Todos son culpables del fracaso

En su afán por demostrar resultados y evitar una derrota política de última hora, el Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Evo Morales está arriesgando la estabilidad del país y exacerbando la confrontación entre los bolivianos al aprobar el proyecto de Constitución Política del Estado mediante procedimientos irregulares y en ausencia de la oposición. Es difícil imaginar que la nueva Ley de Leyes será la hoja de ruta y el garante de esta-bilidad del país en los años por venir cuando, al mejor estilo de un juego suma-cero, la mayoría oficialista en la Asamblea Constituyente (AC) aprobó en sólo un par de sesiones y a puerta cerrada, en diciembre del 2007, el texto que había enfrentado y dividido a los 255 asambleístas a lo largo de un año y cuatro meses.

El 2007 podría ser recordado como el año de las oportunidades desperdiciadas, tanto para el MAS como para la oposición que agrupa a Podemos y otros partidos más pequeños, así como a los liderazgos cívicos de la llamada media luna, Cochabamba y Chuquisaca. En efecto, el primer año de funcionamiento de la AC fue despilfarrado en enfrentamientos propiciados por el MAS y sus aliados con el fin de imponer un sistema de votación que beneficiaba los intereses del MAS, la exclusión deliberada de las propuestas de la minoría opositora y la escasa claridad con la que se asumió el compromiso de respetar los resultados del referéndum de autonomías departamentales. A ello se suma la obstinación durante los cuatro meses de prórroga con la que los liderazgos del oriente y la derecha más recalcitrante impulsaron la capitalidad plena de Sucre hasta hacer fracasar los logros que estaban a punto de darse en el comité político, instancia creada para llegar a acuerdos fundamentales y evitar el fracaso de la AC.

Sucre se convirtió en la piedra angular de la batalla por la supremacía política. En su afán por propinar una derrota estratégica al MAS, y quizás buscando también propiciar la caída del presidente Morales, la oposición intransigente instrumentalizó de manera sistemática la reivindicación centenaria de Sucre, a sabiendas de que el traslado de poderes a la Ciudad Blanca era un imposible técnico y financiero para el Estado boliviano. Por su parte, el MAS descartó el debate de la capitalidad con el fin de no perder apoyos en su fortín político del altiplano. De esta manera, actuó en contravía de su feroz defensa del carácter originario de la AC, que habilitaba a los constituyentes a debatir cualquier tema sin talanqueras.

Actualmente, el riesgo más grave es que los radicales de uno y otro bando erróneamente conciban la violencia como la salida a la encrucijada actual. Aún si gana el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, previsto para dentro de 120 días, el MAS y el Gobierno difícilmente podrán cantar victoria y aspirar a lograr la construcción de una Bolivia más democrática e incluyente. Una parte importante de las fuerzas sociales y políticas del país no se vería reflejada en la nueva Carta Magna y en las profundas y controvertidas reformas que conllevaría, lo cual sin duda le restaría legitimidad. Si la Constitución es rechazada en el referéndum, la gobernabilidad en el país podría quedar seriamente en peligro. En cualquier caso, las acciones de fuerza irremediablemente llevarán a Bolivia al abismo.

En consecuencia, el llamado al diálogo del presidente Morales el 16 de diciembre es un gesto que deben valorar tanto sus aliados como las fuerzas de la oposición para, de forma inmediata, buscar el acercamiento y propiciar una salida del conflicto. Asimismo, las partes deben declarar el respeto a las autoridades democráticamente elegidas y su rechazo a la violencia, castigando a los militantes de cualquier movimiento político o social que participe en ella o la instigue; y poner fin al empleo de marchas y paros como modo de presión. Sería altamente contraproducente si se llevaría la nueva Constitución a referéndum antes de consensuar e incorporar de manera compatible la autonomía de los pueblos indígenas así como la autonomía departamental para Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija —según se estableció en el referéndum de julio del 2006 y según han venido avanzando las propuestas autonómicas de cada departamento—. Igualmente, los gobiernos central y departamental, con ayuda del comité cívico, deberían diseñar un plan de desarrollo socioeconómico para Sucre y el Gobierno central debería congelar la reforma del impuesto directo sobre los hidrocarburos (IDH) hasta llegar a un consenso sobre la repartición del mismo con los departamentos. La meta debe ser que se viabilice las autonomías departamentales y de los pueblos indígenas, y que se avance considerablemente en la mejora de los servicios sociales públicos para los sectores más vulnerables.

Los muertos y heridos que han dejado las jornadas en Cochabamba y Sucre deben alertar al Gobierno y la oposición sobre el riesgo de enfrentamientos que han propiciado las consignas sectarias que anulan el debate y sumen al país en la desconfianza y la incertidumbre. El diálogo franco y sincero es el único camino para evitar que el 2008 sea, ya no el año de las oportunidades desperdiciadas, sino el comienzo del fin de la construcción de una Bolivia más democrática e incluyente.