El 37 por ciento del electorado que votó en el referendo del 2 de octubre rechazó, estrecha e inesperadamente, el acuerdo de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en una proporción de 50,2 a 49,8. El resultado ha sacudido a la institucionalidad política y conmocionado a la comunidad internacional, que había apoyado el proceso de paz unánimemente. Aún es posible salvar el proceso, pero para eso es necesario tener éxito en tres negociaciones delicadas y entrelazadas.

El resultado puede explicarse de múltiples maneras. En zonas con una gran concentración de víctimas del conflicto armado y/o con altas tasas de pobreza, el voto por el “sí” tendió a ser más fuerte. Pero las penas sin cárcel para combatientes de las FARC condenados que confiesen sus crímenes, aun cuando su libertad estaría restringida; las diez curules garantizadas en el Congreso desde 2018; y el paquete de reintegración económica para excombatientes, con subsidios de vida por dos años, generaron la sensación de que los miembros de un grupo armado ilegal recibirían beneficios extremadamente generosos, una percepción que se dio principalmente en ciudades grandes y anteriormente afectadas por el conflicto como Medellín y Bucaramanga. El miedo que el país sea “entregado a las Farc” o se asimilara a la Venezuela chavista fue influyente en los segmentos de más altos ingresos.

El resultado es también la manifestación más visible de una disputa que ha dominado la política desde 2014, enfrentando al presidente Juan Manuel Santos, el principal promotor de los diálogos de paz, contra la oposición, liderada por el ex presidente Álvaro Uribe. La imagen de Santos ha decaído, mientras que Uribe sigue siendo uno de los políticos más populares y con más polarización en Colombia. Su afirmación de que los acuerdos pueden ser modificados es ahora el foco de atención. La significativa influencia que Uribe y sus colegas han ganado sobre el proceso de paz, pese al escaso margen de su victoria, se vio reflejada ayer en la reunión con Santos, su primer encuentro formal en seis años.

La oposición ha planteado demandas para un “nuevo” acuerdo de paz. Insiste en que las FARC concentren sus fuerzas como un requisito para continuar las negociaciones; se desista de cualquier ajuste a la Constitución;  se descarte la jurisdicción especial para la justicia transicional; que haya una amnistía general para todos los que no hayan cometido crímenes de lesa humanidad; que aquellos que sí hayan cometido esa clase de crímenes sean sentenciados a penas de cárcel y sean vetados permanentemente de ejercer cargos públicos. Pero además busca que exista un tratamiento judicial especial para miembros de las Fuerzas Armadas condenados por esos crímenes. Algunos dicen que estos son los requisitos mínimos, otros que son el punto de inicio de las negociaciones. Uribe ha dicho que Santos tiene el derecho de continuar con los diálogos de paz – el plebiscito es vinculante para él, pero solo en lo que concierne al acuerdo firmado en septiembre – y que la oposición no negociará directamente con las FARC.

La oposición asume que tiene el respaldo público para un nuevo acuerdo. Miembros del Gobierno temen que el interés de Uribe sea debilitar al gobierno de cara a las elecciones presidenciales de 2018 más que salvar los diálogos de paz. Pero el cambio de poderes no es tan abrumador como puede parecer. Santos y las FARC podrían alcanzar un nuevo acuerdo de paz con algunas modificaciones claves sin la participación de Uribe. Sin su apoyo, un segundo plebiscito sería políticamente deseable, pero no se requiere legalmente.  

Santos usó su poder ejecutivo para extender el cese bilateral al fuego hasta el 31 de octubre, pero convencer a las FARC de aceptar cualquier cambio al acuerdo será un desafío. Aunque Timochenko, el líder de la guerrilla, ha reiterado su deseo de acabar con el conflicto, es difícil ver que las FARC acepten varias de las demandas de la oposición. Incluso la precondición de la oposición para renovar los diálogos – la concentración de los guerrilleros en campamentos – es muy problemática. Las negociaciones exploratorias con el segundo grupo guerrillero de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN]) fracasaron en 2007 porque Uribe insistió en que agrupara a sus fuerzas antes de las conversaciones.

El resultado dejó al descubierto profundas divisiones en la sociedad. Contener los esfuerzos por sacar una ventaja partidista de los que ahora son en efecto unos diálogos tripartitos ejercerá enormes presiones al proceso de paz. El apoyo internacional sigue siendo esencial. Noruega y Cuba, como garantes de las negociaciones, son complementados por otros, incluidos Venezuela y Chile como acompañantes y los enviados de los Estados Unidos y la Unión Europea. Los presidentes de trece naciones latinoamericanas asistieron el mes pasado a la ceremonia de firma. Todos deben utilizar ahora su influencia para persuadir a los actores de dejar de lado los cálculos políticos y actuar acorde al interés nacional a largo plazo.

Los Estados Unidos, acompañados de los nuevos presidentes de centro-derecha de Brasil, Perú y Argentina deben recordar a Uribe que es imperativo alcanzar la paz. Otras naciones latinoamericanas y la Misión de la ONU deben garantizar a todas las partes la voluntad de implementar imparcialmente el acuerdo final. La UE debe ser incentivada a utilizar su fondo para la paz en Colombia de forma creativa para dar el puntapié inicial al proceso de reintegración e implementar proyectos de desarrollo de rápido impacto tan pronto como se alcance el nuevo acuerdo.

Estas medidas de construcción de confianza son esenciales dado que estas tres negociaciones entrelazadas van a comenzar, y cada una necesita resultados tangibles de forma rápida. La primera es entre la oposición y Santos. Las áreas de posible negociación serán penas más severas, incluyendo cárcel para aquellos condenados y más responsables de crímenes de lesa humanidad, y restricciones más fuertes a la participación política de los líderes de las FARC. Las propuestas deben ser realistas. Uribe puede pensar que tiene poco que perder si Colombia vuelve a la guerra, pero si parece que él está bloqueando deliberadamente la paz con demandas exorbitantes, tales como eliminar la reforma rural del acuerdo, se arriesga a ser visto como el responsable.

El segundo es entre el resultado de las conversaciones Santos-oposición y las FARC. Los últimos pueden ganar capital político si aceptan nuevas condiciones, pero pueden tener poco interés en cumplir con duras exigencias que resultan de un referendo que no querían. Una negociación frágil puede avanzar lentamente mientras el gobierno trata de encontrar un balance para satisfacer  a las FARC y a Uribe. La extensión del cese al fuego más allá de octubre será esencial.

El tercero será dentro de las FARC, para fijar posiciones que sean aceptables para sus combatientes. El riesgo de una división interna es más alto que nunca en el proceso de paz, y sus líderes serán puestos a prueba.

Se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener a la oposición en las nuevas negociaciones. Al mismo tiempo, nadie, incluido Uribe, puede tener veto  si se alcanza un acuerdo revisado con condiciones más duras pero razonables para las FARC.

Avanzar sin la oposición será riesgoso para Santos y las FARC. Solo se debe intentar si ellos, la comunidad internacional y otros observadores están convencidos que cuentan con un acuerdo de buena fe que incluya la mayoría de las objeciones del “no”. Nada será fácil, y la atención constante de los socios internacionales será necesaria. Evitar la vuelta al conflicto exigirá sacrificios de todas las partes.