallup: 49% opina que el régimen orteguista ha manejado ‘muy mal’ la pandemia”, Divergentes, 2 de octubre de 2020.Hide Footnote . Los representantes del sector privado concuerdan con el gobierno en que el desempleo sería aún más grave si la administración hubiera impuesto medidas de aislamiento^[fn]Entrevistas de Crisis Group, representantes del sector privado, Managua, 17 y 19 de marzo de 2021.Hide Footnote . La recesión económica del país desde 2018, descrita más a fondo a continuación, ya había dejado a muchos empleados públicos de bajo nivel sin trabajo o los había obligado a aceptar menos turnos, incluso antes de que impactara la pandemia^[fn]Entrevistas de Crisis Group, guardia de seguridad, comerciante, taxista, Managua, marzo de 2021.Hide Footnote . “Antes ganabas 12 000 córdobas ($340 dólares) al mes; ahora te llaman y te pagan por menos días, y llegas a ganar entre 4000 y 5000 córdobas ($110-140 dólares), y si criticas algo, te sancionan”, se quejó un guardia de seguridad que trabaja para una empresa estatal^[fn]Entrevista de Crisis Group, guardia de seguridad, Managua, 18 de marzo de 2021.Hide Footnote . Un camarero en una zona turística también se quejó de la falta de asistencia del gobierno. “Todos [los restaurantes] cerramos, pero el gobierno no ayudó a nadie”, dijo^[fn]Entrevista de Crisis Group, mesero, San Juan del Sur, 19 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Si Ortega ha tenido algunos problemas para mantener su control del poder, la oposición política fracturada no ha estado bien preparada para aprovecharlos. Su fragmentación quedó en evidencia recientemente con el fracaso de sus principales bloques a la hora de registrarse como una alianza electoral para los próximos comicios.

Se han llevado a cabo esfuerzos para unir a los diferentes grupos de oposición. La Alianza Cívica, quien se sentó a negociar con el gobierno en las pasadas rondas de conversaciones, fue creada en 2018 bajo el amparo de la Iglesia Católica para darle forma al amorfo movimiento de protesta^[fn]Incluyó a estudiantes, personalidades de la sociedad civil y del sector privado, académicos y representantes de los agricultores. Informe de Crisis Group, Nicaragua: caminos hacia el diálogo después de la revuelta aplastada, op. cit.Hide Footnote . Luego, con el objetivo de construir una coalición más representativa, la Alianza presidió la creación de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en octubre de 2018, que reunía a movimientos políticos, asociaciones estudiantiles y a organizadores de protestas locales^[fn]Entre los movimientos políticos, el Movimiento Renovador Sandinista, ahora llamado UNAMOS, tiene un peso especial. Ibíd.Hide Footnote . La Alianza y la UNAB se unieron con tres partidos políticos para formar un frente electoral llamado Coalición Nacional a principios de 2020^[fn]Los primeros partidos de la coalición fueron Yatama, el Partido Restauración Democrática y el Partido Liberal Constitucionalista. “Civic movements and political parties launch the National Coalition”, Confidencial, 26 de febrero de 2020.Hide Footnote .

Pero el nuevo frente pronto mostró signos de tensión. Denunciando la falta de avances y “viejas prácticas políticas”, la Alianza abandonó la Coalición a finales de 2020 y, desde entonces, ha sufrido un estallido de luchas internas^[fn]Como resultado, prominentes representantes políticos, académicos y de la sociedad civil y el Movimiento Campesino han abandonado la Alianza, ahora presuntamente encabezada por el sector privado. Entrevista telefónica de Crisis Group, analista político, 28 de enero de 2021. “Renuncian otros cuatro dirigentes de la Alianza opositora de Nicaragua”, EFE, 31 de octubre de 2020. “La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la Coalición Nacional en Nicaragua”, CNN, 26 de octubre de 2020.Hide Footnote . Recientemente formó una nueva coalición, la Alianza Ciudadana, con el partido Ciudadanos por la Libertad, que al parecer goza de la simpatía de los magnates empresariales del país y del clero católico, y que ha desconfiado del proyecto de la Coalición desde su concepción^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, analista político, 26 de abril de 2021. “Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad concretan su alianza política”, La Prensa, 13 de enero de 2021. “Kitty Monterrey: ‘La Coalición no existe y la Unab tampoco’”, Confidencial, 14 de enero de 2021.Hide Footnote . Mientras tanto, la Coalición Nacional ha enfrentado sus propios problemas, expulsando al Partido Liberal Constitucionalista en noviembre de 2020 por sus supuestas afinidades con el gobierno sandinista y suspendiendo al partido Yatama en mayo por aprobar el nombramiento de un magistrado electoral sandinista^[fn]Los que aún permanecen en la Coalición son el Partido de Restauración Democrática, los movimientos son la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino y el Frente Nacional Democrático. “Coalición Nacional expulsa al PLC”, La Prensa, 30 de noviembre de 2020. “Coalición Nacional suspende a Yatama por la “infracción grave” a código de ética”, 100% Noticias, 6 de mayo de 2021.Hide Footnote .

Si bien “unidad” es el eslogan preferido de muchos líderes de la oposición, hay muy poco de ésta entre ellos y sus seguidores^[fn]Una “comisión de buena voluntad”, dirigida por el exministro de educación Carlos Tünnermann, tiene como objetivo unir a la Alianza y a la Coalición. Al menos siete aspirantes a la presidencia firmaron una carta en la que indicaron que defenderían la unidad de la oposición y apoyarían al eventual candidato. “Cristiana Chamorro firma compromiso para apoyar candidatura única”, La Prensa, 22 de febrero de 2021. “¿Es suficiente el esfuerzo de la Comisión de Buena Voluntad?”, Nicaragua Investiga, 2 de febrero de 2021.Hide Footnote . Rencillas personales, algunas de ellas de hace décadas, han abierto brechas que a menudo se ven exacerbadas por diferencias sobre temas sustanciales como el aborto, la forma de seleccionar candidatos presidenciales y las condiciones para participar en las elecciones^[fn]Entrevistas y entrevistas telefónicas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco y experto electoral, enero-marzo de 2021. “¿Cuál es el vehículo para la unidad opositora: CxL, PRD, o los dos?”, Confidencial, 22 de febrero de 2021.Hide Footnote . Un exmiembro de la Alianza Cívica se quejó de que varias figuras de la oposición se aferran a la lógica de “únanse a mí, en lugar de ‘construyamos una unidad’”^[fn]La Alianza Ciudadana se ha negado hasta ahora a reunirse con la Coalición en su conjunto, en lugar, busca socios para que se unan a su iniciativa. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, analista político, representante de la sociedad civil y exmiembro de la Alianza Cívica, enero y febrero de 2021. “Alianza Ciudadana descarta un encuentro con la Coalición Nacional”, Despacho 505, 22 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Pero hay otros motivos poderosos detrás de la lucha por la supremacía. En las elecciones de 1990, un conjunto igualmente diverso de movimientos políticos y sociales derrotó a Ortega bajo el ala de la Unión Nacional Opositora^[fn]Muchos activistas de la oposición, particularmente los mayores, apoyan la candidatura de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, una liberal inicialmente simpatizante de la revolución que rompió con los sandinistas por desacuerdos con otros miembros de la junta de gobierno revolucionaria, de la cual que ella formó parte. Finalmente se postuló contra Ortega y le ganó en las elecciones de 1990. “Así fue como la UNO seleccionó a Violeta Barrios para que enfrentara a Daniel Ortega en 1990”, Nicaragua Investiga, 18 de enero de 2021. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, representantes de la sociedad civil y opositores políticos, enero y febrero de 2021.Hide Footnote . Con este precedente en mente, Ortega y el expresidente Arnoldo Alemán acordaron reformas electorales en el 2000, que entre otras cosas establecieron que cualquier coalición debe estar dirigida por un partido que lidera la alianza, el cual tiene en consecuencia un dominio desproporcionado sobre las candidaturas y los recursos^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto electoral, 4 de marzo de 2020. “El camino a las elecciones: un proceso fraudulento”, Revista Envío, 4 de noviembre de 2001.Hide Footnote . Los dos bloques de oposición actuales, la Coalición y la Alianza, ya han definido sus propios procesos internos para seleccionar posibles candidatos presidenciales^[fn]“Coalición Nacional presenta a sus seis candidatos presidenciales oficiales”, La Prensa, 2 de mayo de 2021. “Conoce a los cuatro precandidatos presidenciales inscritos en la Alianza Ciudadana”, IP Nicaragua, 30 de abril de 2021.Hide Footnote . Diferencias sobre el proceso de selección, así como la distribución de las candidaturas para los escaños de la Asamblea habían motivado la reciente decisión de lanzarse por separado a las elecciones^[fn]“Oposición no logra acuerdo: Ciudadanos por la Libertad inscribe ante el CSE su alianza sin el PRD”, La Prensa, 12 de mayo de 2021.Hide Footnote . Hace poco, sin embargo, el Consejo Supremo Electoral nombrado recientemente (ampliamente alineado con el gobierno de Ortega) canceló la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática, que servía de plataforma electoral a la opositora Coalición Nacional, impidiendo así su participación en los próximos comicios^[fn]“CSE cancela personería jurídica al PRD confirma Saturnino Cerrato”, Nicaragua Investiga, 18 de mayo de 2021.Hide Footnote .

Las luchas internas de la oposición y la represión del gobierno han resultado en una disminución del disenso público en el país. “Les dimos [a la oposición] detenidos, muertos y exiliados, y lo desperdiciaron”, renegó un ciudadano que participó en las protestas de 2018^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, 15 de febrero de 2021.Hide Footnote . Solo el 4 por ciento de los entrevistados en una encuesta de enero se identificaron como simpatizantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, mientras que el partido de oposición que atrajo el mayor respaldo fue Ciudadanos por la Libertad, con el 3 por ciento^[fn]“Cristiana Chamorro encabeza lista de preferencias políticas de acuerdo a un sondeo de la firma Cid Gallup”, La Prensa, 2 de febrero de 2021.Hide Footnote . La mayoría de los representantes de la oposición se mantienen optimistas de que lograrán presentar un frente común, contando con que el deseo compartido de ofrecerle al pueblo nicaragüense una alternativa clara a Ortega superará las divisiones internas^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, analistas políticos, representantes de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, marzo de 2021. Otros no están de acuerdo con esta apreciación. Incluso antes de que las negociaciones para formar una alianza electoral fracasaran, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, sugirió que “solo un milagro” uniría a los dos bloques. “Kitty Monterrey descarta la unidad con la Coalición Nacional”, La Prensa, 30 de abril de 2021.Hide Footnote . Si lo logran, creen que pueden atraer el voto del 65 por ciento de las personas que, según la misma encuesta, están dispuestas a votar. Muchos de estos potenciales votantes “no están ni con el gobierno ni con nosotros, porque no saben por quién votar”, según dijo un representante del movimiento juvenil^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, miembros de la UNAB y Alianza Cívica, experto político, febrero y marzo de 2021. En la encuesta, el 62 por ciento de los entrevistados dijeron que no se identificaban con ningún partido político. “Cristiana Chamorro encabeza lista de preferencias políticas de acuerdo a un sondeo de la firma Cid Gallup”, La Prensa, 2 de febrero de 2021.Hide Footnote . Sin embargo, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, la formación de un frente común requerirá que uno de los dos bloques (la Coalición Nacional) apoye al otro (la Alianza Ciudadana).

En este contexto de polarización y tensión política sin resolver, en palabras de un funcionario de la ONU, “es poco probable que las elecciones estabilicen la crisis, cualquiera sea su resultado”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ONU, 25 de febrero de 2021.Hide Footnote . Por el contrario, las elecciones fácilmente podrían provocar una escalada de las tensiones existentes, especialmente si hay acusaciones creíbles de que no se han llevado a cabo de forma limpia.

La mayor preocupación es que Ortega obstaculice la participación de la oposición e interfiera en los resultados, socavando la legitimidad de las elecciones y generando más descontento.

Elecciones pasadas dan pistas sobre las posibles tácticas del gobierno. En las elecciones municipales de 2008 y en las elecciones generales de 2011 y 2016, las autoridades electorales controladas por el FSLN dejaron a algunos partidos de la oposición sin credenciales legales y, según informes, interfirieron con el conteo de votos al negar el acceso o entorpecer el trabajo de observadores independientes y de partidos políticos^[fn]Por ejemplo, el Consejo Supremo Electoral suspendió la representación legal del Movimiento Renovador Sandinista y del Partido Conservador en 2008. Entrevista de Crisis Group, experto político, Managua, 18 de marzo de 2021. “Nicaragua is the municipal elections’ big loser”, Revista Envío, noviembre de 2008. “Las elecciones de 2011 en Nicaragua: Informe de una misión de estudio del Centro Carter”, Centro Carter, 9 de enero de 2012.Hide Footnote . Una persona que fue observador en las elecciones de 2011 y 2012 por parte de un partido de oposición relató que los representantes del FSLN violaron constantemente los procedimientos en los puestos de votación, y recordó como “no querían que contáramos cuántas urnas se recibieron, querían dejar votar a personas cuyos nombres no aparecían en el censo electoral y no nos permitieron ir al estadio, donde se realiza el conteo”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exobservador electoral, 15 de febrero de 2021.Hide Footnote . En 2016, luego de las acciones del gobierno para obstaculizar la participación de los candidatos del Partido Liberal Independiente, los principales partidos de oposición decidieron boicotear las elecciones, allanando el camino para el tercer mandato consecutivo de Ortega^[fn]“La oposición se retira de las elecciones en Nicaragua”, El País, 16 de junio de 2016.Hide Footnote .

Es posible que Ortega intente manipular las elecciones una vez más, pero no está claro qué métodos decida utilizar. Podría limitarse a amenazar con utilizar las leyes recientemente aprobadas para desincentivar el voto y asustar a la oposición, o podría llegar a aplicar dichas leyes^[fn]Entrevistas de Crisis Group, representante de la sociedad civil, guardia de seguridad, comerciantes, Managua, Catarina y San Juan del Sur, marzo de 2021.Hide Footnote . En algunos escenarios más radicales, las autoridades electorales podrían también vetar al partido Ciudadanos por la Libertad, mientras que la policía podría negar los permisos para realizar concentraciones electorales y continuar amenazando, e incluso detener, a las principales figuras de la oposición. Un excomandante de la policía aseguró que Ortega no arrestará a los “golpistas”, aunque estaría en su derecho de hacerlo, pero otros sostienen que el presidente es capaz de cualquier cosa^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, diplomático, excomandante de policía y representantes de la oposición, marzo de 2021.Hide Footnote .

Los riesgos de fraude y mayor represión pueden incrementar si la oposición logra forjar un frente común. “Ortega tendría que cometer más fraudes si la oposición está unida”, dijo un diplomático^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático, 8 de febrero de 2021.Hide Footnote .

La persecución del gobierno ha desplazado a la oposición del escenario público y también ha tenido un efecto desalentador: las recriminaciones y la animosidad a nivel micro han hecho que el debate político sea cada vez más tabú, incluso al interior de los hogares^[fn]La participación en las marchas de 2018 se convirtió en un tema divisivo que tensó los lazos familiares. En ocasiones, cuando las personas veían a sus familiares o a vecinos más jóvenes entre los manifestantes los denunciaban ante la policía. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, sandinistas, manifestantes, representante de la sociedad civil, marzo y abril de 2021.Hide Footnote . La falta de unidad de la oposición también ha socavado su capacidad para moldear la opinión pública. Pero la hostilidad hacia el gobierno de Ortega aún es alta en muchos sectores de la sociedad, sobre todo entre los segmentos más jóvenes y mejor educados de la población, y no se puede descartar la posibilidad de nuevas protestas, particularmente en el caso de unas elecciones manifiestamente amañadas^[fn]Incluso antes del 2018, las tensas elecciones habían provocado protestas callejeras lideradas por la oposición. “Claims of a rigged vote foment bitter protests in Nicaragua”, The New York Times, 19 de noviembre de 2008. Para obtener un desglose de la popularidad de Ortega por edad y educación, consulte la gráfica 2, en el Anexo B.Hide Footnote .

Con el disenso público encontrando más barreras, la discusión política se ha trasladado en gran medida a las redes sociales^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, simpatizantes del FSLN y manifestantes, febrero de 2021. “En Nicaragua ‘nada está normal’, aunque el régimen intenta que el país lo olvide”, Confidencial, 3 de febrero de 2021.Hide Footnote . “A nosotros [los jóvenes] solo nos ha quedado una resistencia silenciosa”, dijo un exestudiante que participó en las protestas de 2018. “No podemos expresarnos”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, representante de un grupo “autoconvocado”, 18 de febrero de 2021.Hide Footnote . Las redes sociales se han convertido en la principal plataforma para compartir mensajes antigubernamentales, a pesar de que Nicaragua tiene una cobertura de internet relativamente baja^[fn]El Banco Mundial estimó una cobertura de internet del 27,8 por ciento en 2019. Cifras del Banco Mundial.Hide Footnote . Un editor de noticias informó que los esfuerzos de propaganda del gobierno durante las protestas de 2018 fueron “desacreditados por las redes sociales y los nicaragüenses con teléfonos celulares. … Esa es la voz mediática más fuerte en este momento”^[fn]John Otis, “En Nicaragua, el control que Ortega ejerce sobre los medios se reduce a pesar de que se recrudece la represión gubernamental”, Comité para la Protección de los Periodistas, 9 de agosto de 2018.Hide Footnote . El Movimiento Nacional Autoconvocado de Nicaragua en un momento organizó una protesta nacional contra la policía a través de Twitter, y los activistas antigubernamentales se han unido en torno a hashtags exigiendo el fin de la represión (#LibertadParaPresosPolíticos), tildando al gobierno de terrorista (#FSLNesTerrorismo) y pidiendo más sanciones (#SancionenALaDictadura)^[fn]Mildred Largaespada, “Daniel Ortega sin masas en la plaza el 19, ganó una audiencia digital, ¿para qué?”, Confidencial, 24 de julio de 2020.Hide Footnote .

El gobierno ha tratado de contrarrestar estas campañas ejerciendo un mayor control sobre las redes sociales y difundiendo sus propios mensajes^[fn]En el transcurso de tres mandatos, la mayoría de las estaciones de radio y televisión han pasado al control de los aliados de Ortega. Las sedes de Confidencial y 100% Noticias, dos medios independientes, fueron confiscadas en el momento más álgido de las protestas de 2018 y posteriormente fueron convertidas en instalaciones del Ministerio de Salud, lo que obliga al personal a seguir publicando desde otros lugares. “Nicaragua passes bill criminalizing what government considers fake news”, Reuters, 27 de octubre 2020. “Como Ortega levantó un imperio mediático que enriquece a su familia y afianza su poder en Nicaragua”, Reuters, 23 de noviembre de 2020. “Gobierno de Nicaragua inaugura centros de salud en instalaciones de medios de comunicación clausurados”, CNN, 26 de febrero de 2021.Hide Footnote . Los partidarios sandinistas son relativamente menos visibles en las redes sociales, ya que tienden a ser mayores y tienen menos acceso a internet^[fn]“Daniel Ortega sin masas en la plaza el 19, ganó una audiencia digital, ¿para qué?”, Confidencial, 24 de julio de 2020.Hide Footnote . Aun así, se han unido en torno a hashtags que celebran al gobierno como #UnidosEnVictorias y #VencemosVenceremos, a menudo acompañados de elogios a la revolución sandinista.

Tampoco ha desaparecido el riesgo de un resurgimiento del descontento en las calles, que podría derivar en violencia, y representantes de la oposición, tanto en Nicaragua como en el extranjero, coinciden en que unas elecciones complicadas podrían ser un detonante^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, de febrero de 2021.Hide Footnote . “Somos como una bomba de tiempo”, dijo un exiliado muy reconocido en Costa Rica^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exiliado nicaragüense, 1 de febrero de 2021.Hide Footnote . Si bien la mayoría de las facciones de la oposición insisten en la disidencia pacífica, lo que hace poco probable una insurrección armada, no se puede descartar el riesgo de que se produzcan brotes de violencia locales, desencadenados por un fraude electoral o una intensificación de la represión estatal^[fn]Representantes de la oposición consideran que algunos grupos menores podrían estar dispuestos a alzarse en armas. Las armas han estado ampliamente disponibles en el país desde la guerra civil. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, exiliado nicaragüense, manifestante y sandinista de larga data, febrero y marzo de 2021.Hide Footnote . Un exministro nicaragüense argumentó que los movimientos de protesta de 2018, esencialmente espontáneos en su momento, ahora están mejor preparados para movilizar a la población^[fn]Entrevista de Crisis Group, exministro, Managua, 19 de marzo de 2021.Hide Footnote . Al mismo tiempo, mucho dependerá de si la oposición es capaz de ofrecer una alternativa a Ortega que sea lo suficientemente creíble y unida como para provocar manifestaciones públicas masivas. “Poniendo más muertos para una oposición tan incompetente tampoco va a solucionar nada”, observó un representante estudiantil descontento^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, representante estudiantil, 5 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Los sandinistas, por su parte, expresan su preocupación de que la violencia también pueda estallar en caso de una victoria inesperada de la oposición, por improbable que parezca ese resultado, especialmente si el nuevo gobierno decide embarcarse en una cacería de brujas antisandinista en las instituciones estatales. “Sería una guerra”, advirtió un excomandante de policía con afiliación sandinista^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante de policía, Managua, 16 de marzo de 2021.Hide Footnote . Un activista local del partido de gobierno manifestó que, en caso de una victoria de la oposición, gran parte de la respuesta de los sandinistas dependería de Ortega: “si Daniel dice ‘se robaron las elecciones’, nos tomamos las calles”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, activista sandinista, 29 de abril de 2021.Hide Footnote . Una analista política nicaragüense destacó que el FSLN sigue siendo en esencia un movimiento guerrillero que, de enfrentarse por el control del Estado, podría arremeter violentamente. “El día en que la oposición gane las elecciones, me encerraré en casa”^[fn]Entrevista de Crisis Group, analista político, Managua, 18 de marzo de 2021.Hide Footnote . Diplomáticos radicados en Managua manifestaron que hay poco debate dentro de las filas de la oposición sobre los riesgos de violencia que tendrían que manejar en caso de una victoria electoral: pocos han hablado de cómo tratarían a los seguidores del FSLN, que dominan las instituciones públicas y representan al menos una cuarta parte de la población^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Managua, 15 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Unas elecciones cuestionadas que dejen a Ortega aferrado al poder tendrían costos que se extienden más allá de una mayor alienación de la oposición interna; también es muy probable que profundicen el aislamiento internacional de Nicaragua. Un periodista de Managua calificó esta posibilidad como un “escenario similar al de Venezuela”, mientras que otro analista político advirtió sobre un “lento pero implacable declive” hacia el estatus de paria^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, periodista y analista político radicados en Nicaragua, febrero de 2021.Hide Footnote .

En algunos aspectos, Nicaragua ya se encuentra en este camino. Varios países y organizaciones multilaterales han roto lazos con el gobierno, suspendiendo la cooperación e imponiendo sanciones a personas e instituciones, incluida toda la Policía Nacional^[fn]Desde que comenzó la crisis, EE. UU. ha impuesto al menos once rondas de sanciones contra un total de 26 personas y siete empresas e instituciones. La UE, el Reino Unido y Suiza también han sancionado a seis policías y funcionarios gubernamentales nicaragüenses, mientras que Canadá ha sancionado a nueve. Para ver una cronología de las sanciones de EE. UU., consulte el Anexo C.Hide Footnote . La OEA ha discutido la difícil situación de Nicaragua en varias ocasiones y ha considerado aplicar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana (aplicable en situaciones en las que un Estado miembro ha experimentado un grave deterioro del orden democrático), lo cual podría llevar a la expulsión del país del sistema interamericano, aunque esta perspectiva es remota^[fn]“OAS seeks to activate democratic charter on Nicaragua”, VOA, 29 de diciembre de 2018.Hide Footnote . El Congreso de EE. UU., por su parte, aprobó a finales de 2018 un proyecto de ley conocido como Nica Act, que le ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses; más recientemente recibió el proyecto de ley conocido como Renacer Act, que añadiría las infracciones electorales a los posibles motivos de sanciones estadounidenses^[fn]“Donald Trump signs the Nica Act to pressure Ortega”, Confidencial, 21 de diciembre de 2018. “RENACER Act of the US Senate expands causes to sanction Ortega’s Abettors”, Confidencial, 29 de marzo de 2021.Hide Footnote . “El portafolio de inversiones en Nicaragua está bloqueado”, confirmó un alto funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, 27 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Algunas de estas medidas han dificultado que el país, uno de los más pobres de América Latina, salga de la profunda depresión económica que atraviesa desde la época de las protestas de 2018. El Fondo Monetario Internacional informó en abril de 2021 que el producto interno bruto de Nicaragua había sufrido una contracción del 4 por ciento en 2018, del 3,9 por ciento en 2019 y del 3 por ciento en 2020, en parte como resultado de la pandemia^[fn]El gobierno reconoció una contracción del PIB de solo el 2,5 por ciento en 2020. “La economía mundial se está afianzando, pero con recuperaciones divergentes en medio de aguda incertidumbre”, FMI, abril de 2021. “Banco Central admite que economía de Nicaragua acumuló caída de -2.5% en 2020”, Confidencial, 9 de marzo de 2021.Hide Footnote . Incluso antes de la llegada del COVID-19, 3400 empresas tuvieron que cerrar y cerca de 200 000 empleos se habían perdido tan solo en el sector formal, ya que la agitación política y los aumentos de impuestos perjudicaron las inversiones nacionales y extranjeras y provocaron el colapso del turismo, un sector que contribuyó más del 4 por ciento del PIB en 2017^[fn]“Tras un año oculto, el INSS publica su anuario estadístico, que revela la pérdida de más de 3,400 empresas en Nicaragua”, La Prensa, 10 de marzo de 2021. “Nicaragua ha perdido más de 200 mil empleos formales desde inicio de crisis de 2018”, Confidencial, 17 de octubre de 2020. “El turismo en Nicaragua, seis años en retroceso tras la crisis sociopolítica”, EFE, 12 de febrero de 2020.Hide Footnote . Dos huracanes que devastaron el país en noviembre de 2020, con daños estimados por el gobierno en $742 millones de dólares, o alrededor del 6 por ciento del PIB, empeoraron las cosas^[fn]“Gobierno de Nicaragua da a conocer el informe preliminar de daños materiales de los huracanes Eta y Iota”, El 19 Digital, 24 de noviembre de 2020.Hide Footnote . Los partidarios del gobierno culpan directamente a las protestas por la difícil situación económica del país. “La destrucción del 2018 fue peor que la pandemia y los huracanes”, argumentó un excomandante de la policía^[fn]Entrevista de Crisis Group, excomandante de policía nicaragüense, Managua, 16 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Los fondos de cooperación internacional, es decir, préstamos y subvenciones al sector público, han disminuido debido a que los donantes han ignorado al país^[fn]La financiación cayó de $711,5 millones de dólares en 2017 a $623,7 millones de dólares en 2019. “Informe de la Cooperación Oficial Externa, I Semestre 2020”, Banco Central de Nicaragua, octubre de 2020.Hide Footnote . Un diplomático con sede en Managua dijo que la caída real de la ayuda a Nicaragua es incluso mayor de lo que sugieren las cifras oficiales, ya que éstas reflejan préstamos previamente aprobados que fueron desembolsados posteriormente, mientras que entre 2018 y finales de 2020 no se aprobaron nuevos préstamos por parte de instituciones como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuando se liberaron los fondos relacionados con el coronavirus (ver sección IV.B)^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, Managua, 17 de marzo de 2021. En 2018, la inversión nacional cayó un 25 por ciento y la inversión extranjera un 53 por ciento. Gabriela Selser, “Business group: Nicaragua’s economy in ‘free fall’”, Associated Press, 24 de abril de 2019.Hide Footnote . La inversión extranjera directa, por su parte, se ha desplomado de $1000 millones de dólares en 2017 a $182 millones de dólares en 2020, según cifras del Banco Central^[fn]“La inversión extranjera directa en Nicaragua cayó un 63.8 % en el 2020”, El Economista, 5 de abril de 2021.Hide Footnote . Unas elecciones cuestionadas seguidas de disturbios podrían acelerar la caída de la confianza de los inversores en Nicaragua y agravar la reducción del empleo formal (particularmente en el turismo, la construcción y el comercio minorista)^[fn]“Nicaragua: 2019 Article IV Consultation”, FMI, febrero de 2020.Hide Footnote .

Nuevas sanciones y una reducción de la inversión extranjera como resultado de acusaciones de manipulación electoral o represión postelectoral supondrían una mayor presión sobre la economía, con consecuencias potencialmente nefastas para el pueblo nicaragüense^[fn]Ibíd.Hide Footnote . “De una crisis política, económica y de derechos humanos, ésta podría convertirse en una crisis humanitaria”, dijo un exfuncionario del Programa Mundial de Alimentos^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exfuncionario del Programa Mundial de Alimentos, 23 de febrero de 2021. “Otra explosión social en Nicaragua podría ocasionar ‘una nueva crisis migratoria’, advierte Fundación Arias”, La Prensa, 25 de marzo de 2021.Hide Footnote . El país podría sufrir un nuevo éxodo. La combinación de alto desempleo y persecución política ya ha llevado a más de 100 000 nicaragüenses a huir al exterior, principalmente a la vecina Costa Rica^[fn]El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados informó que, a junio de 2020, 108 000 nicaragüenses habían solicitado asilo en el extranjero, más de 81 000 de ellos en Costa Rica. El último número había aumentado a 94 000 en marzo de 2021, según cifras actualizadas que un funcionario de la ONU compartió con Crisis Group.Hide Footnote . Dos de cada tres nicaragüenses entrevistados en una encuesta a principios de 2021 dijeron que deseaban irse del país^[fn]“Dos de cada tres nicaragüenses quiere migrar a EU, España o Canadá”, Forbes Centroamérica, 2 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Un incremento en la inmigración de nicaragüenses pondría a Costa Rica en una situación muy difícil. Antes de la pandemia, las autoridades costarricenses tenían dificultades para hacer frente a la cantidad de solicitudes de asilo^[fn]Comentario de Crisis Group, “Instar a Nicaragua a salir de una parálisis letal”, op. cit.Hide Footnote . Aunque el cierre de las fronteras frenó el flujo de solicitantes de asilo, cuyo número se redujo de un promedio de 3500 al mes a 75 después de marzo de 2020, el sistema sigue teniendo problemas^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ACNUR, 5 de marzo de 2021.Hide Footnote . Parte de la razón es que las autoridades migratorias costarricenses suspendieron sus servicios, acumulando alrededor de 90 000 solicitudes de asilo sin resolver, en tanto que el impacto económico de la pandemia dificultó aún más la situación de los nicaragüenses en el país mientras esperaban una respuesta^[fn]Adicionalmente los permisos de trabajo provisionales y documentos de identidad de muchos nicaragüenses expiraron. Ver datos de la periodista Cindy Regidor, con base en información de las autoridades migratorias de Costa Rica. Tuit de Cindy Regidor, @cindyregidor, 11:01 am, 31 de enero de 2021. Costa Rica sufrió una disminución estimada del 5,5 por ciento en el PIB en 2020. “Perspectivas de la Economía Mundial, octubre de 2020”, FMI, octubre de 2020.Hide Footnote . “Mientras el país perdió capacidad de respuesta, las necesidades de los solicitantes de asilo crecieron”, manifestó un funcionario de la ONU, añadiendo que el sistema de asilos del país está al borde del colapso y no podría soportar otro aumento de las solicitudes^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ACNUR, 5 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Desafiando los llamados nacionales e internacionales que exigen amplias reformas electorales, la Asamblea Nacional recientemente tomó medidas en la dirección contraria, incluyendo el nombramiento de simpatizantes del gobierno como autoridades electorales. Dados los riesgos asociados a unas elecciones amañadas, el gobierno debería dar marcha atrás mientras aún tiene tiempo. La oposición, por su parte, debería ajustar sus objetivos y expectativas, dejando de lado las propuestas más ambiciosas que podrían provocar un fuerte rechazo del gobierno y chocar con las limitaciones técnicas y de tiempo. Para disipar los riesgos de disturbios postelectorales y abrir un camino para salir de la crisis actual, el gobierno y la oposición también deberían explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo político después de las elecciones, independientemente del resultado de éstas, que les permita a las dos partes comenzar a superar su historia de rencor. Un acercamiento diplomático más sólido y constructivo, particularmente por parte de EE. UU., será esencial para avanzar en este sentido.

El reciente esfuerzo del gobierno por reorganizar las autoridades electorales y reformar la ley electoral ha antagonizado aún más a la oposición y a las potencias extranjeras. El presidente Ortega había anunciado en noviembre de 2020 que su gobierno solo haría mejoras técnicas al sistema electoral^[fn]“Daniel Ortega ordena reforma electoral, pero ‘sin hacer cambios en CSE’”, Confidencial, 6 de noviembre de 2020.Hide Footnote . Según Wilfredo Navarro, un diputado liberal aliado de los sandinistas, estas reformas estarían en línea con el acuerdo firmado con la OEA en 2017, que se centró principalmente en depurar el registro electoral y endurecer las regulaciones para evitar que los representantes electos cambien de partido^[fn]El acuerdo expiró en 2020 después de que el gobierno no solicitó su prórroga. Entrevistas telefónicas de Crisis Group, representantes de alto nivel de la OEA, 4 de marzo de 2021. “Diputado dice que reformas electorales en Nicaragua serán técnicas”, Prensa Latina, 18 de diciembre de 2020. “Daniel Ortega’s electoral accord with the OAS expires today”, Confidencial, 28 de febrero de 2020.Hide Footnote . Sin embargo, en lugar de dirigirse en esta dirección, el gobierno a principios de mayo reafirmó su control unilateral. Tras consultas con diecinueve partidos, incluidos los de los dos bloques de oposición, renovó la composición del Consejo Supremo Electoral y reformó la ley electoral^[fn]El FSLN ocupa 71 de los 92 escaños, y los diecinueve restantes están repartidos entre varios partidos de oposición. “Asamblea Nacional aprueba reformas y adiciones a la Ley 331, Ley Electoral”, El 19 Digital, 4 de mayo de 2021.Hide Footnote . La oposición rechazó estas medidas, en particular la elección de los nuevos magistrados (como se conocen los miembros del Consejo Supremo Electoral), mientras que EE. UU., la UE y la OEA emitieron declaraciones en las que expresaban su preocupación por la medida^[fn]Seis de los siete magistrados titulares fueron postulados por el FSLN y uno por el Partido Conservador, considerado un aliado del gobierno. “Oposición cierra filas y condena “reformas FSLN” sin credibilidad”, Confidencial, 5 de mayo de 2021. “Orteguismo mantiene el control total en el Consejo Supremo Electoral”, Despacho 505, 4 de mayo de 2021. “Comunicado de la Secretaría General sobre elección de magistrados del CSE y reforma electoral en Nicaragua”, OEA, 6 de mayo de 2021. “Nicaragua: Statement by the Spokesperson on the new electoral law”, Servicio Europeo de Acción Exterior, 6 de mayo de 2021. “La legislación electoral de Ortega y el carácter sesgado del Consejo socavan la credibilidad de las elecciones nicaragüenses”, Departamento de Estado de EE. UU., 6 de mayo de 2021.Hide Footnote .  

La oposición y las potencias extranjeras han presentado varias propuestas de reforma. Una de éstas, preparada en 2020 por un grupo de expertos denominado Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), fue firmada por todas las principales fuerzas de la oposición excepto Ciudadanos por la Libertad y establece reformas de fondo^[fn]“Organizaciones de la Coalición Nacional firman propuesta de reforma electoral del GPRE”, La Prensa, 21 de septiembre de 2020.Hide Footnote . La propuesta preveía un cambio en la composición del Consejo Supremo Electoral, dada la supuesta complicidad del organismo en irregularidades en elecciones pasadas^[fn]EE. UU. sancionó tanto al expresidente como al posterior presidente interino del CSE, Roberto Rivas y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, con este argumento, a fines de 2017 y fines de 2019 respectivamente. “Estados Unidos impone sanciones al responsable de los fraudes electorales en Nicaragua”, El País, 26 de diciembre de 2017. “Treasury Sanctions Nicaraguan Government Officials Involved in Human Rights Abuse and Social Security Corruption”, Departamento del Tesoro de EE. UU., 7 de noviembre de 2019.Hide Footnote . También contemplaba introducir la designación no partidista de los funcionarios de las juntas receptoras de votos, en lugar de que fueran nombrados por los partidos; depurar el obsoleto registro electoral; y permitir la observación electoral internacional. Además, abordaba temas que requieren una reforma constitucional, como prohibir la reelección presidencial y elevar el umbral electoral para la victoria al 50 por ciento^[fn]El umbral actual es solo del 35 por ciento de los votos, una medida acordada entre Ortega y Alemán en 2000 que se adapta al tamaño de la base histórica de votos del FSLN. “Consenso Nacional sobre Reformas Electorales”, GPRE, 18 de septiembre de 2020. “Diez datos para entender el pacto Alemán-Ortega”, La Prensa, 13 de abril de 2019.Hide Footnote . La Asamblea General de la OEA adoptó una resolución en octubre de 2020 que promueve reformas en gran medida consistentes con los planes del GPRE, pero sin elementos constitucionales, aunque los funcionarios de la OEA reconocen que antes de noviembre será imposible depurar el registro electoral^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, representante de alto nivel de la OEA, 4 de marzo de 2021.Hide Footnote . 

Hoy en día, los movimientos de oposición están divididos en cuanto a qué reformas y condiciones debe establecer el gobierno que los hagan decidirse a participar en las próximas elecciones. Por ejemplo, algunos se resisten a participar si el gobierno no les garantiza a sus representantes libertad de movilidad o libera a los presos políticos^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, miembros de la UNAB y Alianza Cívica, representantes estudiantiles, febrero y marzo de 2021.Hide Footnote . Un boicot no beneficiaría a ninguna de las partes y ciertamente sería perjudicial para los intereses de la mayoría de nicaragüenses. Dejaría a la oposición sin representación. Si bien un boicot total o parcial de la oposición podría ayudar a Ortega a retomar la presidencia, solo exacerbaría las divisiones del país una vez que pasen las elecciones.

A pesar de la aparente falta de voluntad del gobierno para satisfacer las demandas nacionales e internacionales hasta el momento, todavía hay una serie de medidas técnicamente factibles y políticamente viables que podría tomar para restaurar cierta credibilidad en el proceso y estimular la participación de los partidos. Idealmente, debería revisar la composición del Consejo Supremo Electoral, reemplazando al menos uno o dos magistrados con candidatos propuestos por los dos bloques de oposición^[fn]Por ejemplo, la reciente reelección de Lumberto Ignacio Campbell Hooker, quien se encuentra bajo sanciones estadounidenses, refuerza la falta de credibilidad del Consejo. “Orteguismo mantiene el control total en el Consejo Supremo Electoral”, Despacho 505, 4 de mayo de 2021.Hide Footnote . Esto no solo mejoraría la supervisión del conteo de votos, sino que también aumentaría las posibilidades de una composición más equilibrada de los consejos electorales departamentales y municipales, designados por el Consejo Supremo Electoral y encargados de seleccionar a los funcionarios de las juntas receptoras de votos, entre otras cosas^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, analista político, 5 de mayo de 2021.Hide Footnote . Como medida inmediata para generar confianza, el gobierno también debe dar garantías de que permitirá la observación nacional e internacional de las elecciones sin restricciones e invitar formalmente a la UE (o a otro socio creíble) a desplegar una misión; para contar con suficiente tiempo para una adecuada preparación, esta invitación debe realizarse antes de junio^[fn]Actualmente, la única forma de monitoreo que permite la nueva ley es el “acompañamiento” electoral, que opera a menor escala y otorga a las autoridades nacionales un mayor poder sobre lo que los observadores pueden hacer y publicar. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático de la UE, 8 de febrero de 2021.Hide Footnote .

Establecer igualdad de condiciones para las elecciones también requerirá garantías por parte del gobierno de que todos los partidos y candidatos pueden realizar sus campañas de manera segura^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto electoral, 25 de marzo de 2021.Hide Footnote . En particular, el gobierno debe cumplir los dos acuerdos que hizo con la Alianza Cívica en marzo de 2019, en los que se comprometió a respetar los derechos de los ciudadanos, incluido el ejercicio del derecho de reunión pacífica^[fn]“Nicaragua: declaración del alto representante y vicepresidente Josep Borrell”, Servicio Europeo de Acción Exterior, 22 de diciembre de 2020. “Resolución restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”, Asamblea General de la OEA, 22 de octubre de 2020.Hide Footnote .

Aunque muchos observadores tienen serias dudas sobre si Ortega tiene la intención de hacer reformas que puedan promover una mayor competencia política, sería de su interés evitar más disturbios internos y un mayor aislamiento internacional^[fn]Un experto electoral nicaragüense dijo: “Ortega no quiere un juego competitivo; quiere uno controlado”. Entrevista telefónica de Crisis Group, experto electoral, 29 de enero de 2021.Hide Footnote . “Ortega puede gobernar sin legitimidad, pero no sin legalidad”, como lo expresó un exdiplomático nicaragüense, indicando que el presidente temería que los resultados electorales no fueran reconocidos internacionalmente si llegara a ganar^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exdiplomático nicaragüense, 17 de febrero de 2021.Hide Footnote . Los recientes esfuerzos del gobierno por consultar con varias fuerzas políticas antes de elegir a los nuevos magistrados electorales como lo había solicitado la OEA, si bien en gran parte superficiales, sugieren que Ortega es al menos consciente de las expectativas internacionales, incluso mientras su objetivo es su propia ventaja política. Dicho esto, más allá de hacer cambios cosméticos, poco sugiere que esté dispuesto a comprometerse a hacer unas elecciones justas y transparentes.

Desde el final de la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición a mediados de 2019, la crisis nicaragüense ha desaparecido del foco internacional, incluso por parte de sus vecinos latinoamericanos. Según un alto funcionario de la OEA, “todos los países de la región enfrentan problemas internos y no están interesados en involucrarse en una situación tan complicada”^[fn]Estos países incluyen a los liderados por gobiernos de izquierda, como México y Argentina, que, según algunos diplomáticos de Managua, podrían facilitar un intercambio con el gobierno. Entrevistas y entrevistas telefónicas de Crisis Group, representantes de alto nivel de la OEA y diplomáticos, Managua, 4 y 15-17 de marzo de 2021.Hide Footnote . Los organismos internacionales de derechos humanos han sido prácticamente los únicos en seguir informando sobre el país, aunque desde mediados de 2020 el gobierno suspendió su comunicación con estas organizaciones^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, funcionarios de la OEA, CIDH y de la ONU, febrero de 2021. El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución el 23 de marzo. Por tercer año consecutivo, la CIDH incluyó a Nicaragua en su informe Sección 4 publicado a mediados de abril. “ONU demanda a Daniel Ortega la aprobación de urgentes reformas electorales”, Confidencial, 23 de marzo de 2021. “La CIDH presenta su Informe Anual 2020”, CIDH, 16 de abril de 2021.Hide Footnote . “Antes había diálogo, aunque no fuera constructivo. Ahora ni siquiera responden a nuestras comunicaciones”, dijo un funcionario de la ONU^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ONU, 25 de febrero de 2021.Hide Footnote . Lo mismo aplica para la OEA, quizás incluso más, dado que su imagen se ha visto manchada en los círculos del gobierno nicaragüense por su controvertido papel en las elecciones de Bolivia de 2019^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, diplomático y excomandante de policía sandinista, febrero de 2021. Sobre la OEA en Bolivia, ver el informe breve de Crisis Group N°43, Bolivia se prepara para elecciones bajo la sombra de supuesto fraude, 31 de julio de 2020.Hide Footnote . Según informes, la Santa Sede encabezó un esfuerzo discreto pero infructuoso para tender puentes entre el gobierno y diplomáticos hace algunos meses. “Era como una conversación entre sordos”, recordó un diplomático^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, Managua, 18 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Aun así, la pandemia de COVID-19 y los estragos dejados por los huracanes Eta e Iota interrumpieron en parte el aislamiento del país y restablecieron cierta cooperación técnica con los donantes. A finales de 2020, el gobierno recibió alrededor de $300 millones de dólares en préstamos externos para hacer frente a la pandemia y $8 millones de dólares en asistencia humanitaria para afrontar los efectos de los huracanes^[fn]“Ortega con fuerte ‘oxígeno financiero’: más de 1,300 millones de dólares para el 2021, en pleno año electoral”, La Prensa, 14 de diciembre de 2020.Hide Footnote . Desde esta perspectiva, el virus y los huracanes “le trajeron la salvación a Ortega, le inyectaron recursos internacionales”, recalcó un exministro nicaragüense^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exministro nicaragüense, 23 de febrero de 2021.Hide Footnote . Estos recursos están estrictamente ligados a la ayuda humanitaria, que permite el Nica Act, y las mejoras en la cooperación a nivel técnico no se han traducido en una mayor apertura del gobierno en temas políticos o de derechos humanos^[fn]Las agencias de la ONU en el país trabajaron con el gobierno para entregar ayuda humanitaria en las áreas afectadas por los huracanes. Entrevista telefónica de Crisis Group, funcionario de la ONU, 5 de marzo de 2021.Hide Footnote . Aun así, son un paso en la dirección correcta. Además, la urgencia de que lleguen las vacunas del COVID-19, que se necesitan tan desesperadamente como en el resto de América Latina, podría ofrecer una oportunidad para que los socios estadounidenses y europeos restablezcan lazos más cordiales con Managua^[fn]En enero de 2021, el gobierno dio a conocer un plan para vacunar al 55 por ciento de la población del país en una primera fase, utilizando las vacunas AstraZeneca, Sputnik V, Moderna y Covaxina, pero hasta ahora ha recibido poco más de 400 000 dosis de Sputnik V y AstraZeneca. “Nicaragua gestiona compra de 7,4 millones de vacunas”, Deutsche Welle, 14 de enero de 2021. “Minsa recibe 70 000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V”, Confidencial, 4 de mayo de 2021.Hide Footnote . Como dijo un excomandante de policía con afiliación sandinista, “cualquier ayuda es más que bienvenida”^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, excomandante de policía sandinista, 4 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Dada la influencia de EE. UU. en la región, la postura de Washington será un importante punto de referencia para que las potencias internacionales tracen su estrategia con respecto a las elecciones nicaragüenses. Pero hasta el momento, EE. UU. no ha dado señales claras. Aunque el presidente Joe Biden conoce personalmente la región, habiendo realizado numerosas visitas a Centroamérica durante su tiempo como vicepresidente de Barack Obama, su prioridad ahora no son las relaciones de EE. UU. con Managua^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, experto político, 28 de enero de 2021.Hide Footnote . Tras haber superado recientemente la marca de los 100 días en el cargo, la administración Biden tiene que responder a problemas domésticos y al aumento de la migración en la frontera sur de EE. UU. En Washington, esto último se ve más como una consecuencia de las crisis en los países del llamado Triángulo Norte, compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, los países a los que se restringe el mandato del Enviado Especial Ricardo Zúñiga^[fn]“Announcement of Ricardo Zúñiga as Special Envoy for the Northern Triangle”, Departamento de Estado de EE. UU., 22 de marzo de 2021.Hide Footnote . Nicaragua recibe menos atención.

De hecho, en el plan presidencial de Biden para Centroamérica no hay ninguna referencia específica a Nicaragua, y hasta el momento no ha definido una estrategia^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, diplomáticos, y funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., y de la OEA, febrero y marzo de 2021. En noviembre de 2020, Biden anunció un plan para Centroamérica, centrado en la lucha contra la corrupción y que involucra un paquete de ayuda de $4 mil millones de dólares para abordar las causas que impulsan la migración, aunque se centró en los países del norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). “El plan de Biden para fortalecer la seguridad y la prosperidad en colaboración con los pueblos de Centroamérica”, Joe Biden, noviembre 2020.Hide Footnote . En vista de la manera en la que EE. UU. está revisando al menos algunas de las políticas de mano dura de la era Trump, no se puede descartar que llegue a reconsiderar el énfasis en sanciones a Nicaragua antes de que sean las elecciones, pero la administración Biden aún no ha diseñado una alternativa clara. “Parece que los calendarios de la política estadounidense y nicaragüense no coinciden”, como observó irónicamente un diplomático con sede en Managua^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU. y de la OEA, 25 de febrero y 4 de marzo de 2021. Un analista político con sede en Washington fue más directo: “Es como si estuviéramos al margen viendo un choque de trenes”. Entrevista telefónica de Crisis Group, analista político, 7 de abril de 2021.Hide Footnote .

Es necesario un cambio de postura. La creciente aplicación de sanciones por parte de la administración Trump, incluso a algunos de los activos financieros de la familia Ortega y sus aliados en el poder judicial, el gobierno y las fuerzas de seguridad, no logró quebrar las filas sandinistas ni obligar a Ortega a reanudar las conversaciones con la oposición. En cambio, las sanciones alienaron al gobierno y lo llevaron a hablar cada vez más abiertamente sobre los supuestos males de la injerencia extranjera, incluido el papel presuntamente desempeñado por las embajadas con sede en Nicaragua^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Managua, 17 de marzo de 2021. “Daniel Ortega dice que EE.UU. busca ‘asfixiar’ a Nicaragua con sanciones, cuando medidas solo afectan a sus funcionarios, familiares y empresas”, La Prensa, 10 de junio de 2020.Hide Footnote . Según un excomandante de policía con afiliación sandinista, las sanciones no solo son inútiles, son un honor, “como ponerse una medalla en el pecho”, aunque también agregó que retirarlas es una condición “sine qua non” para que el gobierno se siente a negociar^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, excomandante de policía sandinista, 4 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Levantar las sanciones y frenar los esfuerzos de Washington por detener los préstamos multilaterales serían medidas políticamente difíciles e impopulares, particularmente a la luz del apoyo bipartidista en el Congreso de los EE. UU.^[fn]El 25 de marzo, seis senadores estadounidenses de ambos de los principales partidos propusieron un proyecto de ley que contemplaba sanciones dirigidas a funcionarios del gobierno de Ortega, familiares y otros aliados, incluidos de la policía y el ejército, en un intento por presionarlo para que acceda a realizar elecciones libres y justas. Entrevista telefónica de Crisis Group, diplomático estadounidense, 10 de febrero de 2021. “Senators Menendez, Rubio, Kaine, colleagues introduce legislation to advance democratic elections in Nicaragua”, Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., 25 de marzo de 2021.Hide Footnote . Aun así, las autoridades de EE. UU. y la UE deberían considerar ofrecer un alivio de las sanciones (al menos en privado), para persuadir a Ortega de que emprenda reformas electorales y permita una participación generalizada en las próximas elecciones. Como mínimo, deberían abstenerse de imponer nuevas sanciones y reforzar el compromiso diplomático antes de que comience el proceso electoral^[fn]Entrevistas de Crisis Group, diplomáticos, Managua, 15 y 17 de marzo de 2021.Hide Footnote . Un posible primer paso sería incluir a Nicaragua en el mandato del Enviado Especial Zúñiga para abrir nuevos canales de comunicación^[fn]Teniendo en cuenta su papel en el restablecimiento de relaciones entre EE. UU. y Cuba bajo la administración de Obama, Zúñiga fue visto positivamente por un excomandante sandinista. Entrevista telefónica de Crisis Group, excomandante de policía sandinista, 22 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Los diplomáticos con sede en Managua también advierten que incluso si se impugnan las elecciones y se cuestiona la validez del nuevo mandato de Ortega, es posible que medidas punitivas adicionales no sean la mejor respuesta. “¿Cuáles serían las consecuencias de no reconocer [al gobierno]?” se preguntó un diplomático. “Prácticamente ninguna”. El diplomático agregó que luego de la experiencia del reto de Juan Guaidó al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, “nadie está dispuesto a reconocer a otro gobierno paralelo”^[fn]Entrevista de Crisis Group, diplomático, Managua, 15 de marzo de 2021. Para obtener más información sobre la campaña fallida para derrocar a Maduro en Venezuela, consulte el informe de Crisis Group sobre América Latina N°85, Elecciones en Venezuela: ¿Qué viene después de la barrida de Maduro?, 21 de diciembre de 2020.Hide Footnote . Según un funcionario de la UE, los socios extranjeros pueden recortar la ayuda para el desarrollo e imponer más sanciones, pero es poco probable que esto generen una reacción de Managua: “Es la presión desde adentro a lo que más le teme Ortega”^[fn]Entrevista de Crisis Group, funcionario de la UE, Managua, 15 de marzo de 2021.Hide Footnote . Aun así, deben estar preparados para denunciar un fraude electoral, apoyar la firme condena regional e internacional a unas elecciones amañadas y advertir a Ortega de los riesgos que corre si su victoria es cuestionada.

Más allá de allanar el camino para unas elecciones creíbles, el gobierno nicaragüense y la oposición, con el apoyo de socios extranjeros, idealmente estarían de acuerdo en trabajar juntos para abordar las causas subyacentes del enfrentamiento, arraigadas en una profunda enemistad que se remonta a la lucha revolucionaria de los años 70 y a la guerra civil de los 80.

En opinión de representantes de ambos lados, el conflicto recurre porque hay una mentalidad de “el ganador se lleva todo” en la política^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, representante de la Coalición Nacional y activista sandinista, 2 de marzo y 29 de abril de 2021.Hide Footnote . “La oposición quiere tierra arrasada con el sandinismo, pero eso es imposible”, advirtió un periodista cercano al gobierno, y agregó que el FSLN sigue siendo la fuerza política más popular y mejor organizada del país, con una base de apoyo central de al menos el 25 por ciento^[fn]Este apoyo se ha mantenido prácticamente inalterado durante los últimos dos años, según las encuestas de CID-Gallup. Entrevista por correo electrónico de Crisis Group, periodista nicaragüense, 28 de enero de 2021. “Cristiana Chamorro encabeza lista de preferencias políticas de acuerdo a un sondeo de la firma Cid Gallup”, La Prensa, 2 de febrero de 2021.Hide Footnote . Como se mencionó anteriormente, ha habido poco debate, y mucho menos acuerdos, entre los grupos de oposición sobre cómo lidiar con los partidarios sandinistas o aquellas personas leales al gobierno empleadas en prácticamente todas las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad en el caso de una sorpresiva victoria electoral de la oposición^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, diplomático europeo, periodista, representantes de la Alianza Cívica y la UNAB, febrero y marzo de 2021.Hide Footnote .

Las propuestas de algunos moderados de buscar vías para convivir con el sandinismo han provocado desacuerdos con otras facciones, que insisten en que debe haber sanciones por la actuación del gobierno y las fuerzas de seguridad durante la represión del 2018^[fn]“La controversia de ‘convivir con los sandinistas’”, La Prensa, 5 de marzo de 2021.Hide Footnote . Los empresarios aliados de la oposición tienden a apoyar el restablecimiento de las relaciones con el gobierno en caso de que Ortega obtenga una victoria razonablemente justa en noviembre^[fn]Entrevista de Crisis Group, representante del sector privado, Managua, 17 de marzo de 2021.Hide Footnote . Son suficientemente pragmáticos para saber que, si el gobierno llegará a obtener un resultado electoral adverso, probablemente se aferraría al poder si sus alternativas son lo suficientemente desfavorables. En este sentido, las perspectivas de enfrentar procesos penales o la muerte política son especialmente alarmantes. Un exdiplomático nicaragüense sostiene que “sólo es dando espacio a los sandinistas que se les desarma”^[fn]Entrevista de Crisis Group, exembajador nicaragüense, Managua, 17 de marzo de 2021.Hide Footnote .

Un problema subyacente es que las fuerzas rivales del país nunca han tratado de establecer un diagnóstico común sobre qué ha causado los feroces conflictos que ha habido desde la década de 1970^[fn]Entrevista telefónica de Crisis Group, exdiplomático nicaragüense, 29 de enero de 2020.Hide Footnote . Gran parte de las reivindicaciones actuales y de los políticos más destacados no han cambiado durante los últimos 40 años, y numerosas amnistías no han resuelto estas disputas ni han reparado a los familiares de las víctimas^[fn]El diario La Prensa contabilizó al menos 52 amnistías que se han aplicado en la historia reciente de Nicaragua. “52 amnistías se han otorgado en la historia de Nicaragua, y ninguna ha logrado justicia para las víctimas”, La Prensa, 26 de mayo de 2019. “La Ley de Amnistía de Nicaragua: ¿una trampa para personas detenidas por motivos políticos?”, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), octubre de 2019.Hide Footnote . Crisis Group recomendó anteriormente que el gobierno y la oposición acordaran la creación de una comisión de la verdad con un mandato amplio que vaya más allá de los eventos de 2018, que incluya a representantes del gobierno y de la oposición, así como a expertos internacionales, y que potencialmente se base en experiencias similares de otros países, como las de Colombia, Guatemala y Sudáfrica^[fn]Entrevistas telefónicas de Crisis Group, experto en justicia transicional y representantes de la Alianza Cívica, 11 de abril de 2019 y 5 de marzo de 2021. Informe de Crisis Group, Las claves para desbloquear el diálogo en Nicaragua, op. cit.Hide Footnote . El llamado de Ortega a un “gran diálogo nacional” podría convertirse en una iniciativa de reconciliación que busque crear un marco para la convivencia política pacífica y poner fin a los recurrentes brotes de violencia. Pero para que eso suceda, la voluntad de ambas partes es indispensable.

Las divisiones sociales y políticas de Nicaragua resurgieron durante el levantamiento de 2018 y la brutal represión gubernamental que siguió. La vigilancia y la persecución estatal, así como las luchas internas de la oposición y su incapacidad para organizarse, han ayudado a despejar las calles de manifestantes y asfixiado el debate político. Pero el resentimiento por la creciente concentración de poder en manos de la pareja presidencial es profundo. Tres años consecutivos de recesión económica, agravada por el impacto de la pandemia de COVID-19 y dos huracanes, lo han acentuado aún más.

Las próximas elecciones podrían poner a prueba la reciente calma de Nicaragua. Si los comicios dan lugar a acusaciones de falta de equidad, fraude u otras irregularidades, podrían desencadenar nuevos disturbios, profundizar el aislamiento internacional y la miseria económica del país, y provocar una nueva ola de migrantes y refugiados. Pero el período pre electoral también podría sentar las bases para un nuevo intento por resolver los conflictos sociales y políticos del país. Mucho dependerá de la disposición de Ortega para permitir elecciones razonablemente competitivas y respetar sus resultados, sean los que sean. La postura que adopten las fuerzas políticas rivales y los actores externos podría influir en su decisión. Si los movimientos de oposición superan su desconfianza mutua, y se enfocan en acordar un conjunto de condiciones técnicamente factibles y políticamente viables en el período previo a las elecciones, sus posibilidades de persuadir a Ortega podrían ser mayores. Un compromiso diplomático más fuerte, menos punitivo y más constructivo por parte de socios extranjeros como los EE. UU., los gobiernos latinoamericanos de izquierda, la Santa Sede y la UE también podría cambiar el rumbo del gobierno de la confrontación hacia el compromiso.

Sin embargo, la responsabilidad de trazar una salida negociada a la crisis y establecer las bases para una relación de trabajo entre los adversarios políticos nicaragüenses recaerá en última instancia en el gobierno, ante todo, y también en la oposición. Si logran entender a las elecciones no como una batalla de todo o nada, sino como una vía para empezar a establecer las reglas para una competencia pacífica, entonces Nicaragua puede tener una oportunidad para empezar a superar su problemático pasado.

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Bruselas, 20 de mayo de 2021

Gráfica 1: Tendencias de la tasa de aprobación del presidente Daniel Ortega por año, desde 2007 hasta enero de 2021

Gráfica 2: Frecuencia con la que se considera que Ortega hace lo mejor para las personas, por edad y nivel de educación

05.07.2018
Francisco Javier Díaz Madriz
O.E. 13818 *
Francisco Javier Díaz Madriz es el Director General de la Policía Nacional de Nicaragua, responsable o cómplice de importantes actos de violencia y abusos a los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales.

Fidel Antonio Moreno Briones
O.E. 13818
Fidel Antonio Moreno Briones estuvo personalmente implicado en ordenar ataques a manifestantes desde 2013 y en el uso de fondos públicos para pagar las actividades del partido FSLN.

José Francisco López Centeno
O.E. 13818
José Francisco López Centeno es el vicepresidente de Albanisa, y utilizó fondos de esta compañía para financiar al partido FSLN.

27.11.2018
Néstor Moncada Lau
O.E. 13851
Néstor Moncada Lau estuvo involucrado en actos de corrupción a favor de Ortega y Murillo.

Rosario María Murillo de Ortega
O.E. 13851
Rosario María Murillo de Ortega es la copresidenta de facto de Nicaragua desde 2007. Es una líder con acceso e influencia sobre la Juventud Sandinista y tiene una larga trayectoria de participación en actos de corrupción.

17.04.2019
Banco Corporativo SA
O.E. 13580
Banco Corporativo SA contrató bienes o servicios en apoyo de la Vicepresidenta Rosario Murillo.

Laureano Ortega Murillo
O.E. 13851
Laureano Ortega Murillo es funcionario del gobierno de Ortega y participa en negocios corruptos.

21.06.2019
Gustavo Eduardo Porras Cortés
O.E. 13851; NHRAA **
Gustavo Eduardo Porras Cortés se desempeña como presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua (ANN), promulgó significativas acciones o políticas en detrimento de los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua (por ejemplo, la ley de amnistía).

Orlando José Castillo
O.E. 13851
Orlando José Castillo al momento de la sanción se desempeñaba como director general de TELCOR, instituto utilizado por el presidente Ortega y Castillo para silenciar a los medios independientes.

Sonia Castro González
O.E. 13851
Sonia Castro González es la ministra de salud, quien participó en importantes violaciones de derechos humanos.

Oscar Salvador Mojica
O.E. 13851
Oscar Salvador Mojica promovió la estrategia de “exilio, cárcel o muerte” del régimen de Ortega para silenciar a la oposición y administra una parte importante de las finanzas oficiales y personales del Presidente Ortega y de la Vicepresidenta Murillo.

07.11.2019
Ramón Antonio Avellan Medal
O.E. 13851; NHRAA
Ramón Antonio Avellan Medal es actualmente funcionario del gobierno de Ortega y Comisionado General de la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y ha estado involucrado en actos de violencia o abusos a los derechos humanos.

Lumberto Ignacio Campbell Hooker
O.E. 13851
Lumberto Ignacio Campbell Hooker es actualmente funcionario del gobierno de Ortega y presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), involucrado en tácticas antidemocráticas para lograr que el Presidente Ortega y sus aliados ganen las elecciones.

Roberto José López Gómez
O.E. 13851
Roberto José López Gómez actualmente es funcionario del gobierno de Ortega y director del Instituto de Seguridad Social, entidad que se ha involucrado en numerosas prácticas de corrupción.

12.12.2019
Rafael Antonio Ortega Murillo
O.E. 13851
Rafael Antonio Ortega Murillo es el administrador del dinero de la familia Ortega.

Inversiones Zanzibar, S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A.
O.E. 13851
Inversiones Zanzibar, S.A. y Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., se han involucrado en el lavado de activos para el régimen de Ortega y el enriquecimiento personal de la familia Ortega.

Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP)
O.E. 13851
Distribuidor Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), se ha involucrado en el lavado de activos para el régimen de Ortega y el enriquecimiento personal de la familia Ortega.

05.03.2020
Policía Nacional de Nicaragua (PNN)
O.E. 13851; NHRAA *
La Policía Nacional de Nicaragua (PNN) está profundamente involucrada en abusos contra los derechos humanos y represión violenta por parte del régimen de Ortega.

Juan Valle
O.E. 13851; NHRAA *
Juan Valle Valle es un funcionario de la PNN, responsable o cómplice de actos significativos de violencia y abuso de derechos humanos.

Luis Alberto Pérez Olivas
O.E. 13851; NHRAA *
Luis Alberto Pérez Olivas es un funcionario de la PNN, responsable o cómplice de actos significativos de violencia y abuso de derechos humanos.

Justo Pastor Urbina
O.E. 13851; NHRAA *
Justo Pastor Urbina es un funcionario de la PNN, responsable o cómplice de actos significativos de violencia y abuso de derechos humanos.

22.05.2020
Julio César Avilés Castillo
O.E. 13851
Julio César Avilés Castillo estaba políticamente alineado con el Presidente Ortega, se negó a ordenar la desarticulación y el desmantelamiento de los paramilitares.

Iván Adolfo Acosta Montalván
O.E. 13851
Iván Adolfo Acosta Montalván gestionó un importante apoyo financiero al régimen de Ortega.

17.07.2020
José Jorge Mojica Mejía
O.E. 13851
José Jorge Mojica Mejía es uno de los testaferros de mayor confianza de la familia Ortega. Actúa como representante personal de los Ortega, crea empresas ficticias para lavar dinero y oculta su propiedad y ganancias ilícitas.

Juan Carlos Ortega Murillo
O.E. 13851
Juan Carlos Ortega Murillo como responsable o cómplice de, o haber participado o intentado participar, directa o indirectamente, en una transacción o serie de transacciones que implican prácticas engañosas o corrupción por parte de, en nombre de o relacionadas con el gobierno de Nicaragua o un funcionario o exfuncionario del gobierno de Nicaragua, tal como la apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o con fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno.

Difuso Comunicaciones S.A.
O.E. 13851
Difuso Comunicaciones S.A. es sancionada por ser propiedad o estar bajo el control, o por haber actuado o pretender actuar por o en nombre de, directa o indirectamente de Juan Ortega.

Mundo Digital S.A.
O.E. 13851
Mundo Digital S.A. fue designada por ser propiedad o estar bajo el control, o por haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente de José Jorge Mojica.

09.10.2020
Paul Oquist
O.E. 13851
Oquist al momento de la sanción se desempeñaba como secretario de la presidencia de Daniel Ortega y desempeña un papel de liderazgo en el encubrimiento y justificación de los crímenes y abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen.

Ana Julia Guido Ochoa
O.E. 13851
Guido es la Fiscal General de la República y ayudó a formar un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía Nacional de Nicaragua sancionada por EE. UU. para fabricar casos contra presos políticos. Además, Guido creó una unidad especializada que ha pasado los últimos dos años presentando cargos contra manifestantes pacíficos.

Caja Rural Nacional (CARUNA)
O.E. 13851
CARUNA es una cooperativa de ahorro y crédito que opera como la principal herramienta del régimen de Ortega para canalizar los ingresos de los esquemas de concesión petrolera de Nicaragua con Venezuela para utilizarlos como recurso para pagar a la red de clientelismo de Ortega. Funcionarios del régimen, incluidos los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, se aprovechan de la falta de supervisión regulatoria de Caruna para ocultar sus ganancias ilícitas.

21.12.2020
Marvin Ramiro Aguilar García
O.E. 13851
Marvin Ramiro Aguilar García es el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista y miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el cual se asegura de que los partidarios del régimen sean seleccionados para cargos estratégicos. Como secretario político nacional, Aguilar está en contacto directo con el Presidente Daniel Ortega y la Vicepresidenta Rosario Murillo y, según informes, coordina la persecución de miembros de la oposición prodemocrática.

Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado
O.E. 13851
Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado apoyó públicamente la controvertida Ley de Agentes Extranjeros

Fidel de Jesús Domínguez Álvarez
O.E. 13851
Fidel de Jesús Domínguez Álvarez es el jefe de la Policía Nacional de Nicaragua en León y, según informes, ha dirigido numerosos ataques contra ciudadanos y periodistas nicaragüenses.

* Ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos

**Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018

Apoyo de los EE. UU. a un retorno a la democracia en Nicaragua